Migración
Frontera Sur: los derechos humanos se topan con políticas migratorias centradas en la disuasión

Irídia y Novact presentan un informe en el que documentan las vulneraciones de derechos en una Frontera Sur convertida en un estado de excepción al servicio de la Europa fortaleza.
Melilla 4 2022
Un hombre tratando de saltar. Javier Bernardo
4 may 2023 11:00

En un año marcado por la masacre de Melilla, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos (Irídia) y Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (Novact) presentan su informe Vulneración de los Derechos Humanos en la Frontera Sur 2021-2022, con un recorrido por las distintas fronteras a las que miles de personas se enfrentan en sus proyectos migratorios. Ceuta y Melilla, los archipiélagos canario y balear, Andalucía y Murcia, son los enclaves en los que la investigación sitúa la mirada, sumando una perspectiva de lo que sucede al otro lado de la frontera sur, en Marruecos.

Fiscalizar las vulneraciones de derechos humanos en las fronteras no es un trabajo fácil, recuerdan en el informe, la opacidad es una parte importante de políticas migratorias marcadas por la violencia institucional. Una violencia institucional contra la que, denuncian, no hay voluntad política de actuar, manteniendo lo que acontece en la Frontera Sur lejos del escrutinio público. La falta de información afecta a la capacidad de entender las realidades migratorias y sus procesos: las organizaciones autoras del informe lamentan no poder profundizar en un análisis interseccional al carecer de datos desagregados por género, edad o procedencia de las personas que arriban a la frontera.

Frente a la opacidad de las instituciones, en el informe se reivindica “el trabajo en red y la voluntad de generar complementariedad para fiscalizar la situación de las personas que entran por vías irregulares a través de la Frontera Sur”. Así, al mapeo han contribuido un ecosistema de personas, colectivos y entidades asentadas en los territorios y que los autores consideran fundamentales no solo para denunciar las diversas realidades, sino también para “contribuir a la transformación de la situación de vulneración de Derechos Humanos en la Frontera Sur”.

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Si hay una fecha que puso en el centro de la visibilidad mediática y el debate público las vulneraciones de derechos en la frontera sur, esta fue el 24 de junio de 2022. Aquel día, al menos 40 personas perdieron la vida y 470 fueron objeto de devolución en la frontera entre Marruecos y España en Melilla. Se desconoce la suerte de otras 80 de las personas. En el informe se señala esta masacre como “la violación de derechos humanos más grave en la que se ha visto envuelto el Estado español en la última década”.

Delitos de lesiones y contra la integridad moral, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente o prevaricación, conforman un marco de vulneraciones de derechos fruto de la actuación de ambos países, y constituyen, sostienen Irídia y Novact, ilegalidades que han de ser investigadas. Ante esta percepción, del informe se desprende la frustración ante la negativa de la Fiscalía a indagar. También echan en falta que las fuerzas de seguridad activen sus propios recursos internos de investigación.

El informe dedica un apartado a realizar un análisis exhaustivo de lo acontecido en el paso fronterizo de Melilla. A partir de los datos aportados por las distintas publicaciones periodísticas, reportes firmados por organizaciones como Amnistía Internacional, y la información mostrada en el marco de la investigación de la Fiscalía, Irídia y Novact reconstruyen la actuación de las fuerzas de seguridad de ambos países, bajo una perspectiva de vulneración de derechos humanos.
Delitos de lesiones y contra la integridad moral, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente o prevaricación, conforman el marco de vulneración de derechos que se dio el 24J, sostienen Irídia y Novact, y son ilegalidades que han de ser investigadas

En el texto se enfatiza en el acorralamiento de las personas que quedaron atrapadas en la frontera, trascendiendo la discusión de si la violencia transcurrió en territorio español o marroquí, lo que está comprobado, reflejan en el informe, es el uso de gases lacrimógenos, piedras, gas pimienta, y una violencia desproporcionada contra cientos de personas atrapadas en el patio interior (patio grande) del puesto fronterizo, actuaciones que provocaron estampidas y aplastamientos sin que ninguna de las fuerzas de seguridad implicadas a un lado y otro de la frontera facilitasen asistencia médica a las víctimas.

