Fronteras
“El sistema al que se somete a las personas migrantes impide que se sientan clase”

Las aristas de eso que llamamos “fenómenos migratorios” son numerosísimas. A pesar de ello, los medios de comunicación a menudo se obstinan en enfocar la situación únicamente desde el plano institucional: las declaraciones de los políticos profesionales, los debates parlamentarios, las leyes finalmente aprobadas. Si bien se trata de una componente fundamental para entender cómo reaccionan los Estados a la llegada de personas de otras partes del mundo, la legislación vigente no regula realmente infinidad de aspectos de las vidas migrantes, ni de quienes ejercen violencias contra ellas —cuerpos policiales y militares, principalmente—, ni tampoco de quienes están a su lado, solidariamente, dándoles apoyo material, legal, psicológico y político.

Esa restricción en la mirada hacia las migraciones resulta especialmente cierta en el caso de Italia. Su posición central en el Mediterráneo, su cercanía a los Balcanes y la enorme riqueza acumulada en las regiones del norte son elementos que hacen del país transalpino un punto caliente de los flujos migratorios europeos, ya sea como destino último que como territorio de paso. Las primeras grandes oleadas de inmigración externa se produjeron en los años 90 y provenían principalmente de los Balcanes y Europa del Este, mientras que actualmente los flujos, empujados por las crisis ecológica y postcolonial, proceden sobre todo de África y Asia.

La creación de los primeros CIEs a finales del pasado siglo y su continuo desarrollo, la posibilidad de expulsar del país a migrantes comunitarios, los acuerdos con la mal llamada «guardia costera libia», el hostigamiento a los barcos de salvamento humanitario o la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes son elementos que han marcado la política italiana de las últimas décadas, en las que «los inmigrantes» se han convertido en sujeto político-mediático de primera línea —como en casi toda Europa—, esencial en las campañas electorales y uno de los principales objetivos de la represión estatal.

En este contexto hemos querido hablar con dos personas, Mario y Antonio, que desde hace muchos años dedican gran parte de su tiempo, laboral y militante, a cuestiones migratorias, llevando a cabo un doble trabajo. Por un lado, entender cómo se mueven las personas migrantes y la contraparte estatal en Italia y en Europa y, por el otro, apoyar a las primeras durante su viaje o en los sistemas de “acogida” italianos. Un enfoque desde abajo que creemos necesario en cualquier análisis que pretenda realmente comprender la complejidad de lo que ocurre.

No podemos evitar empezar preguntando por el gobierno Meloni, ¿en qué ámbitos habéis notado mayores cambios en la gestión gubernamental?
Mario: Una de las cosas que me parecen más relevantes de los últimos años es cómo se ha acogido a la población ucraniana en Italia y Europa tras la escalada del conflicto. Solo aquella exenta del servicio militar obligatorio, claro, porque la mayor parte de hombres ucranianos no tienen la posibilidad de salir de Ucrania. Italia ha acogido a mujeres, niños y niñas principalmente, mientras que los hombres que desertan —y esto lo hemos visto con nuestros propios ojos en las fronteras con Rumanía y Hungría— escapan a través de las fronteras exactamente igual que los migrantes “ilegales”.

La medida de cuánto se criminalizan las migraciones desde determinados países la da lo mucho que se criminaliza a quienes intenta ayudar a las personas que vienen de esos países

Ese canal humanitario que se ha abierto para Ucrania me ha recordado al que se abrió en 2015 en Italia, cuando la guerra en Siria y las crisis en Iraq y Afganistán empujaron a miles de personas hacia Europa. En septiembre de aquel año moría Aylan Kurdi, el niño de tres años cuyo cuerpo llegó a la playa de Bodrum, en Turquía, con aquella foto tan famosa. Tras ese suceso, Angela Merkel declaró ante la UE que había que hacer algo, “abrir las fronteras”. El pasaje a través de la ruta balcánica se intensificó, a pesar de su hipermilitarización. Existía una cierta “tutela” de las personas en tránsito provenientes de Iraq, Afganistán y Siria. Hacia las demás, las distintas policías ejercían la violencia de siempre, para evitar o dificultar su paso. Muchas de las organizaciones que trabajan hoy en día en los Balcanes nacieron en aquellos meses, precisamente por el enorme flujo de personas que había. Duró poco. En 2016 se firma el acuerdo con Turquía, cinco o seis mil millones de euros para que creasen campos de refugiados y forzasen a las personas a no seguir adelante.

