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País Vasco
Servicios públicos, una cuestión de clase
“Los servicios públicos son la forma más básica de redistribución de la riqueza: acortan las zanjas que hay entre clases”, resumía Jose Ignacio Royo, profesor de matemáticas aplicadas en la Universidad Pública Vasca, durante la manifestación en defensa de los servicios públicos que ha recorrido esta mañana el centro de Bilbao. Donostia y Gasteiz han celebrado sus propias manifestaciones, con un éxito similar. Hoy era la jornada de prueba. El día en que los sindicatos ELA, LAB, CC OO, Steilas, Satse y ESK medían fuerzas con el Gobierno vasco con una huelga a la que estaban convocadas alrededor de 150.000 trabajadoras —funcionarias, interinas, subcontratadas por empresas privadas—. Más de 15.000 personas se han manifestado desde la Gran Vía 85, histórica sede de la administración vasca, hasta la explanada del Ayuntamiento de Bilbao. Alrededor de 30.000 manifestantes en las tres capitales, apuntan los sindicatos.
“Los servicios públicos son la forma más básica de redistribución de la riqueza: acortan las zanjas que hay entre clases”, resumía Jose Ignacio Royo
La radio televisión vasca, EITB, he emitido una parrilla de mínimos. El transporte público ha ido a pedales, con servicios mínimos que variaban del 30 al 60%. La educación pública, sobre todo en infantil y primaria, ha cerrado clases y abierto los patios —Steilas cifra el seguimiento en un 75%—. Cinco ayuntamientos guipuzcoanos no han abierto. 54 operaciones no indemorables en los hospitales Txagorritxu y Santiago de Gasteiz se han pospuesto. El día ha sido raro en las calles: con el comercio abierto como un día normal, con los sectores públicos a medio gas.
Huelga
Huelga Las trabajadoras de la limpieza de Correos en Bizkaia van a la huelga por ellas “y por las que vengan”
El enfado reside en demasiadas razones: la pérdida del poder adquisitivo desde 2008 —con una merma acumulada del 20%, es decir, como dejar de cobrar dos nóminas y media cada año— se entremezcla con un exceso de carga de trabajo, con mesas sectoriales cerradas, con convenios sin negociar y las casas sin barrer. Las limpiadoras de Correos —subcontratadas— han aprovechado para ocupar un simbólico lugar en la manifestación de Bilbao: se han quedado en la plaza Moyua, para que las manifestantes pudieran verlas y, sobre todo, escucharlas corear que llevan cinco meses sin cobrar.
“Casi uno de cada dos trabajadores públicos son temporales”, Igor Eizagirre (ELA)
La privatización es el cáncer que corroe los servicios públicos de cualquier territorio o estado. La Comunidad Autónoma Vasca la gestiona un gobierno compartido entre el PNV y el PSE desde 2015, aunque su entente presupuestario se extiende a 2013. Juntos han gestionado los latigazos de la crisis económica de 2008 “aplicando políticas neoliberales”, han recordado los sindicatos en sus discursos finales. Quizá se puede situar el origen del cáncer en el fraude de 80 millones de los comedores escolares, que enseguida saltó a privatización de las residencias de ancianos —solo quedan diez públicas en Bizkaia, frente a 157 privadas—. Mientras, Osakidetza es cada vez menos robusta, con contrataciones temporales que afectan a 24.600 sanitarios y el cierre de centros en verano. O la ausencia de médicos en los PAC. Como en la Comunidad de Madrid de Ayuso, pero siendo el País Vasco el primero en tomar estas medidas. Y la educación pública está cansada. De ser segundo plato, de nunca contar con un equipo constante para llevar a cabo proyectos sostenidos en el tiempo —15.300 maestros dan vueltas cada septiembre—.
“Noto Osakidetza muy deteriorada. Sobre todo, en el día a día de la Atención Primaria. Recientemente me han realizado unas pruebas y por cómo me han tratado y lo bien cuidada que me he sentido creo que es indispensable defender hoy los servicios públicos”, reconocía Sonia Prada, administrativa del PAS universitario en la manifestación.
