Andalucía
El año que Andalucía ‘salvó’ Doñana, perdió la sanidad y se quedó seca

2023 será recordado por las andaluzas por una pequeña victoria a medias: la paralización de la ley que pretendía ampliar los regadíos en el Parque Natural de Doñana gracias a la presión social y ecologista; y por una gran derrota: la del sistema sanitario público en la comunidad a base de recortes y privatizaciones.

Dos problemáticas que han mantenido a la Junta de Andalucía y al presidente andaluz Juanma Moreno Bonilla en el punto de mira internacional. También ha sido la causa de enfrentamientos con el Gobierno Central del Estado Español y de manifestaciones dentro del territorio contra su gestión en diversos ámbitos. A pesar de ello el pasado miércoles 27 de diciembre Moreno Bonilla cerraba el año subiéndose el sueldo un 18,8%, un aumento del que también se han beneficiado 269 altos cargos del gobierno de Andalucía.

La popularidad del presidente andaluz, sin embargo, no se ha visto mermada por estas cuestiones y sigue aplicando el rodillo de la mayoría absoluta obtenida en las pasadas elecciones de 2022 para aplicar un proyecto de región basada en el turismo y los megaproyectos que afectan al ecosistema andaluz. Durante este año Bonilla ha hecho una inversión de 32 millones de euros para la promoción de Andalucía y ha acogido grandes eventos como los Latin Grammy para reforzar el territorio como destino turístico.

Las andaluzas acaban otro año más a la cabeza de la pobreza en España. Según el informe de la Tasa AROPE de este 2023 un 35,8% de la población de Andalucía se encuentra en riesgo de pobreza. El EPA también sitúa el desempleo en la comunidad como uno de los mayores del Estado, un 18,7% y la renta media anual en Andalucía según el INE es 2.300 euros menor que en el resto de comunidades autónomas. El territorio sigue ostentando 10 de los 15 barrios más pobres de todo el país según el Instituto Nacional de Estadística, en muchos de estos barrios otro año más se han sufrido severos cortes de luz por parte de Endesa que los mantiene a oscuras y sin calefacción.

Doñana y otros dramas ecológicos

Desde mediados de marzo hasta noviembre de este año no ha habido semana en la que la ciudadanía andaluza, las instituciones internacionales, científicos y el movimiento ecologista no tuviese un ojo puesto en Doñana.

El gobierno andaluz ponía en marcha los trámites para aprobar una ley que pretendía amnistiar los cientos de regadíos que extraen agua de forma ilegal del espacio protegido. Una decisión que desde el primer momento tuvo el rechazo del gobierno del Estado, la ministra Teresa Ribera advirtió que utilizaría“todas las herramientas constitucionales” para evitar que el presidente andaluz llevase a cabo su proyecto y llegó a comentar que Moreno “Desde su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso”. La Comisión Europea también advirtió en primavera de este año que la ley podría tener “efectos desastrosos en el parque” y amenazo al ejecutivo andaluz con sanciones millonarias si seguía hacia adelante.

El movimiento ecologista internacional y la población andaluza salió a la calle para mostrar la repulsa al proyecto de la Junta de Andalucía. El 14 de mayo miles de personas se manifestaron en Sevilla convocadas por la plataforma ‘Salvemos Doñana’. Los meses siguientes se llenaron de acciones de colectivos ecologistas y ciudadanos.

En junio de 2023 el conflicto llegó a su punto álgido con el boicot por parte de los consumidores alemanes a las fresas de Huelva, regadas a través de los pozos ilegales de Doñana. Una campaña organizada por la plataforma Campact que pedía exponía que “Por fresas baratas en los supermercados alemanes, en España el patrimonio nacional de Doñana se está secando. Edka, Lidl y otros son los mayores compradores de frutas secas y tienen que dejar de venderlas ahora”. Ese mismo mes la NASA señalaba a través de imágenes satélite como “los humedales del Parque Nacional de Doñana en España se están secando debido a la demanda de agua subterránea por la agricultura, el turismo y la sequía”.

