Cuidados
Esclavas del hogar

Hasta 40.000 mujeres trabajan como internas en todo el Estado. Realizan una media de 45 horas semanales, llegando a las 70. Mujeres migrantes son las que más sufren esta forma de trabajo esclavo.
Trabajo domestico
El trabajo interno lo realizan principalmente mujeres, muchas de ellas migradas. Álvaro Minguito
17 abr 2023 10:22

El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar se conmemora cada año el 30 de marzo, y sirve para visibilizar este trabajo “invisible”, desvalorizado y precarizado y a sus trabajadoras, que cada año se movilizan, también en Euskadi, para promover el valor del trabajo del hogar y reivindicar derechos aún por conquistar. 

La agencia de la ONU dedicada al trabajo por la igualdad entre mujeres y hombres, ONU Mujeres, defiende que “el trabajo del hogar es un empleo y, por lo tanto, debe ser digno. Las personas trabajadoras del hogar prestan servicios para el cuidado de otras personas, incluyendo infancias, adultos mayores o personas enfermas, y realizan tareas que contribuyen al mantenimiento de los hogares, como la limpieza o la preparación de alimentos“. A lo que añaden: ”Esto permite a quienes les contratan cumplir con sus obligaciones laborales y personales o contar con tiempo de descanso”. 

ONU Mujeres defiende que “el trabajo del hogar es un empleo y, por lo tanto, debe ser digno“ y que ”permite a quienes contratan [trabajadoras del hogar] cumplir con sus obligaciones laborales y personales o contar con tiempo de descanso”

El ministerio de Trabajo del Gobierno de coalición, liderado por Yolanda Díaz, lideró la regularización de los derechos de las empleadas de hogar con la aprobación el pasado septiembre de un paquete de medidas que reconocía su trabajo con el mismo nivel de dignidad laboral que la de cualquier otro. El acceso a la prestación por desempleo, la prevención de riesgos laborales, medidas contra el acoso, regulación de subsidios y prestaciones, reconocimiento de enfermedades profesionales, etc., derechos asumidos por la ciudadanía como básicos de cualquier trabajador o trabajadora que en el sector de los cuidados, y particularmente en el del empleo de hogar, no habían sido reconocidos aún. Así, se hacían cumplir obligaciones internacionales derivadas de la firma del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que amplía los derechos de las empleadas del hogar.

Con esta ley, las cerca de 400.000 afiliadas en este sector en todo el Estado, en su mayoría mujeres y el 44% de ellas extranjeras, han conseguido entre otros avances, blindarse ante un despedido sin justificar la causa, por desistimiento como sucede ahora, lo que les permitirá cobrar una mayor indemnización en caso de que el empleador decida no contar con sus servicios.

Sin embargo, toda esta conquista social y de derechos, celebrada por las organizaciones de trabajadoras de hogar, deja matices y deberes aún por alcanzar.

Trabajo esclavo

El 30 de marzo de este 2023, una veintena de asociaciones de trabajadoras de hogar y cuidados de todo el estado español han lanzado una campaña “Por la erradicación del trabajo esclavo de las internas” en la que exigen la abolición de la figura laboral de “interna”. En esa coordinadora de organizaciones, se encuentra Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias (EMFS), una organización vasca que aglutina a cientos de mujeres racializadas, que desarrollan trabajos en Euskadi vinculados a los cuidados. Esta organización nació en marzo de 2020, durante el confinamiento, desde el impulso de mujeres activistas feministas y antirracistas. Se definen como trabajadoras sociosanitarias porque su trabajo es el mismo que el que se realiza en las residencias y centros de día, y porque cuentan con estudios y certificados de profesionalidad. Sin embargo, el régimen en el que continúan trabajando es el de trabajo de hogar, sin cualificación, sin reconocimiento profesional y precarizadas.

Trabajo doméstico
Esclavitud contemporánea en el trabajo del hogar interno, ¿podemos acabar con ella?
Servirte de la vulnerabilidad de las otras para que asuman el trabajo que no queremos hacer, fuera de lo legítimo, fuera del Estatuto de los Trabajadores, es normalizar el secuestro de otras personas para sostener nuestro chiringuito.

