Elecciones europeas derecha

Unión Europea
9J: elecciones a las puertas del miedo

Los discursos antimigración han protagonizado la campaña en toda la Unión Europea. El Partido Popular de Manfred Weber y Ursula Von der Leyen ha marcado el tempo de sus sucursales nacionales, incluyendo al PP de Feijóo.
9 jun 2024 00:00

La votación del próximo Parlamento Europeo tiene lugar desde el pasado jueves 6 de junio y termina hoy a medianoche. La cámara que se conocerá el lunes 10 dibujará un escenario de rearme de la derecha del Partido Popular y de la extrema derecha. La socialdemocracia aguantará, en parte gracias al tirón de delegaciones como la del PSOE, pero seguirá lejos de poder proponer una presidencia de la Comisión Europea con oportunidad de ser elegida; el centro “liberal” sigue en declive en todo el continente, y la izquierda seguirá debilitándose en un escenario que le es poco propicio: el del miedo.

En el continente, las elecciones deben establecer el peso real que ganan los grupos de la extrema derecha ECR e ID. El primero de ellos puede incluso formar parte de la próxima Comisión Europea. Un momento clave será la propuesta, que tiene que llegar del Consejo Europeo, formado por jefes de Estado y de Gobierno, para la próxima presidencia de la UE. Un puesto que aspira a mantener Ursula Von der Leyen y al que optan, sin demasiadas esperanzas, los socialdemócratas (S&D), que presentan al luxemburgués Nicolas Schmit, actual comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales. El voto de una o varias fuerzas dentro de ECR —no hay disciplina de voto en los parlamentos de Bruselas y Estrasburgo— puede ser determinante para una Comisión en la que no se descarta que haya espacio al mismo tiempo para neofascistas de Fratelli d'Italia y representantes del PSOE.

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Ursula Von Der Leyen y el eurodiputado del PPE Manfred Weber en el Parlamento Europeo.


En la derecha, que aspira a repetir como el partido con más poder en las instituciones, han triunfado las tesis de Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo. Weber ha sido el gran diseñador de la hoja de ruta de la integración de la extrema derecha en el esquema de la gobernabilidad. El principal objeto de atracción ha sido Giorgia Meloni, y la línea roja marcada, el apoyo más o menos subterráneo a Vladimir Putin, lo que deja en cuarentena —de momento— a la Agrupación Nacional (RN) francesa, y excluida a Alternativa por Alemania, competidora natural de la CDU alemana, de donde proceden los dos halcones del PPE. 

Las migraciones se han convertido en el gran tema de campaña de las europeas, con una derecha cada vez más escorada hacia los postulados de la extrema derecha

Pero la táctica no trataba solo de acercar a los Hermanos de Italia, que se llevará más de 25 escaños, uno de cada tres de los 76 diputados que se votan en el país transalpino. La visión del PPE, partido alfa de las europeas, que apenas variará los resultados que obtuvo en las elecciones de 2019, se basa en plantearse como un partido duro contra la migración. Esa cuestión, que dio lugar al Pacto de Migración y Asilo en el último ciclo de la anterior legislatura, ha provocado un cambio de discursos por parte de Ursula Von der Leyen. A partir de ese momento, ha habido una reacción en cadena. Sus declaraciones de marzo “nosotros, los europeos, decidimos quién viene a Europa y en qué circunstancias, no las organizaciones criminales de tráfico de personas” fueron calcadas por Dolors Montserrat, la candidata del PP en las europeas el pasado jueves 6 de junio en el debate de los candidatos en RTVE.

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La migración pasa a protagonizar el debate

En mayo, la consultora Kapa Research realizó una encuesta en la que se preguntaba a diez mil posibles votantes europeos de diez países cuáles son sus miedos y preocupaciones respecto a la UE. La primera respuesta es la incertidumbre económica: las subidas de tipos de interés, el alto coste de la energía y la inflación siguen agobiando a la mitad de la población europea. Un 80% considera que “los ricos se están volviendo más ricos, y los los pobres son cada vez más pobres” en Europa. 

La UE apenas creció el año pasado un 0,5%. Se esquivó la etiqueta formal de recesión, pero las muestras de estancamiento dejan huella. Según la encuesta de condiciones de vida, en España, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó hasta el 26,5%: es un 0,5% más que en 2022. Aunque han crecido los ingresos —gracias en buena medida a las subidas de salarios mínimos aprobadas por el Gobierno de coalición— el efecto coste de la vida hizo que al cierre del año pasado el 9,3% de la población llegara a fin de mes con “mucha dificultad”, frente al 8,7% de 2022.

El discurso del odio es lo que conecta el primer problema con el segundo. Las migraciones se han convertido en el gran tema de campaña de las europeas, con una derecha cada vez más escorada hacia los postulados de la extrema derecha. En España, el giro lo representó Alberto Núñez Feijóo, que ya en las elecciones catalanas había asociado migración, ocupación y criminalidad. En estas dos semanas, Feijóo ha utilizado el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la pasada legislatura para insistir en la idea de que es legal “repatriar a inmigrantes que cometen delitos y reinciden”. 

