Crisis climática
Cambio climático y empleo asalariado: una imposible relación de cuidados

Partimos de un hecho incuestionable hoy en día: el cambio climático no es el problema, sino que el sistema de producción, distribución y consumo, llamado capitalismo, basado en el crecimiento por el crecimiento, siendo éste absolutamente necesario para la realización del beneficio privado, es la causa a la vez que el problema y en consecuencia, no existen “transiciones justas” dentro del sistema capitalista.

La OIT, en línea con el objetivo de la ONU de un desarrollo sostenible para el 2030, prevé que el aumento del estrés térmico provocado por el calentamiento global reducirá las horas de trabajo en un 2,2%, lo que supondría la destrucción de 80 millones de puestos de trabajo (a una jornada a tiempo completo) a niveles mundiales, y estas previsiones se hacen en el mejor escenario, que la temperatura del planeta solamente aumente 1,5 grados.

Los escenarios son casi “idílicos”, dadas las condiciones políticas en las cuales se desenvuelven las grandes potencias, especialmente EE.UU. y sus áreas de influencia, obligan a pensar en un mayor aumento de temperatura y, en este escenario, dos sectores, el campo y la construcción, donde la mayor parte de sus tareas se realizan a pleno sol, el mismo organismo estima que entonces la pérdida de horas de trabajo (empleos) se dispararía hasta el 3,8%, lo que equivaldría a 136 millones de puestos de trabajo a jornada completa.

El sector agrícola-campesinado -responsable de la soberanía alimentaria de los pueblos- se verá el más afectado, pues más del 60% de todas las horas de trabajo que se perderán le corresponde a este sector, y otro 19% se centra en el sector de la construcción, el resto corresponde a sectores de servicios que trabajan en la calle: emergencias de todo tipo, basuras, transporte, turismo, como otras formas de trabajo industrial.

Además, se tiene que tener en cuenta que casi el 35% de los empleos de la OCDE se encuentran relacionados o dependen directamente de la salud de los ecosistemas, siendo la agricultura y la pesca los más directamente dependientes, como aquellas otras tareas industriales que requieren una cierta estabilidad climática para poder realizar el trabajo en unas mínimas condiciones adecuadas, a riesgo de muertes por golpes de calor o cambios térmicos en el cuerpo.

Las consecuencias en millones de empleos asalariados perdidos, también vienen determinadas por la división internacional del trabajo.

La desigualdad y el empobrecimiento se distribuyen de manera muy desigual, según continentes y regiones, pues Asia Meridional y África Occidental serán especialmente perjudicadas, “donde el estrés por calor conducirá a una pérdida del 5,3% y del 4,8% de las horas de trabajo en 2030, que corresponde a alrededor de 43 millones y 9 millones de empleos a tiempo completo, respectivamente” (OIT), lo cual fuerza a esos millones de personas a migrar.

Las diferencias entre países empobrecidos -que no pobres- y los países ricos (colonizadores y neocolonizadores), en cuanto a las consecuencias y a cómo adaptarse mejor (tecnología, medidas alternativas que al menos reduzcan los impactos, etc.), ante el cambio climático, son abismales, resultándoles muy difícil a los empobrecidos afrontar los excesos de temperaturas al carecer de recursos necesarios para una mejor adaptación.

Se entra en un bucle o círculo vicioso, pues en éstos, sus índices de pobreza laboral no solo tiene que ver con los bajos salarios que se les abona (1), sino especialmente porque gran parte de los empleos (trabajos) se realizan en la economía informal y en la agricultura de subsistencia, teniendo dicha pobreza climática añadida y los perjuicios causados, también un carácter de género (no solo clasista), pues son las mujeres las que sostienen la mayor parte de estas tareas de agricultura de subsistencia, y los hombres se verían más afectados en el sector de la construcción.

Desde el 2017, casi el 60% de los cientos de miles de migrantes que salen de estas áreas geográficas, bien por buscar algún futuro a sus condiciones de vida empobrecidas, como consecuencia de la esquilmación de sus recursos y medios de vida por parte de esos países ricos, a los cuales huyen; bien por las guerras importadas y las guerras comerciales de las multinacionales que han devastado sus territorios y hábitat, o simplemente queriendo construir un proyecto de vida un poco más digno al “modo occidental”, sus migraciones son producto del cambio climático.

La Europa rica, la cual genera la mayor parte de los gases de efecto invernadero, entre los que destaca el CO2 generado al quemar combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global por sus modos de producción y distribución de mercancías, lleva adoptando políticas criminales en lo que respecta al medioambiente, donde transfiere “mierda por un tubo” a esas regiones y áreas geográficas, al igual que externaliza los riesgos con las subcontrataciones, respecto a los miles y miles de migrantes/refugiados que intentan llegar a sus fronteras, a terceros países para nada democráticos y sin ningún respeto por los Derechos Humanos (Turquía, Libia, Marruecos) y, claro, sus “pérdidas de productividad en términos de reducción de horas trabajadas es mucho menor: 0,01% en Europa del Este y 0,02% en el Sur de Europa en 2030, es decir, 8.700 y 14.400 puestos de trabajo menos a tiempo completo” (OIT).