Lo que vi en la frontera con Ucrania en 2022 me recordó mucho a aquel 2015, con una diferencia importante: la enorme campaña mediática con la que se incitaba a la población ucraniana no sometida al servicio militar a escapar de su país, a emigrar hacia hacia Italia, hacia Europa occidental. En todas las estaciones de trenes de Ucrania se veían carteles que informaban que para los ciudadanos ucranianos todos los trenes europeos eran gratis, que podían elegir el país al que querían emigrar, creándose posteriormente corredores con personas voluntarias y organizaciones que se encargaban del transporte. En 2022 nosotras estábamos en un pueblecito húngaro al que llegaban furgonetas y autocares italianos que recogían a las personas ucranianas que acababan de cruzar la frontera y se volvían a Italia. El gobierno Meloni creó además un permiso de residencia especial para esos inmigrantes ucranianos, es decir, personas no europeas que escapaban de una guerra; al mismo tiempo que expulsaban con las devoluciones en caliente a otras tantas personas no europeas que también escapaban de otras guerras. No solo en las fronteras italianas, sino también en las mismas fronteras ucranianas, porque hasta antes del inicio de la invasión rusa se estaba convirtiendo en la nueva ruta migratoria desde Asia, a través de Rumanía y Hungría.

Creo que es importante analizar cómo, política y mediáticamente, se ha inducido a las poblaciones europeas a ser solidarias, a acoger, incluso a ir ellas mismas a buscar a la población ucraniana que cruzaba la frontera, mientras que para todos los demás países de proveniencia, los distintos gobiernos siguen criminalizando a quienes ayudan a las personas en tránsito, intentando disuadir de la solidaridad. La medida de cuánto se criminalizan las migraciones desde determinados países la da lo mucho que se criminaliza a quienes intenta ayudar a las personas que vienen de esos países. En el caso ucraniano esto resulta evidente.

No es que se niegue el derecho de asilo, cosa que solo puede ocurrir al final del proceso burocrático tras la evaluación de una comisión, sino que se niega la posibilidad de solicitar el asilo

Cuéntanos más sobre esa criminalización de la solidaridad.
Mario: Es algo sistemático, con algunos casos bastante famosos, como el de Mimmo Lucano o los barcos de rescate humanitario o, aquí en Italia, el caso de Trieste, donde la policía denunció a dos personas ancianas que ayudan cotidianamente a las personas en tránsito. Lo que intentan siempre es sembrar la duda en la opinión pública de que esas personas en realidad no ayudan porque sean solidarias, sino porque intentan sacar tajada. Las acusaciones van siempre por ahí: «Vais de izquierdosos que quieren salvar a las personas, pero en realidad estáis sacando pasta de los fondos públicos o de las donaciones». Y luego, claro, resulta dificilísimo desmontar la infamia, contar que la solidaridad es real. Entre otras cosas, porque no hay espacio para la réplica.

Estos ataques paralegales apuntalan un potentísimo sistema de disuasión. Más que criminalizar, lo que se hace es quitarle las ganas a cualquiera que quiera solidarizarse con esas personas, porque si lo haces te pueden atacar, legal y mediáticamente. Ni siquiera hace falta que llegue el castigo penal. Cuando, años después, los juicios quedan en nada, el daño ya está hecho.

Salvini contra Lucano

Sarah Babiker

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Italia

Salvini contra Lucano

Sarah Babiker

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Mientras Salvini celebra la detención de Lucano, la ola de solidaridad con el alcalde se extiende por Italia.

