México
Secuestro de zapatista: persiste la violencia paramilitar en Chiapas

La violencia vivida en el ejido Moisés Gandhi, Chiapas, es el más reciente ejemplo de la disonancia entre las palabras y los hechos del gobierno. Desde hace más de un año, el ejido registra constante presencia de personas armadas. El acto de culminación ha sido el reciente secuestro de Félix López Hernández.

Chiapas EZLN
Ocosingo, Chiapas. Fotos de Nacho Fradejas García.
18 nov 2020 06:38

La hipocresía del gobierno mexicano no tiene límites. Mal llamado el gobierno “de la Cuarta Transformación” ‒después de la Independencia, la Reforma y la Revolución, grandes momentos de la historia de México en que la lucha organizada resultó en importantes beneficios sociales‒, tiene un discurso en favor de los pueblos indígenas pero sus acciones no van en consonancia. Mientras que recientemente el gobierno federal ha ofrecido disculpas públicas a distintas organizaciones indígenas por crímenes de Estado y negligencia en la aplicación de justicia, sigue fomentando y permitiendo acciones de contrainsurgencia contra los pueblos originarios organizados en defensa de la vida y del territorio.

La violencia vivida en el ejido Moisés Gandhi, Chiapas, es el más reciente ejemplo de la disonancia entre las palabras y los hechos del gobierno. El nombre del lugar parece inverosímil, como tantas cosas en la realidad mexicana. Moisés y Gandhi son los sobrenombres que utilizaban dos habitantes de la aldea fallecidos en el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Este ejido habitado por familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), perteneciente al Caracol de Patria Nueva, en la región Selva Lacandona de Chiapas, viene registrando agresiones, intimidaciones y hostigamientos por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

Desde hace más de un año, el ejido registra constante presencia de personas armadas, disparos al aire y hacia las comunidades, destrozo de casas, invasión de tierras, robo y destrucción de sembradíos colectivos, destrozos en la escuela autónoma y tala de árboles. En palabras de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva, “de día y de noche, estos orcaistas atacan con disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Moisés Gandhi, y el mal gobierno lo sabe y nada hace para controlar a sus matones. Al contrario, los protegen y ayudan”.

La reactivación de los grupos paramilitares creados por el gobierno hace dos décadas y la insistencia en las agresiones, intimidaciones y hostigamiento son acciones de contrainsurgencia dirigidas a debilitar al EZLN

Esta sucesión de actos de violencia ha ido escalando hasta llegar, en el mes de agosto de este año, al saqueo y quema de dos bodegas de café y de una tienda colectiva en Moisés Gandhi. El acto de culminación ha sido el reciente secuestro de Félix López Hernández. Siendo base de apoyo del EZLN, fue retenido del 8 al 11 de noviembre, golpeado, amarrado y encerrado sin agua y sin alimentos.

Según el Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación que tuvo lugar a finales de octubre, emitido por organizaciones sociales y de derechos humanos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (nota 1), estos hechos “no son producto de pugnas intercomunitarias, sino resultado de una estrategia de fabricación de conflictos internos por parte del Estado”. La Guerra Integral de Desgaste, estrategia creada por la Secretaría de Defensa Nacional del gobierno de Ernesto Zedillo a mediados de los 90 para socavar la resistencia y autonomía zapatista ‒tratando de descabezar a la guerrilla y, a la vez, resquebrajar el tejido social que la sostiene‒, sigue vigente en la actualidad. La reactivación de los grupos paramilitares creados por el gobierno hace dos décadas y la insistencia en las agresiones, intimidaciones y hostigamiento son acciones de contrainsurgencia dirigidas a debilitar al EZLN y a las organizaciones indígenas que luchan por mantener sus formas tradicionales de vida, al margen del gobierno oficial, desde la autonomía y las prácticas anticapitalistas.