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El informe pone de relieve, frente al criterio de la Fiscalía, que la Guardia Civil disponía de información e imágenes para conocer la grave situación que se estaba dando en el paso fronterizo, sin embargo centraron su actuación en evitar la entrada de las personas migrantes a territorio español y a cooperar con la gendarmería marroquí, para rechazar a las personas en la frontera, una circunstancia, que, a pesar de que el Ministro de Interior lo haya negado, señala una posible coordinación entre las fuerzas de ambos países.

“El interrogante que queda por responder es si dicha coordinación también existió en el operativo del patio grande”, explica el informe, pues los guardias civiles se retiraron poco antes de que apareciera la policía marroquí, precipitando la estampida y los aplastamientos. “De ser así, las responsabilidades jurídicas serían de gran importancia, no sóloen términos de responsabilidad individual de los agentes que intervinieron, sinoespecialmente a nivel de mandos políticos y policiales”. Más allá de una eventual coordinación, las organizaciones señalan la irresponsabilidad de los cuerpos policiales “que se enfocaron en impedir el acceso fronterizo, en lugar de intentar salvar vidas humanas”.

En el informe se pone en evidencia la normalización de las devoluciones en caliente, obstáculos respecto al asilo o la acogida, la opacidad de los CETI, o el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado

“No existen crisis migratorias sin la acción del estado que impide la movilidad de las personas”. Sobre esta premisa el informe continúa centrándose tanto en Melilla como en Ceuta, única frontera terrestre de la UE en África. Una excepcionalidad que, como viene denunciándose desde hace años, convierte a estas ciudades en espacios de vulneración sistemática de los derechos humanos. Entre las vulneraciones señaladas, se pone en evidencia la normalización de las devoluciones en caliente, obstáculos respecto al asilo o la acogida, la opacidad de los CETI, o el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Según el Ministerio del Interior, fueron 2.582 las personas que entraron en Ceuta y Melilla en el año 2022, una cifra muy cercana a la del año anterior, recoge el informe. Más de 6.000 personas, solicitarían asilo en 2021 en alguna de las dos ciudades. Se da el caso de que, al contrario de lo que sucede en la mayoría del territorio español, en Ceuta y Melilla no hay demoras en la solicitud de asilo. Lo difícil es conseguir efectuarla: el acceso a las oficinas de asilo, sitas en los puestos fronterizos es prácticamente imposible. Las devoluciones en caliente, que se ejercen en ambas fronteras de manera sumaria, impiden que se identifiquen perfiles que podrían acogerse al asilo. Irídia y Novact recuerdan cómo este tipo de procedimiento incumple la legislación internacional, son pues, ilegales, y comportan  “vulneraciones del derecho a la vida o a la integridad física y moral, así como del derecho de asilo y del derecho a la tutela judicial efectiva”.

El informe afea al Ministerio de Interior su lentitud en incorporar protocolos adecuados a la sentencia del Tribunal Constitucional 172/2020 del 19 noviembre de 2020 respecto a las devoluciones en caliente, permitiendo que se siga vulnerando la legalidad normalizando los rechazos y devoluciones en frontera, prácticas que pudieron verse masivamente durante el 24J, pero que desbordan las fronteras terrestres, y se dan también en el mar, con aquellas personas que intentan a travesar a nado o en barca la distancia con territorio español.

Por otro lado, siguiendo en las Ciudades Autónomas, se señala la exclusión de las personas marroquíes de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), al tiempo que, para quienes consiguen acceder a este recurso, persiste la amenaza de una expulsión del centro como castigo a un “mal comportamiento”, o a la protesta.  La no admisión junto a la expulsión, deja recurrentemente a personas en situación de calle con las vulnerabilidades que eso comporta, denuncian en el informe. Además, dentro del CETI de Melilla, son ya tres casos de violencia registrados por parte del servicio de seguridad privado. 

