Migración
2024, otro año de guerra contra las personas que migran

El 2024 tampoco ha sido un buen año para los derechos de las personas migrantes, es más, ha sido otro año en el que el discurso contra quienes migran ha supuesto uno de los principales activos políticos para muchos mandatarios y candidatos a serlo.  Cabe destacar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a caballo de la promesa de una deportación masiva de personas residentes en el país en situación irregular, una propuesta aceitada por notorios bulos y discursos de odio, como aquel que, en plena campaña electoral, alertó de que personas migrantes haitianas -uno de los principales colectivos migrantes en el punto de mira del representante republicano- se “comían a las mascotas” en Springfield, Ohio.

Menos estrambótica pero igualmente alejada del respeto de los derechos humanos, Europa comenzaba el año sellando un Pacto Europeo de Migración y Asilo que ya había hecho saltar todas las alarmas a las organizaciones de derechos humanos, y sin embargo, pronto se quedó corto para las voces más extremas de los estados miembros, que ya en mayo pidieron en una misiva común el endurecimiento de las políticas migratorias más allá del Pacto. Para después del verano, Europa ya estaba aún más dispuesta a acelerar los puntos más criticados de su PEMA mostrando urgencia por la deportación y la normalización del modelo de detención fuera de las fronteras propugnado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni y su acuerdo con Albania. 

El Parlamento Europeo aprueba el Pacto Europeo de Migración y Asilo pese a la oposición de la sociedad civil

Sarah Babiker

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Migración

Derechos humanos El Parlamento Europeo aprueba el Pacto Europeo de Migración y Asilo pese a la oposición de la sociedad civil

Sarah Babiker

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La movilización de los colectivos migrantes y las organizaciones de derechos humanos no han sido suficientes para convencer a los eurodiputados

Fronteras Colectivos claman contra el Pacto de Migración y Asilo ante su votación en la Eurocámara

En el estado español, durante el verano, la llegada de personas migrantes a la frontera sur, especialmente Canarias, y las negociaciones políticas para organizar su traslado a la península, junto en especial en lo relativo a las personas menores que viajan solas, centraron el debate político. Algo que impregnó a la opinión pública hasta el punto de que -en el CIS de septiembre, cuya metodología fue puesta en cuestión- la migración se impusiera como la primera preocupación de la gente.

Pedro Sánchez, por su parte, haría su propio tour a finales de verano por los países de origen y tránsito migratorio, para consolidar acuerdos de deportación, en línea con los apetitos europeos. Entrado el otoño, las migraciones descenderían entre las preocupaciones de los españoles, y el gobierno aprobaría una reforma de la Ley de Extranjería destinada a facilitar algunos trámites y acortar plazos, pero que también será criticada por algunas de sus consecuencias sobre las personas solicitantes de asilo, y por soslayar dos reclamos centrales para quienes luchan por los derechos de las personas migrantes. El establecimiento de vías legales y seguras, y la regularización extraordinaria de quienes se hallan en situación de irregularidad en el estado.

Este 2024 tampoco hemos visto aprobarse la ILP Regularización, después de que venciera algunas de las resistencias importantes, teniendo vía libre para ser debatida en el Congreso. A principios de diciembre, representantes del movimiento Regularización Ya llevaron su propuesta a Bruselas, hartas del limbo en el que se encuentra iniciativa desde sus inicios en enero de 2022.

Nuevo reglamento de extranjería: una lectura entre las líneas triunfalistas del gobierno

Sarah Babiker

Migración

Migraciones Nuevo reglamento de extranjería: una lectura entre las líneas triunfalistas del gobierno

Sarah Babiker

El nuevo reglamento de la ley de extranjería se anunció como un gran avance para los derechos de las personas migrantes. Son múltiples las voces que apuntan a los límites de una normativa que sigue dejando a miles de personas desprotegidas.

Más migraciones, más persecución

En la edición de 2024 de su informe Perspectivas de las migraciones internacionales, presentado el pasado 14 de noviembre, la OCDE apuntaba a que en 2023 se habría dado un nuevo récord de llegadas de personas inmigrantes y solicitantes de asilo a sus estados miembros -que aglutinan a los países más ricos- llegando a 6.5 millones. Entre estas migraciones, habrían registrado un amplio aumento la familiar y aquella debida a razones humanitarias (esta última de un 20%). Por su parte las solicitudes de asilo alcanzaron 2.7 millones en 2023, suponiendo un aumento del 30%. En particular, las solicitudes de asilo en EE UU, que superaron el millón, fueron por primera vez más numerosas que las del conjunto de los países de la Unión Europea. 

