Ley Ómnibus
La Ley Ómnibus, a un paso de aprobarse en la Asamblea de Madrid

Más de 40 organizaciones han convocado una concentración el próximo jueves ante la Asamblea Madrid, donde se prevé que la Ley Ómnibus sea aprobada con los votos a favor de Partido Popular y Vox.
Solares desalojos y ocupación Valdeacederas - 3
Vista de una de las Torres Skyline en construcción desde la plaza de La Remonta, en Valdeacederas (Madrid). David F. Sabadell
13 dic 2022 05:21

El próximo jueves, 15 de diciembre, la Asamblea de Madrid votará la aprobación del Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Ómnibus, un paquete legislativo con el que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende modificar 33 leyes autonómicas, cinco decretos y 15 disposiciones que afectan a ámbitos que van desde la hacienda pública, la ordenación del territorio y el medio ambiente hasta la sanidad o los servicios sociales. 

A pesar de que se han presentado hasta 600 alegaciones en su contra y 50.000 firmas que exigen su retirada, la ley, que cuenta con el rechazo de todos los grupos de la oposición —menos Vox—, el orden del día del Pleno del Parlamento madrileño incluye como punto el dictamen de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior sobre el proyecto de ley y se prevé que ese mismo día la nueva ley sea aprobada con los votos a favor del PP y del partido de Santiago Abascal, que suman 78 escaños en la Asamblea de Madrid, frente a los 58 que suman PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. 

“La han intentado definir como de mejora de la administración, pero este anteproyecto de ley se parece más a la ley de acompañamiento presupuestario de Esperanza Aguirre, está hecha para meter por la puerta de atrás todo lo que les interesa”, explica Quique Villalobos

“La han intentado definir como de mejora de la administración, pero este anteproyecto de ley se parece más a la ley de acompañamiento presupuestario de Esperanza Aguirre, está hecha para meter por la puerta de atrás todo lo que les interesa”, explicaba Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), a El Salto en febrero de este año. En ese mes, más de 40 organizaciones madrileñas, entre las que se encontraban la FRAVM, Ecologistas en Acción y colectivos de profesionales sanitarios, salieron a la calle a denunciar el proyecto de ley, de más de 200 páginas, que fue presentado el 24 de diciembre del pasado año y que se sometió a información pública durante apenas unos días en plenas fiestas navideñas. Más de 5.000 personas se unieron en la manifestación para decir no a la Ley Ómnibus. Varios miembros de los colectivos que forman la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus comparecieron en la Asamblea de Madrid, a petición de grupos parlamentarios de la oposición, para exponer las consecuencias que tendría la entrada en vigor de esta ley. “Nada ha sido tenido en cuenta”, lamentan desde la plataforma, que ha convocado una concentración el día 15, día en el que se prevé la aprobación de la ley, a las 12h frente a la Asamblea de Madrid.

Del chiringuito sanitario a la pérdida de suelo público 

¿Cuál es el objetivo de este paquete legislativo? Desde las organizaciones sociales lo tienen claro: “Reducir los sistemas de control y garantía en procesos administrativos, ahondar en la privatización de la sanidad y la desprotección de los bosques , los espacios protegidos y favorecer la especulación en ciudades y pueblos”, según expresan en la convocatoria para la concentración de este jueves. 

“Es evidente que su línea es la de privatizar. No me cabe ninguna duda de que es una puerta abierta para en el futuro hacer lo que les venga en gana”, alertaba a principios de año Joaquín Villena, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid

Uno de los cambios más graves contemplados en la Ley Ómnibus es la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria. El nuevo ente, que contará con un presupuesto de hasta 2.000 millones de euros para gestionar la contratación de suministros, bienes y servicios, actuará sin control parlamentario, según denuncian desde colectivos de profesionales de la salud. “Es evidente que su línea es la de privatizar. No me cabe ninguna duda de que es una puerta abierta para en el futuro hacer lo que les venga en gana”, alertaba a principios de año Joaquín Villena, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud de Madrid.

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Sanidad Pública El “chiringuito” sanitario escondido en la ley ómnibus o el último regalo de Ayuso en 2021
La creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, que manejará un presupuesto de hasta 2.000 millones de euros para suministros, bienes y servicios, se inserta en el nuevo proyecto de ley que el gobierno de Ayuso quiere aprobar en plenas fiestas navideñas. Oposición y plataformas sanitarias recelan de las intenciones de un ente que tendrá personalidad jurídica propia y que actuará sin control parlamentario.

El medio ambiente madrileño también sufrirá la Ley Ómnibus, con la que se permitirá la caza en espacios protegidos y levantar construcciones en los parques regionales de la comunidad, además de reducir el espacio protegido del parque en base a su degradación, dando alas a que esta degradación sea promovida por intereses económicos. “No tenemos nombres y apellidos, pero estamos convencidos de que detrás de cada una de estas modificaciones hay unos intereses muy concretos de personas muy ligadas al Partido Popular”, denunciaba a El Salto Raúl Urquiaga, portavoz de Grama. “Seguramente están haciendo modificación de las leyes ad hoc para favorecer a estos intereses o a estas personas”, añade.

Los cambios de urbanismo protagonizan otra parte de la Ley Ómnibus. Según adelantó El Salto, otra de las novedades de la ley será eliminar la obligación por parte de las promotoras de ceder suelo al Ayuntamiento para la construcción de dotaciones públicas como hospitales, parques o centros escolares. Con la Ley Ómnibus, el promotor podrá decidir entre ceder suelo o pagar una cantidad en dinero. “Eso quiere decir que, en pleno centro de Madrid, se va a poder usar hasta el último centímetro cuadrado sin ceder suelo y pagando cuatro duros, porque se permiten unas valoraciones de suelo muy por debajo del valor que luego maneja el promotor”, alertaba Nines Nieto, de Ecologistas en Acción, cuando se hizo público el anteproyecto de ley. 

La Ley Ómnibus también contempla un régimen de colaboración público-privada por el que se da potestad a entidades privadas para gestionar el otorgamiento de licencias urbanísticas o verificar usos de suelos. 

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El Anteproyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, que modifica hasta 32 leyes autonómicas de diversos temas, tiene el 3 de enero como plazo para presentar alegaciones.

Pero los cambios que vienen con la Ley Ómnibus abarcan muchos más ámbitos. Entre ellos el propio sistema de fiscalización de las instituciones madrileñas, con una reforma de la Cámara de Cuentas por la que sus consejeros serán elegidos por mayoría de tres quintos en la Asamblea de Madrid —en vez de dos tercios— y los funcionarios que ejercen de jefes de unidades fiscalizadoras, que hasta ahora acceden al cargo por concurso de méritos, pasen a ser designados por los consejeros de la Cámara de Cuentas, que a su vez han sido designados por mayoría de tres quintos en la Asamblea de Madrid. 

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