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Personas refugiadas
La nueva ley griega de asilo lleva a los refugiados de Lesbos al abismo
Las condiciones inhumanas del campo de refugiados de Moria, y la nueva ley de asilo considerada “un campo de minas” por abogados griegos, han llevado la isla del Egeo a una “situación explosiva”.
La isla griega de Lesbos ha iniciado este 2020 con tensión y protestas. Las condiciones inhumanas del campo de refugiados de Moria y los efectos de la nueva ley griega de asilo que ya se traduce en un incremento de las deportaciones hacia Turquía, han llevado a miles de refugiados a las calles de Mitilini, la capital de la isla. Ante miles de manifestantes exigiendo dignidad, la policía helena no es la única fuerza que ejerce represión de manera agresiva con gas, escudos y porras: grupos de extrema derecha han protagonizado ataques racistas tanto en la capital como en los alrededores del campo de Moria. Para colmo, el gobierno griego de Nueva Democracia ha confirmado la construcción para el próximo verano de nuevos campos de detención que permitirán encerrar a los solicitantes de protección internacional.
Apodado como “El infierno”, Moria es una antigua base militar convertida en un campo de refugiados diseñado para no más de 3.000 habitantes en el que ahora conviven aproximadamente 20.000 personas desplazadas de 56 países distintos. Un 33% de estas son niños. El 72% huyen desde Afganistán, han pasado por Irán y Turquía en una larga y cara travesía. Mientras la mayoría duermen en tiendas de campaña o chabolas improvisadas extendidas en campos de olivos, algunos, sobre todo los recién llegados, duermen a la intemperie en noches invernales que han alcanzado los dos grados bajo cero. Pensadas oficialmente para albergar a 6.200 personas, en las cinco islas del mar Egeo se concentran hoy aproximadamente 41.000 solicitantes de asilo y según ACNUR, en Grecia hay un total de 112.300 refugiados entre los 11 millones de griegos.
Estas circunstancias, que incumplen flagrantemente las directivas europeas de acogida de solicitantes de protección internacional, hace años que han caído en el marco de la vulneración de los derechos humanos. “La ilegalidad es muy obvia”, asegura Elli Kriona, coordinadora jurídica de la ONG de abogados HIAS. Con cortes de electricidad, colas de más de tres horas para recibir comida o atención médica y a la espera —bajo una aguda presión psicológica— de la incierta resolución de su proceso legal, más de 2.000 refugiados salieron a las calles los pasados 3 y el 4 de febrero al grito de “Freedom” y “Stop deportations”. Dos semanas antes, unos 5.000 griegos habían marchado también por Mitilini, en una protesta de amplia franja ideológica, bajo el lema “Queremos recuperar nuestras islas”. Al extremo derecho de esta franja se gritaba “Grecia para los griegos”. “La isla vive una situación muy, muy explosiva”, asegura la abogada griega.
Más allá de las degradantes condiciones del campo de refugiados más poblado de Europa, la detonación, esta vez, ha sido la nueva ley de asilo griega de 237 páginas aprobada por el gobierno conservador de Nueva Democracia en noviembre de 2019 y que empieza ahora a mostrar sus garras: “la nueva legislación es muy punitiva, algunos la han comparado con un campo de minas, porque no importa lo que hagas vas a violar alguno de sus artículos y tu aplicación de asilo acabará siendo declarada inadmisible”, asegura Kriona.
La nueva ley acelera la deportación de los solicitantes de asilo que no demuestren rápidamente tener el perfil restrictivo de refugiado que establece la convención de Ginebra
En la práctica, la nueva ley acelera la deportación de los solicitantes de asilo que no demuestren rápidamente tener el perfil restrictivo de refugiado que establece la convención de Ginebra. Si antes se registraban esperas de hasta un año para el día de la entrevista con la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO por sus siglas en inglés), y otros largos meses para recibir la notificación de la decisión, a las personas llegadas a las islas del Egeo después del 1 de enero de 2020 se les está tramitando todo este proceso en solo un mes. El barco en el que Khadiha, una mujer de 30 años nacida en Afganistán, viajó con toda su familia, llegó a Lesbos el 5 de enero. Un mes después, su solicitud de protección internacional ya ha sido rechazada. “Ya no queda nada del sueño europeo”, asegura preocupada.
Según la abogada de HIAS, la nueva ley comporta “medidas totalmente desproporcionales, hay una inversión de la carga de la prueba, como si el Estado ya tuviera una presunción y tu tuvieras que probar lo contrario. Y la presunción es que tú mientes y que no colaboras con las autoridades”. Con solo un abogado de oficio en toda la isla, apelar la decisión de EASO es casi imposible y, de cualquier modo, las probabilidades de que la familia de Khadiha no sea pronto deportada a TurquÍa son muy pocas. Según el Monitoreo de Deportaciones del Egeo (ABR por sus siglas en inglés), este mes de enero se han realizado 39 deportaciones a Turquía desde Lesbos —en el mismo mes de 2019 se realizó una. El objetivo del gobierno griego es “alcanzar las 200 deportaciones a la semana en tres meses”, según afirmaba el portavoz del ejecutivo griego, Stelios Petsas.