Solo un 14% de la población de esos diez países sitúa la crisis climática entre las preocupaciones fundamentales: son seis puntos menos que la “defensa del modo de vida europeo”

Aunque España ha sido tradicionalmente uno de los países con menos preocupación sobre la “inmigración” e incluso la extrema derecha ha basado su crecimiento en la lógica del combate contra el enemigo interior (“los catalanes”, los independentistas o “la ETA”), la expansión europea del miedo a la “invasión extranjera” ha hecho virar esta campaña hacia la centralidad de los discursos xenófobos. “Más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres” fue el lema con el que se reseñó el mitin del líder de Vox en Murcia, y parte de la cartelería del partido de extrema derecha ha replicado ese mensaje.

El giro viene desde países de centroeuropa. En Alemania, el 56% de la población sitúa la inmigración como el principal problema del país, frente al 48% que cree que lo es el coste de la vida. Esa tendencia se repite en Italia. En ambos países, el porcentaje de personas en el umbral de la pobreza ha aumentado desde la entrada en vigor del euro, en el año 2000.

La encuesta de Kappa Research muestra que en España, la “inmigración” se sitúa como la segunda preocupación. En las áreas de trabajo que se deben implementar de cara a la próxima legislatura europea los “controles más estrictos” contra las migraciones es la tercera medida preferida por la población, por debajo de las medidas contra la inflación y los altos precios y la redistribución igualitaria de la riqueza. En Bulgaria, Estonia, Alemania e Italia, el control migratorio es la medida preferente para la población.

La misma encuesta señala que la preocupación por la crisis climática es muy menor entre la población de estos diez países de referencia. Solo un 14% de la población lo sitúa entre las preocupaciones fundamentales: son seis puntos menos que la “defensa del modo de vida europeo”.

En otro informe publicado en marzo por Euronews en base a una encuesta de Ipsos, se mantiene la tendencia a considerar la migración “irregular” como un problema existencial para la UE. La encuesta señala que los votantes de los partidos Identidad y Democracia (ID), que no tiene una organización española adscrita, y de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), donde se encuentra Vox, son los que se muestran más preocupados por los controles fronterizos.

La cuestión de la guerra

Junto al potencial de la migración como forma de atrapar votos, el escenario prebélico planteado en la anterior legislatura es el otro gran marco en el que se dirimen estas elecciones. El apoyo incondicional a Ucrania ha ido in crescendo a medida que, en los campos de batalla del este se registra una situación de pocos avances. Pero las diferencias en este tema son sustanciosas entre los distintos países. Mientras en los territorios con fronteras compartidas con Rusia la idea de la remilitarización de la UE es apoyada por amplias capas de la población, en España o Italia apenas un 8% y un 11% de la sociedad se considera preocupada por esta materia.

La encuesta de Kappa Research muestra que un 60% de la población de los países de referencia piden una negociación para el inmediato cese de la guerra. El apoyo a Ucrania se dispara en Estonia y Polonia y decrece entre las sociedades de Francia y Alemania, precisamente los países cuyos mandatarios son más partidarios del rearme de la UE frente a la amenaza rusa.

Las encuestas de intención de voto han tendido a disipar la idea de que estas elecciones podían ser un clavo en el ataúd de la legislatura y precipitar la salida de Sánchez

En España, el porcentaje de población que apoya incondicionalmente es relativamente alto (36%) pero inferior al 52% que pide una salida negociada. La situación cambia con respecto a Gaza. La sociedad española es la que más apoya que se tome cualquier tipo de medidas para apoyar a Palestina (tres de cada diez encuestados).

La división, no obstante, explica por qué los temas sobre rearme e implicación en los conflictos han pasado desapercibidos en el contexto europeo y solo en el caso de España, Bélgica, Irlanda o Eslovenia se hayan producido medidas como el reconocimiento de Palestina en las fechas en las que se desarrollaba la campaña electoral.

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Otra encuesta, el barómetro de mayo del Real Instituto Elcano, muestra que el consenso social en torno al conflicto en Gaza es amplio y bastante transversal: el 71% de los entrevistados considera que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos y sólo el 28% cree que Israel está haciendo “lo que necesita para defenderse del terrorismo de Hamás”. En el campo ideológico de la derecha, un 25% considera a Israel responsable de lo que está ocurriendo en Gaza. El apoyo al reconocimiento de Palestina cuenta con el aval de casi ocho de cada diez personas.

La traslación en España

En el Reino de España, las cuestiones de política interior son las que han marcado los debates principales. La campaña sostenida por la derecha y la extrema derecha en contra de la aritmética parlamentaria que dio el Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 ha encontrado en la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía —a falta de refrendo en el BOE— y en el cultivo de sospechas hacia el papel empresarial de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, un motivo de campaña que sobreponer a las cuestiones específicas que se discuten en el Parlamento Europeo.