Y es que se suman diferentes factores que explican esta discriminación: la condición de extranjeras, el no reconocimiento de la figura de personal sociosanitario, la precariedad del sector del empleo de hogar, y la existencia misma del “trabajo esclavo” en la figura de la llamada “interna”.

Se suman diferentes factores que explican esta discriminación: la condición de extranjeras, el no reconocimiento de la figura de personal sociosanitario, la precariedad del sector del empleo de hogar, y la existencia misma del “trabajo esclavo” en la figura de la llamada “interna”

La mayoría de las trabajadoras de cuidados en el hogar, sea de personas mayores o de la infancia, sea en el servicio doméstico o de limpieza son mujeres extranjeras. Muchas de ellas estan en situación administrativa irregular, y encuentran el trabajo a través de entidades religiosas, o de manera informal. Todas las personas migrantes en esa situación son muy vulnerables (especialmente las mujeres), y son invisibles para la sociedad y las instituciones por lo que nunca son una prioridad.

La estadística en Bizkaia, según ATH-ELE, la Asociación de Trabajadoras del Hogar, refleja que casi el 30% de las trabajadoras internas y el 13% de las externas “no tienen papeles“. Son más de 7.300 trabajadoras del hogar, el 29,50 % de las internas y el 12,98 % de las externas. La derogación de la ley de extranjería y la regularización de todas las personas migrantes para su acceso a derechos es una de las luchas asumidas por las asociaciones de trabajadoras de hogar.

La estadística en Bizkaia, según ATH-ELE, la Asociación de Trabajadoras del Hogar, refleja que casi el 30% de las trabajadoras internas y el 13% de las externas “no tienen papeles”

Según los datos disponibles, 40.000 mujeres trabajan como internas en todo el Estado, realidad a la que habría de sumar a muchas trabajadoras invisibles, que por su condición administrativa irregular no estan en las estadísticas oficiales ni pueden firmar un contrato de trabajo. De ese total 9 de cada 10 de ellas son extranjeras y 1 de cada 4 cuida a un adulto dependiente. Se trata de un trabajo especialmente vulnerable a los abusos ante la exigencia por parte de los empleadores de una disponibilidad plena.

Desde los colectivos de mujeres del sector se preguntan: “¿Quién contrata realmente 8 horas diarias para limpiar una casa? Nadie, se contrata con 8 horas a personas que ejercen cuidados y terminan trabajando 24 horas al día. La idea de 24 horas los 7 días de la semana solo se sostiene en una residencia”.

40.000 mujeres trabajan como internas en todo el Estado, realidad a la que habría de sumar a muchas trabajadoras invisibles, que por su condición administrativa irregular no estan en las estadísticas oficiales ni pueden firmar un contrato de trabajo

Pero es que la doble vulnerabilidad se produce al trabajar como interna una mujer en una situación administrativa irregular. En Euskadi, el 29,50 % de todas las internas lo están, y por este motivo, no están dadas de alta en la Seguridad Social. En cambio, las trabajadoras con situación regular, estan dadas de alta en el 95,05 % de los casos.

La media de su jornada efectiva se sitúa en las 45 horas semanales, aunque una gran parte de las trabajadoras realiza jornadas más largas, en algunos casos por encima incluso de las 70 horas. La conciliación no existe para estas mujeres, que no pueden tener vida privada.

Aunque la modalidad de interna está recogida en la legislación y se regulan descansos, retribuciones o el pago en especie, la alta incidencia de la irregularidad administrativa, la elevada dependencia de estas mujeres a unos ingresos, a un techo y a que les arreglen los papeles, así como la falta de control hacen que las historias de abusos y malos tratos sean especialmente comunes y se cronifiquen.

La media de su jornada efectiva se sitúa en las 45 horas semanales, aunque una gran parte de las trabajadoras realiza jornadas más largas, en algunos casos por encima incluso de las 70 horas

De existir vías legales de migración para el trabajo del hogar, es posible que se redujera considerablemente el flujo migratorio que alimenta el trabajo de interna. La prueba es que esta opción es minoritaria para las mujeres una vez obtenidos sus papeles.

La Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia afirma que 7 de cada 10 internas no cumplen con la jornada máxima legal, están a disposición de la parte empleadora más de 60 horas semanales, y además no cobran el salario mínimo en relación con su jornada. La práctica generalizada de empadronar a las internas en el domicilio del empleador es un síntoma y un símbolo de la precaria situación en que se encuentran estas mujeres, y la renuncia al proyecto vital por el que tienen que transitar para acceder a un empleo.

Representantes de Emakume Migratu Feministak (EMFS) denunciaban recientemente: “Nosotras no queremos victimizarnos, estamos aquí para desarrollar un trabajo en condiciones dignas, exigimos derechos justos para nuestro trabajo. El resultado de nuestras luchas, puede que no nos llegue a nosotras, pero sí a nuestras hijas, a nuestras nietas”

En los últimos meses, EMFS está llevando adelante una campaña para lograr viviendas sociales de alquiler para que las trabajadoras en régimen de interna puedan acceder a una vivienda propia (compartida con otras compañeras) y dejar de tener su domicilio en el mismo centro de trabajo.

Mujeres cuidadoras

Por último, hay un factor que denuncian las mujeres trabajadoras de hogar que tambien repercute directamente en la precariedad del sector: la calificación profesional. En plena reflexión estructural sobre el sistema de cuidados que el Movimiento feminista de Euskal Herria ha puesto encima de la mesa este pasado 8 de marzo, las trabajadoras de hogar reclaman un debate sobre la necesidad de crear un estatuto propio para las mujeres cuidadoras. Reivindican no solo una revalorización de los cuidados como actividad profesional sino de su formación y experiencia (infravaloradas desde su condición de migrantes y “sin papeles”). Un reclamo a los sindicatos de convenio específico, y a las instituciones de una inversión económica para la profesionalización sociosanitaria de las trabajadoras de cuidados remunerados.

Hablamos de una reconfiguración de la ley de dependencia del 2006, la misma que decía en su preámbulo: “La atención a este colectivo de población se convierte, pues, en un reto ineludible para los poderes públicos, que requiere una respuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. No hay que olvidar que, hasta ahora, han sido las familias, y en especial las mujeres, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo lo que ha dado en llamarse el “apoyo informal”. Los cambios en el modelo de familia y la incorporación progresiva de casi tres millones de mujeres, en la última década, al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindible una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que los necesitan”.

Pero es también aquí donde podemos avanzar en ese marco regulatorio. En el marco del autogobierno en Euskadi, donde los servicios sociales son derecho subjetivo, y es competencia transferida la legislación sobre los mismos, la multiplicidad de pequeñas ayudas (para la ciudadanía general casi desconocidas e inmanejables) diferentes en cada territorio histórico hace urgente esa legislación que incorpore las demandas de este colectivo.

Recogiendo las palabras de Luisa Fuentes Guaza, “hace falta un cambio radical en la Ley de Dependencia para que deje de ser una legislación posibilita tal extractivismo sobre los cuerpos de las mujeres migradas que asumen los trabajos de cuidados internos”.

Recogiendo y asumiendo las palabras de Luisa Fuentes Guaza, “hace falta un cambio radical en la Ley de Dependencia para que deje de ser una legislación que ayuda a esconder las vergüenzas del paterestado y posibilita tal extractivismo sobre los cuerpos de las mujeres migradas que asumen los trabajos de cuidados internos”.

La aprobación de la ley vasca de servicios sociales de 2008, y el decreto de cartera de servicios que las administraciones vascas (diputaciones, ayuntamientos, gobierno vasco) pueden y deben ofrecer a la ciudadanía es un hito en la historia de los derechos sociales en Euskadi. Los servicios, las ayudas y las prestaciones sociales se convirtieron (aunque no todos, por ejemplo las AES) en un derecho legalmente exigible por los vascos ante los tribunales, y no sujetos a coyunturas presupuestarias que los puedan mermar, según estableció la propia ley.

Con ello se garantiza la universalización del sistema vasco de servicios sociales a partir del 26 de diciembre de 2016, estos servicios son prestados ya por Gobierno vasco, Diputaciones forales y ayuntamientos vascos.

Es hora pues de que las instituciones españolas y vascas escuchen las demandas de las trabajadoras sociosanitarias, y demuestren su voluntad y determinación por poner, como tanto se ha dicho, “los cuidados en el centro”.

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