Reducción de jornada
Así es el acuerdo de gobierno que fija la jornada laboral máxima en 37,5 horas

La presentación del acuerdo programático entre el PSOE y Sumar ha confirmado lo que ya se venía anunciando durante la negociación, la reducción de la jornada laboral semanal formará parte del programa del nuevo gobierno de coalición, que, en caso de lograr los apoyos necesarios, será investido durante el mes de noviembre.

El alcance y concreción de esta medida ha generado fricciones durante las conversaciones que han producido el acuerdo, ya que el PSOE no incluía en su programa modificar la jornada máxima legal, mientras que Sumar puso la reducción de jornada en el centro de su campaña, considerando indispensable un salto cuantitativo relevante que generalizase las 37 horas y media a corto plazo y se comprometiera a impulsar mediante el diálogo social nuevos avances con el horizonte de las 32 horas, tal y como se plasmaba en su programa.

Finalmente el acuerdo ha rubricado el compromiso de ambas formaciones de la siguiente manera, como se puede leer en el documento presentado:

Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas.

Los estudios de impacto de las diferentes posibilidades de reducción de la jornada muestran que la medida acordada tendrá un coste muy pequeño para las empresas y no supondrá una creación relevante de nuevos empleos, sobre todo por llevarse a cabo de forma progresiva y no de una sola vez, lo que limita aún más los efectos estimados.

Nacho Álvarez: “La jornada laboral lleva siendo la misma desde hace 40 años, era importante dar ese paso para las personas trabajadoras en el sector privado"

El Secretario de Estado de Derechos Sociales en funciones Nacho Álvarez, dirigente de Podemos que ha coordinado la negociación por parte de Sumar, ha señalado en Hora 25 de La Ser que “la jornada laboral lleva siendo la misma desde hace 40 años”. Aunque en la administración pública ya disfrutan de esa mejora horaria, añade, “era importante dar ese paso para las personas trabajadoras en el sector privado”.

Respecto a las resistencias manifestadas desde la patronal, Alvarez contesta que “pocos gobiernos en la historia de este país se han comprometido con el diálogo social como el actual gobierno de coalición, que ha alcanzado decenas de acuerdos“. Pese a que todos los temas de este acuerdo se llevarán al diálogo con los interlocutores sociales, afirma, ”el gobierno tiene que tener una hoja de ruta que proponer a la ciudadanía, a sus votantes y al conjunto de españoles, que es la que hemos presentado hoy.“

Para Alvarez “es hora de socializar los incrementos de productividad, para que las mejoras de la economía sirvan para que todo el mundo pueda conciliar y vivir un poco mejor”. Ciertamente , como indican los datos que cita el Secretario de Estado, existen muchos convenios en este país, no solo en el sector público, que ya recogen la progresiva reducción de la jornada laboral. En millones de empresas ha habido ya avances en la negociación colectiva, finaliza, y “nosotros queremos recogerlos en la ley para generalizarlos y extenderlos al conjunto de las personas trabajadoras”.

La reducción de la jornada semanal máxima a 37 horas y media sin merma del salario es una medida necesaria según muestran los estudios realizados al respecto: las familias lo ven como una opción viable para ganar tiempo de vida y poder dedicarse a las tareas de cuidado en los hogares y a otras actividades.

Muchos sectores no se verán afectados por la primera fase de esta reforma, pues ya cuentan con jornadas por debajo de ese límite. Su aplicación es ya generalizada en las actividades públicas no subcontratadas y el reto actual es que aquellas actividades privadas con jornadas más largas vean ahora una mejora de sus condiciones de empleo, disfrutando de más tiempo libre para vivir, para descansar y para cuidar. Esta medida es, por tanto y en primer lugar, una forma de igualar al sector privado que realiza jornadas más largas con el resto de ramas de actividades donde se han ido pactando reducciones en las últimas décadas.

