Opinión
El oasis de cristal de ETS: cómo se paga la banda sonora del PNV

El 26 de febrero, las estaciones del barrio de San Julián midieron benceno en el aire de Muskiz entre las 10.15 y las 11.00 de la mañana. El aviso del Gobierno Vasco para que los 7.465 vecinos se encerrasen en casa llegó diez horas más tarde, a las 20.17. Puertas y ventanas cerradas, colegios y centros de formación sin actividad, climatización en recirculación, el ejercicio al aire libre prohibido. 

Lo que ocurrió fue que un tanque de gasolina de la refinería de Petronor había evaporado su fracción volátil y las concentraciones llegaron a entre 100 y 200 microgramos por metro cúbico en zonas habitadas, con un pico de 106,56 frente a un umbral de alerta de 50 y un valor límite anual europeo de cinco. La micro catástrofe climática que viven todos los días los vecinos de la zona no es menor: el benceno es cancerígeno. 

Noventa y ocho días después, el 4 de junio, Petronor hizo gala de sus mejores herramientas de greenwashing y ofreció a esos mismos vecinos un concierto gratuito de la banda En Tol Sarmiento (ETS), que se prestó a la causa sin rechistar. Fue un encuentro reservado a residentes del municipio.

Según la propia nota de la empresa, “más de 300 personas” escucharon a la banda hablar de su trayectoria y de Konkista –el disco que había publicado el 5 de diciembre– y tocar algunos de sus temas, “uno de ellos junto a la Coral Oihartzuna de Muskiz”. La refinería lo enmarcó en “su compromiso con la cultura como un bien esencial para el desarrollo social” y en las “iniciativas locales y musicales” en las que dice “formar parte activa”. Se refería a Muskiz, Abanto y Abanto-Zierbena, los mismos municipios donde se midió el benceno.

Petronor también figura entre los patrocinadores de “Etxean”, las tres noches que ETS ha vendido en el Buesa Arena de Gasteiz para marzo de 2027 –45.000 entradas, 30.000 de ellas en menos de 24 horas. La nota del anuncio lo dice sin rodeo alguno: el espectáculo “será posible gracias al apoyo de Diputación Foral de Álava, Fundación Vital, Kutxabank y Petronor”. Son los mismos apellidos que Hordago-El Salto ha encontrado detrás de cada cartel musical de un macroevento: Kutxabank y la Diputación, por ejemplo, patrocinan los espectáculos de Elrow, la promotora del fondo KKR que recibe ayudas fiscales de Bizkaia.

La excepción de ETS es la regla

La relación entre la gestión de la industria cultural por parte del PNV y los megaproyectos que ponen su banda sonora es más estrecha que el suceso ocurrido en Muskiz. Entre la fecha en que la población se contaminó de benceno y el concierto de ETS, el 21 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó una subvención directa de 300.000 euros para un solo proyecto: Bihotzen Konkista, el macroevento de ETS, destinado a “proyectar el euskera y la cultura vasca fuera de Euskadi”. 

La línea ordinaria a la que concurre el resto de la escena, las ayudas a giras musicales, tiene una dotación total de 175.000 euros y topes de 5.000, 10.000 o 15.000 euros por gira según la distancia y el número de conciertos. En su última edición se repartió entre 47 proyectos, una media de 3.723 euros por grupo, que en muchos casos cubrió lo justo para la furgoneta y dos noches de hotel. El dato resulta desolador: un grupo recibe 300.000 euros; los otros, casi medio centenar, solo suman 175.000 entre todos.

La consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, defendió el desembolso de esta cantidad apelando a dos argumentos. El primero era de procedimiento: las subvenciones directas son “un sistema absolutamente reconocido por la legislación”, reservado a proyectos “de carácter estratégico o extraordinarios”, y “no quitan un euro a las cuantías de las otras subvenciones”. El segundo, pronunciando en el pleno de control del Parlamento Vasco, era más de fondo: “No creemos que haya que penalizar el éxito cultural”.

