Sanidad pública
El nuevo anteproyecto de ley sanitaria mejora la universalidad pero no da el paso definitivo

“Para nuestra sorpresa ha habido avances positivos. Va en la dirección correcta, aunque no es la norma perfecta, tampoco es la que hubiéramos preferido”, resume Pablo Iglesias, técnico de Incidencia Política de Médicos del Mundo y portavoz de la plataforma Reder, el estado de la sanidad universal en el nuevo anteproyecto de ley de equidad sanitaria que hoy ha sido aprobado en el Consejo Ministerial. “Hubiéramos preferido un texto más sencillo que se limitara a reconocer a todas las personas que viven en España como titulares de derecho a la sanidad. No se ha conseguido eso, pero mejora a la legislación actual y creemos que con algún pequeño matiz puede ser una buena base para recuperar la sanidad universal”, explica Iglesias.

En 2012 el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomarla, pero aún no lo ha hecho al 100%. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Esta norma establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. Las Comunidades Autónomas hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia. Esto se traduce en exclusión sanitaria: la plataforma Reder lleva documentados 5.000 casos desde 2018.

En noviembre de 2021 el Ministerio de Sanidad daba a conocer un nuevo anteproyecto, que, para sorpresa negativa de los colectivos en lucha, dejaba fijado este requerimiento. Hoy, el texto que sale del Consejo de Ministros y que deberá superar los trámites en el Congreso, “ha cambiado bastante, ha incorporado alguna de nuestras recomendaciones”, celebra Iglesias.

En abril del 2022, las entidades acudían al Ministerio de Sanidad para hacer entrega de un manifiesto, refrendado por más de 300 organizaciones y 1.400 profesionales sanitarios, que añadía recomendaciones para la vuelta a la universalidad. Y parece que la presión, en parte, ha hecho efecto.

“Echamos en falta que se reconozca de forma explícita el derecho a la atención de menores de edad, embarazadas y las urgencias. Eso no se contempla de forma expresa y no mencionarlo es una puerta abierta a que determinadas comunidades se pongan restrictivas”

Avances positivos

Y, ¿qué ha cambiado desde la propuesta de noviembre de 2021? Según explica Iglesias, se ha eliminado el requisito de que una persona tenga que estar tres meses empadronada para acceder al sistema sanitario de manera gratuita; pero sí que se distingue entre las personas que llegan a España de forma irregular y las que llegan como turistas, y una vez que permanecen más de tres meses, se quedan viviendo en situación irregular. “A estas últimas, durante los tres primeros meses, no se les reconoce el derecho de manera automática, necesitan un informe de servicios sociales que certifique que la persona tiene intención de quedarse en España”.

El portavoz de Médicos del Mundo incide en que este mecanismo ya se utilizaba antaño y el informe actuaba como una barrera por el colapso de los servicios sociales, por lo que piden que se “flexibilicen” los requisitos y que se admitan informes redactados por entidades sociales. "Además —añade— echamos en falta que se reconozca de forma explícita el derecho a la atención de menores de edad, embarazadas y las urgencias. Eso no se contempla de forma expresa y no mencionarlo es una puerta abierta a que determinadas comunidades se pongan restrictivas".

“A priori la redacción que contiene el texto es la que nosotros esperábamos y reconoce el derecho a las personas ascendentes a la atención sanitaria y no exige el seguro médico. Esto es una clara mejora”

Pero, la novedad que más satisfacción ha causado entre la plataforma en lucha, es la inclusión de los ascendentes reagrupados en la asistencia sanitaria; personas con permiso de residencia que han sido reagrupados por sus hijos e hijas, a quienes la Ley de Extranjería exige un seguro privado. “A priori la redacción que contiene el texto es la que nosotros esperábamos y reconoce el derecho a las personas ascendentes a la atención sanitaria y no exige el seguro médico. Esto es una clara mejora para personas que llevan desde 2012 excluidas sin ninguna vía de acceso”.

Pero, advierte Iglesias, todo esto debe de quedar plasmado en un reglamento que se apruebe tras la tramitación de la ley que afine los procedimientos y no deje huecos para que comunidades como Madrid o Galiza instauren procedimientos enrevesados que, de facto, dejen sin asistencia sanitaria a muchas personas. “Es un paso positivo pero aún no es el definitivo, aún tenemos que afinar”, concluye.

Copagos y privatización

Además de la vuelta a la universalidad, los objetivos del nuevo anteproyecto son la eliminación de los copagos y la acotación de los procesos privatizadores. Así, la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba tras el Consejo Ministerial que esta norma servirá para “blindar la sanidad pública”.

La nueva ley deja la puerta abierta a nuevos conciertos público-privados tal y como han denunciado desde Unidas Podemos

Si bien el anteproyecto cumple con la eliminación de todos los copagos sanitarios que permanecían tras los recortes de la era Rajoy, la reversión de la privatización sanitaria queda en entredicho, y con ello el fin de los mecanismos previstos en la ley 15/1997, ya que deja la puerta abierta a nuevos conciertos público-privados, tal y como han denunciado en sucesivas ocasiones desde Unidas Podemos.

Darias ha intentado acotar este aspecto, asegurando que la nueva norma establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta, nunca sustitutoria, y siempre que no sea posible la gestión directa. “La gestión indirecta deberá cumplir una serie de requisitos, como la insuficiencia de medios propios para esos servicios”, ha añadido, lo que ha dejado claro que esta norma no se traducirá en una reversión de los procesos privatizadores ni en el fin de las adjudicaciones a empresas privadas.