Privatizaciones
El Gobierno de Colombia quiere reducir el peso de la firma vasca Keralty en el sistema público de salud

La reforma de los servicios públicos está abriendo un frente con el grupo privado, incluyendo graves acusaciones y severas sanciones. También ha provocado que las autoridades levanten el velo corporativo sobre la situación financiera de la firma, así como sobre la identidad de sus accionistas y las cualificadas puertas giratorias en Colombia y en Euskadi.
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Joseba Grajales, el multimillonario español dueño de EPS Sanitas con la que factura $8 billones al año (Foto: Las Dos Orillas)

El ex-guerillero Gustavo Petro, primer líder de izquierdas elegido presidente del Gobierno de Colombia, alcanzó el poder en junio de 2022 con la promesa de llevar a cabo un cambio transformador en el sector público. Desde entonces, ha impulsado un frente de ataque para mitigar el papel del sector privado en la provisión del servicio de salud. Lo ha intentado mediante una iniciativa legislativa consensuada, pero el partido de la oposición del expresidente y empresario Álvaro Uribe se ha posicionado firmemente en favor de las aseguradoras, movilizando la habitual retórica neoliberal de que el sector público es ineficiente. La batalla cultural está servida, pues otro expresidente conservador, César Gaviria, ha responsabilizado al Gobierno de la supuesta crisis financiera que atraviesan estas firmas.

De momento, en el plano ejecutivo, la reforma del servicio de salud ha avanzado en la Cámara de Representantes y se espera que esta primera fase acabe con su llegada al Senado, donde los representantes públicos votarán la medida. El Gobierno colombiano busca que las aseguradoras (conocidas allí como Empresas Promotoras de Salud, EPS) dejen de tener un papel tan importante en el sistema mixto, reduciendo el dinero público que se destina a ellas. Esta medida ha afectado a empresas como la EPS Sanitas, con cerca de 5,8 millones de usuarios y controlada por Keralty, o Colsanitas, firma de medicina prepagada que cuenta con cerca de 600.000 afiliados y también forma parte del grupo vasco.

Esas son las tres firmas propiedad de extranjeros que controlan la medicina prepagada en Colombia, un plan voluntario de salud que se adquiere de manera adicional a las EPS: Colsanitas, del millonario vasco Joseba Grajales; Colmédica, de Richard Burke, que es propietario del gigante estadounindese UnitedHealth Group; y Coomeva, de Ernie Sadau, otro magnate de la salud privada. 

Wilson Arias, senador de la coalición Pacto Histórico comparó al grupo vasco Keralty con una “máquina de muerte”, pues recibió una multa de 350 millones de pesos por incumplimiento de las instrucciones gubernamentales durante la pandemia

Concretamente, Keralty es dueño de todo un imperio en el país sudamericano: Clínica Reina Sofía, Clínica Universitaria Colombia, Clínica Sebastián de Belálcazar en Cali, Clínica Iberoamérica en Barranquilla, clínica Infantil Santa María del Lago, Clínica de Chía, varios centros médicos en Medellín, así como de centrales de urgencia y centros de servicios médicos. Además, la Fundación Universitaria Sanitas (Unisanitas) ofrece a estudiantes de pregrado y posgrado centrados en el área de la salud programas de medicina y enfermería, entre otros.

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Es la empresa en la que recaló el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, tras el “escándalo de las OPE” en Osakidetza. Joseba Grajales, una de las 100 personas más ricas de España, y el exvicelehendakari Jon Azua, fundador de consultoras alineadas con el PNV, completan la lista.

Sanciones por la dejadez en materia de salud pública

Wilson Arias, senador de la coalición Pacto Histórico, que agrupa a partidos y movimientos políticos de izquierda y centroizquierda, comparó al grupo vasco Keralty con una “máquina de muerte”. También afirmó que “no detecta tempranamente el 50 % de los casos de cáncer de mama, no identifica la hipertensión arterial en el 58 % de las personas susceptibles, madres sin controles prenatales y alta mortalidad materna 202146 % de las mujeres no acceden a citología cervicouterina”, y que el “tiempo promedio de atención del paciente en situación de muerte es el triple del promedio nacional”. 

