Argentina
María Servini: “Argentina avanzará en la causa del franquismo en tanto el Gobierno español nos apoye”

“Con el Pacto de la Moncloa, ustedes cerraron las puertas para investigar todo”, sentencia la jueza argentina María Servini. Es una tarde primaveral y soleada en Buenos Aires, y ella, es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 1, el único con competencia electoral en todo el país. Es también la única mujer entre los 12 jueces de primera instancia del ámbito federal y la que más tiempo lleva en el cargo. Lleva 50 años en el fuero penal. Instruye la única causa en el mundo que investiga los crímenes del franquismo.

La justicia argentina se niega a archivar la querella contra los crímenes del franquismo

Sara Plaza Casares

Querella argentina contra los crímenes del franquismo

Proceso contra Martín Villa La justicia argentina se niega a archivar la querella contra los crímenes del franquismo

Sara Plaza Casares

Rodolfo Martín Villa, imputado por 12 delitos de homicidios agravado, no consigue que se archive la única causa activa contra los crímenes de la dictadura franquista y la transición.

Los dos pactos a los que alude Servini fueron suscritos el 25 de octubre de 1977, diez días después de la Ley de Amnistía que selló la posibilidad de investigar al régimen franquista. Estela distinta siguió Argentina con los juicios a las Juntas Militares a dos años de finalizada su última dictadura (1976-1983), y con la anulación en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que desencadenaron la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. 

“Con el Pacto de la Moncloa, ustedes cerraron las puertas para investigar todo”

“Argentina tuvo autoridades en su momento que les interesaba seguir adelante con este proceso”, consiente la magistrada en esta entrevista exclusiva con El Salto: “En España sellaron un pacto distinto, con el Pacto de la Moncloa”.

Niega con la cabeza, la magistrada, al cuestionar la asunción de que no hay voluntad política en España para investigar los crímenes del franquismo. “No sabés si hay voluntad política, no sabés. A lo mejor la voluntad política hoy es así, de este tamaño, y el año que viene es más grande, no sabemos. ¿Vos te imaginabas el año pasado que podían gritarle y tirarle cosas al rey? Yo no me lo imaginé nunca. Creí que el rey iba a ser respetado en todos lados”. 

La jueza siente cercanía por el Papa Francisco. No pasan desapercibidas las tres cartas manuscritas del pontífice dirigidas en letra diminuta a la “Doctora María Romilda Servini de Cubría” enmarcadas en la antesala de su despacho, la última de finales de agosto. “Pero si el mismo Papa, que es una persona que está muy informada, porque si hay alguien a quien le deben pasar información es al Papa, que tiene en cada lugar a alguien, piensa que no sabe qué va a pasar, menos podemos saber nosotros”, comenta.

Que su pesquisa avance, por lo tanto, “depende del Gobierno que tengan en ese momento, de la voluntad política”, reafirma. Y eso puede ocurrir “el día de mañana, o puede ser el año que viene, o dentro de cinco o diez años”, elucubra.

Sin descanso

Se han cumplido 14 años desde que la jueza federal comenzó a investigar los crímenes del franquismo, en un período que se extiende desde el 17 de julio de 1936, fecha del golpe cívico-militar que comandó Francisco Franco, hasta 1978, año en que se sancionó la Constitución.

En estos casi tres lustros, la magistrada solicitó el arresto preventivo con fines de extradición de 24 representantes del franquismo, y procesó a uno de ellos, el exministro Rodolfo Martín Villa.

“Nosotros hemos trabajado mucho con esta causa, le hemos puesto mucha voluntad. Hemos viajado por España varias veces, fuimos para el País Vasco, y no hemos conseguido nada de apoyo ni de la Cámara de acá ni de España”, lamenta Servini.

En estos casi tres lustros de investigación, la magistrada solicitó el arresto preventivo con fines de extradición de 24 representantes del franquismo, y procesó a uno de ellos, el exministro Rodolfo Martín Villa.

En octubre de 2013, la jueza reclamó la captura de cuatro torturadores del franquismo, entre ellos el exinspector Juan Antonio González Pacheco, “Billy el Niño”, cuya extradición denegó la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Doce meses más tarde, la magistrada ordenó la detención de otros 20 imputados, entre los que figuraban un exvicepresidente, siete exministros, ocho expolicías, dos exjueces, un médico y un exintegrante del Consejo de Guerra.