Siguiendo este informe, países como Canadá, Francia, Japón, Suiza y Reino Unido, registraron un aumento importante de migración mientras otros como Dinamarca, Estonia, Israel, Italia, Lituania y Nueva Zelanda, vieron las llegadas reducidas, en general por políticas migratorias restrictivas, o en el caso del estado sionista, como consecuencia de la guerra contra Gaza. El informe también muestra una línea ascendente en el empleo de trabajadores migrantes tras la pandemia. La Unión Europea junto a Canadá, Reino Unido, y los Estados Unidos alcanzaron las tasas de trabajo migrante más altas de la historia. Mientras se incrementa el movimiento internacional de personas que acaban formando una parte considerable de la mano de obra de los países de recepción, no parece que los países receptores legislen para garantizar sus derechos. 

El pasado 19 de noviembre, el Consejo Europeo aprobó una nueva normativa prohibiendo los productos provenientes del trabajo forzado. Lo que podía haber sido un avance, fue ampliamente criticado por organizaciones por los derechos de las personas migrantes, que señalaban que la prohibición se centraba en los productos -prohibiendo su venta-, no en el trabajo esclavo en sí: “Limitarse a prohibir solo los productos no es suficiente para ayudar a los trabajadores afectados por el trabajo forzoso y podría ponerles en una situación de mayor vulnerabilidad. Esta regulación hace poco por abordar su situación, especialmente para aquellos con un estatus de residencia precario o en situación de irregularidad”, afirmaba en este sentido Silvia Carta, integrante de la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM).

Para las organizaciones el marco no es suficientemente garantista, por lo que puede exponer a las  personas migrantes a perder su única fuente de ingresos, sin ningún tipo de alternativa o protección. Es más, alertan las organizaciones, esta normativa podría derivar en la criminalización de las propias personas migrantes, quienes muchas veces, en los marcos de investigaciones y causas contra la trata seres humanos, son consideradas cómplices.

La agricultura europea: un campo de explotación de personas migrantes

Redacción El Salto

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Unión Europea

Unión Europea La agricultura europea: un campo de explotación de personas migrantes

Redacción El Salto

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Una investigación realizada en nueve países europeos muestra cómo las personas migrantes, que supondrían al menos un cuarto de quienes trabajan en el sector agrícola, sufren violencia, jornadas extenuantes de trabajo y pagos insuficientes.

Por otro lado, la persecución y la negación de derechos a las personas migrantes en países otrora referentes de la acogida, ilustra la deriva de los últimos tiempos. El gobierno de Finlandia ha trabajado en los últimos meses en un borrador de ley que restringe el acceso de las personas migrantes en situación irregular a los servicios de salud. La normativa impide el acceso a estas personas a servicios que no sean de urgencia, revirtiendo una ley de 2023 que garantizaba la atención sanitaria universal. Si bien la propuesta incluye algunas excepciones, como niños y niñas, mujeres embarazadas y personas con graves problemas de salud, las organizaciones critican la confusión que esto generaría entre las personas en situación irregular, poniendo sus vidas en peligro. 

Mientras, en la vecina Suecia, el 26 de noviembre pasado el gobierno sueco hacía público un informe en el que se apuntaba la intención de legislar que los funcionarios públicos denuncien a las personas en situación irregular a las autoridades migratorias. Así, siguiendo el documento, el gobierno sueco obligaría a sus empleados, en algunas agencias públicas, a reportar automáticamente a las personas sin documentación válida. Estas agencias serían la de empleo, la de seguridad social, las autoridades de prisiones, o la agencia de pensiones y la tributaria, eximiendo a los servicios sanitarios, las escuelas y los servicios sociales. El estudio ha sido duramente criticado por las organizaciones, alertando de que esto llevaría a la criminalización de las personas migrantes. A partir de este trabajo Suecia deberá hacer una nueva ley en los próximos meses.