A pesar del revuelo internacional la Junta de Andalucía seguía con su camino para hacer el texto una realidad y a principios de verano celebraba una Comisión sobre el plan de regadíos en el que la Plataforma Salvemos Doñana denunció la falta de voces críticas, expertos y científicos. Las elecciones municipales y generales pararon el proceso de aprobación.

En noviembre y contra todo pronóstico, la ministra para la transición ecológica Teresa Ribera y el presidente andaluz firmaron el pacto de Doñana. Un acuerdo que aleja la ley de amnistía y ampliación de regadíos y que pretende ser el punto y final del conflicto. Los grupos ecologistas han recibido de forma positiva el acuerdo, pero, sin embargo, no creen que sea una solución definitiva.

Desde Ecologistas en Acción han anunciado que van a realizar distintas alegaciones al Pacto para determinar cuál es la solución a las 900 hectáreas ilegales y si los dueños de estas podrán acceder a las ayudas anunciadas a los agricultores de la comarca. Juanma Romero representante del grupo ecologista alega que “no se especifica en el documento”. El representante de Ecologistas además ha recordado que “no es la primera vez” que los conflictos en Doñana “se intentan resolver a golpe de talonario de dinero público, amnistía y recompensas” y recalca que “no es la fórmula más acertada y más justa sobre todo por los agravios comparativos que esto genera”.

Andalucía se moviliza en defensa de Doñana

El Salto Andalucía

Doñana

Doñana Andalucía se moviliza en defensa de Doñana

El Salto Andalucía

Miles de personas se han unido a la manifestación en Sevilla de este domingo por la defensa de Doñana y contra la ley de regadíos de la Junta de Andalucía

Doñana Colectivos ecologistas hacen un llamamiento para Salvar Doñana

El Parque Natural de Doñana se ha quedado fuera por primera vez desde 2015 de la Lista Verde de espacios naturales de UICN al “no cumplir con el estándar” para la conservación a consecuencia de las políticas del PP andaluz.

Además de Doñana el entorno natural andaluz se ve amenazado por distintos megaproyectos industriales, la ampliación de campos de golf, la apertura y reactivación de minas como la de Aznalcóllar entre otras cuestiones.

Andalucía a la cola de la sanidad por las privatizaciones

Este otoño Andalucía se convirtió oficialmente en el territorio líder en las listas de espera de todo el país. El pasado 21 de noviembre los datos publicados por del Ministerio de Sanidad acerca de las listas de espera sanitarias en las comunidades autónomas, exponían una realidad desoladora para la sanidad andaluza: más de un millón de personas se encuentran esperando ser atendidas en los centros sanitarios andaluces, un 11% más que el año anterior.

Los datos del Ministerio de Sanidad también apuntaron que, al menos, 192.561 andaluzas están esperando para una intervención quirúrgica, un 25% lo hace desde hace más de seis meses. El decreto de garantías de tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas del SAS recoge que “las intervenciones quirúrgicas deberán realizarse en un plazo no superior a los 180 días naturales”. El SAS ha retrasado en más de un año la comunicación de estos datos al ministerio, y, por tanto, han retrasado que se hiciesen públicos “por un problema técnico”, según apuntaba la consejera de Sanidad.

En octubre y ante un colapso sanitario evidente Catalina García, máxima responsable de la sanidad andaluza, anunciaba la puesta en marcha de varios conciertos a empresas privadas para la externalización de servicios sanitarios públicos. A principios de ese mes, el Servicio Andaluz de Salud publicaba una licitación para que las empresas privadas puedan hacerse cargo de las derivaciones de operaciones quirúrgicas y diagnósticos de la sanidad pública.

Unas licitaciones que tienen un presupuesto de 734 millones de euros y una duración de 4 años. Según el texto de la medida, se trata de un “Acuerdo macro para la prestación de servicios de asistencia sanitaria, de carácter complementario a la prestada en centros propios, a usuarios del Servicio Andaluz de Salud en centros sanitarios y servicios privados”. Moreno Bonilla ha defendido la decisión alegando que son “instrumentos” puestos en marcha “para beneficiar a los ciudadanos” y tiene como objetivo “aliviar” las listas de espera. La Consejera de Sanidad, Catalina García, se ha defendido de las críticas que ha generado esta licitación alegando que “hay un 20% más de usuarios de la sanidad pública” y que además “siempre hemos necesitado esa ayuda”.