Una atención especial se merecen los menores que viajan solos en Ceuta y Melilla, Comunidades autónomas que más niños, niñas y adolescentes tienen bajo su tutela. En el informe se recuerda que las malas condiciones en las que se aloja a estos menores en los centros, empujan a muchos a salir de ellos, lo que les conduce a una situación de desamparo ante la inacción de las fuerzas de seguridad.

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De Canarias a Levante

Si bien la frontera terrestre es la que ha acaparado el debate público durante este 2022, la ruta Canaria sigue siendo la más mortífera. En los últimos cinco años, según concluyó el Colecitivo Caminando Fronteras y recoge el informe, 7.692 personas fallecieron intentando llegar al archipiélago. 2021 fue el año más letal, con 3.939 vidas perdidas en la ruta. En 2022, descendieron a 1.784, un número que ya supuso casi tres de cada cuatro víctimas de las fronteras. En este marco, las organizaciones señalan la vulneración al derecho a la salud, y el derecho a la salud mental de las personas supervivientes consiguen llegar al archipiélago.

Si no son derivadas al hospital por la situación en la que quedan tras días de viaje, las personas son detenidas y llevadas directamente a los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATES), recuerda el informe, que, como el llamado Nave de la Vergüenza, en Lanzarote, son conocidos por sus precarias condiciones de alojamiento, por no garantizar el acompañamiento jurídico u obstruir el ejercicio del derecho a la información o el asilo, una situación agravada por la práctica de interrogatorios sin asistencia de abogados a personas recién llegadas, bajo la excusa de recavar información sobre tráfico de personas o terrorismo. El informe señala tanto a la Policía Nacional como al Frontex por estas prácticas. Por último, apunta que, a pesar de las sentencias contra esta práctica, se siguen expulsando e internando a personas en CIE en base a ordenes de devolución que han perdido su validez.

En Canarias las solicitudes de asilo enfrentan tiempo de espera de entre 3 y 11 meses, con mayores demoras para las personas migrantes que no son alojadas en los recursos del Plan Canarias. Por otro lado, los menores estarían enfrentando obstáculos para solicitar protección internacional. Los organizaciones en el terreno también denuncian que se han registrado menores en centros destinados a adultos y viceversa. La lentitud de las pruebas de determinación de edad, ya en sí contestadas desde una perspectiva de derechos, así como la denegación de documentación a los menores que no logran papeles que certifiquen su identidad durante su minoría de edad, son otros de los problemas que ha venido señalando el Defensor del Pueblo.

La ruta del Mediterráneo Occidental también es testigo de cientos de muertes año tras año. En este epígrafe se contemplan las rutas del Estrecho, de Alborán y de Levante, que parten de Marruecos y Argelia, y llegan a Andalucía, o que partiendo de Argelia, arriban a Murcia, Valencia o las Islas Baleares. 12.955 personas llegaron a través de estas rutas en 2022, un descenso del 25% respecto al año anterior, un año en el que se había dado un cierto incremento en las llegadas frente a periodos precedentes.

Según Caminando fronteras, citan Irídia y Novact, fueron 564 las personas que perdieron sus vidas en esta ruta el año pasado, fundamentalmente en la ruta del Levante, donde desaparecieron 464. El número de víctimas de esta frontera sufrió un alza significativo, pues el año anterior, en 2021, fueron 388 las víctimas contabilizadas. Así, la ruta del Mediterráneo Occidental supone la segunda más letal tras la canaria y además acusa un alza llamativo de víctimas en los últimos años, como resultado de viajes  con un origen cada vez más alejado, con el fin de esquivar el intenso control migratorio desplegado por Argelia y Marruecos.

Por otro lado, el informe señala las vulneraciones de derechos humanos en el Centro de Internamiento de Extranjeros en Algeciras, citando la denuncia de asociaciones de derechos humanos como APHDA ante el Defensor del Pueblo, de que se habría prometido poner en libertad a internos a cambio de renunciar a solicitar protección internacional. Mientras tanto sigue en marcha del proyecto de construcción de un nuevo CIE en Algeciras, para el que se dedicarán más de 27 millones de euros, y que contará con medio millar de plazas, suponiendo el centro de estas características más grande de España, y situándose entre los más grandes en Europa.