A pesar de todo, la solidaridad continúa.
Mario: Sí, y va mucho más allá de la solidaridad en las fronteras, que naturalmente son un punto caliente para las organizaciones que trabajan desde abajo. Un caso que para mi es emblemático y menos conocido es el de la Rete Milano [Red Milán], que nace para echarle una mano a la gente que vive fuera de la estación de trenes, gente que queda fuera tanto del sistema de acogida como de los albergues para personas sin hogar. Hasta hace unos años, los flujos migratorios que pasaban por Milán continuaban hacia Como y luego Suiza, o hacia Francia, y cuando en 2017 empiezan a restringirse, muchas personas se quedan bloqueadas en la ciudad.

La Rete Milano nace durante los primeros confinamientos de 2020, y lo que la caracteriza desde entonces es que no ha mantenido un perfil bajo a nivel mediático —como ocurre en muchos casos de grupos solidarios—, sino que ha hecho de contar a qué se dedican un punto de fuerza para luchar contra la criminalización. No quieren esconderse, sino explicar con todo lujo de detalles cómo ayudan a las personas en tránsito, porque creen inaceptable que en la rica Milán haya cientos de personas, sobre todo menores, durmiendo en la calle aun teniendo formalmente derecho a una cama, un techo, una acogida temporal.

¿Qué ha cambiado en el sistema de acogida institucional con la llegada del gobierno Meloni?
Mario: Igual que en otros ámbitos, las tendencias de mucho antes, pero sí podemos identificar dos dinámicas relacionadas entre sí de las que el nuevo gobierno es claramente responsable. Por un lado, no llevar a cabo los desplazamientos que marca la ley desde regiones de frontera como Friuli-Venecia Julia [única entrada en Italia desde la ruta balcánica, N. del T.], desde donde las personas migrantes que acaban de llegar deberían ser “distribuidas” en otras zonas de Italia, en función de varios factores. Esto provoca que cientos de personas se “acumulen” en ciudades como Trieste, viviendo en la calle, sin poder disfrutar de los derechos que la misma ley les reconoce.

Por otro lado, de un tiempo a esta parte las cuesturas [delegaciones del gobierno con competencias policiales, N. del T.] están dificultando de forma sistemática el acceso de las personas migrantes a sus oficinas, donde deben acudir para iniciar la solicitud de asilo. Como contaba un reportaje de Altreconomia, esta práctica de obstaculización se está llevando a cabo por toda Italia. No es que se niegue el derecho de asilo —cosa que solo puede ocurrir al final del proceso burocrático tras la evaluación de una comisión—, sino que se niega la posibilidad de solicitar el asilo. Así las cuesturas contribuyen a aumentar el número de personas en situación administrativa irregular, a pesar de que lo que quieran esas personas sea, precisamente, regularizarse. Tenemos pues un derecho formalmente existente, pero completamente erosionado en la práctica. En una cuestura de Milán la policía llegó a cargar contra las personas que hacían cola desde las dos de la madrugada del día anterior. En muchos lugares, la gente tiene que acampar delante de las cuesturas, porque cuando abren, les dicen, por ejemplo: «Sí, podéis pasar, pero hoy solo cuatro o cinco», de forma completamente arbitraria. Y a lo mejor hay treinta personas esperando.

Pero la cosa no acaba ahí. Cuando finalmente una persona consigue entrar en la cuestura, recibe una «invitación» para volver más adelante y hacer la auténtica solicitud. Un absurdo burocrático que utilizan para dificultar aún más el proceso. Se trata de una formalidad que debería ser casi inmediata, cuestión de días, y en cambio ocurre que la gente tiene que esperar tres, seis, nueve meses… ¿Y dónde vas durante ese tiempo? No tienes derecho a la acogida oficial y tampoco puedes trabajar legalmente.

Vista la generalización de estas prácticas, nos parece evidente que existen órdenes desde arriba. La Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigraciones (ASGI) organizó una class action junto con grupos de distintos territorios, pidiendo a las personas migrantes afectadas que se constituyeran como parte perjudicada, llegando a demostrar que la policía niega de forma sistemática la posibilidad de expresar la voluntad de pedir asilo. Es algo completamente ilegal. Y el responsable último es el actual gobierno.