A las derechas el PEMA les sabe a poco 

“Un nuevo viento recorre Europa”, celebraba el presidente de los Países Bajos, Geert Wilders, aupado al poder tras años de señalar a las personas migrantes como chivos expiatorios. Lo hacía después del encuentro del grupo Patriotas de Europa, dando la bienvenida a lo que valoraba como una más amplia aceptación al endurecimiento de las políticas migratorias. Políticas que toman como modelo los centros de deportación al estilo del creado en Albania por el gobierno italiano, el refuerzo de la externalización o los acuerdos de expulsión.

Estos fueron de hecho los grandes temas discutidos por los Patriotas de Europa antes del Consejo Europeo sobre migraciones, organizado por Italia, Dinamarca y los Países Bajos, donde Grecia expresó su satisfacción por este nuevo consenso, que va más allá del PEMA aprobado la pasada primavera. “El Pacto Europeo de Migraciones y Asilo no aborda la cuestión del retorno”, afirmó el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, quien concluyó: “me alegra encontrar más soluciones innovadoras propuestas por la Comisión”. El mandatario se refería a una carta enviada a los estados miembros en aquellos días, por parte de la Presidenta de la Comisión Europea Ursula Van Der Leyen, en la que apunta a la próxima promulgación de una ley de deportación. 

Las reacciones no tardarían en llegar, la directora de PICUM, Michelle LeVoy denunciaba que los centros de detención fuera de territorio comunitario para facilitar la deportación: “Además de ser un absurdo logístico y financiero, son un sistema cruel que viola el derecho internacional y europeo, y pone a las personas en riesgo de abuso sin dejar claras opciones de recabar justicia”. 

Migrar por derecho, migrar con derechos

VV.AA.

Tribuna

Tribuna Migrar por derecho, migrar con derechos

VV.AA.

La criminalización de las personas migrantes justifica la negación de sus derechos y allana el camino para restringir su acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o la justicia.

Por su parte, la coalición Migrant Justice Community of Practice, invitaba a otras organizaciones lideradas por personas  migrantes y racializadas a firmar una carta destinada a los líderes de la UE. En este documento, denunciaban los retrocesos en derechos de asilo y refugio, calificado como “giro violento, punitivo e inmoral”. “Hemos visto cómo los líderes de la UE han declarado la guerra a los migrantes y al derecho internacional”, apuntaban, señalando que se había llegado a un “punto de no retorno”. 

“Los dirigentes europeos están emulando sin pudor una política fascista que recuerda la historia genocida y colonial de Europa”, alertaban desde estas organizaciones, que enmarcan la culpabilización de las personas migrantes en “un claro intento de distraer a los residentes europeos de décadas de fracasos políticos, económicos y medioambientales”.

Las organizaciones recordaban que los “ataques a los derechos de las personas migrantes son el principio de los ataques a todo el mundo”, extendiéndose a toda la sociedad. Después pasaban a enumerar sus demandas entre las que se encuentran: Rutas seguras y legales, vías de regularización y fin de la criminalización a quienes migran; acabar con la securitización y la militarización de las fronteras. Instan asimismo a poner fin a la inversión en el “comercio de armas, los combustibles fósiles, y otras estrategias industriales que contribuyen al conflicto y la degradación del clima en el Sur global”. 

De Albania a Algeciras

Mientras Giorgia Meloni, después de haber invertido mil millones de euros en su centro de detención en territorio albano, señalando el camino para tantos otros países europeos, tuvo que ver cómo el poder judicial frustraba sus planes, en otro punto de la frontera sur, Andalucía, se construye otro centro de detención en Algeciras, el cual debería abrir el próximo 2025, si la sociedad civil no consigue evitarlo.

No será por no intentarlo, el pasado 14 de diciembre las organizaciones marcharon por tercera vez para exigir el cierre de los CIE, y en concreto denunciar la construcción de lo que será el Centro de Internamiento de Extranjeros más grande del estado, con capacidad para alojar hasta 507 internos, casi la mitad de la capacidad conjunta de todos los CIE operativos en el estado  (que cuentan con 1142 plazas). La marcha partía del CIE de la Piñera, en la misma ciudad, hasta el nuevo centro, en Botafuegos, donde podrán retener también a familias, mujeres o personas con discapacidad, denunciaban desde la Coordinadora contra los Centros de Internamiento de la Provincia de Cádiz, convocante de la marcha, que además denuncia el “despilfarro” de medios en un contexto de escasez de recursos en materia de sanidad, o educación.

