Periodismo
Desinforma, que algo queda

En la fecha que se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, hay que analizar sus dimensiones, la opacidad en el reparto de la publicidad institucional, la necesidad de la alfabetización mediática y qué medidas concretas pueden llevarse a cabo.

La desinformación está en el centro de la actualidad. Si bien es cierto que la pausa de Pedro Sánchez para decidir su continuidad al frente de la presidencia del Gobierno ha avivado la consideración sobre los efectos de la desinformación en la democracia y la existencia del lawfare, existe un amplio abanico de precedentes al respecto que van desde los atentados del 11M a partidos como Podemos o Compromís, sectores como el independentismo catalán y vasco y el activismo social, con el caso de los seis de Zaragoza

Más allá de los temas particulares, si se acude a las cifras, se puede ver que la desinformación constituye un asunto preocupante para el 64% de la población en España, según las cifras del último informe anual Digital News Report. En relación con ello, una investigación reciente llegó a cuantificar cómo la información falsa se extiende hasta seis veces más rápidamente que la que es real y que un contenido falso tiene un 70% más de probabilidades de ser viralizado en redes que otro verdadero. 

Medios de comunicación
Opinión ¿Y qué esperabas, Pedro?
Los gobiernos de derechas llevan años alimentando con dinero público a sus medios afines que esparcen bulos y manipulan sin que el Gobierno haya hecho nada para evitarlo.

Resulta muy revelador en este sentido el primer estudio que se hizo sobre el impacto de las denominadas fake news en España, realizado en 2017 por la empresa de estudios de mercado Simple Lógica y el grupo de investigación en Psicología del Testimonio de la Universidad Complutense de Madrid. Según el mismo, el 86% de la población española tiene dificultades para distinguir entre informaciones falsas y noticias verdaderas. Observando de manera más pormenorizada los resultados de dicho estudio, el 60% de los participantes en el mismo pensaba que podría diferenciarlas de manera fácil, pero únicamente lo hizo de manera correcta un 14%. 

De esta forma, la desinformación afecta en el día a día al conjunto de la población en sus múltiples formas: descontextualización, contenido engañoso, elementos paródicos, extracción de datos personales, información errónea o manipulación. Sobre todo ello hay abundantes investigaciones científicas en cuanto a su tipología, libros que desentrañan los bulos y narrativas presentadas con una falsa imagen de neutralidad ideológica y recursos para hacer frente a la maraña desinformativa con los que poder aprender a verificar los contenidos.

La desinformación afecta en el día a día al conjunto de la población en sus múltiples formas: descontextualización, contenido engañoso, elementos paródicos, extracción de datos personales, información errónea o manipulación

Hablar, por lo tanto, de los medios de comunicación en una fecha como el Día de la Libertad de Prensa requiere, más allá de un lema, hacerlo sobre la base de la observación del ámbito mediático e informativo, la dependencia publicitaria institucional que determina ciertas prácticas tóxicas, el peligro que supone la viralización desinformativa y sobre las actuaciones en los diversos ámbitos que se pueden tomar al respecto. Sin esto, resulta inviable comprender la estructura del funcionamiento comunicativo en la actualidad, el fomento de medidas para hacer frente a la desinformación, así como analizar las consecuencias sociales, económicas y políticas que esto deja en las generaciones presentes y futuras. 

Extrema derecha
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Los nombres de Manuel Salazar Aguado y José Luis Roberto Navarro, abogados de la acusación en la causa contra Mónica Oltra, están vinculados a la extrema derecha. Como acusación popular se han personado la asociación Gobiérnate, cuya presidenta es la ultraderechista Cristina Seguí, y el partido político Vox.

Definir y afrontar la desinformación 

¿De qué se habla concretamente cuando se hace referencia a elementos como desinformación, bulos o fake news? Antes de nada, con el objetivo de no mezclar sus definiciones, conviene hacer una precisión para manejar con solvencia los conceptos. Carlos Elías y David Teira, coordinadores del Manual de periodismo y verificación de noticias en la era de las fake news, publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, señalan que un bulo es un contenido falso que se difunde, generalmente, con el fin de perjudicar a alguien, mientras que la desinformación comprende todo un proceso donde lo falso se une con noticias reales pero sesgadas y donde diferentes canales se retroalimentan para darle más verosimilitud a esa narrativa tóxica. 