Instantáneas de la ruta de los Balcanes

Andrea Gabellone

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Fotografía

Instantáneas de la ruta de los Balcanes

Andrea Gabellone

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El fotoreportero Andrea Gabellone presenta en El Salto su trabajo sobre el campamento de Vucjak y los alrededores de la ciudad de Bihac, en la frontera de Bosnia con Croacia.

Vayamos al otro lado de la frontera. ¿Cómo están afectando las políticas italianas y europeas al tránsito de personas migrantes a través de la ruta balcánica?
Mario: Desde hace años existe un evidente intento de controlar lo que ocurre en los territorios colindantes con la Unión Europea. Una forma de hacerlo ha sido financiar «campos de confinamiento» como el de Lipa en Bosnia.

¿Qué interés concreto tienen Italia y la Unión Europea en financiar ese tipo de campos?
Mario: Según las declaraciones oficiales, se trata solo de una cuestión humanitaria: las personas en tránsito necesitan un lugar donde dormir y comer. Por otro lado, en estos campos se incentiva de alguna forma a solicitar asilo, igual que ocurre cuando se las detiene durante su viaje hacia Europa occidental. Muchas personas acceden a iniciar ese proceso, porque eso les permite moverse por el territorio con una situación administrativa regular. Al final, poquísimos solicitantes llegan al final del proceso —porque prefieren intentar llegar a los países occidentales—, y son aún menos los que acaban recibiendo una respuesta positiva.

Se trata de una dinámica sutil que forma parte de ese sistema de disuasión del que hablaba. Italia y Europa financian estos campos donde teóricamente se “acoge” a las personas migrantes, aun sabiendo que esa acogida es totalmente ficticia y que lo único que hace es retrasar su paso y aumentar su sufrimiento. Por otro lado, es completamente real el otro objetivo de esa financiación, que puede leerse en la entrada de cualquier campo de los Balcanes: “Esta financiación europea para Bosnia-Herzegovina está dedicada a la gestión del campo y al control de fronteras”. Ahí entran en juego Frontex y todas las donaciones a las policías de frontera, con las que se dotan de medios, como las lanchas que utilizan para vigilar el río Drina (donde acaban muriendo muchas personas). Todo esto forma parte de ese sistema de disuasión.

La nueva Comisión Europea triplica su apuesta de militarización de las fronteras

Pablo Elorduy

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Fronteras

Fronteras La nueva Comisión Europea triplica su apuesta de militarización de las fronteras

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La presidenta de la Comisión Europea anuncia un nuevo impulso para el Frontex y la creación de una cartera para las relaciones con los países del Mediterráneo.

Antonio: Añadiría que esa dimensión humanitaria de la financiación europea existe prácticamente solo cuando se trata de asistir a las personas fuera de las fronteras europeas. Lipa nace siguiendo esa línea, además de para desbloquear un contexto muy complejo desde el punto de vista local. Todo el cantón bosnio de Una-Sana era un lío institucional, nadie sabía cómo gestionar la situación.

¿Se podría decir que campos como el de Lipa, por un lado legitiman a los gobiernos a vender un discurso humanitario y, por el otro, intentar bloquear los flujos migratorios formando parte de ese “sistema de disuasión”?
Antonio: En parte sí, pero “disuasión” en este caso no significa que intenten bloquear los flujos —algo en cualquier caso imposible de llevar a cabo—, sino que crean situaciones cada vez peores, con campos cada vez más lejos de los centros urbanos, aun sabiendo que más pronto que tarde se convertirán en nodo fundamental de la ruta, y que la gente no se parará ahí.

Mario: Otra cuestión relevante es cómo esas financiaciones han sido utilizadas a nivel local, tendrías que haber visto ciertos lugares antes de que llegará el dinero del covid… En Bihać, por ejemplo, con el montón de dinero que les llegó para los campos reformaron también la principal estación de autobuses, que era un cuchitril hasta 2019 y ahora parece arquitectura futurista.

¿Las migraciones son en parte un negocio para la población local?
Mario: Bueno, Bosnia-Herzegovina es un Estado paramafioso… y me cuesta decir «para».

