Sanidad pública
La exclusividad para trabajar en la pública: bulos y verdades del nuevo Estatuto Marco

Los profesionales sanitarios llevan 20 años con la misma regulación marco. Mientras el Ministerio de Sanidad reanuda las conversaciones para crear un nuevo estatuto, médicos exigen una norma propia y que no se imponga la exclusividad cuando trabajan en la pública.
Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco Mónica García
La Ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco.

A mediados de enero un documento corría de grupo en grupo de whatsapp de profesionales sanitarios, prendiendo tras de sí la mecha de la polémica. El Ministerio de Sanidad estaba negociando el nuevo Estatuto Marco para el profesional sanitario, negociaciones que comenzaron hace ya dos años y que se acababan de reactivar. Alguien decidió que era el momento perfecto para filtrar el borrador. Entre los ingredientes que contiene el nuevo texto, el artículo 36 ha aglutinado especial dosis de polémica: el texto establece la exclusividad para trabajar en la sanidad pública de los mandos intermedios y directivos. Una exclusividad también fijada para los médicos recién graduados que elijan trabajar en la pública durante sus cinco primeros años. 

La polémica ha ido sumando reclamos entre algunos sectores de la profesión médica hasta llegar a exigir un Estatuto Médico propio. Sindicatos médicos, como el madrileño Amyts, Metges de Catalunya o el Sindicato Médico de Euskadi (SME), bajo el paraguas de la Confederación Española de Médicos y Sindicatos (CESM), se concentraban a las puertas del Ministerio de Sanidad este jueves 13 de febrero con esa demanda. “Es hora de reclamar un estatuto propio que recoja nuestras especiales características laborales, una mejor regulación de la jornada laboral que no nos discrimine negativamente ni nos fuerce a colgar la bata, un régimen de incompatibilidades que no nos penalice ni retenga el talento a base de imposición, una clasificación profesional coherente con los requisitos de formación y responsabilidad de la profesión”, se lee en el manifiesto de la convocatoria, respaldada por 22 entidades convocantes.

“Atomizar este estatuto sería volver a los años 70 cuando había un convenio colectivo para cada tipo de profesional”, expresaba la ministra de Sanidad, y también médica, Mónica García en las mañanas de RNE, horas antes de la protesta. “Yo tengo que velar por la totalidad de profesionales y también tengo que velar por la sostenibilidad del sistema de salud. Separar a unos profesionales de otros significaría sacar a esos profesionales de la función pública”, expresaba García. En cuanto a la incompatibilidad de los mandos medios García se mostraba clara: “Nosotros hacemos una propuesta sensata. Si tú tienes un cargo de responsabilidad eso es incompatible con tener otras funciones”, explicaba. Y, ante el ruido generado, “ha habido dinámicas durante este año que hacen pensar en la incompatibilidad como un recorte, pero comunidades como Murcia, Navarra y Extremadura ya la tienen”, añadía.

A vueltas con la exclusividad

Y es que en esta polémica no han faltado los bulos y las malinterpretaciones, azuzados en ocasiones por la prensa. Así, nada más filtrarse el borrador ABC titulaba: “Sanidad obligará a los médicos a trabajar cinco años solo para la pública tras el MIR”. Una clausula de exclusividad mal interpretada: esta solo aplica a aquellos médicos que empiecen trabajando en la pública. Así lo ha tenido que desmentir el propio Ministerio de Sanidad, en un documento con el que resuelven preguntas sobre el borrador.

Desde FADSP hablan de problemas de “corrupción” asociados a trabajar en la pública y en la privada, como “generar y alterar las listas de espera, parasitar los recursos del sistema público o dar tratos de favor a clientes de sus privadas”

Para la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) estamos ante una “ofensiva” de algunos sectores profesionales apoyada por los “medios de la prensa conservadora”. Desde esta federación hablan de la exclusividad como una medida “absolutamente coherente y necesaria” para gestionar racional y eficientemente el sistema público. Hablan de problemas de “corrupción” asociados a trabajar en la pública y en la privada. como “generar y alterar las listas de espera, parasitar los recursos del sistema público o dar tratos de favor a clientes de sus privadas”.

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Enfermeras que se van al extranjero, médicas que cambian de especialidad o que cuelgan las batas. La pandemia ha supuesto la gota que ha colmado el vaso de un personal sanitario con mucha carga asistencial y peores condiciones que en el entorno europeo.

