Opinión
Uniformes

Con el curso ya comenzado, alrededor del día 15 de septiembre, una familia africana, recién llegada a Gasteiz solicitó la escolarización de un menor. A través de los sistemas establecidos para la matrícula denominada “viva”, es decir, la que se produce fuera de los plazos establecidos, pero también como consecuencia del nuevo decreto de admisión de alumnos, puesto en marcha para el curso ya presente, y que tantos disgustos ha dado a familias de todo tipo y condición, el mencionado menor es asignado a un centro privado concertado, cuyo carácter elitista y ciertamente segregador desde el punto de vista socioeconómico, es sobradamente conocido en Vitoria.

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Cada curso recibe aproximadamente 20 millones públicos para escolarizar a 6.458 alumnos y alumnas de familias social y económicamente favorecidas. Dos de los centros (Munabe y Ayalde) segregan por sexo debido a su credo religioso.

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El menor debía ocupar una de las plazas que el centro privado ha debido reservar, a regañadientes, y bajo la amenaza del Departamento de la retirada de las subvenciones derivadas del concierto educativo, imprescindibles para la supervivencia de su negocio y de su “misión”, para alumnado en situación de vulnerabilidad, plazas que, en principio, no pueden ser ocupadas por otro tipo de alumnado. Todo esto, por cierto, en la segunda zona del mapa escolar de Vitoria-Gasteiz que incluye un mayor número de centros educativos públicos y privados. Y dejamos aquí bien claro que no es el centro por el que la familia habría optado, sino que es el que el Departamento le asigna de forma obligatoria, “de oficio”.

El centro tiene un carácter “peculiar”, que le va a obligar a un esfuerzo aún mayor, porque su modelo educativo apuesta por el aprendizaje en una tercera lengua, esta extranjera

Pues bien, el menor acude, es de suponer, con sus temores, nervios y desconfianzas, a su cita con un primer día de colegio, en un país nuevo, con dos lenguas nuevas que ha de conocer y aprender obligatoriamente y en un plazo no muy dilatado para poder progresar, y con el conocimiento de que el centro tiene un carácter “peculiar”, que le va a obligar a un esfuerzo aún mayor, porque su modelo educativo apuesta por el aprendizaje en una tercera lengua, esta extranjera, herramienta que usa la empresa para competir con los numerosos centros de su misma zona. Pero he aquí que un pequeño detalle, un detalle sin aparente relevancia, va a truncar su inicio de curso: el centro mantiene la moderna e inclusiva costumbre de obligar al alumnado a vestir uniforme y como el recién llegado no dispone de él, el centro, amablemente, le niega la entrada.

Los responsables del centro concertado amablemente les explicaron a los progenitores por qué ese no era el colegio ideal para una familia de sus características 

La cuestión está clara. En el caso de matrícula viva, y en base a múltiples razones, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco es quien, en última instancia, indica cual es el destino escolar de un alumno recién llegado, y en casos como el que nos ocupa, es el Departamento quien sufraga los costes añadidos que, en el caso de ser destinado a un centro concertado, puedan suponer para una familia que se ve en esa situación. Pero de todos es conocido que los tiempos de la Administración no son los mismos que los de las personas que vivimos en la vida real, y a primer día de colegio, la familia no disponía ni conocía remotamente cuándo iba a disponer de los prometidos fondos necesarios para pagar el uniforme, el chándal corporativo para cursar educación física, el i-Pad o la tablet o el Chromebook para el resto de asignaturas y las partidas para sufragar las actividades complementarias incluidas en el calendario lectivo (no confundir con las extraescolares), todas modernísimas, súperexclusivas y carísimas que son prácticamente imprescindibles para poder ser escolarizado en el centro, recordemos, no elegido. 

Si ya de por sí había de ser difícil un inicio de curso para un alumno de las particularidades de este, no podemos ni imaginarlos el efecto que tuvo que tener el hecho de ser rechazado el primer día por semejante motivo.

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Lógicamente, y por imperativo legal (la escolarización de un menor es obligatoria) la familia hubo de insistir al día siguiente, y lógicamente, todavía sin uniforme, el menor acudió al centro, al que accedió acompañado de sus progenitores. Nuevamente el centro le impidió la entrada, aunque en esta ocasión la familia fue invitada a una reunión con los responsables del centro, que amablemente explicaron por qué ese no era el colegio ideal para una familia de esas características y que, para corregir el error de interpretación que el Departamento de Educación había cometido, se ofrecían para orientarles para realizar allí mismo, con el único propósito de que el alumno no resultara perjudicado por más tiempo, los trámites para solicitar un cambio de centro, a otro más adecuado para la familia y para el alumno. 