Es verdad que el dinero que recibe el macrofestival de ETS no sale de la misma partida. El propio Gobierno Vasco fija en su convocatoria de festivales de 2026 un tope de 45.000 euros por proyecto y un mínimo de 7.000, con 600.000 euros para repartir entre todas las disciplinas. Pero Bihotzen Konkista se lleva, sola y sin competir con nadie, la mitad de esa bolsa y más de seis veces el techo que se aplica a cualquier festival del país.

Mano dura con la sala de 200 personas y cheque anual para el recinto de 40.000: los 300.000 euros de ETS no rompen la regla del reparto cultural vasco, la aplican

El grupo sonoro ETS es la versión pequeña de un sistema mucho más amplio. En 2008, por ejemplo, se destinaron 700.000 euros a un proyecto de Kepa Junkera. Al mismo tiempo, Hordago-El Salto documentó en julio que las promotoras de tres festivales de Last Tour –BBK Live en Bilbao, BIME en Barakaldo y Azkena Rock en Gasteiz– han acumulado desde 2022 más de 12 millones de euros en subvenciones y patrocinio institucional.

Bilbao pone 1.400.000 euros anuales en el BBK Live; la Diputación de Bizkaia, 140.000 al año en el BIME; Gasteiz y la Diputación de Araba, 379.999 y 130.000 en el Azkena Rock; el Gobierno Vasco, otros 50.000 anuales en el BBK Live más 516.234 euros transferidos entre 2022 y 2025 a la red empresarial del promotor por conceptos que no eran festivales.

El mismo Gobierno Vasco que riega de fondos públicos a los megaproyectos llegó a decretar restricciones a las actividades culturales en bares y locales de pequeño formato. Mano dura con la sala de 200 personas y cheque anual para un recinto de 40.000. Este modelo de “desertización cultural” es el que Nando Cruz y Jon Urzelai denunciaron en Bilbao durante la presentación de sus dos libros, Macrofestivales y Su festak.

Fermin Muguruza, el 4 de junio, al recoger el Premio Etxepare Euskal Institutua de Música en la sala Atabal de Biarritz, sintetizó el hartazgo de la escena contracultural de la siguiente manera: “Las subvenciones públicas no deberían parecerse a la casita de Bad Bunny; lo que es público debería funcionar como una plaza abierta, no como un reservado donde sólo entra el que es elegido a dedo”.

Trece días más tarde, el 17 de junio, más de un centenar de músicos, bandas y agentes culturales firmaron el manifiesto Denok Gara Kultura, pidiendo que los recursos “se gestionen con transparencia, criterios públicos y mecanismos accesibles para el conjunto del tejido cultural”, y denunciando procedimientos de “dudosa claridad, que distan mucho de garantizar la igualdad de oportunidades”.

Entre los firmantes, Izaro, Anari, Cris Lizarralde de Belako, Kaotiko, Lisabö, Mursego, Soziedad Alkoholika, Itziar Ituño y Olatz Salvador. La Diputación de Bizkaia, que compromete 140.000 euros anuales al BIME, calificó de “incoherente” a la plataforma de artistas. Una palabra un tanto llamativa viniendo de quien firma los cheques de manera totalmente desigual.

La lucha no solo procede de los artistas de la cultura. El sector técnico de espectáculos y eventos de Euskadi lleva en pleno conflicto desde la primavera. La mesa del primer convenio colectivo del sector se constituyó en 2024 y sigue bloqueada: Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA, CCOO y CNT acusan a la patronal EUKI de negarse a negociar, y el 15 de mayo convocaron la primera huelga de la historia del sector, que afecta a más de 600 trabajadores y llegó a  60 eventos en un día. La patronal respondió por carta diciendo que los trabajadores exageraban y que el suyo no es un sector precario.

El punto de ruptura no era el salario, sino el preaviso. Las empresas quieren poder entregar horarios y calendarios con cinco días de antelación. Tras el paro del 5 de agosto en La Blanca de Gasteiz y el del 14 en la Semana Grande donostiarra, la jornada de Bizkaia quedó fijada para el miércoles 26 de agosto, el día en que ETS tenía previsto tocar en el Parque Europa dentro de la Aste Nagusia de Bilbao. El 21 de agosto, la banda anunció que no actuaría esa fecha: “Detrás de cada concierto hay un enorme equipo de profesionales que hace posible que nosotros podamos subirnos a un escenario”, decía el comunicado, que hablaba de “respeto y solidaridad” y de facilitar que la plantilla ejerciese “libremente su derecho a huelga”. El concierto se adelantaba al martes 25. El Ayuntamiento aceptó “la petición trasladada por ETS” tras comprobar su “viabilidad técnica y de seguridad”.