El presidente de FADSP, Sergio Fernández Ruiz, explica a El Salto posibles “conflictos de interés denunciados en numerosas ocasiones”. Una exclusividad que para Fernández debiera alcanzar al conjunto de los profesionales, no solo a los nuevos médicos o a los jefes de servicio. “Esa doble dedicación también reduce la oferta de puestos de trabajo, hay personas en dos sitios y el personal en paro, que también existe, tiene menos oportunidades”, explica.

En declaraciones enviadas a medios, la presidenta de Amyts, Ángela Hernández Puente, hablaba de un “tema complejo”. “Desde Amyts consideramos que nuestros compañeros realizan sus funciones, que observan todas las limitaciones que tiene la ley y el Código Deontológico al respecto y si cumplen sus obligaciones, como en las jefaturas, no debería ser un problema en aquellos sitios donde exista la compatibilidad”, explicaba. “Otra cosa es que si se detectan o se producen abusos recordemos que hay tanto directores médicos como gerentes para perseguir este tipo de situaciones que, insisto, son la excepción y no la regla”, explica, mientras avisa que si se marca este tipo de exclusividad va a ser muy difícil encontrar personas dispuestas a ostentar estas jefaturas. “Desde Amyts recordamos que el cargo de una jefatura en un hospital puede suponer un incremento retributivo de apenas 300 euros brutos al mes a pesar de toda la responsabilidad y de todo el trabajo que conlleva”, concluye.

Trabajar en la privada va en ascenso

El debate se da en un contexto donde el trabajo en la sanidad privada va en ascenso. Según el informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035 el empleo privado de médicos especialistas estaba en torno al 30% del total en 2021, “con un incremento desde 2018 del 7%, frente a la caída del empleo público del 1,7%”. Según un informe de 2024 de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) más del 20% de los médicos trabajan simultáneamente en el sector público y privado.

“El que un mismo profesional esté atendiendo pacientes en la pública y en la privada y que en un momento les pueda decir que es mejor que les atiendan desde la privada, eso no es un riesgo hipotético, es real y yo lo he vivido en mi entorno”, expresa Javier Segura

En cuanto a los fallos de este sistema, lo que para la presidenta de Amyts es algo “excepcional”, para el médico salubrista Javier Segura es un problema “estructural”. "Hay relaciones peligrosas entre la pública y la privada, la privada tiene una relación vampirizante. Cuando hay vasos comunicantes que pueden producir flujos de pacientes y no están vigilados son riesgos estructurales“, explica. Segura pone como ejemplo lo que sucede con patologías con listas grandes de espera en la pública que pueden ser ofertadas desde la privada. “El que un mismo profesional esté atendiendo pacientes en la pública y en la privada y que en un momento les pueda decir que es mejor que les atiendan desde la privada eso no es un riesgo hipotético, es real y yo lo he vivido en mi entorno”, expresa.

En palabras de este médico, a ello contribuye también el avance de la presencia de los seguros privados, poniendo el foco principalmente en comunidades como Madrid donde el porcentaje de asegurados supera ya el 40%. “En comunidades como Madrid tendríamos que tener mucho cuidado por las posibilidades de vampirización”, alerta.

Un control de los negocios en la privada 

Tal y como reflejaba una investigación de octubre de 2024 de El País, el jefe de dermatología en el Hospital Ramón y Cajal, el de mayor demora de la sanidad madrileña en esa especialidad, es dueño de cuatro clínicas y dos centros de cirugía en Madrid. Facturó 17,8 millones de euros en 2023. Mientras, en octubre de 2024 el hospital público dejó de citar a pacientes para esta especialidad debido al colapso en sus listas de espera: tenía 7.342 pacientes esperando y 241 días de demora, tal y como denunciaba CC OO. Al mismo tiempo, 17 de sus 27 médicos trabajan para él en su negocio.

Y este esquema no se inserta en el vacío: según otra investigación publicada en octubre de 2024 por El País seis de los 28 jefes de servicio de dermatología en la región eran a su vez dueños de clínicas privadas. En total, 23 responsables de servicio trabajaban en la privada.

Para acabar con esta dualidad, es necesario reforzar los controles, valoran las expertas consultadas para este reportaje. Además, el estatuto recoge un complemento de exclusividad que se cobraría para compensar estas situaciones. Un complemento que ya se cobra en otras comunidades y cuya aplicación quiere homogeneizar este borrador. En febrero de 2024 el Gobierno navarro confirmaba que siete médicos cobraron la exclusividad pese a trabajar a la vez en la privada, por lo que los controles se hacen necesarios también sobre este aspecto, avisan los expertos.