Mientras, el gobierno presume sus acciones en favor de los pueblos indígenas. Por un lado, ofreció una disculpa a la comunidad otomí residente en la Ciudad de México ‒integrante del Congreso Nacional Indígena (2)‒, quienes tienen tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) desde el 12 de octubre ‒día de la llegada de Colón a América y fecha de inicio de la invasión española y el mayor genocidio de toda la historia de la humanidad‒. Estas familias del pueblo otomí, originarias del estado mexicano de Querétaro, ocupan diversos inmuebles en la capital, que fueron fuertemente afectados y abandonados tras el terremoto de 1985. Algunos de estos predios han sido desalojados con lujo de violencia, por lo que las familias se instalaron en campamentos en protesta contra la gentrificación racista que excluye a las poblaciones indígenas de ciertas zonas de las ciudades y contra las condiciones de hacinamiento a las que han sido abocadas. El director general del INPI reconoció la legitimidad de las exigencias de vivienda digna y respeto a los derechos indígenas del pueblo otomí, a la vez que se disculpó por el uso desmedido de la fuerza en los desalojos.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación promovió el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado mexicano y un grupo de familias sobrevivientes a la masacre de Acteal. En 1997 alrededor de 80 paramilitares fuertemente armados ‒entre ellos, algunos integrantes de las fuerzas armadas‒, irrumpió en la comunidad de Acteal, en Los Altos de Chiapas, y masacró a 45 personas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, ante la inmovilidad de los destacamentos policiales y militares próximos. Cabe destacar que Acteal albergaba el mayor campamento de desplazados internos del estado, recibiendo a familias enteras que huían de sus comunidades para salvaguardar sus vidas de ataques paramilitares. Esta matanza fue un castigo ejemplar para infundir terror entre las bases de la resistencia civil, debilitando así el sostén del EZLN.


El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración pidió perdón a nombre del Estado mexicano por la matanza, reconoció la complacencia de las autoridades con el grupo paramilitar autor material de la masacre y desmintió la versión oficial del gobierno de Zedillo de que la masacre de Acteal fue producto de conflictos entre comunidades indígenas. Lo que el gobierno federal no reconoció es que el Acuerdo de Solución Amistosa sólo ha sido firmado por una pequeña facción de las personas sobrevivientes, quienes se escindieron de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, agrupación que, ante la falta de verdad, juicio a los culpables y garantía de no repetición por parte del gobierno, sigue reclamando la emisión de un Informe de Fondo sobre el caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El contexto actual en Chiapas presenta características preocupantemente similares a las de la década de los 90. Las agresiones por parte de la ORCAO a Moisés Gandhi, no son sino el resultado de la reactivación de grupos armados que cuentan con el apoyo y la connivencia del gobierno para acabar con las resistencias que se oponen al proyecto capitalista. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, sabedoras de la violencia de la ORCAO hacia las bases de apoyo zapatistas, han permitido la escalada de las agresiones hasta el secuestro del compañero Felix. Es notoria la estrategia gubernamental al ver que la violencia contra comunidades organizadas hostiga a una larga lista de pueblos: Nuevo San Gregorio, Tila, Aldama, Chalchihuitán, Chilón...

A pesar de ello, el EZLN se mantiene firme en la defensa de la tierra y el territorio y por una vida digna. Y, de nuevo, vuelve a sorprender con una de sus creativas iniciativas. Esta vez, con el anuncio de la gira de una delegación zapatista por los cinco continentes, iniciando en abril de 2021 en Europa y con un evento en Madrid el 13 de agosto del año que viene, fecha en que se cumplen 500 años de la supuesta conquista de lo que hoy es México. En palabras del Subcomandante Insurgente Moisés, “iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas: Uno: Que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: Que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada (…) ”. En un comunicado hicieron énfasis en que, con la caída del imperio azteca, los pueblos originarios de estas tierras no fueron derrotados sino que, a pesar de las agresiones, siguen vivos y en pie de lucha.

Notas
Nota uno. Última de las declaraciones del EZLN, de junio de 2005, en la que establece como línea política de la organización el camino hacia la autonomía de facto, desde una perspectiva anticapitalista. Ser adherente a la Sexta Declaración significa compartir las ideas y praxis de lucha por la autonomía, aunque desde el tiempo y geografía de cada quien.

Nota dos. Espacio organizativo creado el 12 de octubre de 1996, en el que convergen pueblos, naciones y tribus indígenas de México que luchan por la libre determinación y la autonomía en sus territorios. Se rigen por los siete principios del Mandar obedeciendo del EZLN y son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
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