Sin perjuicio de la ironía con la que está narrada, y con algunos aspectos concretos que, evidentemente, no son conocidos por el que escribe, y que pretenden únicamente mejorar la narración pero también el encuadre y la comprensión de la situación, esta historia es completamente cierta.

Nada, en el desarrollo de la nueva Ley Educativa Vasca, en la concreción del articulado que hemos ido conociendo a través de los distintos borradores, ni en las reuniones informativas que hemos mantenido con el Departamento de Educación del País Vasco, partidos políticos y otros sindicatos, nos indicaba que las cosas no iban a salir de esta manera, y que una ley que pretendía paliar los efectos del tremendo índice de segregación escolar del que adolece nuestro otrora excelso sistema escolar vasco, ya ha comenzado a dejar víctimas a través de los decretos que, estos sí sin necesitar el acuerdo con nadie, ha ido imponiendo el departamento.

El Departamento de Educación afirmó a CC OO Irakaskuntza que iba a asumir el costo, con dinero público, de las “necesidades específicas” que exigen los centros concertados

Este suceso concreto, que podría parecer aislado pero que, con una certeza innegable, no lo habrá sido, tiene una relevancia especial para CC OO Irakaskuntza, porque, en una reunión informativa sobre el nuevo decreto de admisión de alumnos que mantuvimos con un equipo de técnicos del Departamento de Educación, viceconsejerías incluidas, preguntamos concretamente si, teniendo en cuenta las consecuencias de un reparto más equitativo del alumnado vulnerable, a las familias que les fuesen asignadas plazas en centros concertados se les iban a pagar, con dinero público, las “necesidades específicas”, eufemismo de “herramientas segregadoras”, de cada uno de esos centros, y pusimos como ejemplo concreto los uniformes. La respuesta fue significativa, pues nos dijeron que “por supuesto que se pagarán”,  y que no lo consideraban ni relevante, ni se lo planteaban como un problema.

El uniforme, a diferencia de países en desarrollo en los que se utiliza para diluir precisamente la desigualdad, en Euskadi se utiliza únicamente como elemento de diferenciación y prestigio de centros elitistas

CC OO Irakaskuntza ya declaró en ese momento, y en todos en los que hemos tenido oportunidad, que no es una cuestión baladí que un Departamento de Educación deba sufragar con dinero público y en pos de una pretendida integración elementos que en sí son claramente segregadores. El uniforme, a diferencia de países en desarrollo en los que se utiliza para diluir precisamente la desigualdad, en Euskadi se utiliza únicamente como elemento de diferenciación y prestigio de centros elitistas, como marca corporativa obligatoria que hace de escaparate publicitario cuando se está fuera del colegio, y que marca el diferente estatus que un alumno de un centro privado posee cuando se acerca al parque a jugar con otros niños y niñas del barrio.

Pero el uniforme no es, ni con mucho, la única herramienta: hay horarios que fuerzan la obligatoriedad del comedor escolar con cocina propia y productos kilómetro cero que hay que pagar a precio de oro; esto suele concurrir con la limitación de horarios de los autobuses de los centros ubicados fuera del entorno urbano (mayoritariamente privados) y que prácticamente obligan a optar por las extraescolares y el deporte en el propio centro. Hay herramientas digitales que no pueden ser de cualquier marca, y que usualmente hay que comprar obligatoriamente en el propio centro;  libros de texto y licencias digitales que no se pueden heredar entre hermanos ni comprar de segunda mano; es muy usual que haya materiales imprescindibles de marcas y precios concretos; y todo ello sin entrar en que lucir determinado calzado, complementos y gadgets pueden determinar que un alumno o una alumna esté a un lado u otro de la delgada línea que separa el ser “popu” (popular) o ser un paria, una figura muy frecuente en este tipo de centros. Así de duro. ¿Ha de destinarse dinero público para todo esto?

Y luego están las cuotas. Ese misterio tolerado y asumido del que solamente se habla de forma muy general y del que se desconocen sus detalles más íntimos

Y luego están las cuotas. Ese misterio tolerado y asumido del que solamente se habla de forma muy general y del que se desconocen sus detalles más íntimos. Todos, y lo decimos claramente, todos los centros privados concertados sin excepción cobran cuotas en el País Vasco. Pasaron los tiempos en los que, a pesar de contar con la concesión de un concierto educativo, los centros contaban, sin rubor, con una cuota denominada “de enseñanza” o “ikas kuota”, que era complementada con otras posibles y de nombres variados e imaginativos: “funcionamiento”, “gastos ordinarios”  “material fungible”, “materiales complementarios” “cuota solidaria”, y otras muchas.