Antonio: Lo que está claro es que ese dinero no se ha repartido. Recuerdo las conversaciones en los bares de Bihać con los jóvenes locales que trabajaban en los campos… En cuanto entendían que eras italiano, te pedían enseguida consejos sobre como llegar a Italia, ese era su objetivo, emanciparse de todo aquello.

Mario: El campo de Lipa lo crearon en marzo de 2020 con fondos de la embajada estadounidense y de la Unión Europea, como campo temporal para el covid, porque había un montón de gente que vivía en ocupaciones informales y a nivel sanitario estaban empezando a cerrarlo todo. Al principio pensaban que sería una cosa temporal, un poco como en todas partes. El 30 de septiembre cierran otro campo cercano, el de Bira, llevando a toda la gente que estaba allí a Lipa. Mucha gente que estaba en ese momento en el game [nombre irónico con el que se conoce el intento de llegar desde la frontera bosnia hasta Italia, N. del T.] y que fueron «devueltos» a Bosnia tenían aún la credencial del campo de Bira. Se lo encuentran cerrado, van a Lipa, pero está lleno, así que se quedan fuera. El 23 de diciembre, «se incendia» el campo de Lipa, sin que se haya llegado a identificar nunca a los responsables. Por ambos motivos, entre octubre de 2020 y febrero de 2021 se produce una explosión de las ocupaciones informales en la zona.

¿Y cómo reacciona la población local a todos esos movimientos?
Mario: En aquel periodo hubo una gran oleada de descontento, llegando a concentrarse miles de personas indignadas ante la sede local de la OIM, la organización internacional para las migraciones asociada a la ONU. Era comprensible, en Bosnia, sobre todo en su parte musulmana, existe un fuerte rechazo hacia la ONU, todavía se acuerdan de cuando los cascos azules entregaban a la gente a los serbios. Así que imagina darles millones de euros a gente vestida de azul —la OIM— para que gestione los campos, diciéndole a la población local: «Tú ahora haces esto y esto, aunque estés en tu casa».

Parece que existe un gran interés por parte de Italia y el resto de países europeos en ocuparse de la gestión de esos campos.
Antonio: Sí. A un gobierno como el italiano le interesa financiarlos porque la parte “humanitaria” les permite decir que están haciendo algo bueno, al mismo tiempo que financian —mucho más— las concertinas, Frontex, los drones, las barcas que vigilan el Drina o a las policías balcánicas que ejercen todo tipo de violencias contra las personas en tránsito.

Hablemos de las devoluciones en caliente o pushbacks. Hace unos años, distintas organizaciones denunciaban la existencia de auténticas “cadenas” de expulsiones ilegales que empezaban en Italia y trasladaban de forma forzada a las personas migrantes de nuevo hasta Bosnia, gracias a acuerdos entre Italia, Eslovenia y Croacia. ¿Cómo han evolucionado esas dinámicas?

Mario: Los pushbacks desde Italia hacia Eslovenia tuvieron un pico en 2020, con el gobierno de Draghi. Luego se produjo una fuerte reducción de estas prácticas, gracias a la histórica sentencia de enero de 2021. En los meses anteriores se había organizado una red de grupos y asociaciones con el objetivo de encontrar a personas que hubiesen sido «devueltas» a Bosnia. Conseguimos recoger pruebas que demostraban cómo estas habían atravesado la frontera con Italia, llegando a Trieste y solicitando asilo a la policía, para «aparecer» días después en Eslovenia, luego en Croacia y finalmente, de nuevo en Bosnia. Luego un abogado de Sarajevo nos ofreció su asistencia legal. Conseguimos finalmente presentar la denuncia ante el Tribunal de Roma, con la consiguiente sentencia de la jueza Silvia Albano [que reconocía la ilegitimidad del acuerdo de «readmisiones» entre Italia y Eslovenia, N. del T.].