El Estado español, dentro de la Europa Sur, será uno de los más afectados, aunque estamos hablando de minucias si comparamos las pérdidas, perjuicios y consecuencias, de las áreas mencionadas.

Según el cálculo de la OIT, España es el país europeo más afectado en número de empleos perdidos, un total de 7.700, lo cual supone más de la mitad de los puestos que se destruirán en 2030 en el grupo de países del sur de Europa, lo cual es fácilmente explicable: tenemos una economía de servicios (papel que se nos otorgó desde 1986 cuando se entra en la CEE, hoy U€, en la división internacional del trabajo), donde se concentran más del 70% de los empleos asalariados y teniendo en cuenta que el sector del campo y la construcción son los más afectados por el estrés térmico, resulta de lógica elemental que el mayor deterioro y pérdida de puestos de trabajo sea en el Estado español.

¿Transiciones justas? Desde el sindicalismo “oficial”, tanto a niveles del Estado español (CC.OO. y UGT), como a nivel de la U€, la CES, se ha acuñado un término: “transición justa” ante los efectos e impactos del cambio climático, a la vez que se trata de negociar en una especie de “contrato social” con el capitalismo, dichos efectos y los repercutidos por la denominada economía digitalizada-robótica.

Desde CGT no creemos en las “transiciones justas” negociadas, al entender que el capitalismo actual ni necesita ni requiere para mantener su tasa de ganancia, de un contrato social ex novo, donde las expectativas de cada parte, capital y trabajo, de los empresarios que dependen de los beneficios y de las personas asalariadas, que dependen de los salarios, se encuentren plasmadas de manera explícita en una especie de “constitución” que obligue a ambas partes.

El acuerdo social sobre este capitalismo terminal, como una nueva fórmula de paz, simplemente es imposible hoy, pues la premisa sobre el que se realizó el anterior contrato social (keynesianismo) en ciertos países ricos, presuponía que los empleadores consideraban que proporcionaría crecimientos constantes a sus negocios, sin fluctuaciones cíclicas.

Toda vez que estimaron y vieron que el pleno empleo (especialmente masculino) empoderaba a las clases asalariadas, y los salarios aumentaban a la vez que su tasa de ganancia decrecía, debido a la pérdida del miedo y la mayor seguridad del trabajo, volvieron a las políticas de autorregulación y liberalismo (2) que les garantizaba un disciplinamiento de las clases asalariadas, donde el paro estructural limitaba las expectativas del trabajo.

Del desempleo estructural, se dio un paso más agresivo por parte del capital y el poder político, y se instaló el “empleo innecesario”, donde millones de asalariados y asalariadas son empleadas o desempleadas en cortos períodos de tiempo, ante su innecesaria concurrencia en la producción y distribución de mercancías.

Hablar de transiciones justas, bien por los efectos del cambio climático, bien por las “revoluciones tecnológicas”, presupone moverse sobre una falacia cultural y política.

Desde el lado del mercado, se reivindica la justicia del mercado: garantía de una tasa suficiente de ganancia, lo cual implica que sus inversiones sean rentables y la tasa de retorno sea atractiva. Desde el lado del trabajo, se reivindica la justicia social: reparto de la riqueza producida, empleos y una adecuada tasa de ganancia salarial.

Ambas justicias, solamente han dialogado en ciertos lugares y cortos periodos del capitalismo (3), pero los mercados (todos) consideran que son suficientemente “perfectos”, y de no ser por la intervención política y/o social, sus resultados siempre serían eficientes y en consecuencia, justos. La justicia social es una construcción social, es decir, se encuentra sujeta a la acción de las personas (la mayoría clases asalariadas), por lo tanto sujeta a discursos culturales y políticos.

Lo que es justo en términos de mercado es decidido solo y exclusivamente por el mercado y lo expresa en precios. Ahora bien, lo que es justo en términos sociales sólo es decidido en un proceso de intervención política, donde el mayor o menor poder de las clases asalariadas, así como su movilización (lucha), determinan lo que es justo o no.

La pérdida de contrapoder social a niveles planetarios, especialmente en los países ricos y enriquecidos a costa de los emergentes y empobrecidos, hace inviable cualquier intento de pactar con el capitalismo sus transiciones hacia el colapso.

El capitalismo como sistema, como modo civilizatorio, tiene que desaparecer y terminar, siendo esta la única política a la cual debemos plantear e invertir todos nuestros esfuerzos, pues es la única garantía de una transición justa, socialmente hablando, para que la VIDA buena siga siendo una posibilidad en el planeta.

(1)La pobreza laboral en la Europa “rica”, es causa directa de los bajos salarios que perciben en la economía formal, al haber perdido la clase obrera capacidad y contrapoder contractual desde los años 80 (neoliberalismo).

(2)Empresas, industrias y asociaciones de negocios como la OCDE, la OMC, etc., se ajustaron a un objetivo común: la liberalización del capitalismo, es decir ruptura absoluta con las políticas de “contrato social” que establecieron con el trabajo, y la expansión mundial de los mercados domésticos y los exteriores.

(3)Todos los mercados, no solo el mercado de trabajo, sino los mercados de bienes, servicios y capitales, fueron desregulados.