La única querella contra el franquismo que permanece viva en el mundo

Sara Plaza Casares

Memoria histórica

Memoria histórica La única querella contra el franquismo que permanece viva en el mundo

Sara Plaza Casares

Declarar en sede judicial 50 años después de ser torturada y recorrer 10.000 kilómetros para ello: una delegación de víctimas del franquismo viaja hasta Argentina para seguir impulsando la querella contra el franquismo.

La Audiencia Nacional y el Consejo de Ministros, a su turno, denegaron las solicitudes de la magistrada. En 2016, los tribunales españoles se negaron a indagar ellos mismos a los acusados en el expediente, y acto seguido, la Fiscalía General del Estado instruyó a sus representantes a que no colaboraran con los exhortos de la magistrada argentina.

Tras lograr que Martín Villa declarase como imputado por 12 homicidios agravados, Servini decretó en octubre de 2021 su procesamiento por cuatro de esas muertes que provocó la Policía Armada mientras él era ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación (Interior): las de Pedro María Martínez Ocio, Rotulado Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente, asesinados durante una manifestación laboral en Vitoria en marzo de 1976, y la de Germán Rodríguez Saiz, tiroteado en los Sanfermines de Pamplona en 1978.

“Hemos viajado por España varias veces, fuimos para el País Vasco, y no hemos conseguido nada de apoyo ni de la Cámara de acá ni de España”, lamenta Servini

Las dificultades comenzaron a surgir también del lado de la justicia argentina. El primer tribunal de alzada que intervino, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, declaró a los dos meses la falta de mérito de Martín Villa, que se había convertido en el primer y único representante del franquismo procesado por los delitos de lesa humanidad de la dictadura española.

En septiembre de 2022, la Cámara Federal de Casación convalidó esa decisión al considerar inadmisible el recurso de los querellantes. El máximo tribunal penal argentino asumió que faltaban pruebas para dar por acreditado lo que la jueza afirma: que hubo un “plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.

Exhortos a España

A esta tarea se encuentra abocado por estas semanas el juzgado que lidera Servini: a fundamentar el carácter de lesa humanidad de los crímenes del franquismo que investiga y por los que fue imputado y procesado Martín Villa. Es un paso indispensable antes de poder tramitar nuevas indagatorias, imputaciones o procesamientos.

Por más lacerante que resulte, mientras no esté justificado ante los tribunales de alzada argentinos el carácter imprescriptible de los delitos del régimen franquista, no se puede avanzar en simultáneo con otros requerimientos. Así sucede con el caso de Arturo Ruiz, un estudiante de 19 años asesinado en 1977 durante una manifestación en Madrid a favor de la amnistía de los presos políticos por el ultraderechista José Ignacio Fernández Guaza, que al menos hasta 2023 vivía apaciblemente en Ingeniero Maschwitz, una localidad de la provincia de Buenos Aires a 48 kilómetros de la capital argentina.

“Nosotros lo que podemos hacer es dar todo lo que tenemos y ayudar a España, pero siempre que las pruebas las quieran recibir o las pidan”, dice la jueza Servini a El Salto

“Argentina va a poder avanzar en tanto y en cuanto el Gobierno de allá apoye la postura nuestra”, incide Servini. “Nosotros lo que podemos hacer es dar todo lo que tenemos y ayudar a España, pero siempre que las pruebas las quieran recibir o las pidan”.

Al juzgado le consta, a estas alturas, el desinterés de las autoridades españolas en esclarecer la verdad sobre la impunidad de las atrocidades del régimen. En los últimos años, España archivó o inadmitió más de un centenar de querellas por desaparición forzada, torturas, ejecuciones extrajudiciales, robo de bebés y trabajo esclavo.

Pero la jueza no se da por vencida. Ante la falta de respuesta a un exhorto internacional librado el 11 de marzo de 2022 en el que requería a la autoridad central española (el Ministerio de Asuntos Exteriores) una serie de constancias documentales “con carácter de muy urgente”, reiteró su solicitud el 30 de septiembre de ese año, el 26 de diciembre de 2023 y el 8 de febrero de este 2024.

