América Latina
Histórica protesta indígena en Brasilia ante un Bolsonaro alzado contra la justicia

Miles de hombres y mujeres de los pueblos originarios de uno de los países con más diversidad étnica del mundo protestan desde junio y acampan en la capital brasileña desde el 22 de agosto exigiendo el derecho a sus territorios ancestrales. En el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema ha empezado un juicio decisivo para el futuro de sus tierras. “Estamos aquí para decir a los invasores de nuestros territorios que no pasarán, incluso ante los intensos ataques a nuestros derechos fundamentales garantizados por la Constitución Federal de 1988”, predica la carta de la Articulación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB). Lo hacen ante el mundo, pues a instancias nacionales ya no existe dialogo con un Gobierno de extrema derecha aliado con los terratenientes y el agronegocio que flexibiliza desde su llegada al poder la legislación ambiental y en materia de protección a territorios indígenas permitiendo deforestación y masacre por parte de madereros y mineros ilegales. 

La democracia en Brasil contiene la respiración en una jornada para el golpismo azuzado por Bolsonaro

Pablo Elorduy

Brasil

Jornada de incertidumbre en Brasil La democracia en Brasil contiene la respiración en una jornada para el golpismo azuzado por Bolsonaro

Pablo Elorduy

Jornada de incertidumbre en Brasil con motivo de la celebración del 199 aniversario de su independencia. El presidente Jair Bolsonaro agita los fantasmas de la dictadura y llama a sus partidarios al asalto de la Corte Suprema.

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Ataque al sistema jurídico que lo persigue

Mientras el expresidente Lula da Silva —quien aún no ha oficializado su candidatura— lidera las encuestas en la intención de voto de las elecciones de octubre de 2022, Jair Bolsonaro ha perdido popularidad después de más de 100 solicitudes de destitución aun no tramitadas por el presidente de la cámara, procesos jurídicos en su contra, por la creación de fake news y por una pésima gestión de la pandemia. Brasil, con 584.000 muertes, es el segundo país con más defunciones por coronavirus, solo superado por Estados Unidos, donde han fallecido más de 650.000 personas. Aun así, este 7 de septiembre, Día de la Independencia, se regocijaba con multitudinarias protestas de sus seguidores que siguen pidiendo una intervención militar y el cierre del Congreso y la Corte Suprema.

“A partir de este momento, el poder ejecutivo del Gobierno Federal junto a mis 23 ministros no nos vamos a someter”, gritaba el exparacaidista del ejército brasilero en la manifestación de Brasilia. Bolsonaro se refirió sutilmente al presidente de la Corte Suprema, Luiz Fux, cuando dijo que estaba “barbarizando nuestra población”. Unas 150.000 personas salieron en la capital en una de las ya tradicionales marchas verde amarillas mostrando su apoyo al presidente, un 5% de lo que él había previsto cuando amenazó con que dos millones saldrían a marchar en Brasilia, lo que equivaldría en realidad a toda la población del Distrito Federal. En São Paulo no fueron más de 120.000 según la alcaldía de esta gigante ciudad de más de 12 millones de habitantes.

Miles de personas provenientes de los pueblos originarios de Brasil llevan dos semanas acampados en la capital para defender sus derechos a los territorios ancestrales frente a la presión de los terratenientes respaldados por Bolsonaro

Así pues, Brasil tiene un presidente que amenaza la Corte Suprema y la separación de poderes delante de los que lo idolatran —ampliamente favorables al uso de armas, muchos exagentes y agentes de las fuerzas armadas— sin que haya, por ahora, ningún tipo de repercusión para él o su Gobierno. “Bolsonaro nunca ha sido suerte, siempre ha sido Dios”, rezaba una pancarta en la marcha de São Paulo. “SOS: Fuerzas Armadas con Bolsonaro en el poder”, suplicaba otra en Brasilia. “Nadie cerrará esta Corte, nosotros la mantendremos de pie”, afirmaba rotundo el presidente de la Corte Suprema Luiz Fux, en su carta de apertura de la sesión del juicio sobre la demarcación de tierras indígenas de este 8 de septiembre. La democracia liberal está en juego. “Todos sabemos que quien promueve el discurso del “Nosotros contra ellos” no propaga democracia sino la política del caos”, añadió Fux. 

Dos días después de sus amenazas de desacato, el 9 de septiembre, Bolsonaro se retractó públicamente de sus palabas con una “Declaración a la Nación” en la que afirmaba que nunca había tenido la intención de agredir a los jueces y que su tono se debía “al calor del momento”.

La fuerza de las mujeres indígenas

Y mientras las camisetas verdes y amarillas y los tanques militares marchaban por la Plaza de los Tres Poderes entre cantos autoritarios y manos levantadas al estilo del saludo fascista, a pocos metros de distancia avanzaban 2.000 mujeres de 100 etnias diferentes, muchas descalzas, con pinturas de lucha y al sonido de las maracas, bajo el lema “Territorio: nuestro cuerpo, nuestro espíritu”. Algunas viajaron durante más de dos días para llegar a la capital. Las violaciones de derechos constitucionales, individuales, colectivos y territoriales, muchas veces son enfrentados en primera línea por ellas en las aldeas. Su presencia tan lejos de sus casas y comunidades busca también ejercer presión ante la Corte Suprema, pero no con amenazas sino con sus testimonios y la fuerza de su presencia. 