Estas declaraciones se producían después de saber que Superintendencia Nacional de Salud de Colombia sancionó a mediados de enero de 2024 a la EPS Sanitas, del grupo vasco Keralty, con una multa de 350 millones de pesos por incumplimientos de las instrucciones gubernamentales dirigidas a la gestión de la vacunación durante la pandemia. 

Según la investigación administrativa, durante los meses de abril y mayo de 2021, la Superintendencia emitió tres requerimientos a EPS Sanitas para recabar información relacionada con la vacunación en Barranquilla en 2021, requerimientos que buscaban obtener información sobre los mecanismos utilizados para garantizar el suministro de bases de datos depuradas y actualizadas en Barranquilla. El objetivo era facilitar una gestión eficiente del agendamiento de los usuarios por parte de las instituciones vacunadoras, en el marco de la pandemia de Covid-19.

La infracción cometida por la EPS Sanitas, del grupo vasco salud, significó un “actuar negligente” y fue condenada en diciembre tras ser acusada de “acordar negar la prestación de servicios de salud”

Como se desprende de las conclusiones del organismo, la falta de respuesta de EPS Sanitas a los requerimientos obstaculizó el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, limitando el cumplimiento de los planes diseñados para afrontar la emergencia. La infracción cometida por la EPS Sanitas impidió a la Supersalud cumplir con sus funciones de seguimiento y evaluación oportuna de la información relacionada con las bases de datos de afiliados, señalando que existió un “actuar negligente” por parte de la EPS Sanitas.

Asimismo, la Contraloría (Tribunal de Cuentas) está imponiendo sanciones a su EPS, Sanitas, por prácticas anticompetitivas, previamente identificadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y posteriormente respaldadas por el Consejo de Estado. En concreto, fue condenada en diciembre de 2023 tras ser acusada, junto a otras EPS, de “acordar negar la prestación de servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), ocultar o falsear información, e impedir la debida transparencia en el mercado de servicios de salud”.

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PRIVATIZACIÓN El grupo sanitario que fichó a Jon Darpón utiliza Osakidetza como “banco de pruebas”
Keralty, donde han recalado dos exconsejeros de Sanidad, dos exviceconsejeros y una exdirectora de calidad de Osakidetza, ha recibido 2 millones de fondos europeos para un proyecto, que "acelerará la transición al mercado de la nanotecnología.

Problemas económicos en el grupo vasco

Un mes antes de estas sanciones, el Gobierno colombiano requirió a la Contraloría, como se conoce al Tribunal de Cuentas, levantar el “velo corporativo” a la entidad promotora de salud EPS Sanitas para hacer una verificación de los indicadores financieros. “Al mes de junio de 2023 está incumpliendo con el patrimonio adecuado y régimen de inversiones, y cumplen sólo con el capital mínimo”, señaló el superintendente nacional de Salud, Ulahy Beltrán.

De las 30 EPS que operan en Colombia, 14 se enfrentan a algún tipo de intervención gubernamental, y solo seis cumplen con los estándares financieros para operar normalmente, según los datos de la Superintendencia Nacional de Salud. Hablamos de que las EPS en Colombia movieron más de 20 billones de pesos en 2022, ganancias del negocio que podría dar un giro de 180 grados si se aprueba la reforma a la salud del Gobierno.

De las 30 EPS que operan en Colombia, 14 se enfrentan a algún tipo de intervención gubernamental, y solo seis cumplen con los estándares financieros para operar normalmente, según los datos de la Superintendencia Nacional de Salud

EPS Sanitas, del grupo Keralty, registró 8,7 billones de pesos de ingresos en 2022, es decir, un 20,8 % más de lo que recibió en 2021. Las ganancias de esta entidad llegaron a 295.367 millones de pesos. Por su parte, los ingresos de Colsanitas, del grupo Keralty, se cifran en 2,5 billones de pesos.