Un avance de calado para tratar de arreglar un modelo de empleo que, además de la jornada laboral máxima legal, tiene otros problemas endémicos como la exagerada cantidad de horas extras pagadas y no pagadas que se realizan cada semana, los graves problemas de siniestralidad, salud laboral y altos costes por absentismo y bajas por estrés y otras dolencias derivadas del trabajo. España también padece un grave problema de bajos salarios que este acuerdo de gobierno pretende seguir corrigiendo con nuevas subidas en el Salario Mínimo Interprofesional.

Marta Junqué: “La cifra de 37 horas y media permite acercarnos a la media europea y a la jornada de los trabajadores públicos españoles”

Marta Junqué, que coordinó el estudio entregado al Ministerio de Trabajo que da cobertura científica a la política de reducción de jornada, declara a El Salto que “el anuncio de reducción de la jornada laboral es una medida valiente”, pues permite encontrar un equilibrio de los usos del tiempo más saludables, igualitarios y que favorezcan la conciliación y la productividad.

Junqué señala que su informe “fue pionero en proponer a corto plazo una reducción de la jornada a 37 horas y media, especialmente cuando hace unos meses nadie hablaba de esta cifra, pensada para facilitar un primer acuerdo con los agentes sociales, que permite acercarnos a la media europea y a la jornada de los trabajadores públicos españoles”, en palabras de la consultora, que coordina la Time Use Initiative catalana e internacional.

Una medida de poco coste

La reducción de la jornada laboral ha ganado centralidad en el debate político durante los últimos años, pasando de tener poco peso estratégico en los partidos y sindicatos que lo incluían en sus programas a ser una prioridad creciente en sectores cada vez más amplios del mundo del trabajo, también de empresas innovadoras y preocupadas por la retención de plantilla, así como de los movimientos feminista y ecologista, que llevan décadas indicando la importancia de esta línea de intervención.

Nada más anunciarse el acuerdo de la inminente reducción generalizada de la jornada las patronales han emitido un comunicado, oponiéndose a la medida porque “supone un aumento de costes para las empresas”. La profesora de macroeconomía de la Universidad del País Vasco (EHU) Verónica Castrillón se sirve de un reciente estudio de impactos que ha realizado sobre la implementación generalizada de las 37,5 horas semanales en España para rebatir este argumento, para lo que hace uso de una larga experiencia de investigación aplicada en la materia.

La buena noticia para las empresas es que al ser la reforma anunciada tímida y progresiva el coste será muy bajo, ya que la jornada laboral media a tiempo completo ya es 38,1 horas semanales en España.

Según sus cálculos presentados en el Time Use Week de Barcelona, la reducción de la jornada laboral máxima legal planteada tiene un coste muy pequeño para las empresas. “En muchos sectores el coste es directamente cero, bien por la naturaleza no presencialista o de trabajos por objetivos de la mayoría de puestos del sector, bien porque ya se trabaja directamente menos de 37 horas y media en general, como es el caso del sector público y de algunos sectores privados”.

La buena noticia para las empresas es, por tanto, que al ser la reforma anunciada tímida y progresiva, aplicada en dos años y no de una sola vez, el coste será muy bajo, ya que la jornada laboral media a tiempo completo ya es 38,1 horas semanales en España.

Los cálculos citados hacen una estimación por sectores de las nuevas contrataciones que serían necesarias, especialmente concentradas en algunas actividades de carácter presencial en las que aún se trabaja por encima de esa franja. El coste laboral neto, indican los resultados, sería solo de 3.880 millones de euros, descontando los ahorros en el Impuesto de Sociedades que se derivarían de la necesidad de nuevas contrataciones.

Verónica Castrillón: “El coste laboral de las 37 horas y media podría ser solo de 3.880 millones de euros, pudiendo suponer 160.500 nuevos puestos de trabajo y retornos de 2.657 millones para las administraciones públicas”

Según las estimaciones, si se hiciera directamente y no de forma progresiva podría suponer 160.500 nuevos puestos de trabajo, así como retornos de 2.657 millones entre aumento de cotizaciones, recaudación fiscal neta y ahorro en prestaciones del SEPE.

