Historia
Noventa años del golpe de Estado que provocó una guerra que nunca termina de contarse

“Un estrépito de camiones cargados de fusiles se extendía sobre Madrid, tenso en la noche de verano. Desde varios días antes las organizaciones obreras anunciaban la inminencia del levantamiento fascista, la infiltración enemiga en los cuarteles, el transporte de las municiones. Ahora Marruecos estaba ocupado. A la una de la mañana, el gobierno se había decidido por fin a distribuir armas al pueblo; a las tres, el carnet sindical daba derecho a las armas. Era tiempo: las llamadas telefónicas de las provincias, optimistas de medianoche a dos de la madrugada, comenzaban a no serlo ya”

Así comienza La Esperanza, el libro publicado en 1937 por el escritor francés André Malraux. Se trata de una imagen importante de los hechos que tuvieron lugar hoy hace 90 años. El Gobierno legítimo de la República afrontó en las horas entre el 17 y el 23 de julio un golpe de Estado que desembocaría en la Guerra Civil. Un conflicto atravesado y definido por la expansión del fascismo en Europa, una herida abierta durante más de cuatro décadas para antifascistas como Malraux, quien se negó a que la novela fuera traducida al castellano una vez terminada la guerra.

Lo que explica la novela de Malraux en sus primeras páginas es cómo, por medio de la radio, el Gobierno pudo conocer qué ciudades cayeron y cuáles resistieron. La movilización de las organizaciones obreras (CNT y UGT) y el apoyo de las fuerzas de seguridad leales al régimen consiguieron parar el golpe de Estado encabezado por los mandos militares Emilio Mola, José Sanjurjo, Francisco Franco, Miguel Cabanellas, Gonzalo Queipo de Llano, Manuel Goded y Joaquín Fanjul. El balance final habla de un golpe fallido, un fracaso en el intento de apoderarse de las principales ciudades del país —resistieron Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga—, pero de la introducción de una cuña que, a la larga, sería fatal para las aspiraciones de sostenimiento de la legalidad republicana.

Entre otras ciudades los sublevados tomaron en ese primer golpe la ciudad de Zaragoza, crucial en la distribución territorial del Estado, Sevilla, desde donde Queipo de Llano llevó a cabo una campaña de represión sin parangón en cuanto al nivel de sadismo y Burgos, donde se instaló la Junta de Defensa Nacional de la que emergería Franco como Jefe del Estado pasados dos meses del 18 de julio.

Un golpe programado durante cinco años

La Guerra de España nunca termina de contarse. La fecha inicial del 18 de julio, de la que hoy se cumplen 90 años, es un hito al mismo tiempo crucial y engañoso. La conspiración contra la II República comenzó el mismo 14 de abril de 1931, el día en que se proclamó, en la casa del Conde de Guadalhorce. Un artículo publicado por Fernando Hernández Sánchez y Julián Vadillo en el extinto periódico Diagonal, que se puede consultar hoy en la web de El Salto Diario, explica ese incremento de la presión contra la República que desembocó en el golpe del 18 y 19 de julio.

Esa conspiración, que tomó el asesinato de José Calvo Sotelo como pretexto para el lanzamiento del golpe, llevaba en marcha mucho más tiempo. En un artículo publicado en 2021, coincidiendo con el 90 aniversario de la proclamación de la II República, Diego Díaz recogió uno de los hallazgos historiográficos del libro El gran error de la República. Entre el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno, de Ángel Viñas. Como Viñas probó, la Italia de Benito Mussolini estuvo involucrada desde el primer momento en la conspiración de los monárquicos para acabar con la Segunda República española. De hecho, el régimen fascista contó con que el golpe podía fallar y se preparó militarmente para lo que creyeron que podía terminar siendo una corta guerra. El suministro de aviones y carros de combate por parte de Italia y Alemania fue determinante para la victoria del ejército de Franco en la Guerra Civil. El bombardeo de Gernika, en el verano de 1937 se convertiría, pasado el tiempo, en el símbolo más tétrico del entendimiento entre las tres naciones fascistas europeas.

No es posible comprender completamente la Guerra de España sin hablar de la I Guerra Mundial, la primavera de las revoluciones y la represión salvaje que allanó el camino al fascismo en toda Europa

A pesar de ese apoyo definitivo de los Gobiernos italiano y alemán, y del abandono de las potencias democráticas, la Guerra de España fue internacional también en cuanto se trató de un espacio para la reunión de miles de antifascistas llegados de todo el mundo para la defensa de la libertad. Concretamente fueron 32.256 brigadistas internacionales llegados desde países que pronto tendrían la guerra en casa como Francia o Reino Unido, pero también de Palestina y otros pueblos árabes.