Algeciras se moviliza contra la apertura inminente de un nuevo CIE

Redacción Andalucía

Cádiz

Derechos Humanos Algeciras se moviliza contra la apertura inminente de un nuevo CIE

Redacción Andalucía

La Coordinadora CIEs No Cádiz ha convocado una manifestación este sábado 14 de diciembre contra la apertura de un nuevo centro de internamiento para extranjeros en la localidad

Algeciras, “el CIE de España”

La solidaridad perseguida

Hace solo unos días, Médicos Sin Fronteras comunicaba que el buque de salvamento Geo Barents, activo desde junio de 2021 en el Mediterráneo Central, se veía obligado a interrumpir sus operaciones. En total, la nave habría rescatado a más de 12.675. Leyes como el decreto italiano Pientedosi, aprobado en enero de 2023 y endurecido recientemente, harían inviable su labor.  

“MSF volverá lo antes posible a realizar operaciones de búsqueda y rescate. También regresaremos para dar testimonio y denunciar las violaciones cometidas por Italia, los Estados miembros de la UE y otros actores contra las personas en el Mediterráneo central”, declaraba Juan Matías Gil, representante de búsqueda y rescate de MSF, en una nota hecha pública por la organización.

Sanciones que han implicado 160 días de detención en puerto, la asignación de puertos lejanos que hacen perder a los buques miles de horas preciosas que podrían dedicar al rescate, están entre los factores que han forzado a la organización a tomarse un tiempo. “Las leyes y políticas italianas expresan un auténtico desprecio por la vida de las personas que cruzan el Mediterráneo”, afirmaba Margot Bernard, coordinadora de proyectos de MSF.

La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Europa marca un nuevo récord en 2023

Redacción El Salto

Fronteras

Migración La criminalización de la solidaridad con las personas migrantes en Europa marca un nuevo récord en 2023

Redacción El Salto

La tendencia de criminalizar tanto la solidaridad con las personas migrantes, como el mismo hecho de atravesar fronteras de manera irregular, afianza un entorno hostil para quienes intentan llegar a la Unión Europea.

La hostilidad hacia organizaciones de solidaridad con las personas migrantes viene impregnando la ruta normativa que la UE ha seguido en los últimos años. El pasado 13 de diciembre, el Consejo de la Unión Europea votó nuevas normas sobre el “tráfico” de personas migrantes. Según denunciaba el PICUM, el texto “dejaría la puerta abierta para  la criminalización de las personas migrantes y la solidaridad con estas personas”. Esta votación marcaba la posición del Consejo ante el borrador que vendría a sustituir a la Directiva de Facilitación de 2022, que persigue a migrantes y activistas. 

La ampliación de los casos tipificados, el agravamiento de las penas de cárcel, o la falta de una cláusula vinculante que exima a los actos de solidaridad  de ser criminalizados, son algunos de los elementos más preocupantes de este texto. El PICUM cifra en 117  las personas criminalizadas por ayudas a personas migrantes en 2023; frente a las 102 personas en 2022, lo que apunta a un proceso al alza.  A la Plataforma le preocupa especialmente el uso que se hace de esta directiva para criminalizar a los propios migrantes, y a sus familias, en contra de la legislación internacional. Se espera que al principios de 2025 sea el Parlamento Europeo el que discuta su posición sobre el borrador de la nueva directiva, y que ambos organismos deberían alcanzar un acuerdo antes de la aprobación del texto. 

La criminalización de los capitanes de cayucos

Taina Tervonen

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Frontera sur

Fronteras La criminalización de los capitanes de cayucos

Taina Tervonen

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Aunque la Unión Europea ha hecho de la lucha contra los “pasadores de fronteras” una de las prioridades de su política migratoria, sobre el terreno son a menudo los capitanes de las embarcaciones quienes son detenidos y condenados.