Pero, pese al volumen de sus ganancias, EPS Sanitas está acumulando deudas. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha señalado que la citada EPS tiene una deuda de 899 mil millones de pesos con la Asociación de Clínicas y Hospitales. Esto sucedió a raíz del anuncio por parte de la cadena de farmacias Cruz Verde que no podrá dar fármacos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) para 30.000 afiliados que requieren ese tipo de medicamentos, ya que EPS Sanitas le adeudaba 400.000 millones de pesos.

La Superintendencia de Salud llegó a exigir en octubre a EPS Sanitas unas garantías para el suministro de algunos medicamentos y un plan de contingencia para sanear la deuda. “En atención a la existencia de un peligro inminente para la vida e integridad física de los usuarios”, la Superintendencia instó a la EPS del grupo vasco Keralty a desplegar “de inmediato las acciones necesarias para superar la situación”. En opinión del ministro de Salud, “Sanitas aparece como la pobrecita que no tiene nada que comer”, pero “mientras crecen sus utilidades y tienen más activos, bajan el capital mínimo, no tiene el patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”.

En este sentido, reiteró que desde el Ministerio de Salud quieren saber dónde van a parar las transferencias de estas utilidades y quién se está aprovechando en última instancia del dinero público. “Mientras Sanitas dice que está perdiendo plata y que necesita ayuda del Gobierno, la EPS compra clínicas y sigue creciendo en América, concretamente en Brasil, México, Perú y EE.UU”, señalaba el ministro de Salud colombiano. El propio presidente del Gobierno, Gustavo Petro, ha ido más allá y define a los directivos de EPS Sanitas como unos “canallas y mentirosos”.

Excargos públicos colombianos en el grupo vasco

El sector de la salud en Colombia se caracteriza por ser un sistema mixto que combina la atención pública y privada. De un lado, el Estado desempeña un papel fundamental a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que busca garantizar el acceso a servicios médicos para todos los ciudadanos. En este contexto, las empresas y aseguradoras privadas, como Colsanitas y EPS Sanitas, tienen un rol importante al ofrecer planes de salud que complementan la cobertura pública, pues brindan a sus afiliados una amplia gama de servicios médicos y hospitalarios, así como acceso a una red de hospitales y clínicas privadas. De ahí que las puertas giratorias en el grupo vasco Keralty cobren especial relevancia en Colombia.

Keralty publicitaba ya en 2019 que en su junta directiva figuraba Mónica de Greiff, en su momento ministra de Justicia en el gobierno de Virgilio Barco y expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. En la actualidad ocupa un cargo en Ecopetrol, antiguamente Empresa Colombiana de Petróleos SA. Por otro lado, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y Turismo en el Gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora preside la Cámara de Comercio Colombo Americana, figuraba en la junta directiva de Keralty en 2019. A su vez, la subdirección del área de Contabilidad de EPS Sanitas estuvo encabezada por Raúl Cardona, alcalde del municipio de Envigado por el Partido Liberal Colombiano, acusado de protagonizar un affaire de corrupción política. 

La petición del Gobierno colombiano al Tribunal de Cuentas para que investigue al grupo vasco Keralty por incumplimiento financiero ha sido noticia en numerosos medios sudamericanos, pero ha pasado inadvertida en el Estado español

En 2022, la web de Colsanitas recogía que en la junta directiva estaba presente, como suplente, Luis Guillermo Vélez Cabrera, secretario general de la Presidencia de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, exDirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y exGobernador del departamento del Huila, investigado en su momento en el marco del “caso Interbolsa”. Además, como candidato a ingresar en la junta directiva figuraba Camilo Gómez Alzate, quien fuera Secretario privado del ya expresidente del Gobierno Andrés Pastrana, exDirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y exSecretario general del Ministerio de Desarrollo Económico. También fue el representante en Colombia de la firma de abogados Mossack Fonseca & Co, bufete protagonista de los Papeles de Panamá. Estas dos personalidades de la política colombiana se muestran como firmes opositores al nuevo Gobierno de izquierda en Colombia.

