Ecologismo
Doble revés judicial contra Petronor: Fiscalía investiga el benceno y los vecinos impugnan el electrolizador

El hidrógeno “verde” de Petronor, en los tribunales. La movilización vecinal contra Petronor ha entrado en una nueva fase. La Plataforma Stop Variante Las Karreras (PSVK), que agrupa a residentes de Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, ha abierto dos frentes legales simultáneos contra la mayor refinería del Estado, situada en el límite de los términos municipales de Muskiz, Zierbena y Abanto. Por un lado, la Fiscalía ha incoado diligencias de investigación tras la denuncia presentada por la plataforma por un posible delito medioambiental ligado a los episodios recientes de emisión de benceno. Por otro, la asociación ha solicitado al Gobierno Vasco la revisión de oficio y la declaración de nulidad de pleno derecho de la autorización ambiental otorgada al electrolizador de 100 MW que Petronor construye dentro del complejo petroquímico.

Diligencias en Fiscalía tras el confinamiento de febrero

La denuncia ante el Ministerio Público se interpuso a comienzos de marzo, después de que el 26 de febrero el Departamento de Salud del Gobierno Vasco recomendara a la población de Muskiz permanecer en espacios cerrados ante las altas concentraciones de benceno detectadas en el aire. Las mediciones registraron picos significativamente por encima del umbral de alerta de 50 microgramos por metro cúbico —según los datos que la propia empresa trasladó a su plantilla, el valor máximo en la estación de San Julián fue de 106,56 µg/m³ a las 10.00 horas— y obligaron a cerrar comercios, suspender desplazamientos y modificar la rutina educativa en el municipio. El lehendakari Imanol Pradales reconoció después en el Parlamento Vasco que la comunicación de Petronor con el servicio de emergencias y su coordinación con las instituciones “no se realizó de manera adecuada”.

El director de Salud Pública del Gobierno Vasco reconoció en sede parlamentaria un exceso de mortalidad por enfermedades respiratorias y circulatorias en la zona, pero descartó vincularlas a Petronor mientras PNV y PSE bloqueaban un estudio epidemiológico específico.

Que Fiscalía haya solicitado documentación ambiental y sanitaria como parte de sus diligencias supone, en la práctica, el inicio formal de una investigación sobre la posible existencia de un ilícito penal. La plataforma lo enmarca en una serie de “incidentes reiterados, pérdidas de contención, investigaciones hidrogeológicas y actuaciones de remediación ambiental” recogidas en documentación oficial del propio Gobierno Vasco.

Un debate parlamentario que no zanja la cuestión

El movimiento judicial llega días después de una comparecencia en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco en la que el director de Salud Pública afirmó no tener “ninguna evidencia“ de que la actividad de la refinería sea causa de enfermedades en la zona. La comisión rechazó una proposición no de ley de EH Bildu que instaba a realizar un estudio epidemiológico específico sobre la población de Abanto y Muskiz analizando variables ambientales. PNV y PSE-EE aprobaron en su lugar una enmienda que se limita a reforzar la vigilancia general de la salud a través del Observatorio de Salud, sin medidas particulares para Meatzaldea.

PSVK considera la combinación de ambas decisiones —descartar la relación causa-efecto sin disponer del estudio que la permitiría descartar o confirmar— un ejercicio de ”conclusión política anticipada“. La propia comparecencia del director de Salud Pública admite, sin embargo, mayores tasas de hipertensión y un exceso de mortalidad por enfermedades respiratorias y circulatorias en la zona respecto a la media vasca, y reconoce que existe ”mucho margen de mejora“ en los sistemas de control. La plataforma recuerda además que el Atlas of Cancer Mortality in Portugal and Spain 2003-2012, publicado por el Instituto de Salud Carlos III, identifica patrones compartidos de riesgo en Meatzaldea que justifican, según los autores, profundizar en factores etiológicos ambientales.

El electrolizador, el segundo frente

La segunda batalla legal se libra contra la Resolución de 4 de agosto de 2025 del Viceconsejero de Medio Ambiente, corregida el 3 de septiembre, que autorizó como “modificación no sustancial” de la AAI de la refinería la construcción de un electrolizador alcalino de 100 MW. La instalación, denominada Bilbao Large Scale Electrolyzer y promovida por la sociedad Bay of Biscay Hydrogen —filial conjunta de Repsol y Petronor— supone una inversión de 292 millones de euros, cuenta con una subvención de 160 millones procedente de los fondos europeos Next Generation a través del MITECO y producirá hasta 16.500 toneladas anuales de hidrógeno renovable. Las obras arrancaron formalmente en enero de 2026 con la visita del lehendakari.

Las cifras del proyecto que figuran en la documentación administrativa son significativas: un incremento del consumo eléctrico de la refinería del 173% con 130 MW adicionales, 289.200 metros cúbicos anuales adicionales de agua de red, 734.000 metros cúbicos de agua de refrigeración, 93,76 toneladas anuales de hidróxido de potasio como residuo peligroso, una nueva línea de alta tensión de 400 kV de 670 metros y el almacenamiento de 8.000 kilos de hidrógeno altamente inflamable en el interior del complejo. Las viviendas más cercanas se encuentran a 50 metros de la planta; el barrio Las Karreras, a 200.

La planta supondrá un incremento del consumo eléctrico de la refinería del 173% y el almacenamiento de 8.000 kilos de hidrógeno inflamable a apenas 200 metros de las viviendas más próximas.

Los abogados de Magerit Abogados, Jaime Doreste y Sara González, que asisten a la plataforma, sostienen que el procedimiento utilizado por la administración es jurídicamente nulo. La autorización, argumentan, se tramitó como simple modificación de una AAI existente cuando “estamos ante una nueva instalación industrial de envergadura” que, por sus dimensiones, su acumulación con otros proyectos y los riesgos que genera, debería haberse sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, con sus correspondientes trámites de información y participación pública.

La impugnación denuncia además un fraccionamiento artificial del proyecto: la línea eléctrica de 400 kV imprescindible para el electrolizador se autorizó en abril de 2025 a nombre de Bay of Biscay Hydrogen S.L., mientras que la planta de hidrógeno se autorizó después y a nombre de Petronor, pese a tratarse, en la práctica, de una misma infraestructura.

La asociación apunta también a una posible desviación de poder: uno de los hitos para acceder a los 160 millones de ayuda pública era contar con la resolución de AAI en un plazo determinado, lo que, según los servicios jurídicos, explicaría el procedimiento simplificado y la “palmaria falta de motivación” de la resolución impugnada. La propia resolución reconoce que el proyecto supera los límites de inmisión acústica de 45 dB(A) en zonas residenciales durante el periodo nocturno, pero concluye que no generará afecciones ambientales significativas sin desarrollar el razonamiento.

Próximos pasos

PSVK pide la nulidad de pleno derecho de la resolución, la paralización cautelar de las obras —que ya han comenzado—, el sometimiento del proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y la tramitación de una AAI independiente a nombre de la empresa titular real, Bay of Biscay Hydrogen. De no atenderse la solicitud por la vía administrativa, la plataforma anuncia que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa.

El resultado de estos dos procesos —la investigación penal en Fiscalía y la impugnación administrativa— marcará durante los próximos meses la relación entre la mayor instalación petroquímica del Estado, una de las principales apuestas del Gobierno Vasco para la transición energética y un vecindario que lleva décadas conviviendo con la refinería a las puertas de sus casas.