Tampoco así hubo réplica. Servini insistió entonces ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de Madrid el 27 de junio, y el 14 de octubre elevó su comisión rogatoria también ante el Juzgado Central de Instrucción de Madrid.

En sus autos, la magistrada reclamó todas las medidas gubernamentales dispuestas entre 1976 y 1978 para contener las acciones de los grupos de ultraderecha, “fundamentalmente, las que se perpetraran contra sectores de la población que se manifestaran en favor de la amnistía de presos políticos o por delitos de sangre, o por la ruptura democrática o revolucionaria”.

Las resoluciones a la que accedió este medio también reclaman las directrices o lineamientos que hubieran impartido las autoridades sobre cómo disolver las manifestaciones que buscaran reivindicaciones laborales, sociales y de amnistía, y en concreto, las instrucciones que hubiera emitido Martín Villa como ministro de Gobernación y del Interior entre el 8 de julio de 1976 y el 5 de abril de 1979.

Ni el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento (2012-2018) ni la gestión actual que preside Pedro Sánchez han suministrado la información que requiere el juzgado argentino

En los ocho requerimientos dirigidos a España y tramitados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la magistrada también solicitó información sobre los procesos penales abiertos que hubieran investigado la muerte o las lesiones graves de personas partícipes en movilizaciones en la vía pública o en asambleas y reuniones a partir de la actuación de las Fuerzas de Seguridad.

La jueza también quiere incorporar en su causa el registro de las oportunidades en las que Martín Villa fue interpelado por el Congreso para rendir cuentas sobre el accionar de las fuerzas a su cargo entre 1977 y 1978, por lo que solicitó una copia de los diarios de sesiones pertinentes.

Para acreditar el carácter imprescriptible de los crímenes franquistas, la magistrada encomendó que se ordene a los medios de comunicación de la época que todavía existan que faciliten los informes periodísticos que entre 1976 y 1978 abordaron la muerte de manifestantes o transeúntes por el accionar de las Fuerzas de Seguridad.

Después de un largo silencio, el juzgado de Servini recibió por fin un indicio de que sus exhortos se habían admitido a trámite: el 30 de octubre, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acusó recibo de su solicitud de auxilio judicial y confirmaba que la había remitido “a las autoridades españolas competentes para su cumplimiento”.

Optimismo en la justicia

Más allá de esta efímera señal de las autoridades españolas, ni el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento (2012-2018) ni la gestión actual que preside Pedro Sánchez han suministrado la información que requiere el juzgado argentino.

Fuesen solicitudes de indagaciones, recolección de testimonios, pedidos de exhumaciones o constancias documentales, todas las comisiones rogatorias libradas por la jueza fueron desoídas, como fueron denegados a lo largo de este tiempo los interrogatorios y las demandas de extradición presentadas por la magistrada.

Pese a todos los contratiempos que acumula en su causa, Servini se declara optimista. “Y no es que sea optimista siempre”, acota. “De acuerdo a cómo han ido las circunstancias, soy optimista porque veo que las cosas cambian. Si yo no tuviera esperanza de que hoy podemos llegar a algún acuerdo en algún momento, no estaríamos trabajando y no estaría con usted acá. Hemos descubierto muchas cosas con el tiempo, y el tiempo, aunque parezca mentira, es una gran ayuda”.

“De acuerdo a cómo han ido las circunstancias, soy optimista porque veo que las cosas cambian. Si yo no tuviera esperanza de que hoy podemos llegar a algún acuerdo en algún momento, no estaríamos trabajando"

Uno de los mayores orgullos de esta jueza, de 87 años, es también su mayor frustración. “Mi mayor satisfacción ha sido la alegría de los familiares de encontrarse con los cuerpos de sus familiares fallecidos”. ¿Su impotencia? “No poder lograr eso”. 

En su resplandeciente despacho en el Palacio de Tribunales, la magistrada deja entrever cierta emoción al recordar a Ascensión Mendieta, una mujer que cumplió 88 años mientras volaba rumbo a Buenos Aires para pedirle por la exhumación de su padre Timoteo, fusilado en 1939 y arrojado a una fosa común en el cementerio de Guadalajara. “Yo tengo esperanza. Nos pasó con Mendieta. No encontramos nada y tuvimos que esperar ¡cuánto tiempo!”, exclama Servini.

