Francia
Vanessa Codaccioni: "Musulmanes y activistas en Francia viven bajo un estado de emergencia permanente"

Dos años después de los atentados del 13 de noviembre en París, Francia se ha erigido en un modelo de la lucha antiterrorista en Europa. Esa misma noche, el entonces presidente François Hollande decretó la aplicación del estado de emergencia. Aprobado inicialmente para que solo durara doce días, este dispositivo de seguridad excepcional ha estado en vigor hasta el 1 de noviembre de este año. El Ejecutivo centrista de Emmanuel Macron decidió levantarlo. Pero a cambio aprobó una nueva ley antiterrorista que introduce en el derecho ordinario numerosas competencias del estado de emergencia, como el hecho de detener personas a domicilio y realizar requerimientos administrativas sin la necesidad de que estas medidas sean impulsadas por un juez.

La politóloga francesa Vanessa Codaccioni, experta en la justicia de excepción y la represión política, analiza para El Salto el contenido de la nueva ley antiterrorista y la manera en que puede ser utilizada para reprimir a los movimientos sociales. Autora de obras como Justice d’exception o Punir les opposants. PCF et procès politiques (1947-1962), Codaccioni se muestra especialmente crítica con la ineficacia del estado de emergencia para combatir el terrorismo y la banalización de la deriva securitaria de la Administración francesa.

“El Gobierno francés está invisibilizando la seguridad de excepción”, denuncia esta profesora de la Universidad París VIII durante la conversación que compartió con este periodista en un café de París, el mismo día en el que se cumplían dos años de los atentados del Bataclan, que provocaron la muerte de 130 personas a manos de un comando del Estado Islámico.

Con la aprobación de la nueva ley antiterrorista, ¿se ha implantado en Francia un estado de emergencia permanente?
No me gusta la expresión de estado de emergencia permanente. El primer motivo es que este dispositivo de seguridad, como cualquier estado de excepción, es una excepción dirigida. Solo afecta a una parte de la población: los musulmanes y los activistas. Son ellos los que viven bajo un estado de emergencia permanente. Se trata de un dispositivo discriminatorio y esto hace que la mayoría de la población sea favorable a él. El segundo motivo es que ya no nos encontramos bajo el estado de emergencia. Ahora estamos en un estado de derecho cada vez más corroído, diezmado desde el interior por una serie de medidas de seguridad excepcionales.

Pero con la nueva ley antiterrorista se ha reforzado el control del poder judicial respecto a algunas medidas de seguridad, como los requerimientos administrativos.
Sí, es cierto que ahora hará falta que un juez autorice los requerimientos administrativos. Pero será un juez de libertades. ¿Y qué juez no autorizará una orden administrativa cuando la policía le advierta de que un individuo es potencialmente peligroso y que podría cometer un atentado? Además, dispondrán de poco tiempo para tomar esta decisión. Estos jueces estarán sometidos a un engranaje que les impedirá actuar con independencia. Sí que ha habrá un poco más de control, pero será solo aparente.

Como ya sucedió con el estado de emergencia, ¿considera que la nueva ley antiterrorista reforzará el poder administrativo en perjuicio del judicial? ¿Por qué?
Con la lucha antiterrorista, se está sustituyendo en Francia la autoridad judicial por la administrativa. Es decir, ya no estamos en un modelo de justicia de excepción judicial en que el juez tenía un rol central en la represión antiterrorista a través de los procesos y los procedimientos judiciales. Ahora hemos pasado a una justicia de excepción policial y administrativa. Son los policías los que deciden actualmente las personas que detendrán a domicilio y los documentos que serán requisados. En el caso de la nueva ley antiterrorista, esta permite a los prefectos —los delegados del Gobierno en las regiones— decidir si cierran mezquitas, implantan un perímetro de seguridad para determinados actos o refuerzan los controles de identidad en las zonas fronterizas o en los aeropuertos y estaciones internacionales. En todas estas decisiones, el juez no intervendrá.