La petición del Gobierno colombiano al Tribunal de Cuentas para que investigue al grupo vasco Keralty por incumplimiento financiero ha sido noticia en numerosos medios sudamericanos, pero ha pasado inadvertida en el Estado español. Pronto, el Gobierno colombiano ha entendido que Keralty goza de unas puertas giratorias de lo más cualificadas para la casta política del oasis vasco, así como de inyecciones de millonarias cantidades de dinero público desde las instituciones de Euskadi y la Unión Europea.

En el grupo Keralty han ido recalando altos cargos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Allí llegaron dos exconsejeros de Sanidad –Jon Azua y Jon Darpón–, dos exviceconsejeros de la misma área –José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegui– y una exdirectora de calidad de Osakidetza –María Teresa Bacigalupe–.

Tres CEOs de Keralty, el millonario Joseba Grajales, el exconsejero de Salud del Gobierno Vasco Jon Darpón (2012-2019), el exconsejero de Sanidad Jon Azua (1985-1987) y el exviceconsejero de Sanidad José Andrés Gorricho (1980-1984), han estado vinculados a la dirección del grupo sanitario privado IMQ. Se trata de un grupo con puertas giratorias para excargos del Servicio Vasco de Salud como Nicolás Guerra, exdirector de los hospitales públicos de Basurto y Santa Marina, o Guillermo López, exviceconsejero de Planificación y Ordenación Sanitaria del Gobierno Vasco.

Asimismo, el hasta hace poco director de operaciones del grupo IMQ, Iñaki Isasi, fue teniente alcalde de Arrigorriaga y miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV. Además, en los últimos años, Aitor Madina, hermano de un excandidato de la lista electoral del PNV en Oñati, ha ejercido de representante y administrador de varias empresas del grupo Keralty.

Según datos de Corporate Europe Observatory y del Registro de Transparencia de la Unión Europea, el grupo Keralty desarrolla desde 2017 una actividad lobista en Bruselas. En este contexto cabe mencionar que la Agrupación de Interés Económico Biokeralty Research Institute fichó como responsable de relaciones con las instituciones de la Unión Europea a Eusebio Gainza, exdelegado territorial en Araba del Departamento de Industria del Gobierno Vasco.

Expansión a EE.UU y México

La situación de la EPS del grupo Keralty en Colombia contrasta con sus cifras de expansión en EE.UU o México. En 2018, la entidad colombiana Organización Sanitas Internacional (OSI) se independizó oficialmente de la matriz Sanitas España, transformándose en Keralty para acometer su expansión internacional. Pero fue en el año 2014 cuando Grajales y Azua constituyeron Sanitas USA Inc, en Florida y, a finales del 2022, momento en que también domiciliaron en Florida la entidad Keralty Foundation Inc.

Keralty también se ha convertido en socia estratégica de la aseguradora privada estadounidense Blue Cross Blue Shield en más de 50 centros de salud de Florida, Texas, Tennessee, New Jersey y Connecticut. También han abierto tres centros dentales en Doral, Cooper City y Plantation, Florida. Además, compraron el Westchester General Hospital en el condado de Miami-Dade, ahora conocido como Keralty Hospital Miami. 

Por otro lado, en 2019, Keralty materializó una alianza con AXA México, el nacimiento de AxaKeralty y pasaron a controlar una red compuesta por seis clínicas en la Ciudad de México, una en Monterrey y otra más en Tijuana, con planes de expansión hacia ciudades como Hermosillo, Querétaro y Guadalajara.

Grajales-Azua, una historia de entendimiento con el continente americano como epicentro

Joseba Grajales se ha convertido en uno de los empresarios más ricos del sector de la salud, según la revista Forbes. Las sociedades de inversión de Joseba Grajales, Dudinka Taldea y Centauro Capital, constituyen un holding en el sector de la sanidad, con intereses en centenares de sociedades repartidas en el continente americano. Parte del holding se diversifica en Keralty, grupo participado por Natanor XXI y Cidesal Salud.

