Amianto
El PSOE excluye del fondo de indemnización de las víctimas del amianto a los trabajadores expuestos al mineral

El PSOE ha dado un vuelco a su postura: pretende dejar fuera del fondo de compensación de las víctimas del amianto a los trabajadores que enfermaron a causa de este mineral. El fondo se diseñó para indemnizar a todas las víctimas, con independencia de si la empresa sigue en activo y de si la persona afectada recibe una prestación por incapacidad, derivada del reconocimiento de la enfermedad profesional. El PSOE argumenta que los trabajadores ya están protegidos, a pesar de que para estarlo en muchas ocasiones deben iniciar un largo proceso judicial y conseguir el veredicto favorable de un juez. La propuesta socialista equipara prestación con indemnización, alertan los sindicatos CC OO, UGT y la Asociación de Euskadi de Víctimas del Amianto, Asviamie.

Comisiones Obreras y UGT ha calificado el viraje socialista justo antes de que empiece el trámite legislativo de “enmienda a la totalidad”. Desde Asviamie aseguran sentirse “profundamente defraudados”. 

El 16 de marzo arranca el trámite parlamentario para negociar la redacción de la ley que determinará en qué términos se establece el fondo de compensación. Esta propuesta se originó en el Parlamento Vasco en 2017, pero los vaivenes políticos, las repeticiones electorales y la pandemia postergaron una norma que lleva décadas de retraso, en comparación con Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Estados Unidos. Asviamie ha registrado en tres ocasiones un proyecto que está respaldado por el trabajo previo realizado en la ponencia política llevada a cabo entre 2013 y 2017, en la que participaron todos los agentes implicados: afectados, sindicatos, formaciones políticas, asociaciones médicas y organizaciones empresariales. El tercer y último registro tuvo lugar el 13 de abril de 2021 y contó con los votos favorables de todas los partidos, incluido el partido socialista.

Hace solo tres semanas días, la asociación se reunió con representantes socialistas, que “prometieron” que el fondo de compensación se tramitaría tal y como fue negociado con todas las formaciones. La “sorpresa” tras leer las enmiendas presentadas este lunes ha sido “auténtica”, explica Jon García, quien repite hasta en cuatro ocasiones la palabra “defraudados”. “Estamos muy dolidos con el PSOE. Esperamos que queden en evidencia y rectifiquen”, añade. La próxima semana iniciarán una ronda parlamentaria con todas las formaciones.

“A nuestro juicio, el grupo parlamentario socialista ha tenido un comportamiento lamentable hacia las asociaciones de víctimas y los sindicatos al ocultar hasta el último momento su posición real respecto al fondo de compensación”, resumen

Amianto, polvo blanco en buzo azul

Pablo Santiago

Amianto

Galiza Amianto, polvo blanco en buzo azul

Pablo Santiago

Miles de personas trabajadoras de los astilleros de Ferrolterra estuvieron expuestas al amianto, pero el daño va más allá. En las próximas décadas seguirán apareciendo casos provocados por exposición medioambiental. A pesar de que suene a viejo, lo del amianto es un problema de salud público ni mucho menos resuelto.

Escrivá, reacio

El responsable confederal de salud laboral de CC OO, Mariano Sanz, sospecha que el giro de última hora dado por el grupo socialista viene forzado por el Ministerio de Seguridad Social, gestionado por José Luís Escrivá. “Le corresponde gestionar el fondo, y parece que prefieren no hacerlo”, indica. 

El PSOE ha propuesto en las enmiendas que el fondo sea gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya titular es Ione Belarra. Desde Unidas Podemos niegan que quieran asumir la gestión, aseguran fuentes consultadas por El Salto. Recalcan que su compromiso con las asociaciones de víctimas es defender los acuerdos alcanzados.

Los sindicatos y las asociaciones alertan también de que los cambios propuestos por el grupo socialista, además de limitar el acceso al fondo para las víctimas de exposiciones ambientales y familiares, añaden que estas tengan al menos un 33% de discapacidad permanente, que no tengan derecho a una pensión o prestación y que hayan residido al menos 10 años en España. Asimismo, el PSOE solicita un cambio de financiación: que provenga exclusivamente de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, en vez la Seguridad Social y de las Mutuas. 

El largo recorrido para cobrar las indemnizaciones de muerte por amianto

Pablo 'Pampa' Sainz

Amianto

Derechos laborales El largo recorrido para cobrar las indemnizaciones de muerte por amianto

Pablo 'Pampa' Sainz

Las empresas recurren las resoluciones del INSS que reconocen la enfermedad profesional a las personas que han trabajado expuestas al amianto.

Las enmiendas también eliminan los artículos que regulan los órganos de gobierno del fondo, “dejándolo para un posterior desarrollo reglamentario que añadiría retraso a su entrada en funcionamiento y que se convierte en una maniobra dilatoria”, advierten sobre otro cambio de envergadura planteado del grupo de Pedro Sánchez.

“A nuestro juicio, el grupo parlamentario socialista ha tenido un comportamiento lamentable hacia las asociaciones de víctimas y los sindicatos al ocultar hasta el último momento su posición real respecto al fondo de compensación”, resumen en una nota de prensa los dos sindicatos y la asociación. 

El pasado noviembre, el PSOE se comprometió con Unidas Podemos a incorporar una partida de 25 millones para el fondo de compensación en los Presupuestos Generales del Estado. Según el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan), en los próximos años se producirán en Euskadi unos mil casos anuales de enfermedades asociadas a la exposición de amianto, de entre las cuales 90 serán de mesotelioma pleural. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1999 y 2020 cerca de 8.000 personas murieron por este tipo de cáncer en todo el Estado.

El Estado prohibió el uso del amianto en 2002, pese a que una comisión médica ya solicitó en 1984 que se abandonara su uso por las consecuencias en la salud. Que España no regulara la prohibición y que las administraciones no vigilaran la aplicación de la normativa vigente —la primera, fechada en 1982— la convierte en corresponsable de las enfermedades derivadas del amianto, recuerdan los sindicatos y la asociación de afectados, por lo que excluir a los trabajadores de recibir una indemnización, por el mero hecho de percibir una prestación, lo consideran una maniobra inadecuada.

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