Además de combatir el yihadismo, ¿la nueva ley antiterrorista servirá para otras cuestiones, como frenar la llegada de inmigrantes?
Es bastante probable que esta sirva para hacer frente a la llegada de inmigrantes, por ejemplo, a través del refuerzo de los controles de identidad en las fronteras. Pero lo más flagrante de todo es que este dispositivo será utilizado en contra de activistas políticos. En particular, en contra de los grupos que califican de ultraizquierda, es decir, los militantes autónomos, los anarquistas, los libertarios, los que participan en las ZAD… Esto ya sucedió con el estado de emergencia. Unas semanas después del 13 de noviembre de 2015 tuvo lugar la Conferencia del Clima de París (COP21), y entonces se detuvo a activistas ecologistas a domicilio y se prohibió a algunos de ellos que se manifestaran.

En Europa hay una tendencia actual que consiste en tratar los movimientos de extrema izquierda como si fueran una amenaza terrorista

¿Pero qué le hace pensar que esta situación se volverá a repetir? Ahora Francia ya no parece estar sometida a una amenaza terrorista excepcional, como en 2015…
A lo largo de la historia en Francia, todas las medidas para luchar contra el terrorismo han sido utilizadas contra militantes políticos. Durante la Guerra de Argelia (1954-62), se aprobaron medidas de excepción para hacer frente a las OAS, los grupos paramilitares de extrema derecha partidarios de que Argelia continuara siendo una colonia francesa. Unos años más tarde, estas mismas medidas fueron utilizadas contra los militantes comunistas y los del mayo del 68.

Pero el uso de medidas antiterroristas contra activistas políticos no es una especificidad francesa. En Europa hay una tendencia actual que consiste en tratar los movimientos de extrema izquierda como si fueran una amenaza terrorista. Todas las grandes manifestaciones que se han producido en el continente europeo (como sucedió en julio con las protestas contra el G20 de Hamburgo) han sido tratadas casi como una amenaza terrorista.

Además de los activistas de la izquierda alternativa, la comunidad musulmana también ha sufrido vulneraciones de derechos civiles a causa del estado de emergencia…
Sí, ha habido un gran número de familias musulmanas a las que se ha traumatizado, ya que han sufrido requerimientos administrativos o algunos de sus miembros han sido detenidos a domicilio. Algunos individuos fueron detenidos porque llevaban una barba larga, habían leído un libro que podía incitar al odio… Actualmente, el estado de emergencia representa la presunción de culpabilidad. Ha habido muchas derivas, algunas de ellas alucinantes. Me parece que los gobernantes no saben exactamente lo que están haciendo. En lugar de proteger a los franceses, están creando nuevas fracturas y un mayor resentimiento.

Además, el antiterrorismo contemporáneo, que es preventivo, ha pasado de castigar a los autores de un atentado a reprimir la intención de cometer un atentado. Esto en parte es comprensible, debido a la mortalidad de los ataques terroristas. Pero obliga a reprimir a individuos potencialmente dispuestos a cometer un atentado, lo que comporta el riesgo de que se repriman ideologías, discursos políticos… Y deja la puerta abierta a numerosas derivas, ya que la prueba material se ha debilitado y se puede inculpar a una persona por la simple sospecha.

De hecho, Aministía Internacional aseguró en un informe que 2016 fue un año “catastrófico” respecto a la vulneración de libertades y derechos civiles en Francia a causa del estado de emergencia. ¿Estas violaciones se han repetido durante este último año?
Ha habido menos abusos en el caso de los activistas políticos, pero ha continuado habiendo personas a las que se les ha prohibido que se manifestaran. Por ejemplo, a algunos activistas de izquierdas en Rennes (Bretaña), implicados en la lucha anticapitalista, se les prohibió en septiembre participar en las manifestaciones contra la reforma laboral de Emmanuel Macron.

A pesar de la represión sufrida por los activistas de izquierdas, la nueva ley antiterrorista, como antes el estado de emergencia, genera un escaso rechazo entre la mayoría de franceses. ¿Cómo lo explica?
El primer motivo es que la mayoría de los franceses y las francesas tienen miedo de que haya un atentado. Es una evidencia. El segundo es que hay una ausencia de pedagogía política. Muchos franceses y francesas piensan que el estado de emergencia ha sido eficaz y hay que preservarlo. El tercero es que la mayoría de la gente piensa que no les afectará a ellos, ya que no son ni terroristas yihadistas ni musulmanes. Es el famoso "no tengo nada que reprocharme". No obstante, lo que nos muestran las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA y el espionaje norteamericano es que estamos frente a un antiterrorismo intrusivo que se infiltra en ordenadores privados, conversaciones telefónicas personales…, lo que demuestra que cualquier persona puede verse afectada por las medidas antiterroristas.