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Contención, efectos psicosociales y tecnologización

El próximo macro CIE de Algeciras, junto a los CATE mencionados en Canarias, o los CETI de Ceuta y Melilla, son dispositivos de contención de la migración centrales para la gestión de la frontera y comparten, denuncia el informe, opacidad en torno a su regulación y en cuanto a las prácticas que en ellos se dan. Se trata de espacios donde resulta difícil para las personas migrantes conocer cual es si situación, qué derechos tienen, por cuánto tiempo permanecerán allí. La amenaza de deportación, las dificultades para comunicarse con la familia, completan un marco de incertidumbre con consecuencias en la salud mental. La investigación recuerda cómo, según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura “la detención de inmigrantes debería ser excepcional, proporcionada” y que “sólo debería ser un último recurso, tras un examen detenido e individual de cada caso”. Condiciones que no se cumplen.

En el informe se hace incidencia en los efectos psicosociales que tienen en las personas que llegan a la frontera el sumatorio de violencias y vulneraciones de derechos sufridos durante todo el proceso migratorio, desde el país de origen, a los países de tránsito, hasta en el mismo momento de atravesar la frontera. Tras atravesar un conjunto de situaciones que dejan en un estado vulnerabilidad a las personas, apunta el documento “el proceso de acogida pasa a ser un elemento clave para la reparación y rehabilitación. Existe no solo una responsabilidad ética de ofrecer un acompañamiento integral que favorezca la reparación del daño, sino una responsabilidad legal acorde al derecho internacional”.

Sin embargo, una gran distancia separa este marco de lo deseable de las prácticas reales que se dan en la frontera, y que profundizarían los tres factores que en la investigación consideran fundamentales en cuanto a los impactos psicosociales a la llegada: “la percepción de inseguridad física y psicológica, la pérdida de control (por la desinformación) y el ataque a la dignidad (por las condiciones y el trato recibido)”. Desde Irídia y Novact consideran que de hecho, el trato degradante con el que muchas veces se encuentran las personas migrantes a su llegada a territorio español por parte de las fuerzas de seguridad, y que tiene duras consecuencias —sufrimiento psicológico, apatía, rabia, miedo, desesperanza—  responde muchas veces a objetivos punitivos,  conteniendo funciones disuasorias.

En la frontera sur a los sistemas de videovigilancia se va sumando tecnología biométrica, que supondrá un obstáculo más para la circulación de las personas y una sofisticación del control

Y en cuanto a este espíritu disuasor como motor central de las políticas migratorias, el informe incluye un apartado revisando la aplicación de tecnologías cada vez más avanzadas de vigilancia. Como decidida apuesta de la Europa fortaleza, la tecnificación de la frontera se concreta en el caso de Ceuta y Melilla, en decenas de cámaras de vigilancia. El documento recoge asimismo, los trabajos para automatizar el muro que separa España de Marruecos: Indra, Dragados (ACS) y Ferrovial están entre las principales empresas beneficiarias de un negocio de 100 millones de euros.

A los sistemas de videovigilancia se va sumando tecnología biométrica, que supondrá un obstáculo más para la circulación de las personas y una sofisticación del control. En la agenda de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, está el Sistema de Entradas y Salidas (EES), señala el informe. Se trata de la introducción de tecnologías de reconocimiento facial aplicadas a personas de terceros países que ingresen y salgan del territorio con el objetivo de facilitar el control y la expulsión de las personas. Más dificultades que se unen a mecanismos más clásicos, como el elevamiento de las vallas a 10 metros de altura o la introducción de peines invertidos en lo alto de las mismas. Barreras de todo tipo para impedir, por encima de todo derecho humano, que las personas crucen las fronteras, y que empujarán una vez más a miles de personas a rutas cada vez más peligrosas o estrategias más arriesgadas.

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