La temporalidad es el paso previo a las privatizaciones y al consiguiente malestar ciudadano en la atención que se recibe. “Casi uno de cada dos trabajadores públicos son temporales”, recordaba Igor Eizagirre, de ELA. La tasa más alta de la Unión Europea. “Los presupuestos generales del Estado de 2023 introducían la excepción de rebajar la tasa al 8%. Gobierno vasco no lo ha hecho”, advertía Amaia Mayor, del Satse.
“Soy interina del Ayuntamiento de Barakaldo”, explicaba en la manifestación Janire Akasuso. Se presentó a una oposición en 2011. De las 15 plazas que ha sacado el consistorio para estabilizar a la plantilla, solo dos incluyen perfiles lingüísticos. Ella queda fuera del proceso de consolidación. “Compañeras que nunca han opositado obtendrán una plaza por antigüedad y las que opositamos, deberemos volver a examinarnos”, alerta.
“En educación hay mucho por mejorar porque la situación no es amable: no hay suficiente inversión para llevar a cabo una tarea más digna de la que hacemos”, indica Aitor Mugika, maestro en un centro público. Un curso aquí, otro allá.
“La gente le ha contestado a Urkullu algo muy sencillo: aquí hay problemas que deben resolverse”, Igor Arroyo (LAB)
“Decía Iñigo Urkullu que no había motivo para la huelga y la respuesta ha sido muy importante”, añadía Igor Arroyo, coordinador de LAB. “La gente le ha contestado a Urkullu algo muy sencillo: aquí hay problemas que deben resolverse. Hace falta un cambio en las políticas públicas”, ha insistido antes de comparar a Urkullu con un coche que circula en sentido contrario por la autopista. “Pensiones, sanidad y educación, esos son los tres pilares básicos de lo que se ha llamado estado de bienestar”, ha concluido el sindicalista antes de reivindicar un sistema público-comunitario de cuidados. Tal y como pide el movimiento feminista en la huelga general convocada el 30 de noviembre. El 19 de diciembre tendrá lugar la segunda jornada de movilización del sector público.
“Exigimos responsabilidad política a nuestros gobernantes. Es lo que reclama la ciudadanía”, Iñigo Garduño (CC OO)
El órdago de hoy era claro y los sindicatos están satisfechos con la respuesta, que han calificado de amplia y exitosa. “Exigimos responsabilidad política a nuestros gobernantes. Es lo que reclama la ciudadanía”, señalaba el responsable de servicios públicos de CC OO, Iñigo Garduño.
Mientras, desde Gobierno vasco, el lehendakari y el vicelehendakari volvían a arremeter contra los sindicatos y, por ende a las trabajadoras que hoy han salido a la calle. Urkullu aseguraba que hay que “ser conscientes de la realidad social en la que estamos” —ELA recuerda que las instituciones vascas tienen depositados 9.000 millones en las cuentas corrientes, por lo que consideran que, si el Gobierno quisiera, podría hablar de salarios—. Por su parte, Erkoreka ha valorado que los sindicatos pretender dar una sensación de caos, que no se pueden mezclar realidades diversas —considera que no es lo mismo una limpiadora formalmente pública que otra subcontratada que cobra un 25% menos— y que “todo el mundo quiere ser funcionario y, cuando lo consigue, inmediatamente está insatisfecho”.
Josu Erkoreka empezó a trabajar en la administración en 1991 como letrado del equipo jurídico del Gobierno vasco. Enseguida pasó a ocupar cargos de responsabilidad en 1995, siendo el director del Instituto Vasco de Administración Pública hasta 2000. Dejó el cargo para ocupar un escaño del PNV en el Congreso de los Diputados, hasta 2012. Luego ha sido miembro del Gobierno vasco y, actualmente, es vicepresidente primero y consejero de Seguridad. Su salario anual bruto en 2023 asciende a 111.459 euros, según Newtral.
Sus declaraciones han corrido veloces: “Urkullu vive en una realidad paralela. Y de Erkoreka ya ni sé qué decir. Viven en la realidad de los impresentables”, consideraba una trabajadora de Haurreskoka Partzuergoa, Izaskun Fernández. Ella ha secundado la huelga por varios motivos: “Carga de trabajo, lo cual afecta directamente al servicio que damos, y también a nuestro body y a nuestra mente”.