Por su parte, el término fake news, aunque se populariza con el expresidente estadounidense Donald Trump, no es algo que se recomiende usar, ya que como se indica en un informe publicado por la Comisión Europea, se trata de un concepto ambiguo que aglutina una gran cantidad de aspectos, reduccionista porque no clarifica de manera concreta a qué se refiere y contrario a la realidad, ya que, una noticia, para ser noticia, no puede ser falsa. 

En relación con lo anterior, Raúl Magallón, profesor e investigador en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, sitúa el punto de inflexión de la desinformación en 2016 con las elecciones en Estados Unidos, el Brexit y el referéndum en Colombia. Posteriormente, a nivel internacional considera que la pandemia y la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia hicieron que la desinformación se fuera convirtiendo en una disfunción normalizada de la sociedad, mientras que en España fue a partir de 2018 cuando se empezó a ver esta tendencia que ha ido creciendo hasta el contexto actual. 

EH Bildu
Arkaitz Rodríguez “ETA desapareció y, en cierta medida, es gracias al trabajo que hicimos y por el que nos encarcelaron”
Arkaitz Rodríguez es el secretario general de Sortu, uno de los tres partidos que componen actualmente la coalición EH Bildu, la cual cumple esta semana una década.

Magallón es integrante del observatorio Iberifier, que, en un informe sobre los patrones de consumo de desinformación en España y Portugal que se publicará próximamente, destaca una diferencia sustancial respecto a los indicadores de confianza de cómo, a pesar de la proximidad geográfica entre los dos países, España es uno de los países donde menos se confía en los medios y las noticias, mientras que Portugal es uno en los que más se confía a escala mundial. 

España se sitúa en la edición de 2023 en el puesto 36 de los 180 países de la clasificación mundial de la libertad de prensa que evalúa Reporteros Sin Fronteras. Ha descendido cuatro puestos respecto al informe anterior, lo cual puede deberse a factores como la politización que se ejerce en parte de los medios, regidos por una serie de intereses en lugar del estrictamente periodístico, a que los partidos están menos dispuestos a dar conferencias de prensa con preguntas o a la publicación de contenidos falsos sobre periodistas, declara Ana López, representante en España de la Journalism Trust Initiative, iniciativa coordinada por Reporteros sin Fronteras. A ello añade que lo que ha ocurrido con la pausa del presidente del Gobierno y el foco puesto en la desinformación, con el hecho de poder llevar a personas a los tribunales con recortes de prensa sin verificar, pone de manifiesto que se debe hacer más para mejorar esta situación. 

Dentro del campo de la desinformación se puede distinguir un apartado cuantitativo y otro cualitativo, como realiza Miguel Álvarez, profesor del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. “Cada vez hay más preocupación y esto ya en sí es una buena señal. Empieza a colarse en la agenda pública que de alguna manera hay que resolverla porque genera fenómenos como Trump en Estados Unidos, los auges de la ultraderecha o la pausa de reflexión de Sánchez motivada, entre otras cosas, por ello. Por otro lado, en la parte de cómo es esa preocupación no hay tan buenas noticias porque lo que está ocurriendo es que se ha modificado la manera de adhesión al medio de los lectores, la cual es cada vez más polarizada. Es decir, muchos lectores piensan que hay manipulación, pero que no les afecta. Hay, de este modo, poca consciencia de la manipulación que sufrimos todas las personas y cómo se nos encierra en burbujas ideológicas. Eso debe ser objeto de solución de medidas estructurales”, afirma. 

Los fenómenos políticos anteriormente citados son señalados por Stéphane Grueso, coordinador adjunto de Maldita Educa y coordinador de contenidos audiovisuales de Maldita, con la existencia de estudios académicos que muestran cómo la desinformación llega a afectar en dimensiones tan trascendentales como las elecciones. El problema, incide, es tomar la decisión de votar basada en información falsa, “ya que entonces no soy yo el que está votando, sino que alguien que está votando por mí y me están hurtando el derecho a vivir en democracia, por lo que esa es la verdadera amenaza”. 