Cinco días. Exactamente el preaviso por el que se está peleando el convenio. El gesto de solidaridad de ETS con el sector se llevó a cabo reproduciendo el abuso mismo contra el que se dirige la huelga.

Para los profesionales técnicos estas palabras no entienden nada sobre sus demandas. “Este cambio de última hora refleja la absoluta disposición que se nos exige en este sector”, respondió Teknikariok. Otro trabajador lo expresa de la siguiente manera: “Nos avisan cinco días antes de que tenemos que trabajar el martes y no el miércoles. Independientemente de la huelga, es algo que ocurre de forma habitual”. Cinco días. Exactamente el preaviso por el que se está peleando el convenio. El gesto de solidaridad de ETS con el sector se llevó a cabo reproduciendo el abuso mismo contra el que se dirige la huelga. Norte Exprés lo llevó sin adornos al titular de una nota: ETS adelantó el concierto “para sortear la huelga”.

La huelga, de hecho, sigue convocada para hoy día miércoles. El personal técnico sigue sin convenio y el concierto se celebró igual, en un escenario municipal, veinticuatro horas antes. No habrá servicios mínimos porque, como recordó el comité de huelga cuando el Ayuntamiento de Gasteiz sopesó imponerlos en La Blanca, la cultura no está considerada un servicio esencial. Es decir: la cultura es un “bien esencial para el desarrollo social” cuando lo escribe una refinería en una nota de prensa, y no es un servicio esencial cuando quienes la organizan cada noche exigen sus derechos laborales.

El precio de entrada

Ninguna de estas reivindicaciones tienen la capacidad para frenar el fenómeno de los macroproyectos con sello del PNV, y sería ingenuo esperarlo. ETS llenó tres noches el Bizkaia Arena en 2025, agotó 15.000 entradas del Movistar Arena de Madrid en tres horas –la nota de prensa que lo celebraba la firmó el propio Gobierno Vasco– y ha vendido 45.000 para 2027. Ese relato donde el mercado, como siempre, es inmune a la ética tiene un nombre: “oasis vasco.” Lo que ha quedado claro este año es más bien cuál es el precio de entrada. Desde luego, no es tocar mejor que nadie. Es encajar en un relato en el que el euskera se proyecta hacia fuera mientras por dentro se adelgaza la escena que sostiene el florecimiento de la lengua, en el que una refinería investigada por la Fiscalía compra una tarde de canciones con los vecinos que le demandan y en el que una huelga se resuelve moviéndola un día en el calendario o boicoteando al personal técnico. 

Ningún grupo firma sus propias subvenciones. Las firma una consejería encargada de lanzar las convocatorias y cumplir porque el dinero se ejecute. ETS no ha diseñado el reparto de las ayudas a la música vasca ni decide qué logotipos aparecen en el cartel de un ayuntamiento, y Bengoetxea tiene razón en que un grupo no debe ser castigado por llenar recintos. Pero entre aceptar dinero público y aceptar la hoja en blanco del capital existe una diferencia que va más allá de la retórica, e implica una serie de tareas políticas y compromisos sociales. 

En noviembre de 2025, más de 160 grupos de Euskal Herria retiraron su música de Spotify por los vínculos de la plataforma con la industria armamentística y el genocidio israelí, renunciando por tanto a muchos ingresos y oyentes. En febrero de ese mismo año, 237 músicos firmaron en defensa de Raimundo el Canastero cuando UPN lo llevó a juicio por una canción sobre el modelo festivo. El EHZ Festibala cumplió 30 años sosteniéndose en auzolan. Todos pagaron un precio por mantener una posición contracultural. Es justo eso lo que ETS evade: una noche de tensión real con la institución que le entrega el dinero, con la empresa que le patrocina la gira o con el ayuntamiento que le pone el escenario. Sin conflicto no hay cultura.