Los inicios de la ingeniería empresarial de Keralty se encuentran en el grupo Praxis: Biopraxis Research, Biopharma, Praxis Pharmaceutical. En 2008, este grupo anunció su intención de abrir 70 clínicas, y la primera abrió sus puertas en la capital de Colombia, Bogotá. Entre 2009 y 2019, el grupo empresarial se dedicó a expandirse en el continente americano, Filipinas, Indonesia y Rusia.

El grupo Keralty, relacionado con firmas como Versania, Biokeralty y Mizar, está ya presente en Colombia, Perú, México, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Brasil y Filipinas, y en proceso de expandirse en Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Singapur y Ecuador. Opera en multitud de áreas: seguros, clínicas, centros médicos, servicio domiciliario, diagnóstico, medicina personalizada, biotecnología, enfermedades mentales, cuidados paliativos, residencias, farmacéuticos, universidad, fundaciones, editoriales y publicaciones digitales.

Conocido como el “búho por su ojo para los negocios” y como el “rey midas del emprendimiento energético vasco”, Grajales destacó en la casta empresarial del oasis vasco al fundar dos firmas emblemáticas: Gamesa y Guascor. Fichó para presidir la primera a un exconsejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Alfonso Basagoiti, y a un exconsejero de Industria del Gobierno Vasco, Jon Azua, para la vicepresidencia de Guascor y como representante de la misma para crear una “joint venture” en Qatar. Mientras Gamesa se benefició de las “vacaciones fiscales”, promovidas en 1993 en Euskadi y años después sancionadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Guascor había sido mimada por la trama de irregularidades denunciadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en torno a las ayudas públicas del plan 3-R, concedidas en la década de los 90 por el entonces consejero de Industria del Gobierno Vasco, el propio Jon Azua.

En 2011, Azua y Grajales constituyeron la corporación energética Fenix Group Development (Fenix Motor, Fenix Oil & Gas, Fenix Energy y Fenix Mine & Services), comenzando su actividad con la extracción de gas en un campo petrolífero colombiano: Barranca Lebrija. Además, operaba en Estados Unidos junto a la compañía CrossRock Drilling en Kentucky, y tenía previsto expandirse a Ecuador, Perú y Canadá.

Posteriormente, Grajales lideró la operación de un grupo de inversores vascos para tomar el control del grupo sanitario colombiano Colsanitas en 2013. Esto motivó una querella por parte del entonces presidente de la firma, Roberto Cocheteux, en torno a “decisiones equivocadas” que habrían generado “perjuicios económicos enormes a la sociedad”. La querella de Cocheteux se refería a Joseba Grajales, así como a la familia Gómez-Pineda, ligados a los Papeles de Panamá y a los Paradise Papers, o Nicolás Guerrico Echeverría, expresidente de la Euskal Etxea de Bogotá fallecido en 2018.

En el caso de Iñigo Gómez-Pineda Fagalde, cabe destacar que fue consejero de la empresa guipuzcoana Cidark System, en cuyo consejo figuraba la donostiarra Sofía Isasi Vicondoa, quien figura en los Papeles de Panamá. El propio Iñigo Gómez-Pineda Fagalde aparece en los Paradise Papers. Otros de los mencionados en la querella eran Julen Torrontegui, exconsejero de Cidark System.

La incursión de inversores vascos en Colsanitas había comenzado en 2009 a través de la Compañía de Promociones Internacionales de Servicios de Salud. Esta empresa, liderada por Joseba Grajales, también figura en los Papeles de Panamá. Además, entre 2013 y 2020, Colsanitas llegó a absorber al menos dos empresas que aparecen en los Papeles de Panamá: Cedarland Management Corp y Pendale Development Inc. De hecho, la presidencia de Colsanitas ha estado en manos de José Ignacio Correa Sebastián, empresario español que también figura en los Papeles de Panamá por su relación con la sociedad colombiana Macarta S.A.
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