La tendencia dominante va en la dirección del “divide y vencerás”, de forma que a los jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes desde pequeños se les dice: “Sois distintos y distintos debéis permanecer: clasificados siguiendo un criterio racista”

Antonio: A nivel de propaganda, los pushbacks volvieron a la palestra con la llegada de Piantedosi [Matteo, actual ministro de Interior], que ha declarado que los no solicitantes de asilo que sean identificados en los pasos fronterizos serán «devueltos». Pero la dinámica ahora es distinta, resulta más difícil demostrar la sistematicidad de las devoluciones porque la «cadena» está más desestructurada. No obstante, las devoluciones desde Italia hacia Eslovenia están volviendo a realizarse, eso es un hecho.

Mario: Además han aumentado la financiación de campos para solicitantes de asilo en Eslovenia y Croacia, que hasta antes de este gobierno prácticamente no existían. Antes en estos países la mayor parte de la gente identificada era expulsada a Bosnia.

Antonio: Pero también es cierto que desde el año pasado Eslovenia ha empezado a negarse a recibir a muchas personas “devueltas” desde Italia. Porque las devoluciones funcionan así: no basta que un país quiera expulsar a las personas inmigrantes, el país donde son «devueltas» tiene que aceptarlas. En estos últimos dos años, en mi opinión, se ha establecido un juego de presiones entre los tres países. En un primer momento, Croacia y Eslovenia empezaron a identificar a todas las personas migrantes en tránsito, pero dejándolas pasar. Les daban el 7-day paper, que prácticamente decía que tenían que salir del país antes de una semana, pero sin especificar a través de qué frontera. Así que la gente seguía hacia el noroeste, llegando incluso a coger autocares para llegar a Italia, algo totalmente impensable hasta ese momento. Prácticamente se anuló el game. Esto ocurrió más o menos hasta la entrada de Croacia en la UE el pasado uno de enero.

Mario: Ahora, en cambio, les toman las huellas dactilares, de forma que cuando llegan a Italia la policía puede demostrar que han estado en Eslovenia y Croacia, y así pueden «devolvérselos».

Todo esto demuestra que la realidad es mucho más compleja que esa férrea retórica del «cierre de fronteras», con la que muchos partidos de derecha y extrema derecha intentan rascar votos.

Antonio: Nadie es capaz de cerrar completamente una frontera. [A Mario] ¿Tú has visto alguna vez una frontera cerrada? [Mario se ríe] Es imposible. Ni siquiera en Melilla, con un muro que ni el de Berlín, se consigue frenar a la gente que quiere pasar. Nadie ha visto nunca una frontera cerrada. Incluso durante el covid en Italia, cuando no se movía ni un alma por la calle, la gente seguía pasando a través de la frontera.

El gobierno de Meloni y los que actúan como ella no pretenden bloquear a las personas migrantes, sino sus derechos. Cuanto más vulnerable sea tu situación, mayor será la capacidad del sistema para chantajearte

Volvamos a territorio italiano. Además de las dinámicas de erosión del derecho de asilo por parte de las autoridades policiales y gubernamentales de las que hablábamos antes, ¿qué otros cambios habéis notado en tiempos recientes?
Mario: Nosotras con la asociación trabajamos desde hace 15 años en colegios e institutos, y últimamente hemos notado una serie de tendencias preocupantes: mayor dificultad para acceder a fondos públicos, mayor reticencia y miedo por parte de la dirección de los centros a organizar cosas con nosotras… Volvemos al sistema de disuasión del que hablamos antes, en este caso en el ámbito de la educación y la cultura. Antes nos abrían las puertas de los centros, nos invitaban a conferencias… Ahora muchos docentes te dicen: «Eh, ya sabes, el director…». O cuando vas a presentar un proyecto para solicitar fondos te dicen: «Si quieres tener alguna posibilidad, es mejor que escondas este tema diciendo que hablarás de otra cosa». La cuestión migratoria se está convirtiendo en un tabú. Estos cambios socioculturales y la llegada de Meloni y los suyos al gobierno son dinámicas paralelas e interrelacionadas. Y es algo que resulta paradójico cuando ves la composición de las clases, con un melting pot increíble. A los institutos no vas a enseñarles a los chavales y chavalas nada que no sepan, simplemente les dices que tienen que poder hablar de estos temas tranquilamente, sin avergonzarse de sus orígenes, sin sentirse guetizados. Porque la tendencia dominante va en la dirección del “divide y vencerás”, de forma que desde pequeños se les dice [a los jóvenes inmigrantes o hijos de inmigrantes]: “Sois distintos y distintos debéis permanecer: clasificados siguiendo un criterio racista”.