¿Las medidas de seguridad excepcionales, como las detenciones a domicilio y los requerimientos administrativos, han resultado eficaces para combatir el terrorismo?
Para saber si son eficaces o no debemos fijarnos en las medidas que se han adoptado y si estas han servido para evitar atentados. Durante los dos últimos años se han evitado 30 intentos de atentados. Esto es muchísimo. Pero la mayoría de ellos han sido desmantelados gracias a los procedimientos judiciales normales, no gracias a las medidas excepcionales del estado de emergencia. Desde noviembre de 2015 ha habido más de 4.000 requerimientos administrativos y más de 500 detenciones a domicilio. Pero a partir de todos las requerimientos administrativos solo se han iniciado entre cinco y diez procesos judiciales. Esto demuestra la ineficacia del estado de emergencia. El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, presentó hace unos días el balance del estado de emergencia y en ningún momento habló de los procesos judiciales, ya que sabe que esta cifra es demasiado pequeña. Además, por desgracia, el estado de emergencia no sirvió para evitar grandes atentados, como el de Niza. 

Pese a la ineficacia del estado de emergencia, usted ha asegurado anteriormente que hay un consenso en la clase política francesa, tanto en la derecha como la izquierda, sobre la ineficacia de combatir el terrorismo a través del derecho ordinario. ¿Cómo lo explica?
La primera razón es que el terrorismo ha cambiado de naturaleza. Ahora, este dispone de una capacidad mortífera inédita. Ya había habido atentados terroristas antes en Francia, pero no con el nivel actual. Esta violencia excepcional viene acompañada de medidas excepcionales. La segunda razón es el cambio de mentalidad de la izquierda, en particular del Partido Socialista. Históricamente, la izquierda se había opuesto a la justicia de excepción. Pero a partir de los años noventa, los socialistas aceptaron que hacía falta una mayor seguridad y más orden. Esto hace que ahora haya políticos que provienen de la izquierda, como es el caso del ex primer ministro Manuel Valls, que defienden las mismas medidas represivas que la derecha.

La tercera es por motivos electoralistas. Los franceses están a favor de que se aprueben medidas severas y los políticos las aprueban. Después del 13 de noviembre de 2015, la derecha y la izquierda impulsaron las mismas medidas. Las prolongaciones del estado de emergencia fueron votadas en una Asamblea Nacional vacía. De los 577 diputados, sólo se opusieron una decena. Lo que muestra bien este consenso.

El estado de emergencia estaba pensado para que durara doce días y al final ha durado casi dos años. Pero la verdadera banalización se encuentra en la nueva ley antiterrorista, ya que esta adopta medidas de seguridad excepcionales y las introduce en el derecho ordinario

En artículos publicados anteriormente, usted denunció la banalización de la excepción que comportaba el hecho de que se hubiera prolongado el estado de emergencia hasta seis veces. ¿Con la aprobación de la nueva ley antiterrorista, se favorece esta banalización?
Completamente. Es un ejemplo paradigmático de la banalización de la excepción. ¿Qué significa banalizar la excepción? Significa permitir que unas medidas de seguridad extraordinarias perduren en el tiempo y se conviertan en ordinarias. El estado de emergencia estaba pensado para que durara doce días y al final ha durado casi dos años. Pero la verdadera banalización se encuentra en la nueva ley antiterrorista, ya que esta adopta medidas de seguridad excepcionales y las introduce en el derecho ordinario. Esto hará que duren eternamente. El Gobierno francés está invisibilizando la seguridad de excepción.