La distancia que separa Turquía y la isla de Lesbos es inferior a 20 kilómetros. Un trayecto que una persona con pasaporte europeo puede hacer en una hora y por 20 euros mientras que aquellos que huyen de la violencia realizan en 3 o 4 horas y por un mínimo de 500 euros. Los obstáculos, además, no son pocos. Cuando no es un temporal, los llamados smugglers o traficantes de personas colocan motores de mala calidad en las barcas de plástico-patera que los dejan flotando en medio del mar. Y siempre pueden encontrarse con la policía marítima turca. 172 embarcaciones con 6.169 refugiados han sido parados por la guarda costa turca en enero según ABR. Algunos en Moria relatan haber conseguido finalmente cruzar a Lesbos en su décimo intento.
Y cuando sigue creciendo el número de llegadas a Lesbos, —3.096 el mes de enero, un 68% más que el mismo mes en 2019—, el gobierno de Kiriakos Mitsotakis ha procedido a requisar terrenos en las cinco islas del Egeo en los que se construirán a partir de marzo nuevos centros de detención donde los refugiados estarán encerrados hasta 25 días. En ese tiempo se espera poder gestionar la rápida deportación que la nueva ley ya está practicando con los recién llegados. Según el portavoz del gobierno, la decisión es “cerrar las estructuras anárquicas de hoy y crear estructuras cerradas controladas”.
El gobierno ha procedido a requisar terrenos en las cinco islas del Egeo en los que se construirán a partir de marzo nuevos centros de detención donde los refugiados estarán encerrados hasta 25 días
El gobierno de Nueva Democracia también ha reiterado su intención de construir barreras flotantes en el mar Egeo que portavoces de Syriza, ahora en la oposición después de 4 años de gobierno, han tildado de “inhumanas”. “Harán todo lo posible para evitar que lleguen al mar griego, para así evitar situaciones en las que Grecia tenga la responsabilidad de estudiar sus solicitudes de asilo”, asegura la abogada Elli Kriona. 64 parlamentarios del partido de Alexis Tsipras han presentado una interpelación acusando al gobierno griego de adoptar un enfoque de extrema derecha en una problemática que ha provocado intolerancia y xenofobia. “Está claro que el humanismo, los derechos de los refugiados y de las comunidades locales, del mismo modo que cualquier eficacia, están muy lejos de sus políticas”, declara la interpelación.
El abismo que suponen los nuevos anuncios del gobierno y la aplicación de la nueva ley se convierten en una deportación casi segura y un camino incierto, pues lo único asegurado es un ferry que deshaga los 20 km de camino que hicieron en barco desde la costa de Turquía, pero desconocen lo que el país de Recep Tayyip Erdogan pueda hacer con ellos. “No hemos hecho todo este camino por pan, ropa o dinero. Hemos venido para que nuestros hijos estén bien, para que puedan estudiar. Tengo 40 años y 40 años he sobrevivido. No les deseo eso a mis hijos”, aseguraba un solicitante de asilo de Afganistán mientras la nube de gas lanzada por la policía se alejaba, durante la protesta del lunes 3 de febrero.
“Tengo 40 años y 40 años he sobrevivido. No les deseo eso a mis hijos”, aseguraba un solicitante de asilo de Afganistán mientras la nube de gas lanzada por la policía se alejaba, durante la protesta del lunes 3 de febreroCuando, tanto ese lunes como el día siguiente, la policía dispersó violentamente a los manifestantes provocando disturbios alrededor del centro de la ciudad, se registraron varios agresiones físicas y verbales por parte de grupos de extrema derecha no solo a refugiados sino también a voluntarios internacionales de ONG’s y a periodistas. Y no fue ni la primera ni la última vez: los conocidos como progromos de 2018 registraron graves agresiones a solicitantes de asilo que, como denuncia la abogada de HIAS “representan crímenes racistas documentados que, dos años después no solo quedan en la impunidad, sino que su proceso legal está parado”. En la última semana decenas de refugiados han denunciado agresiones de personas griegas durante su trayecto a pie desde Mitilini al campo de Moria, separados por 8 kilómetros. No han faltado tampoco, en este contexto, los gritos de colectivos antifascistas en actos y protestas que reunieron a unas 200 personas en la capital de la isla.
Algunos en Moria opinan que la única manera de llamar la atención de la población de Europa es protestar, pero la policía ya tiene abierta una investigación en contra de los presuntos instigadores y organizadores de estas protestas. Según la abogada griega, el contexto de la isla está marcado por una situación de “represión extrema y criminalización de las protestas, silenciamiento de sus demandas, y la creación de un clima de demonización de las ONGs que crea el ambiente perfecto para atacarlas”. En el Woman Space, un proyecto solidario en el que las mujeres refugiadas tienen siempre un lugar seguro con una taza de té caliente, se abre a menudo este debate entre mujeres afganas. “Hemos dejado atrás todo lo que teníamos, hemos corrido el riesgo de huir desde Afganistán, hemos corrido el riesgo de cruzar el mar en barquitos de plástico, así que ahora podemos correr el riesgo de salir a protestar porque no tenemos nada que perder”, asegura convencida una joven.