Mendieta aguardó 78 años hasta convertirse en la primera persona en encontrar a un familiar represaliado por el franquismo a partir de un exhorto de la jueza argentina. En realidad tuvieron que ser tres, porque Timoteo no había sido enterrado en la fosa nº 2 como indicaba la documentación disponible, sino en la nº 1, de las 17 que albergaba la necrópolis. 

Gracias a su búsqueda y a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que sufragó y ejecutó los trabajos, entre 2016 y 2017 salieron a la luz los restos de 54 víctimas inhumadas en aquellas dos fosas. En 2020, una tercera fosa reveló los esqueletos de otras 21 personas, de las 976 asesinadas y enterradas en el cementerio de Guadalajara.

“Mi mayor satisfacción ha sido la alegría de los familiares de encontrarse con los cuerpos de sus familiares fallecidos”. ¿Su impotencia? “No poder lograr eso”

Mendieta falleció en 2019 y fue enterrada junto a su progenitor, como había anhelado. “La felicidad que fue que encontráramos al padre es una felicidad que se transmite de persona a persona, aunque una no lo haya conocido ni tenga nada que ver”, rememora la magistrada. “Fue esa felicidad de ver a la hija que encontró a su padre después de que lo estuvo buscando tanto tiempo”.

Con casi medio siglo de profesión a sus espaldas, Servini cavila una vez más sobre la esperanza, como si fuera una manera de retenerla, de no dejarla partir. “Mi esperanza está en lo que he trabajado en otras causas, porque veo esa caja de seguridad que está detrás de usted”. 

La jueza apunta al cofre metálico que almacena los legajos de expedientes relacionados con la sustracción de niños durante la última dictadura argentina y cuya puerta está revestida con imanes de lechuzas, incontables también en las vitrinas de su despacho. “Hemos trabajado en muchas causas, entre ellas, las de 16 chicos encontrados acá que fueron transferidos a otras familias. Lo hemos vivido nosotros”, refiere. Ella fue la primera magistrada en restituir la identidad de los bebés, hijos de desaparecidos, apropiados por el terrorismo de Estado.

La causa del franquismo que inició el fallecido Darío Rivas, hijo de un alcalde republicano que tuvo la localidad lucense de Castro de Rei al que consiguió exhumar en 2005, sigue más vigente que nunca. Por eso la jueza anima a que se sumen a la causa nuevos denunciantes. “Sí, sí”, asegura. “Mire, en cualquier momento, sin esperarlo nosotros, nos llenan este salón”.

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La Ley de Memoria Democrática aprobada por el Congreso español en 2022 “puede servir, puede ser muy importante”, concede la jueza. “Nunca se puede decir ‘esto no va a ir’”. De la misma manera, puede cambiar el dictamen del tribunal argentino de segunda instancia que anuló el procesamiento de Martín Villa. “La Cámara Federal está formada por tres personas, pero uno de ellos se puede ir porque ascendió, o por cualquier motivo. Uno, o dos. Y así puede cambiar su criterio de un día para otro”.

Servini tiene palabras amables para el argentino Carlos Slepoy, para la española Ana Messuti, dos abogados de la querella e integrantes de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) que fallecieron en 2017 y en octubre de este año, respectivamente. “Lo sentimos mucho, porque una se ha acostumbrado a tratarlos hace muchos años, pero estamos en esto: vivimos trabajando en esto”, plantea.

En el juzgado de Servini, donde la acompañan sus secretarios Alfredo Mangano y María José Iglesias, recuerdan que en una ocasión una testigo que estaba por declarar en la causa se levantó y se fue. “Hemos tenido de todo”, conviene la magistrada. “Tienen miedo a lo que han vivido”. Hace una pausa, pues reconoce ese temor. “Durante años, yo he vivido con el terror de que nos pongan una bomba”, confiesa.

— Y ¿qué pueden hacer los españoles para superar ese miedo?
—Ellos mismos se van a dar cuenta cuando lo necesiten. No van a quedar afuera del mundo.
—¿Para juzgar su propia historia o para que quede impune?
—Cualquiera de las dos cosas pueden ser.