¿Cómo interpretáis todos estos cambios en su conjunto? ¿Cuáles creéis que son las motivaciones profundas de ese sistema de disuasión?
Mario: Un viejo profesor de la carrera nos solía decir: “Quitaos de la cabeza la idea de la 'tolerancia cero' hacia la inmigración, no existe tal cosa. Lo que muchos pretenden es que haya cero derechos para las personas migrantes”. El gobierno de Meloni y los que actúan como ella no pretenden bloquear a las personas migrantes, sino sus derechos. Cuanto más vulnerable sea tu situación, mayor será la capacidad del sistema para chantajearte, y más probable será que acabes en los grandes centros de la explotación como Rosarno o Castel Volturno. Se me viene un ejemplo a la cabeza de un campo para temporeros en la frontera entre Serbia y Rumanía, financiado por un exjugador de la NBA. Se encuentra en medio de terrenos agrícolas de una compañía agroindustrial italiana. Prácticamente la totalidad de los temporeros que van a ese campo son de Bangladesh. Llegan, trabajan unos meses y se van. Muchos vienen de trabajar en otras recogidas en el Peloponeso, o como obreros de la construcción en Turquía… Se trata de dinámicas que forman parte de un enorme sistema que incluye el sistema de asilo y acogida. Funciona con una discrecionalidad que individualiza hasta el extremo a las personas migrantes, impidiendo que se sientan clase, que tomen conciencia de tener una condición común.

Cada año llegan a Italia miles de trabajadores con el «Decreto Flujos» [Decreto flussi, procedimiento anual que otorga un permiso de residencia temporal para quienes lleguen a Italia con un contrato de trabajo, N. del T.]. Siempre hay muchas más solicitudes de las que se acaban acogiendo, y la diferencia entre obtenerlo o no puede estar en un detalle menor, pero las consecuencias son enormes. Si no te aceptan, te toca pasar a pie a través de la frontera. Así, dos migrantes en situaciones muy similares acaban, uno, en un campo como temporero —explotado pero con una mínima oportunidad—, y el otro, en la calle como irregular, aun teniendo ambos los mismos derechos formales.

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Antonio: Yo he dejado de distinguir entre la gente que llega «legalmente» con los decreto flujos y quienes lo hacen ilegalmente pasando la frontera a pie. Porque en muchas condiciones límite de esos decretos resulta imposible distinguir entre legal e ilegal, entre corrupto y no corrupto. Y luego no se trata solo de los decretos italianos, también existen “decretos flujos” en otros países. Por ejemplo, sabemos de primera mano que muchísimas personas procedentes de Bangladesh entran en la UE o en países limítrofes con visados conseguidos a través de agencias de trabajo más o menos corruptas. La gente paga para poder acercarse de alguna forma al territorio comunitario.

Mario: Los nepalíes, por ejemplo, tienen siempre Croacia como primer destino.

Antonio: Y la mayor parte de los bengalíes y pakistaníes-panyabíes que llegaron a Italia en 2023 lo hicieron en avión, con visados «legales» para trabajar. Tras su llegada hicieron algún que otro trabajo (no necesariamente por el que habían firmado) y luego se transformaron de nuevo en «ilegales», moviéndose hacia otros países para pedir asilo.

