Energías renovables
Caballos salvajes, tesoros arqueológicos y despoblación: las amenazas de 77 nuevos parques eólicos gallegos

La Xunta aprobó en dos meses tantos proyectos como en los seis años anteriores juntos. Organizaciones ecologistas y vecinales preparan un aluvión de demandas por irregularidades en las concesiones.
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Central eólica de Iberdrola en el municipio de Negreira (A Coruña). Pablo Santiago

El auge de los proyectos de energías renovables ha crecido exponencialmente en los últimos años al calor de las amenazas incontestables del cambio climático. Pero tratar de mitigarlo sin la adecuada evaluación ambiental puede producir un efecto todavía peor: agravar la crisis de la diversidad biológica. Las actividades humanas están acelerando los procesos de pérdida de variedad genética, de especies y de ecosistemas, y no solo a causa del consumo insostenible de combustibles fósiles. Sobra la literatura científica al respecto. La aprobación masiva de licencias a parques eólicos en los últimos meses en territorios como Galicia puede ser un ejemplo paradigmático de esta contradicción. También la relajación de la normativa sobre macroproyectos que ha impulsado el Gobierno. Al menos, ese es el denominador común de las reclamaciones que la práctica totalidad de las organizaciones ecologistas han puesto sobre la mesa durante el último lustro. Es un pequeño desarrollo del lema “Energía eólica sí, pero no así” que blandió Rodrigo Sorogoyen al recoger el reconocimiento a la mejor dirección durante los Premios Goya 2023. Aunque, a decir verdad, carteles con la misma reclamación llevan años colgados de los balcones de pueblos de montaña por todo el norte de la península Ibérica.

Energías renovables
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Tras conocerse la fecha límite que el Gobierno dictó para conceder permisos de acceso y conexión a la Red Eléctrica de España (REE), empresas energéticas y administraciones autonómicas focalizaron sus esfuerzos. La Xunta de Galicia incluso alardeó del despliegue: contrató 120 técnicos más para la Consellería de Medio Ambiente que trabajaron durante fines de semana, Navidad y hasta “las doce de la noche de cualquier día” sin que, al parecer, eso fuera un problema. La Conselleira del ramo aseguró que todo ese proceso se realizó con “el máximo rigor” y “responsabilidad patrimonial”.

“Nosotros agotaremos todas las vías posibles para luchar contra esta barbaridad. También la judicial, por supuesto”, defiende Paulo Vicente Monteagudo, presidente de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo

Así las cosas, cuando llegó el 25 de enero, el Gobierno gallego había batido un récord histórico: en algo más de dos meses, dio luz verde a tantos parques eólicos como en los seis años anteriores juntos. Tras el recuento final, son 77 los proyectos que tienen la declaración de impacto ambiental positiva, el principal escollo en este tipo de tramitaciones, una cifra que se traduce en 570 nuevos aerogeneradores para el monte gallego, la mayoría de más de 150 metros de alto. Algunos de ellos están proyectados sobre los últimos reductos de especies en peligro de extinción o sobre yacimientos todavía sin prospectar. Hasta ahí, el resumen del arreón final de la Administración gallega y el oligopolio energético.

La respuesta ciudadana: una lluvia de demandas

Organizaciones ecologistas con radio de acción en Galicia y decenas de plataformas de vecinos afectados trabajan desde entonces para preparar sus demandas ante lo que consideran “una barra libre” de licencias eólicas. No sobran ni el tiempo ni los recursos. En tres meses se abrirá la vía judicial y quieren llegar preparados. “No podemos entrar a litigar contra todos los parques, tampoco estamos en contra de las energías renovables. Pero sí que estamos valorando cuáles son los más lesivos contra el patrimonio histórico y medioambiental y contra las poblaciones locales para enfrentarlos”, explica Belén Rodríguez, secretaria técnica de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), organización que se ha convertido en punta de lanza de este movimiento social. De hecho, han sido ellos y ellas las protagonistas de las tres paralizaciones cautelares que se han dictado en territorio gallego y de las que no había precedentes. Como ellos mismos apuntan, esa es la clave de estos pleitos. “En nuestras alegaciones pedimos expresamente medidas cautelares antes de que se comience la obra es la única manera de frenar el daño”, argumenta Fernando de Abel, profesor de Derecho Administrativo en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y vocal de Adega.