La Junta de Andalucía pide “ayuda” al sector privado para solucionar el déficit en la sanidad que ha provocado

Aurora Báez Boza

1

Sanidad pública

Privatización de la sanidad La Junta de Andalucía pide “ayuda” al sector privado para solucionar el déficit en la sanidad que ha provocado

Aurora Báez Boza

1

La Junta de Andalucía prepara un nuevo concierto con entidades privadas para resolver el déficit de personal sanitario provocado por los recortes del propio gobierno andaluz.

Sanidad pública La Marea Blanca andaluza se enfrenta a la privatización de la sanidad provincia a provincia

Una estrategia que cierran un año de continuas licitaciones y privatizaciones de la sanidad pública en Andalucía que se une a los recortes en personal e infraestructuras. En marzo de este año Junta de Andalucía publicaba en su Boletín Oficial la Orden que abría paso al uso de las empresas privadas de la Atención Primaria. El documento recoge que: “La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, regula la posibilidad de colaboración de sujetos privados en la prestación del servicio sanitario público a través de una doble vía, el concierto y los convenios de vinculación”.

La insostenible situación de la sanidad pública ha llevado a miles de andaluzas a manifestarse a través de las mareas blancas en distintas ocasiones durante este 2023. La última, el pasado 28 de octubre, se realizó en las ocho capitales de provincia de manera simultánea y compartían el objetivo común de denunciar “desmantelamiento” de la atención primaria que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, que desde las Mareas creen que “comprometen la esperanza de vida en Andalucía y aumenta la mortalidad evitable”. El deterioro en la sanidad pública ha tenido las primeras consecuencias políticas, con la dimisión el pasado 27 de diciembre del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el viceconsejero de Salud. Una salida que desde la Consejería de Salud y Consumo han alegado que se debe a “motivos personales”.

La sequía se vuelve crónica

Otra de las palabras que han definido el año andaluz ha sido sequía. En 2023 las precipitaciones en el territorio han sido un 45% inferiores a la normalidad, lo que ha llevado a que sea el año más seco en tres décadas. Los embalses han cerrado el año con un 31% menos de agua, unas cifras históricas.

Una situación que ha llevado a los agricultores andaluces a la desesperación y está cambiando el mapa agrícola andaluz. El informe de balance anual de la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía (UPA) expone que el 2023 ha sido “peor año agrario del siglo”.

Durante este año se han vuelto comunes las restricciones del uso del agua en decenas localidades especialmente durante los meses de verano. Sin embargo, en lugares como las localidades de la Zona Norte de Córdoba llevan 8 meses sin agua corriente obligados a abastecerse de camiones cisternas y garrafas.

Lo que la sequía se lleva en Andalucía: falta de agua y de políticas ante una situación alarmante

Aurora Báez Boza

3

Sequía

Andalucía se seca Lo que la sequía se lleva en Andalucía: falta de agua y de políticas ante una situación alarmante

Aurora Báez Boza

3

Embalses en mínimos, poblaciones con restricciones en el uso del agua y olas de calor definen un verano alarmante en el territorio agravado por falta de políticas por parte de la Junta

Andalucía La Mesa del Agua denuncia la mercantilización del agua andaluza por parte de la Confederación

El presidente andaluz, sin embargo, no ha cesado de aprobar proyectos como la ampliación de campos de golf por todo el territorio y la instalación de máquinas generadoras de nieve a partir de agua en Sierra Nevada que suponen un excesivo gasto de agua. El pasado 11 de diciembre Moreno Bonilla anunciaba la instalación de cientos de desaladoras para “enfrentar” la sequía. Unas nuevas infraestructuras que desde el gobierno andaluz proyectan se encuentren en activo a partir de 2027, y aunque no ha especificado una cantidad, el presidente ha proyectado la creación de plantas “desde Huelva hasta Almería”.

Según el Barómetro Andaluz de la Fundación Centra las andaluzas muestran un grado elevado de preocupación sobre la sequía con una media de 8,6 puntos. Una preocupación que según las expectativas aumentará este 2024.