Mejora de las condiciones laborales

Mientras tanto, las asociaciones médicas que se han puesto en pie de guerra demandan una regulación específica. “En ella debe figurar en primer término el reconocimiento a tener nuestro propio ámbito de negociación con las administraciones estatal y autonómica, y en segundo lugar el establecimiento de unos límites razonables a nuestras cargas de trabajo y a las situaciones de excepcionalidad, a unos descansos y compensaciones proporcionados a esta carga laboral, y a unas retribuciones acordes a la responsabilidad y a la alta cualificación necesaria”, expresan las organizaciones en el manifiesto leído este jueves 13 de febrero.

En lo que sí hay consenso es en la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector. Un sector que hereda un Estatuto Marco sin actualizar desde 2003, donde se permiten guardias médicas de 24 horas y encadenar contratos temporales es una realidad

En lo que sí hay consenso es en la necesidad de mejorar las condiciones laborales del sector. Un sector que hereda un Estatuto Marco sin actualizar desde 2003, donde se permiten guardias médicas de 24 horas y encadenar contratos temporales es una realidad. Mónica García confirma que el objetivo del borrador que preparan, y que aún tendrá que pasar por una tanda de negociaciones con los sindicatos de la mesa sectorial y de las comunidades autónomas antes de salir a información pública, está centrado en acabar con esa precariedad.

De un lado, el borrador establece un límite máximo para las guardias de 17 horas para garantizar la calidad asistencial y el descanso de los profesionales. Además, a diferencia de la regulación actual, las horas del descanso obligatorio ligadas a las guardias no habrá que devolverlas, tanto si las horas de descanso son anteriores como posteriores a la guardia.

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Del otro, dispone que las oposiciones (OPE) sean cada dos años y su plazo de resolución máximo de dos años. El ministerio asegura que ya no habrá eventuales de cinco años ni interinos con 15 años de antigüedad. Además, añaden: no es cierto que el nuevo texto proponga una jornada de 48 horas para estos trabajadores, como han trasladado organizaciones convocantes de la protesta, sino que las 48 horas es el límite máximo de trabajo.

“Yo he sido médica hasta 2022. Nunca he oído hablar del estatuto marco. Después de este revuelo, ahora los profesionales lo saben y saben que deben de pelear por sus condiciones laborales con él. Yo estoy de acuerdo con que hay que dar pasos, pero no se pueden dar pasos disruptivos, hay que hacerlo bien. Nosotros en medicina no tratamos a los pacientes con rumores ni desinformación. Pues hay que informarse bien de lo que dice. Que las movilizaciones no impidan que sigamos hablando y avanzando”, concluía este jueves la ministra de Sanidad.

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¡Jarta d tó!
14/2/2025 14:02

Cómo no van a estar en contra de que les cierren el chiringuito de las privadas, si tienen un chollo...
Los pacientes hartos de las listas de espera de la pública, van por la privada y después de pasar por caja, el mismo médico lo introduce en la pública de forma "preferente" para intervenciones, pruebas... Ya se encargan ellos de pedir favores si es necesario.
Eso sin contar los que no admiten ver más de X pacientes (salvo indicación), pasan la consulta en 1 hora o menos y en medio de su jornada laboral pública, se marcha a la privada.... A esa velocidad bien podría ver el doble o triple de pacientes. ¿Creen que alguien les dice algo? Cómo va a ser eso si son los "dioses del Olimpo" (léase con ironía).
No es que"todos" actúen igual, pero una gran mayoría SÍ.

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rozasgonzalez1
14/2/2025 13:03

Ya es hora de que se comience a hablar de la gestión de las listas de espera y de que aparezca la palabra corrupción. Los intereses en la privada de una parte de médicos y cirujanos pervierten en sistema de manera que prevalecen los intereses de la privada por encima de la sanidad pública. Se tiene que abrir ese melón. También el de los privilegios de los médicos que todavía conservan. De ahí sus resistencias a cumplir el régimen de incompatibilidades, que existe y ahora se pretende endurecer; ánimo para la ministra. No es empresa fácil.

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Guille
14/2/2025 6:09

Felicidades por el reportaje. Muy claro todo.
Salud.

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