En el consejo de administración de Greenalia se sienta Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente durante uno de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia

Lo que explica el profesor de Derecho es fundamental para entender la relación de responsabilidades entre las administraciones y las empresas energéticas. Si las plataformas demandantes no consiguen medidas cautelares, aunque hayan apelado las declaraciones de impacto ambiental, las obras de los parques seguirán su curso hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dicte sentencia. Sea cual sea el fallo del tribunal, para entonces, los parques ya se habrán construido y su impacto medioambiental será poco menos que irreversible. Los antecedentes en este sentido en los montes gallegos son esclarecedores.

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Durante el 2022, el TSXG y el Tribunal Supremo declararon como nulas las autorizaciones de dos proyectos eólicos en Corme (A Coruña) y en Mondoñedo (Lugo). ¿Qué ha pasado casi un año después? Que la sentencia no se ha aplicado, los molinos siguen girando y las empresas enriqueciéndose. No solo eso. Lo más probable es que, cuando la sentencia se haga realidad —si es que eso llega a ocurrir—, las empresas reclamarán las indemnizaciones correspondientes a la Xunta. Al fin y al cabo, la resolución de la Justicia cargará contra quien emitió las declaraciones de impacto ambiental, no contra quien las solicitó. En resumen, el dinero saldrá de los bolsillos del contribuyente. En estos casos, las empresas promotoras nunca pierden.

Sorogoyen y los caballos de As bestas

Los argumentos que usarán las plataformas de afectados y los grupos ecologistas para sostener sus demandas son muy diversos y difícilmente generalizables. Desde defectos de forma y fraudes de ley, hasta la necesidad de proteger animales en peligro de extinción o caminos medievales que llevan a Santiago de Compostela. Sorogoyen no solo visibilizó un clamor social, sino que puso un buen ejemplo en su intervención en los Goya: las manadas de caballos salvajes de los montes de Sabucedo. De allí, precisamente, es de donde salieron las bestas que protagonizan su filme. En estas colinas de la provincia de Pontevedra, viven libremente alrededor de 400 caballos que solo entran en contacto con personas durante apenas una semana. Cuando es la Rapa das Bestas. Una fiesta popular en la que vecinos y vecinas bajan a la manada al pueblo para desparasitar a los animales, cortarles las crines y, en el caso de los nuevos potros, microchiparlos. Pues justo en esos montes donde pacen, la Xunta ha dado el visto bueno ambiental a dos nuevos parques eólicos con once aerogeneradores de más de 150 metros cada uno. Alguno de esos molinos en medio y medio de la ruta por donde bajan los caballos al pueblo.

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Al fondo, parque eólico en la Serra do Larouco. Pablo Santiago
El parque eólico proyectado en la Serra do Oribio lleva consigo una línea de alta tensión que sobrevuela el Camino Francés. “Esto tiene una relevancia trascendental en las potencialidades turísticas de zonas gallegas que están en vías de despoblación”, señala Rodríguez

“Nosotros agotaremos todas las vías posibles para luchar contra esta barbaridad. También la judicial, por supuesto”, defiende Paulo Vicente Monteagudo, presidente de la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, colectivo dedicado exclusivamente al cuidado de los équidos. Esta forma de vida de los caballos salvajes gallegos no solo es excepcional en el contexto europeo, también es fundamental para la conservación de otras muchas especies que viven en la zona. Y está en peligro: en cincuenta años la población de caballo salvaje en Galicia ha pasado de 22.000 a 10.000. “Preserva los matorrales y los brezales húmedos y secos de la zona, hábitats protegidos por su altísima capacidad para captar CO2”, denuncian desde Sabucedo. Pero a los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente les parece compatible la convivencia. Así lo reflejan en los informes de los dos parques proyectados. En Campo das Rosas, de Naturgy, y el Touriñán III-2, de Greenalia. En el consejo de administración de esta última empresa, por cierto, se sienta Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente durante uno de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. “Emiten esas autorizaciones porque desconocen el modo de vida de estos caballos. El ruido los puede desorientar e interceder en sus rutas. Por no hablar de la pérdida de pastos y espacio efectivo de su hábitat”, incide el presidente de la asociación. Pero los caballos solo son una especie más de las decenas afectadas.

