Opinión
La España disfuncional, funciona

En lugar de reforzar el número de docentes, reducir sus horarios de clase para aumentar el tiempo de investigación, innovación, participación en proyectos y trabajo en equipo, se intenta prescindir de personal interino y no tener que contratar a nuevos docentes, a base de una sobrecargar de horas de docencia del profesorado.

Desde hace mucho tiempo, saben los psicólogos, los pedagogos, los sociólogos que en muchas ocasiones aquello que es disfuncional termina funcionando. Por definición, disfuncional sería todo aquello que no funciona, que no cumple la misión para la que fue creado. Sin embargo, hay muchas parejas, muchas familias, muchas organizaciones, instituciones, que siguen funcionando, pese a ser claramente disfuncionales.

Vamos terminando el primer trimestre del curso escolar y los empleados públicos, aquellas personas que han superado unas pruebas arduas y complicadas que les habilitan para desempeñar una función pública, perciben cómo las autoridades ejercen la disfuncionalidad sin complejos y como si esa fuera su misión y el sentido de su existencia.

Me topo en estos días en Madrid, con una huelga de personal médico declarada por un sindicato que siempre había considerado “amarillo”. Para entendernos, uno de esos sindicatos que defendían solo a un estamento laboral, a una parte de los trabajadores de un sector. Un sindicato de aquellos que, precisamente por eso, yo consideraba un sindicato corporativo.

Pero venimos de una crisis económica bestial, mal resuelta, de una pandemia descontrolada durante meses de un proceso imparable de destrucción de la naturaleza y todo ello ha producido un deterioro evidente de las condiciones de vida y de trabajo. Se ha acelerado el recorte de los recursos destinados al sector público para mantener y potenciar el negocio del sector privado. Por eso ahora me parece que si los médicos pierden esta batalla, no serán los únicos y que, tras ellos, seguiremos los demás empleados públicos y la calidad de los servicios que atienden a la ciudadanía.

Mediante una Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se ha creado un complemento de productividad que aumenta en cinco horas semanales la docencia del profesorado, a cambio de un máximo de 100 euros mensuales

Educación

En estos días asisto a otra muestra más del desprecio con el que el Gobierno de la derecha madrileña ha decidido tratar a sus empleados públicos. Mediante una Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (no de la de Educación), al mando de Lasketty, se crea un complemento de productividad que aumenta en cinco horas semanales la docencia del profesorado, a cambio de un máximo de 100 euros mensuales.

El inefable Lasketty, que ya se encargó de desmontar las políticas de inmigración, las de cooperación internacional y las sanitarias, en tiempos de la reina de las ranas (la incombustible Aguirre), asume ahora, como consejero responsable de la Orden de productividad, el ataque al bastión de la educación pública madrileña, con maniobras como la descrita que confunden productividad con aumento de los horarios de clase y considera las horas extraordinarias como una muestra de especial rendimiento, de un mayor interés y una mayor capacidad de iniciativa.

En lugar de reforzar el número de docentes, reducir sus horarios de clase para aumentar el tiempo de investigación, innovación, participación en proyectos y trabajo en equipo, se intenta prescindir de personal interino y no tener que contratar a nuevos docentes, a base de una sobrecargar de horas de docencia del profesorado.

Eso sí, la enseñanza concertada ha visto crecer su presupuesto en un 20% este año

Todo ello, a cambio de algo menos de 5 euros la hora. Eso sí, la enseñanza concertada ha visto crecer su presupuesto en un 20% este año, mientras que la previsión para el próximo año vuelve a situar como prioridades los cheques escolares y las becas, beneficios y ayudas escolares para familias de rentas altas, de hasta 100.000 euros, que lleven a sus hijos a centros educativos concertados.

Así andan la educación y la sanidad madrileñas, pero no todo va a ser Madrid. Por estas mismas fechas el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de la Función Pública, un proyecto necesario para una sociedad que demanda nuevos retos a sus administraciones. 

Sin embargo, con esa facilidad que viene demostrando el Gobierno para meter la pata en temas que serían absolutamente justificados y necesarios, resulta que el proyecto incluye una evaluación anual obligatoria del rendimiento, la conducta y el logro de los resultados de cada trabajador de las administraciones. 

Es verdad que Europa insta a España a evaluar, pero una vez más el Gobierno lo entiende por el lado fácil, el de perseguir al de abajo en la cadena de las administraciones, el funcionario que con efectivos escasos y medios irrisorios, se ve obligado a ir despejando la imposible cola y lista de espera que se va acumulando en el servicio. 

Mi médica de cabecera y sus miles de compañeras se ven obligadas a atender a decenas de pacientes cada día, e intentar mantener sus historiales al día. Las trabajadoras sociales ven a decenas de personas necesitadas de recursos sociales cada semana, intentando que el desbordado número de expedientes abiertos vaya actualizado al día. Mis compañeras de docencia intentan que los alumnos aprendan en esa maraña de clases sobrecargadas y exigencias administrativas crecientes. 

Todo parece que va a resolverse con inversiones en inteligencia artificial y con cursos de formación masivos. Pero no. Eso sirve para justificar ante Europa una evaluación inexistente, cobrar el dinero de Bruselas y salir corriendo para que parezca que hacemos algo. 

Pero evaluar es mucho más que hacer informes sobre los funcionarios y empleados públicos. Evaluar es saber si una función de la administración, ya sea educativa, sanitaria, de servicios sociales, vivienda, o cualquier otra, es realmente útil para atender necesidades sociales y personales. 

Evaluar es estudiar si un programa puesto en funcionamiento, unos recursos asignados, un personal suficiente, son capaces de corregir desigualdades, atender a pacientes, mejorar la salud. Evaluar es comprobar grados reales de atención y niveles adecuados de percepción de satisfacción por parte de la sociedad. 

En la disfuncional España evaluar significará obligar al funcionario a emplear bastante tiempo en elaborar informes que nadie leerá

Pero podremos comprobar, una desgraciada vez más, que en la disfuncional España evaluar significará obligar al funcionario a emplear bastante tiempo en elaborar informes que nadie leerá, para rellenar dosieres que serán almacenados en alguna nube y pasar encuestas en las que el usuario ponga caritas a la calidad del servicio y de la atención recibida. 

Si quieres aprobar sin estudiar y te han suspendido pues carita triste, si venías enfermo y la doctora te derivó a un especialista que tardó meses en recibirte pues carita de dolor a tu médica. Si acudiste a servicios sociales para obtener un Ingreso Mínimo Vital y la Seguridad Social lo acabó bloqueando, aparcando, denegando, suspendiendo… pues carita de cabreo a tu trabajadora social.

Así van las cosas en esta España disfuncional que no funciona, pero que sigue existiendo. Este país de todos los demonios, que diría Gil de Biedma, en donde el mal gobierno y la pobreza no son, sin más, pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre. 

Por lo demás, os deseo unas felices fiestas y un año venidero en el que  seamos capaces de decir NO y BASTA. En el que hagamos que cada función de la sociedad sea atendida con eficacia, eficiencia y calidad. En que los mediocres sean apartados de la política y de la sociedad. 

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