Antes de aplicar el estado de emergencia, el Gobierno francés transmitía una cierta sensación de impotencia ante la amenaza yihadista. ¿Este ya disponía de los mecanismos legales suficientes para hacer frente al Estado Islámico?
Antes de los atentados del 13 de noviembre de 2015, Francia ya disponía de un aparato legislativo extremadamente potente para hacer frente al terrorismo, compuesto por más de una veintena de leyes antiterroristas. Francia, como España o Italia, es un país donde se producen atentados desde hace décadas. A finales del siglo XIX, ya había atentados anarquistas. Entonces se creó el delito de asociación criminal, uno de los más inculpados actualmente. Luego, Francia desarrolló buena parte de su aparato legislativo antiterrorista durante los años ochenta. A partir de los atentados de 2012 de Mohamed Merah, este fue reforzado con la aprobación de nuevas leyes, como la ley sobre la vigilancia, aprobada en el verano de 2015. Francia tiene una de las legislaciones antiterroristas más potentes de Europa.

¿El Estado francés se ha convertido en un referente para los otros países europeos respecto a la lucha antiterrorista?
Sí, Francia se está convirtiendo en un modelo en materia de lucha antiterrorista, lo que es triste para el país que se presenta como el de los derechos humanos. Por ejemplo, el Gobierno belga dudó durante bastante tiempo si seguía el ejemplo del Ejecutivo galo y adoptaba un estado de emergencia. Lo mismo sucedió con otros gobiernos africanos.

Además, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la Unión Europea empezó a homogeneizar las legislaciones antiterroristas. Esto hizo que países en los que no había una gran amenaza terrorista ni la necesidad de aprobar nuevas leyes, como los escandinavos, tuvieran que aprobar nuevas medidas antiterroristas.

Es muy crítica con las medidas adoptadas en Francia para combatir el yihadismo. ¿Pero hay alguna alternativa? ¿Cómo se debería hacer frente al terrorismo?
Primero, deberíamos dejar de aprobar leyes antiterroristas constantemente. Hay que hacer un balance de todas las leyes que han sido votadas desde los años ochenta. Quizás deberíamos suprimir algunas de ellas, por ejemplo, la ley sobre la vigilancia de 2015. Luego, deberíamos escuchar a los jueces, los policías, los agentes de los servicios de inteligencia… Estos no nos dicen que necesitan nuevas leyes, sino más tiempo, dinero y recursos humanos. Lo que hay que hacer es reclutar a más jueces o agentes de inteligencia y que estos dispongan de mejores condiciones de trabajo. Si escuchamos a los policías, estos dicen que están exhaustos y que no disponen de medios suficientes.

Lo que me parece inédito en el caso de Catalunya es el encarcelamiento del Gobierno catalán. Estamos ante el intento de endurecer un régimen que puede desembocar en uno nuevo más autoritario, que se caracterizará por encarcelar a los opositores políticos

Como experta de la justicia de excepción, ¿qué le parece la situación actual en España, donde el independentismo catalán ha sido reprimido como si fuera casi una amenaza terrorista?
No me parece una situación tan sorprendente, ya que la integridad del territorio nacional siempre ha sido considerada por los Estados como un valor central, que hay que proteger. Cuando una región quiere separarse de un territorio nacional, siempre suele ser reprimida con dureza. Por ejemplo, los independentistas de Córcega siempre fueron tratados como terroristas. Todavía en la actualidad los independentistas y los autonomistas corsos —cuyo brazo armado, el FLNC, abandonó las armas en 2014— son tratados como terroristas islamistas. Lo que me parece inédito en el caso de Catalunya es el encarcelamiento del Gobierno catalán. En la historia reciente de Francia, no hay el equivalente de encontrar autoridades políticas encarceladas con esta celeridad. Estamos ante el intento del endurecimiento de un régimen que puede desembocar en uno nuevo más autoritario, que se caracterizará por encarcelar a los opositores políticos.

¿Considera que la deriva securitaria actual en Europa, favorece que se banalice y normalice la violencia policial y la represión política que está habiendo en España?
El problema del antiterrorismo es que habitúa a la gente y también a los agentes de policía, que se sienten más autorizados para actuar violentamente, ya que las medidas antiterroristas les dan un mayor poder. Hay una banalización exacerbada de la violencia policial, judicial y carcelaria. Esta violencia siempre ha existido. Pero ahora nos dirigimos hacia un modelo cada vez más represivo, ya que hay una uniformización de la manera de pensar y militar. Cuando uno no respete el sistema dominante, será reprimido.