En ese sentido, las encuestas de intención de voto han tendido a disipar la idea de que estas elecciones podían ser un clavo en el ataúd de la legislatura y precipitar la salida de Sánchez, bien por la debilidad del PSOE en las urnas o por una moción de censura de un reforzado Partido Popular. Al cierre de las encuestas el pasado 2 de junio, el PP obtenía una ventaja de entre dos y cuatro puntos respecto a los socialistas —en casi la totalidad de sondeos excepto el del instituto público Centro de Investigaciones Sociológicas— y el escenario general era el de un empate entre los bloques de la investidura y de la antiinvestidura.

En las últimas jornadas de campaña, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y de su rival en el control del espacio político, Isabel Díaz Ayuso, han aceptado el marco del “empate” y llamado a los suyos a la movilización en términos agonísticos para terminar con el mandato de Sánchez y sus “desmanes”, como señaló el político gallego en el mitin de Madrid.

Mientras los conservadores han intentado introducir la idea del momento plebiscitario que puede terminar con el “sanchismo”, en Ferraz, la campaña se ha basado en la solvencia de su candidata, Teresa Ribera, que aspira a ser comisaria europea de Energía. Ribera cuenta con un nivel alto de aprobación entre la población —5,2 sobre diez, según el Centro de Investigaciones Sociológicas— y saca diez puntos a Montserrat en la evaluación sobre su capacitación para plantear cuestiones en el marco europeo. 

Las cuestiones de la desigualdad, la vivienda o la redistribución de la riqueza han estado ausentes de una campaña orientada hacia los temas preferidos por el PPE y la extrema derecha

En esta ocasión, Sánchez ha sido menos omnipresente en campaña. Tras el varapalo que sufrieron los socialistas y la izquierda en su conjunto en las municipales y autonómicas de mayo de 2019, el PSOE ha diseñado una campaña sin anuncios bomba y basada en la idea de una derecha embarrada en la “máquina del fango” contra su rival político. El 4 de junio, apenas cuatro días antes de las elecciones, el magistrado Juan Carlos Peinado citó como testigo a Begoña Gómez. La reacción de Sánchez fue una nueva carta a la ciudadanía, sin membretes ni de La Moncloa ni del PSOE, en la que explicaba su rechazo a la estrategia de PP y Vox de “quebrarlo” en el plano político y personal.

El mensaje de Sánchez insistía en la bonanza económica de España y en los niveles de paro, que tres lustros después de la crisis de 2008, han bajado a las mismas cifras de entonces. En campaña, Sánchez ha dejado una frase de esas que regresarán una y otra vez si se producen turbulencias: “la economía va como la carrera de Taylor Swift: imparable”.

En cualquier caso, el marco establecido desde las elecciones del 23J se repetirá en la noche electoral del 9 de junio. Las dos organizaciones del bipartidismo, que coinciden con los principales partidos europeos, rondarán cada uno el 30%. En el sector de la derecha, Vox aspira a consolidar una vez más su suelo del 10% y el artefacto político Se Acabó la Fiesta —montado por el agitador ultra Alvise Pérez— entrará, según las encuestas rascando votantes de los de Jorge Buxadé y del Partido Popular. En líneas generales, en el Parlamento Europeo se mantendrá el esquema previo de tres partidos de derecha, con la sustitución de Ciudadanos, que se integró en Renew, por Se Acabó la Fiesta que, en principio quedará no adscrito o podría sumarse a ID, en el que no hay representación española.

A la izquierda del PSOE queda por saber cómo queda el reparto de fuerzas tras la implosión del espacio Unidas Podemos, que en las elecciones de 2016 obtuvo seis actas en Bruselas. Parte con ventaja demoscópica Sumar, que dividirá sus actas entre The Left y los Verdes. Diez años después de su fundación, Podemos ha planteado estas elecciones como una reivindicación de su historia y de la actividad en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, a quien el grupo promotor de Sumar descartó para ir en las listas electorales hace un año exacto. Ahora Repúblicas, coalición en la que se encuadran tres fuerzas soberanistas situadas en la izquierda política (ERC, EH Bildu y BNG) mantendrá la representatividad obtenida hace cinco años.

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Para la izquierda, sin embargo, el escenario electoral y postelectoral es preocupante. Las cuestiones de la desigualdad, la vivienda o la redistribución de la riqueza han estado ausentes de una campaña orientada hacia los temas preferidos por la gobernanza popular de la UE y por la extrema derecha. Más allá de que esta noche pueda seguir funcionando la “excepción española” por la que el bloque progresista obtiene alguna décima más de porcentaje de voto que el bloque de la derecha, el miedo como botín político ha llegado para quedarse y otros temas acuciantes como la ampliación de derechos o la lucha contra la crisis climática están apartados del discurso político que dominará los próximos cinco años el Parlamento Europeo más escorado a la derecha desde su fundación.

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