Los sectores privados donde haría falta la concertación sectorial previa que reivindican las patronales serían el comercio y la hostelería, en mayor medida, y el sector agroalimentario, las industrias manufactureras, el transporte y la construcción, ya que las nuevas contrataciones y el aumento de costes laborales de las empresas se concentrarán en esas actividades.

El bajo coste estimado por Castrillón será aún menor en el contexto actual, ya que la reducción se hará progresivamente en dos años, siendo la adaptación de las empresas sin recurrir a nuevas contrataciones la pauta general que veremos en los próximos dos años.

En el caso de impulsarse un avance más comprometido hacía una reducción sustancial de la jornada, la economista estima que “de darse un paso generalizado a 32 horas semanales el coste laboral neto para las empresas sería de 26.355 millones de euros, para una creación de 978.000 nuevos puestos de trabajo, con retornos en cotizaciones sociales, recaudación fiscal y ahorro en prestaciones que podrían alcanzar los 17.339 millones”. En el caso de lograrse un compromiso en ese sentido, las posibilidades de compensar, como ya hacen las experiencias piloto, los costes que suponen las medidas serían muy importantes, pudiendo financiarse total o parcialmente las nuevas contrataciones.

Las posibilidades de aplicar este tipo de incentivos para ir más allá de la reducción legal y buscar un avance más sustancial en la reducción de jornada son una posibilidad que ya observamos en algunas empresas que han iniciado este camino, tal y como por ejemplo se ha hecho en Chile con empresas que han renunciado a la progresividad y aplicado de una sola vez la reducción de 45 a 40 horas. Las experiencias internacionales muestran que hay empresas que prefieren hacer una reducción de la jornada semanal más consistente y aprovecharla para negociar una reorganización pactada de los turnos, las jornadas y los procesos de trabajo.

Ley de Usos del Tiempo

El acuerdo alcanzado incluye también otra medida que tanto el PSOE como Sumar plasmaron en sus programas electorales: la aprobación de una Ley de Usos del Tiempo, cuyas líneas maestras fueron presentadas en junio, y que incluyen un conjunto de medidas que pretenden que la mayoría trabajadora pueda “ganar tiempo vida”, como se viene reivindicando, pero también para poder reorganizar horarios y avanzar hacia una corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la realización del trabajo de cuidados.

Junqué afirma que “ello es importante porque actualmente hay un malestar horario generalizado en la población española que tiene graves consecuencias en la salud, igualdad, conciliación y productividad individual y colectiva”. Según su diagnóstico, “trabajamos más, dormimos menos y conciliamos menos que la media europea”. Por tanto, “vemos la Ley de Usos del Tiempo como el gran acuerdo para poner las bases mínimas para definir una nueva estructura del tiempo de trabajo, dejando espacio a la negociación colectiva y la libertad individual”, concluye .

A pesar de las diferencias programáticas entre ambas formaciones en cuanto a la formulación de esta ley, se prevé que sea la propia líder de Sumar quien tenga la tarea de implementarla al frente del Ministerio de Trabajo, lo que podría ser una garantía de profundización en el derecho al tiempo de vida.

Además de la reducción de la jornada legal, la Time Use Initiative propone racionalizar y compactar horarios, fomentar la flexibilidad y autonomía de las personas trabajadoras y buscar horarios más saludables.

Más allá del establecimiento de la jornada máxima legal, se pretende desplegar una política integral para la reforma horaria del mundo económico y laboral, con medidas sobre la limitación de las horas extras, la variabilidad y las interrupciones de jornada, la aplicación de nuevos derechos personales y familiares a la adaptación horaria y la reorganización del tiempo de trabajo.

A este respecto, el estudio coordinado por la Time Use Initiative propone 100 medidas para la Ley de Usos del Tiempo. Junqué asegura que “para elaborar estas medidas hemos conversado con los agentes sociales más importantes de España y trabajado con muchas personas expertas internacionales y del país“. El objetivo de la ley, asegura, debería ser ”terminar con la pobreza de tiempo“ y ”asegurar el derecho al tiempo”. En esa línea, proponen racionalizar y compactar horarios, fomentar la flexibilidad y autonomía de las personas trabajadoras y buscar usos horarios más saludables.