Un cementerio para aves

El impacto que tienen las plantas eólicas en los lugares donde se emplazan no se limita a los enormes aerogeneradores. Todos estos proyectos llevan consigo infraestructuras asociadas que ocupan, en su conjunto, mucho más espacio que los molinos en sí. Hablamos de subestaciones eléctricas, kilómetros de tendidos eléctricos con sus apoyos y muchos más kilómetros aún de pistas de acceso para vehículos pesados. “Las afecciones más importantes son las miles de muertes de aves y murciélagos por colisión y por electrocución con las aspas y las líneas eléctricas que sirven para evacuar la energía”, detalla Nicolás López Jiménez, biólogo de Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y autor principal del Libro Rojo de las Aves de España, el manual de referencia para la conservación de especies vulnerables en el Estado español.

Según la bibliografía y los estudios publicados hasta el momento, es complicado aproximarse al impacto real “ya que existe una gran falta de transparencia en los seguimientos del impacto por parte de las compañías y las administraciones”, explican desde SEO BirdLife. Además, en muchas ocasiones la metodología empleada “no es la adecuada”. En cualquier caso, pequeñas tasas de mortalidad pueden ser críticas para especies amenazadas o con productividades muy bajas. En este contexto, en España podrían morir entre 19.000 y un millón de aves por año al colisionar con los aerogeneradores. Algunos ejemplos pueden dar una idea de que la magnitud del problema puede ser muy superior. Desde SEO BirdLife sacan a colación un caso significativo bien documentado. En un núcleo poblacional de 60-70 parejas nidificantes de águila real (Aquila chrysaetos) en California (EE UU), con presencia de numerosos polígonos de energía eólica, se registró la muerte de 30-40 ejemplares de la especie cada año. Allí, los aerogeneradores causaron el 42% de las muertes totales de las águilas reales. Una especie, esta, que se encuentra en peligro de extinción en el Estado español y, especialmente, en Galicia.

La dimensión del patrimonio cultural

La lista de especies animales y vegetales que se ven perjudicadas por el agravio que este tipo de macroproyectos produce en sus hábitats es extensa y muy difícil de condensar en un solo texto: murciélagos, insectos, hongos, minas de aguas, pastos, brezales, espacios forestales… Cada una tiene sus afecciones concretas y sus consecuencias específicas. Pero las repercusiones no son solo estrictamente ambientales. También influyen en el patrimonio. “La afectación más clara en Galicia es al Camino de Santiago. Hay muchos proyectos que o transita el camino por el medio de los polígonos eólicos o están muy próximos”, añade la secretaria técnica de Adega, Belén Rodríguez. El Camino es, además, Patrimonio de la Humanidad y Bien de Interés Cultural. Es decir, las máximas figuras de protección patrimonial emitidas en territorio europeo.

El parque eólico proyectado en la Serra do Oribio (Lugo), por ejemplo, lleva consigo una línea de alta tensión que sobrevuela el Camino Francés. “Esto tiene una relevancia trascendental en las potencialidades turísticas de zonas gallegas que están en vías de despoblación y que tienen en estos bienes una oportunidad para fijar personas en el territorio”, argumenta Rodrígue parque eólico proyectado en la Serra do Oribio (Lugo), por ejemplo, lleva consigo una línea de alta tensión que sobrevuela el Camino Francés. “Esto tiene una relevancia trascendental en las potencialidades turísticas de zonas gallegas que están en vías de despoblación y que tienen en estos bienes una oportunidad para fijar personas en el territorio”, argumenta Rodríguez.

Los ejemplos son extensos también en el caso del patrimonio: la muralla de Lugo, monasterios por las montañas orientales, muros de piedra seca declarados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad… Y quizás sea más interesante todavía reflexionar sobre todo el patrimonio arqueológico de los montes gallegos que no se ha prospectado. “Los castros, las mámoas, los túmulos, las cuevas… Hablamos de un patrimonio que todavía ni está inventariado. Hay muchos yacimientos que se sabe donde están pero que no se han documentado todavía y, por lo tanto, no tienen un reconocimiento oficial por parte de la Xunta de Galicia”, remata la experta en proyectos eólicos de Adega.

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