Opinión
¿A quién compete el futuro de los centros públicos y su personal?

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha desarrollado un pacto educativo que, a todas luces, sienta las bases de una ley cuyo objetivo es garantizar el futuro de la red privada-concertada. Así las cosas y, atendiendo al desplome de la natalidad, es evidente que, la decisión tomada por el Departamento tendrá graves consecuencias en la educación pública en general y en el futuro del personal que trabaja en ella. En pocas palabras, se trata de un pacto educativo que, desarrollado por el Departamento de Educación y apoyado por la mayoría de los partidos políticos parlamentarios, pone en serios aprietos a las y los trabajadores de la red pública. Un claro ejemplo de lo que exponemos aquí es lo sucedido en Amurrio, donde se han cerrado líneas del centro público, mientras los centros concertados mantenidos con dinero público permanecen intactos.  

A modo de serpiente de dos cabezas, mientras desarrollaba las bases del pacto, la Administración se comprometía con los sindicatos a mantener la plantilla actual. Las contradicciones que esta actitud encerraba eran evidentes pero, Steilas, como representante de las y los trabajadores, siempre ha optado por la negociación y ha estado allí donde ha sido posible llevarla a cabo, buscando cualquier resquicio de beneficio para sistema educativo público.

Durante el proceso, nuestro sindicato ha sido, a menudo, caricaturizado tras mostrar su desacuerdo por quienes, probablemente por temor o ignorancia, no son conscientes de las virtudes constructivas que la confrontación posee o, simplemente, tienen dificultades para aceptar las discrepancias.

Ahora, fruto de la lucha y la negociación, el Departamento ha puesto encima de la mesa un documento que reorganiza la dotación de personal y que, a pesar de tener luces y sombras, proporcionará más recursos a los centros y muchos de ellos, además, serán estructurales. Sin embargo, también esconde algunos peligros, como son el avance que hace en torno a la autonomía de los centros y el liderazgo de las direcciones, o el hecho de no concretar las vías que utilizará en la asignación de algunos de estos recursos (contratos programa).

El Departamento de Educación podría, si quisiera y si su verdadero objetivo fuera mejorar la calidad de la educación pública, aplicar estas medidas de manera unilateral como acostumbra a hacer en otras ocasiones. Sin embargo, esta vez, exige a los sindicatos su aprobación, ¿por qué será?

En Steilas tenemos claro que la provisión de recursos y la supervivencia de los centros públicos, así como de su personal, es responsabilidad de la administración pública; pero también sabemos que, a pesar de hacer una lectura crítica, debemos asumir la nuestra, la que tenemos con las y los trabajadores. Es por eso que, aún cuando nos vemos en la obligación de dar nuestra aprobación, queremos dejar claro que no estamos firmando un cheque en blanco. Por el contrario, es una decisión que tomamos al amparo de dicha responsabilidad; esa de la que, a día de hoy, carece el Departamento en lo que a la educación pública respecta. Y, aun cuando firmemos este documento para la provisión de personal, seguiremos movilizándonos, por la educación pública vasca y por las condiciones laborales de las y los trabajadores. Seguiremos en la calle, y seguiremos manteniendo firmes nuestras reivindicaciones también en las mesas de negociación o en las de seguimiento, haciendo las aportaciones y alegaciones que sean necesarias para conseguirlas.