Como ha explicado Juan Andrade en una entrevista reciente en El Salto, no es posible comprender la Guerra de España sin explicar el contexto europeo del comienzo del siglo XX, de la I Guerra Mundial, la primavera de las revoluciones y la represión salvaje que allanó el camino al fascismo en toda Europa. “La guerra es una encrucijada en la historia de Europa en la medida en que en ella se abre un camino todavía no inevitable a la Segunda Guerra Mundial. De ella salen fortalecidas y vigorizadas las potencias del eje. Es la primera gran victoria que obtienen conjuntamente en territorio continental a escala europea y en ella constatan, por lo menos en ese momento, que la única alianza que podía hacerle frente, que era la alianza de la Unión Soviética con las llamadas democracias europeas, no se ha consumado ni tiene visos de consumarse. En el pathos fascista es una victoria fundamental y además lo es también desde el punto de vista geopolítico, por cuanto que pinzan a Francia, cierran el sistema de defensa del Mediterráneo y al mismo tiempo han fijado ya una colaboración no solo diplomática, no solo ideológica, no solo política, sino también militar”.

Pero, como señalaba el propio Andrade, la guerra es también la experiencia de otras formas de vida. Especialmente para las mujeres, que ya habían protagonizado la conquista de sus derechos durante la II República y que toman un protagonismo como agentes de sus propias vidas y corresponsables de la vida de los demás que perderán durante el Franquismo. Historias como la de Rosita Díaz Gimeno, la actriz conocida como la “sonrisa de la República”, fusilada en 1937 o la de María de la luz Mejías Correa, una miliciana que sobrevivió a la guerra, a la represión e incluso al silencio decretado durante el Franquismo son algunos de los relatos rescatadados por la memoria histórica.

Sara Plaza ha dedicado tiempo y páginas para rastrear esa memoria histórica de las mujeres que fueron motor de la historia después del golpe de Estado y durante la Guerra de España. La historia de otra de esas mujeres, María Ferrer, ha ocupado las investigaciones del periodista Marc Solanes, autor de Las niñas de Elna, un ejercicio de justicia con aquellas mujeres que fueron consideradas malas madres por dedicarse a la política o incluso por introducirse en las líneas de batalla, como hizo su bisabuela.

La revolución que sí y la revolución que no

La II República no se encaminaba hacia una revolución de corte soviético. Ese mito, que impuso el Franquismo y ha sobrevivido a través del revisionismo, fue desmontado por historiadores como Julio Aróstegui. Sin embargo, el estallido del golpe provocado por los sublevados sí abrió en canal la posibilidad de una revolución de la clase obrera. Hace 90 años, casi dos millones de personas pusieron en marcha en la España republicana el intento de gestionar la economía de forma colectiva, igualitaria y democrática. Una revolución social en la que el papel del anarquismo organizado fue crucial, pero que se desparramó por toda la clase trabajadora y dio lugar, especialmente en Aragón y Catalunya, a algunos de esos momentos estelares de la historia opacados por el relato de muerte y aniquilación al que dio forma el ejército sublevado.

“Para terminar la explotación del hombre por el hombre pensamos que lo mejor era terminar con el dinero porque era una materia que no nos hubiera servido para nada”, decía Arnal a El Salto en 2019

El historiador Frank Mintz ha calculado que más de un millón de personas se involucraron en la revolución en Catalunya, y otras 300.000 en Aragón. Pero en todo el territorio republicano se extendieron las colectividades, el control obrero de la producción, el asamblearismo y las nuevas formas políticas y culturales de expresión. En octubre de 2019, El Salto tuvo la oportunidad de entrevistar a Martín Arnal Mur, uno de los revolucionarios de 1936 que extendió su lucha contra el fascismo a los campos de batalla de la II Guerra Mundial.

Esto decía Arnal Mur a las preguntas de Jose Durán: “Una colectividad no es un nido de grajos, hay que trabajar, hay que organizar, hay que saber vivir en las condiciones en las que vivimos. Lo primero que se hace al establecer la colectividad es abolir el dinero. Si alguien quería trabajar individualmente, no podía coger a un jornalero. Así se votó en la plaza mayor del pueblo. Si alguien quería trabajar individualmente, que trabajara, pero no tenía derecho a coger un criado o un jornalero. La explotación por el hombre se había terminado. Para terminar la explotación del hombre por el hombre pensamos que lo mejor era terminar con el dinero porque era una materia que no nos hubiera servido para nada, no habría circulado la plata y hubiera sido un dinero falso, negro. Para evitar este escándalo financiero, decidimos coger las tierras de los capitalistas, que se habían ido del pueblo”.