Con el tiempo y los riesgos legales, el importa de la “cuota de enseñanza” se ha ido trasvasando a las que cuentan con un nombre diferente, siendo ya la primera prácticamente inexistente como denominación, que no como puro importe, que se sigue cobrando bajo otros nombres. El concierto educativo comprende el 95% (y a veces más) del salario de la mayoría, si no de la totalidad, del  profesorado del centro, que es el mayor gasto de funcionamiento que ha de afrontar un centro pero que tiene subvencionado con dinero público. El concierto encierra, además, más partidas “estructurales” que dependen de la cantidad de aulas autorizadas y también de la cantidad de alumnado, como un importe fijo por trienio para pagar las antigüedades, otro paga parte de las sustituciones del personal que por motivos de incapacidad o por otros no puede trabajar, una partida fija más para el orientador y consultor, y otras muchas “finalistas” (innovación, euskera, digitalización, calefacción, renovaciones de equipamiento) cuyo destino final, en muchas ocasiones, nadie vigila. Todas con dinero público.

Desde 40€ los más baratos hasta varios cientos de euros mensuales los más caros, todos los centros concertados cobran cuotas

Si bien es cierto que el hecho de contar con el concierto obliga a no cobrar por estos conceptos, la realidad es muy diferente. Desde 40€ los más baratos hasta varios cientos de euros mensuales los más caros, todos los centros, cobran, aunque puede que se nos pase alguna excepción muy excepcional. Y si por un casual, una familia deja de pagar, bien porque se informa, bien porque en un determinado momento no puede hacer frente a los pagos y descubre que el centro privado no puede, legalmente, reclamarlos, los centros cuentan, por así decirlo, con métodos alternativos, para intentar revertir las situación: de baja intensidad en unos casos, como avisos, cartas, mensajes y ruegos; y otros de baja catadura, como negación de uso de servicios complementarios o extraescolares, amenazas veladas, y formas turbias de puesta en evidencia ante sus compañeros y compañeras del alumnado cuyas familias no pagan. Como suena. 

Todo esto ha ocurrido, y nada nos induce a pensar que no siga ocurriendo ante los ojos de una administración que pretende hacernos creer que ahora sí, ahora va a controlar, limitar, frenar va a hacer desaparecer toda discriminación que un alumno o una alumna pudiera llegar a sentir a causa de su situación de vulnerabilidad de carácter socioeconómico en todos los centros que integren el Servicio Público Vasco de Educación que se han inventado para hacer la bonita una foto más que borrosa, y un decreto de admisión que soluciona el problema creando unos cupos o cuotas que los centros privados han de asumir para poder continuar siendo concertados, es decir, para poder continuar existiendo y que producen y producirán situaciones como la narrada. Y lo va a hacer, por ejemplo, pagando (a destiempo) unformes.

Steilas muestra su rechazo al reparto de alumnos vulnerables propuesto por el Departamento de Educación

Gessamí Forner

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Pacto Educativo Vasco Steilas muestra su rechazo al reparto de alumnos vulnerables propuesto por el Departamento de Educación

Gessamí Forner

Los decretos de admisión del alumnado y planificación del mapa escolar, que desarrollan el Pacto Educativo Vasco, salvaguardan los “intereses de las patronales educativas”, considera el sindicato.

Desconocemos qué habrá sido del ese alumno, o alumna, y en qué centro habrá terminado. Aunque lo suponemos. Suponemos que habrá terminado en un centro más heterogéneo, en un centro que contará, seguramente, con un equipo docente y directivo igualmente entregado al alumnado y sus necesidades, pero acostumbrado a la diversidad y motivado por ella; sensible con la diferencia y con las necesidades educativas especiales; capaz de superar cierta falta de recursos y la obsolescencia de algunos materiales con la imaginación, las ganas y la ayuda de la participación de las familias; un centro insertado en el corazón de un barrio y siendo parte de él; un centro euskaldun y respetuoso con la multiplicidad de lenguas de su alumnado. Un centro claramente amenazado por el proyecto de Nueva Ley Educativa Vasca que tememos y solamente unos pocos quieren. Un centro gratuito. Un centro público.