Pensiones
Sobre pensiones y nuestro sistema público de Seguridad Social, y la miseria de la clase política y sus políticas miserables

Celia Villalobos, diputada y política profesional desde “toda la vida”, al igual que miles de políticos y políticas (diputados y diputadas, parlamentarios y parlamentarias, alcaldes, etc.), no solamente son los responsables de crear legislaciones (políticas) contra los derechos públicos (pensiones, sanidad, educación, cuidados, cultura…), sino que además son miserables en su accionar político cuando legislan leyes singulares que afectan a la inmensa mayoría de la población (clases obreras y clases asalariadas), pero no a ellos y ellas mismas.

Los políticos y políticas profesionales tienen garantizadas sus pensiones en el segmento de quienes percibirán la pensión máxima (en el año 2017 ascendía a 2.573,70€ por 14 pagas) y a ellos y ellas, los períodos (años) de cotización no les son aplicables, como al resto de “desarrapados y desarrapadas de la clase obrera” y, sus bases de cotización mensuales (los salarios que perciben por su “profesión política”) siempre se encuentran en la máxima (en el año 2017 ascendía a 3.751,20€).

Lo de “sus señorías” en realidad no son pensiones, sino complementos de jubilación, cuya cuantía cubre la diferencia entre la prestación a la que tienen derecho por su cotización y la pensión máxima.

El sistema que han montado sobre sus jubilaciones les permite que tengan derecho al subsidio más elevado por el hecho de permanecer unos cuantos años en sus escaños.

Las diferencias de trato entre “sus señorías” y las personas cotizantes “normales”, en cuanto al imperio de la ley y la ley para todos y todas, son clarividentes: la diferencia radica en que “sus señorías” sólo necesitan siete años para cobrar la pensión máxima, mientras que “las personas cotizantes normales” requerimos de 15 años para percibir el 50% y de 38,5 años completos para jubilarnos a los 65 años.

La desigualdad es un hecho político, no un fenómeno de la naturaleza, y la misma no obedece sino a quienes detentan el poder (oligarquía económica y financiera) o sus representantes en la política, que generan leyes como la Ley del 97 del sistema de racionalización de pensiones que daba vida al Pacto de Toledo (1) y todas la leyes a posteriori (Ley 27/2011 y la Ley 23/2013) (2), por las cuales se sanciona que las pensiones contributivas se financian con las cotizaciones y, por arte de magia, se desligan las pensiones (todas) de los recursos que el Estado anualmente ingresa a través de los impuestos, permitiendo que ricos, capitales y demás tropa financiera eludan la obligación de contribuir a la caja común.

La desigualdad tiene nombre y apellidos: son 5,6 millones de personas las que se encuentran percibiendo pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional, sobre un total de 9,58 millones de pensiones totales a diciembre 2017

Y el segmento de pensiones que se encuentran entre los 1.500 € y los 2.573,71 € (pensión máxima) solamente representan el 15,52% del total de pensiones, es decir, 1,48 millones de personas. Y en la élite de percibir una pensión de más de 2.573,71 €, se encuentra un club selecto de personas que ascienden a 39.656, es decir, el 0,41% de la población pensionista.

Los argumentos empleados por las clases dominantes, oligarquías económicas y financieras, de insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones públicas, o mejor de nuestro sistema público de Seguridad Social, no solamente son tramposos (3), sino que, además, son interesados para seguir aumentando la precariedad y la desigualdad en las sociedad, y de esta manera aumentar la riqueza de una minoría social.

La política y los políticos y políticas “profesionales”, solamente tienen que poner, en negro sobre blanco, leyes que garanticen el robo y el expolio de los derechos públicos fundamentales.

Esta acción de la clase política es miserable por doble partida: en primer lugar porque nos niegan el derecho a ser personas dignas y a recibir recursos públicos suficientes para una vida decente y digna de ser.

Y en segundo lugar, porque la violación de la Ley Suprema, es decir la CE que ellos han sancionado como la regla número uno para la convivencia social, no tiene las mismas consecuencias (el hecho de violarla) para las minorías (clase política y clases empresariales) que para las mayorías (clases asalariadas, pensionistas, etc.).

El artículo 50 de la CE es claro, concreto y no tiene interpretaciones: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Sus señorías ¿qué no entienden del cumplimiento de esta obligación? Quizás la parte de la suficiencia económica a la ciudadanía de la tercera edad ha sido confundida con la suficiencia económica a banqueros, fondos de inversión, empresarios y ejecutivos, que cometieron la mayor estafa (especulación, ladrillo, activos basura, corrupción, etc.) y de ahí, las leyes sobre pensiones, mercado laboral, de estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero, la ley mordaza…

Debieran estar en la cárcel por violar la ley a sabiendas de lo que hacen y aplicárseles delitos como el robo y el expolio, y las clases asalariadas, todas, pensionistas, precarias, jóvenes, mujeres y hombres, debiéramos de ser bastante más consecuentes y exigir que nuestras vidas nunca puedan ser “jodidas” por miserables.

(1)Pacto de Toledo firmado por todas las fuerzas parlamentarias, conservadoras, nacionalistas y de “izquierdas” y los sindicatos del régimen (CC.OO. y UGT).
(2)La 27/2011 firmada por todas las fuerzas parlamentarias y nuevamente los sindicatos del régimen y la 23/2013 del PP que desarrolla la 27/2011 del PSOE.
(3)La reforma laboral posibilitó que los empresarios se apropiaran de 37.000 millones de euros, en base a la devaluación salarial masiva y en consecuencia de las cotizaciones que sobre esos salarios habría que haber realizado.
El mantenimiento de las bases máximas de cotización, que elude unos 7.000 millones anuales a la caja común.
Las subvenciones y reducciones a los empresarios.
Los bajos salarios actuales de más de 13 millones de asalariados y asalariadas, que disminuyen sensiblemente la cotización.
La expulsión de cientos de miles de cuidadoras que ya no cotizan a la Seguridad Social… la no cotización por parte del Estado de los parados de más de 52 años…, etc.