La ausencia de verdad, justicia y reparación

La herida nunca termina de cerrarse. Las dos leyes de memoria histórica promulgadas en este siglo no han cauterizado completamente esa brecha que comenzó a desgarrar a los pueblos de España en 1936 y que ha marcado a generaciones enteras. Los victimarios siguen siendo objeto de homenajes, su rapiña y sus crímenes siguen con un pie fuera del debate público. La Ley de Memoria Democrática promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez obtuvo foco mediático con la exhumación de Francisco Franco del mausoleo que se hizo construir en Cuelgamuros (Madrid), pero las otras exhumaciones, las de las fosas comunes en las que permanecen enterradas decenas de miles de cuerpos, han seguido un paso de tortuga y, hasta la ley de 2022, han partido únicamente de la iniciativa privada. Es lo que Almudena Carracedo y Robert Bahar llamaron El silencio de los otros en un documental que marcó un antes y un después en el análisis de los silencios y los enterramientos que explican nuestro presente a través de la huella del pasado, esa huella que no ha sido desenterrada. Son fosas como la de Álora (Malaga), donde hasta ahora no ha habido voluntad política de desenterrar a las más de 200 personas enterradas, 64 de ellas en un asesinato masivo conocido como la “Noche de los sesenta” del 5 de Abril de 1937.

Ante la ausencia de una reparación efectiva de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, estas decidieron unirse para buscar justicia fuera de las fronteras del Estado. Es así como nació CEAQUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo que el 14 de abril de 2010 interpuso una querella ante los tribunales argentinos con el objetivo de que se investiguen los crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo, se identifique a los responsables y se los sancione penalmente. Desde entonces, decenas de víctimas han tomado declaración ante la jueza argentina María Servini de Cubría, entre ellas Teresa Álvarez Alonso, quien volaba a Buenos Aires con 93 años y la esperanza de ser escuchada por la justicia por primera vez.

“Cuando las cifras son de esta magnitud, hablamos de que el Estado puso en marcha un sistema de aniquilación del enemigo ideológico”, argumenta Aradia Ruiz

Tal y como contaba a Diagonal, tras la toma de Asturias en 1937, las tropas franquistas se llevaron a su abuelo, Evaristo Álvarez Igle­sias, a su padre, Francisco Álvarez Miranda, y a sus hermanos José y Sancho. Sufrieron torturas, trabajos forzados y Sancho jamás regresó. “¿Que si vamos a conseguir algo con esto? Yo creo que sí. De momento, hemos podido hablar de ello, que ya es mucho”, aseguraba Teresa.

A lo largo de los últimos años, la jueza Servini ha realizado diferentes peticiones a España para tomar declaración a los victimarios del régimen. La mayoría han sido desestimadas, pero la causa sigue abierta. El pasado 30 de marzo los integrantes de CEAQUA viajaron a Buenos Aires para darle un impulso. “Mi sensación es que la jueza Servini tiene mucha disposición pero está teniendo muchas dificultades por falta de colaboración del Estado español”, expresaba Gabriela López Neira coordinadora del Centro Sira.

Al mismo tiempo, las víctimas han intentado abrir vías en juzgados españoles. Vías que han tomado un nuevo impulso con la aprobación de la nueva ley de memoria democrática. Según los datos de CEAQUA, desde 2024 se han presentado más de 150 querellas en el Estado español contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la transición. En la actualidad solo hay tres casos en activo. El principal argumento que se esgrime: estos delitos están prescritos.

El último en archivarse ha sido el de Carolina Martínez Murcia, que se querellaba por el asesinato y desaparición forzada de su abuelo José Manuel Murcia Martínez, ejecutado el 6 de noviembre de 1939. Su cuerpo permaneció en la fosa 94 del cementerio de Paterna hasta la exhumación realizada en 2018, tal y como se cuenta en esta pieza de Tomás Muñoz.

El día en el que Martínez presentaba la querella, Aradia Ruiz, abogada de la cooperativa El Rogle, y encargada de la representación judicial de esta causa presentaba un informe en el que exponen la magnitud de la represión franquista, con unas 140.000 víctimas que aún siguen enterradas, más de 300 campos de concentración descubiertos y más de medio millón de personas que se tuvieron que exiliar forzosamente. “Cuando las cifras son de esta magnitud, hablamos de que el Estado puso en marcha un sistema de aniquilación del enemigo ideológico”, argumenta Ruiz. “Los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, son el delito más grave en los códigos penales”, aseguraba la abogada. Y terminaba señalando una “triste paradoja”: “el Estado español ha condenado a Pinochet utilizando las leyes que nosotros pedimos que usen en nuestro caso, pero no quieren por cuestiones meramente políticas”.

Las víctimas explican que esta impunidad hace que las heridas no se hayan cerrado. Una impunidad que provoca que el estrépito de camiones cargados de fusiles que se extendía por Madrid el 18 de julio de 1936 descrito en La Esperanza, 90 años después, siga retumbando en los hogares de los derrotados.