Luego está la cuestión del endeudamiento. Muchas personas que llegan con el «Decreto flujos» se encuentran que el trabajo firmado ya no existe, porque los papeles han tardado demasiado en llegar. Así que tienen que pagar a alguien para que les dé un trabajo en otro lugar. La inmigración irregular cuesta dinero, mucho dinero. Las cuotas de endeudamiento están creciendo exponencialmente. Si quieres evitar la violencia de las fronteras, te toca pagar, y cada vez más. Para hacer un viaje, por ejemplo, de Pakistán a Italia, durante años la gente nos ha contado que pagaba entre 3.000 y 4.000 euros. Ahora el endeudamiento alcanza los 12-18.000 euros. Es el neoliberalismo aplicado a las fronteras: un mecanismo de deuda que te permite llegar a un lugar en que podrás construirte una nueva vida. ¿Y cómo reacciona el Estado italiano a estos mecanismos? Declarando Bangladesh un «país seguro», haciéndole mucho más difícil a esta gente obtener el asilo, ganar tiempo.

¿Ganar tiempo en qué sentido?
Antonio: Es de las cosas más impensables para una persona con pasaporte europeo: el hecho de que cuando llegas a Europa tu vida consiste en ganar tiempo. Solicitas el asilo y mientras tanto ganas tiempo. Si tienes la suerte de que te lo concedan, has ganado cinco años de tiempo. Luego tienes que renovarlo, para lo cual tendrás que demostrar que tienes una cierta «estabilidad»: un trabajo, una casa… Algo para nada sencillo si eres inmigrante. Si aún así lo consigues, has ganado otros cinco años de vida. Pero esto es un porcentaje mínimo de las personas migrantes, a la gran mayoría no se les concede el asilo o no se les renueva, lo cual significa que vuelven a la condición de «migrante cero» como si acabaran de llegar a Europa, y les toca iniciar de nuevo todo el procedimiento.

Me gustaría acabar hablando de las rutas marítimas, de las que llegan muchas más noticias al Estado español respecto a la ruta balcánica. Aunque no se encuentren entre vuestras zonas de actuación más habituales, ¿qué podéis decirnos respecto a cambios derivados de la llegada del gobierno Meloni?
Antonio: Bueno, probablemente lo sabéis ya, pero con los «decretos Salvini» de 2019, cuando gobernaba la coalición entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, se crearon una serie de reglas que, de facto, instauraron el hostigamiento sistemático a los barcos de salvamento humanitario. Una de las prácticas más violentas, que se han intensificado con el gobierno Meloni, consiste en impedir que los barcos de las ONGs desembarquen en el puerto más cercano, obligándolos a hacer muchísimas millas más, con el consiguiente deterioro extra del barco, así como del estado psicofísico de la tripulación y de las personas migrantes que viajan en él.

Una última cuestión de la que se habla poco: la ruta migratoria que podríamos llamar «del Mediterráneo occidental», a través del Mar Jónico, en el sur del país. ¿Cuál es la situación en ese área?
Mario: De un año a esta parte se ha convertido en la ruta principal, está llegando muchísima gente a las costas de Calabria… Desde Líbano, Turquía, directamente a Calabria. Y es verdad que se habla muy poco. Se habló cuando lo de Cutro, claro, porque pasó lo que pasó. Pero muchos sabíamos desde hacía tiempo que mucha gente llegaba por ahí. Y no obstante, cuando oyes hablar de rutas a través del mar, se habla solo de Libia, Túnez, Lampedusa, Sicilia, etc. Es algo que no acabo de explicarme sobre esa ruta: que exista y sea consistente, y que se hable mucho más —para demonizarlas— de la ruta balcánica o de la ruta del Mediterráneo central.

Quizás porque Calabria es un territorio especialmente pobre y deshabitado —y olvidado—, donde además hace falta mucha mano de obra fácilmente explotable para trabajar en el campo.
Mario: Podría ser. Aunque yo creo que… Quizás me equivoque, pero tengo la idea de que la maldad, política y mediática, deja siempre puertas abiertas, muy a su pesar. Como decíamos antes, las fronteras son naturalmente porosas, los Estados saben que jamás podrán cerrarlas del todo, así que bloquean dos o tres puntos de entrada, sabiendo que habrá siempre algún «agujero» en algún sitio por el que la gente acabará pasando. Y de ese agujero no hablan, total, al italiano medio no le importa una mierda, basta que la tele repita continuamente «Mediterráneo-Mediterráneo-Mediterráneo» y al Jónico nadie va a ir a mirar.