Culturas
¿Cultura de la paz?

El 9 de marzo la Comunidad Autónoma de Aragón ha aprobado la ley 8/2003, de Cultura de la Paz en Aragón. ¿Es un brindis al sol? Conozcamos su exposición de motivos y despejemos así algunas dudas.

La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 53/243, de 13 de septiembre de 1999, estableció un programa de acción, líneas estratégicas y medidas a adoptar para promover una cultura de la paz desde muchos ámbitos, con especial relevancia del educativo.

Posteriormente el año 2000 se proclamó como Año Internacional de la Cultura de Paz, y el período 2000-2010 como Decenio internacional de una cultura de paz y no violencia. En 2015, Naciones Unidas propuso asimismo una agenda común para la humanidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que, para el 2030, todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Entre los ODS, el número 16 es el que está estrechamente relacionado con la cultura de paz, al responder al reto de “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, la base sin la que se convierte en imposible llevar a cabo el resto de los objetivos.

La Unesco lidera también un movimiento mundial que tiene como objetivo promover valores, actitudes y comportamientos, en todos los niveles de la sociedad, para evitar la violencia y encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. En el ámbito internacional, en consecuencia, son numerosos los compromisos relacionados con la cultura de paz adquiridos por España como miembro de estas organizaciones internacionales, compromisos que implican que las comunidades e instituciones del país, en todos sus niveles, deben trabajar en el objetivo primordial de “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”.

En el comienzo del siglo XXI, la era de la confrontación parecía haber llegado a su fin, se reforzaba la sensibilidad internacional en estos ámbitos y la globalización mostraba de forma cada vez más clara la interdependencia de la humanidad ante problemas y soluciones, pero finalmente no se han cumplido tan esperanzadoras expectativas. Nuevos e inesperados desafíos cuestionan la convivencia en paz, por lo que urge reforzar en la ciudadanía la idea de que la paz, como necesidad humana básica, es posible, lo que exige al mismo tiempo construir estructuras y apoyos institucionales que favorezcan su implantación.

En la línea de la Resolución 53/243, la paz no es solo la ausencia de guerra -en lo que sería un estado de paz mínima, necesaria e importante, pero no suficiente-, sino la ausencia de violencia, de toda violencia: la directa o física, la estructural o injusticia social, y la cultural o simbólica. La paz es una cultura, algo que no supone la inexistencia de conflictos, sino la negación de las vías violentas para abordarlos, la garantía de un proceso pacífico dedicado a evitarlos y solucionarlos. Está vinculada a los derechos humanos, a la democracia, a la justicia social y a un desarrollo respetuoso con la naturaleza; se construye en escenarios macro y micro; tiene carácter procesual, e implica asumir el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que hacen posible el respeto, el diálogo, la mediación, la negociación y el consenso para convivir a nivel local, nacional y mundial. La educación para la paz es instrumento privilegiado para hacer crecer la cultura de paz y no violencia.

Antropólogos e historiadores han demostrado que los seres humanos están programados para la cooperación y la ayuda mutua, con capacidades y competencias para afrontar por medios pacíficos los conflictos: pese a la preponderancia de las guerras en la historia, la historia de la humanidad es una historia de cooperación, estrechamente ligada a la cultura de paz. El fortalecimiento de la cultura de paz es en consecuencia una responsabilidad de las organizaciones internacionales, de los gobiernos nacionales, de las administraciones regionales y locales, y de toda la sociedad civil.

En Aragón, la cultura de paz tiene un fuerte arraigo, vinculado con la fuerza del pacto como tradición, fuente de derecho y seña de identidad: las “asambleas de paz y tregua” entre 1137 y 1150, las treguas en los litigios, el Justicia de Aragón o el Compromiso de Caspe han sido ejemplos históricos de ello. El principio standum est chartae no solo se manifiesta ante el conflicto, sino que la cultura del pacto y el acuerdo se extiende a la gestión de los intereses de los particulares (familia, bienes…), con diferentes fórmulas para la mediación y resolución pacífica de los conflictos de intereses, como queda recogido en el Código del Derecho Foral de Aragón y en toda la tradición jurídica aragonesa.

El Gobierno de Aragón incorporó tempranamente esta cultura y educación para la paz en su proyecto ciudadano. Fue la primera comunidad autónoma que asumió la cultura de paz como propia, y en 1984 promovió -y viene sosteniendo- el trabajo de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), proyecto al que se sumaron las Cortes de Aragón en 2002, y que, junto a otras instituciones, ha venido generando una plusvalía de investigación y acción para la paz, que le hizo ser reconocida con el título de “Mensajero de la paz” por las Naciones Unidas. Esto supuso la base también para la posterior creación de la Asociación Española de Investigación para la Paz (Aipaz). En 1999, la Unesco nombraba a Zaragoza “Sitio emblemático de la cultura de paz”, título que se atribuye a lugares simbólicos que han adquirido a través de su historia un valor universal en relación con los principios de cultura de paz.

En el texto de concesión se afirma que “la ciudad de Zaragoza, como cruce de distintas culturas simboliza un espíritu de tolerancia y de interculturalidad indispensable para el desarrollo de una cultura de paz”. A nivel normativo en el ámbito nacional, la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, establece en su artículo primero que “El Gobierno promoverá la paz a través de iniciativas de solidaridad, culturales y de investigación, de educación, de cooperación y de información” y que, sobre este asunto, establecerá mecanismos de colaboración con las comunidades autónomas, entre otros entes del Estado. Y, por su parte, el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Aragón incluye la cultura de los valores democráticos como uno de los principios rectores de las políticas públicas. Indica: “Los poderes públicos aragoneses promoverán la cultura de la paz, mediante la incorporación de valores de no violencia, tolerancia, participación, solidaridad y justicia, especialmente en el sistema educativo”. Menciona también que se facilitará la protección social de las víctimas de la violencia y, en especial, como consecuencia de la violencia de género y actos terroristas, cuestiones en las que la comunidad autónoma ya ha ejercido su capacidad legislativa.

Por lo expuesto, la presente ley define compromisos concretos y recuerda a las instituciones aragonesas y a la sociedad civil su responsabilidad de continuar en línea con un legado histórico y, junto a los demás actores nacionales e internacionales, de seguir impulsando la cultura y educación para la paz. Esta ley establece un punto de partida válido para avanzar aún más en las líneas estratégicas expuestas, vinculadas a las obligaciones de Aragón como comunidad autónoma y como parte de un entorno nacional e internacional que pide apuestas claras en este ámbito.