No es mundo para personas migrantes

La vulneración de los derechos de las personas migrantes y las solicitantes de asilo no es una cuestión que se limite a Europa, las tendencias son similares en diversos puntos del planeta, con Trump a la cabeza de todo. La sociedad civil se está organizando en Estados Unidos para enfrentar la tan anunciada deportación masiva, cuyo fantasma por ahora ya está causando altas cuotas de sufrimiento e incertidumbre entre la población migrante. Entidades como el National Inmigrant Justice Center facilitan información a esta parte de la población para resistir en lo posible a esta ofensiva, que muchos dicen que será difícil de poner en la práctica, tanto por el alto nivel de recursos necesarios para materializar la amenaza, como por las salvaguardas judiciales que tendrá que vencer. Entre las recomendaciones que facilitan las entidades a las personas migrantes, además de un número de emergencia, está que busquen asistencia legal, tracen un plan de seguridad para comunicarse con sus seres queridos en caso de detención, que se cuiden de los intentos de fraude por parte de supuestos abogados, y no hagan caso de llamadas u otras contactos a través de las redes sociales de personas que intentan suplantar a las autoridades de migración.

Deportar a personas que huyen de situaciones de violencia es una práctica mundial, es lo que les está pasando a las personas haitianas, deportadas tanto de Estados Unidos como de los países caribeños, a un país convulsionado por la violencia. En este sentido, el presidente de República Dominicana se comprometía a expulsar a 10.000 haitianos a la semana el pasado mes de noviembre, una decisión denunciada por organizaciones pro derechos humanos.

Ni en Europa ni en América las amenazas de deportación impiden que la gente se movilice para migrar. A pesar del cierre del paso del Darién, las caravanas migrantes siguen llegando a la frontera sur de México, en Tapachula, con personas provenientes sobre todo de países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Ecuador o Colombia, pero también Senegal, Pakistán o China. Cada vez más formadas por mujeres que viajan solas o con niños, intentan cruzar juntas los 3.000 km que las separan de la frontera estadounidense, pero muchas veces son disueltas por la presión de las autoridades, entre otros elementos, en un México que ha decidido colaborar con las políticas migratorias de su vecino del Norte. 

“Se viene una pesadilla”, así han vivido la victoria de Trump en los centros de migrantes de Tijuana

Patricia Labrador Gracia

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Tijuana “Se viene una pesadilla”, así han vivido la victoria de Trump en los centros de migrantes de Tijuana

Patricia Labrador Gracia

En el Espacio Migrante de Tijuana, a unos pocos kilómetros de la frontera, se reúnen personas en busca de esperanza. Algunas de ellas huyen de sus maltratadores, muchas ahogaron un grito desesperado cuando vieron que Trump ganaba las elecciones.

Mucho más al Sur, en Sudáfrica, las personas migrantes venidas de países vecinos llevan años atravesando un endurecimiento en las políticas migratorias acompañada de un aumento de los discursos xenófobos. Miles de personas han sido deportadas tras ser identificadas por la policía sin documentación. Las personas migrantes denuncian vivir entre el miedo a los ataques racistas y la persecución de la policía. Por su parte, Japón, que al igual que Sudáfrica es un polo para las personas migrantes y solicitantes de asilo en su propio continente, puso en marcha el pasado verano una nueva ley de deportación que facilita la expulsión de solicitantes de asilo del país.

Mientras, los recientes acontecimientos en Siria han causado un gran desplazamiento interno,  al tiempo que los países europeos junto a Turquía, no han tardado en aprovechar la oportunidad para poner sobre la mesa el fin del asilo para las personas provenientes de este país, así como han animado al retorno de las personas refugiadas, generando incertidumbre entre la diáspora siria. Cerca, la guerra sionista contra el Líbano ha puesto bajo en el foco el régimen de la Kafala, por el que las personas migrantes pasan a depender de sus empleados, quienes guardan sus pasaportes. Este sistema, particularmente importante en el ámbito de los cuidados en el caso libanés, ha mostrado claramente la situación de vulnerabilidad en la que se haya la población migrante en el país, ante una situación como ha sido la de la ofensiva israelí. La Kafala rige también en otros países de la región, como Arabia Saudí. De hecho, el anuncio del torneo de la FIFA para 2034 en el reino ha despertado las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional, anticipando escenarios de abuso y explotación de las personas migrantes, como los que se dieron en el Mundial de Futbol de Qatar, el pasado 2022, cuando miles de trabajadores murieron preparando el evento internacional.