“El territorio indígena en Brasil sirve para la protección de todo el medio ambiente, no solo para la vivencia plena de los pueblos originarios sino la de todo el planeta”, afirma el ejecutivo del CIMI

Ellas y hasta 6.000 indígenas de 176 pueblos diversos acampados en la explanada de los ministerios desde el 22 de agosto exigen que no sea aceptada la tesis del Marco Temporal con la que los latifundistas respaldados por el Gobierno de Bolsonaro pretenden ganar el juicio por la posesión de la Terra Indígena Ibirama La Klãnõ de los pueblos xokleng, guarani e kaingang, en el estado de Santa Caterina, y la sentencia de la cual será jurisprudencia imprescindible para otras decenas de casos parecidos. Puede convertirse en el marco de una reparación histórica o en la antesala de una (otra) desposesión y colonización masiva de territorios indígenas. Según esta tesis, los pueblos indígenas pueden reivindicar la propiedad colectiva de sus tierras solo si ya hacían posesión de ellas antes del año 1988 cuando se aprobó la Constitución Política de Brasil. En el caso de Ibirama La Klãnõ, la tierra fue negociada con los colonizadores antes de 1952 pero con el tiempo las comunidades fueron siendo expulsadas y divididas a través de la deforestación, la construcción de una represa que inundó su aldea y la erosión de los terrenos que obligaron a las comunidades xokleng a aceptar trabajos en condiciones de explotación.

“El marco temporal sería una cobardía”, afirma Brasilio Priprá, líder xokleng de esta tierra. “En 1952 el Gobierno nos expulsó. Hay cementerios en las áreas de donde fuimos obligados a salir. Si se usa el marco temporal nos sacan nuestro derecho a la tierra. Si las comunidades no están hoy en esas áreas es porque otros llegaron, pero siempre estuvimos en ellas y cuando nos expulsaron pasamos a luchar por ellas”, afirma. Su abuelo fue asesinado en 1954 después de denunciar la violencia y la invasión que vivían los xokleng por parte de los colonizadores. 70 años después la violencia y la invasión siguen y le toca a su nieto seguir luchando contra los descendientes de esos mismos hombres.

 “Un juicio definitivo, estructural”

El juicio en la más altas instancias tiene lugar gracias a un recurso antepuesto por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) frente la decisión tomada por el Tribunal Federal Regional 4 de Santa Caterina en 2013 en la que se aceptaba el marco temporal. Según periodistas y expertos jurídicos, el juicio podría durar semanas o años. Por ahora, la Corte Suprema ha escuchado argumentos a favor y en contra de la tesis, donde destacaron la defensa de organizaciones indígenas como la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en la que la mayor parte de pueblos indígenas del gigantesco país se sienten representadas o el Conselho Indigenista Misionero (CIMI), consejo fundado, entre otros, por el obispo de origen catalán Pedro Casaldáliga en los años 70. 

La Corte Suprema ha reconocido este juicio como de “repercusión general”, es decir, que lo que se decida “va a ser usado por todas las instancias judiciales brasileras y servirá para todos los pueblos indígenas del país”, explica Leste

Antonio Eduardo Leste, secretario executivo del CIMI, hace un poco de retrospectiva desde Brasilia: “La movilización indígena que culmina en campamentos en Brasilia se remonta de los años 2000, cuando sucedieron los campamentos Tierra Libre en los que se exigieron los derechos constitucionales de los pueblos indígenas que no se estaban efectivando”. Con el Campamento Lucha por la Vida, “los indígenas traen nuevamente a Brasilia el Levantamiento por la Tierra poniendo la tierra como prioridad”. Según Leste, de aprobarse, “el marco temporal limitará totalmente los derechos de los pueblos indígenas”. La Corte Suprema ha reconocido este juicio como de “repercusión general”, es decir, que lo que se decida “va a ser usado por todas las instancias judiciales brasileras y servirá para todos los pueblos indígenas del país”, explica Leste.

Las expectativas son inciertas, pero ya existen precedentes favorables para los originarios: uno de los 11 jueces de la Corte, Edson Fachin, quien actúa como relator de este caso, ya presentó su voto en un plenario virtual en junio y lo hizo en contra del marco temporal. “La pérdida de la posesión de tierras tradicionales para las comunidades indígenas significa el progresivo etnocidio de su cultura”, dijo Fachin, “se les estaría negando el derecho a la identidad y a la diferencia en relación al modo de vida de la sociedad envolvente, expresión mayor del pluralismo político asentado por el artículo 1 del texto constitucional”. También la Procuraduría General de la República presentó su parecer en contra del marco temporal.

Defensa del mundo entero

“El territorio indígena en Brasil sirve para la protección de todo el medio ambiente, no solo para la vivencia plena de los pueblos originarios sino la de todo el planeta”, afirma el ejecutivo del CIMI. “Los territorios de los pueblos originarios, la Amazonía por ejemplo, son territorio vital, indispensable para la vida en el planeta y eso está demostrado científicamente, por eso estamos luchando tanto. Los pueblos originarios ofrecen un servicio a la vida de todos los demás”, añade, preocupado. Mientras tanto el Gobierno de Bolsonaro tiene en marcha desde hace tres años un plan de entrega de los territorios tradicionales al capital privado, a las minerías, las madereras y el agronegocio, según denuncian las organizaciones indígenas. Y a pesar de eso, para el Gobierno español sigue siendo una prioridad ratificar el acuerdo UE-Mercosur que se traducirá en más violaciones de derechos humanos, deforestación y emergencia climática, y en el que es clave el país tropical. Solamente cuatro meses atrás, Jair Bolsonaro recibió la visita de la exministra de Exteriores española Arancha González Laya para seguir negociando los términos de este acuerdo.