La pregunta que cabe plantearse es cómo combatir la desinformación desde la propia ciudadanía. Eva Belmonte, periodista especializada en el análisis de datos públicos y codirectora de la fundación Civio, tiene claro que lo que más funciona es el círculo cercano, ya que, como relata, es más efectivo convencer a un familiar de que una información es mentira que ponerse a pelear en X (antes Twitter) con gente que está habitualmente en su cámara de eco. A ello añade la exigencia que se debe hacer de una información de calidad para evitar la extensión de contenidos falsos y el apoyo a los medios independientes, rigurosos y transparentes. 

Por último, José Ignacio Aguaded, catedrático de Educomunicación de la Universidad de Huelva y presidente de la red Alfamed, plantea que la desinformación es una consecuencia directa de una realidad que no se quiso ver, “como es el hecho de vivir en una sociedad de medios y que no exista una formación, unas herramientas y unas competencias que nos capaciten para afrontar de una forma inteligente un consumo autónomo, responsable y crítico de estos medios”.

De este modo, añade que una pequeña parte de la población se aprovecha de este desconocimiento generalizado para lanzar contenidos falsos, informaciones sesgadas o manipuladas e incluso datos personales o la misma publicidad, donde no se suelen conocer los códigos de funcionamiento, utilizando esos contenidos para generar estados de opinión, de ideología, de venta o de desinformación. 

El reparto de la publicidad institucional 

Uno de los aspectos que más es señalado en el espectro de la desinformación es la escasez de transparencia y el uso que se hace en la distribución de la publicidad institucional por parte de los gobiernos. Esto ha sido denunciado de manera reiterada desde múltiples campos como la investigación académica, las organizaciones profesionales de periodistas, los propios medios de comunicación o las entidades sociales. 

En relación con este último apartado, Belmonte apunta que lo que se han encontrado en Civio con la publicidad institucional es que la mayoría del dinero, sobre todo en campañas estatales, van a objetivos que no deberían estar demonizados y que son asuntos necesarios como la prevención de los accidentes de tráfico o contra la violencia machista. Mientras eso queda en la parte positiva, en la negativa se encuadra el hecho del incumplimiento de la legislación, ya que se establece de forma clara que no se pueden hacer campañas de autobombo y, sin embargo, han visto muchas que eran así y que, después de haberlo publicado, se han anulado y se han cancelado. 

El nudo gordiano a abordar que permanece, salvo en contadas excepciones, es el contrato con una agencia de medios para establecer el reparto de la publicidad institucional sin especificar la cantidad por cabecera. “Cuando hemos preguntado a esa agencia cómo han repartido el dinero, nos han negado la información por confidencialidad el contrato. Cuando lo hemos preguntado, usando la Ley de Transparencia, a la Administración pública, en algunos casos nos lo han dado y en otros no. Hay un problema de opacidad brutal, ya que no se suele publicar a qué cabeceras se reparte, cuánto y para qué”, informa Belmonte, a lo cual añade que tampoco se publican los informes que tienen que hacer estas agencias de medios sobre cómo de efectiva ha sido esa publicidad para saber cómo se ha dado ese dinero, con qué criterio se ha repartido y hasta qué punto ha funcionado. 

Álvarez considera que el impacto de la publicidad institucional en España en las dinámicas de desinformación es de gran proporción. Sin embargo, realiza una distinción sobre los medios del espectro digital de la derecha que, a diferencia de los de la izquierda, cuentan con las arcas públicas como principales fuentes de ingresos durante mucho tiempo. De esta forma, están sostenidos artificialmente y de manera opaca por inyecciones de dinero público que se centralizan en la Comunidad de Madrid y que, por lo tanto, dependen estructuralmente de la acción del gobierno. 

Para tratar de observar el conjunto global de las diferentes comunidades autónomas, Álvarez, en colaboración con su compañera Belén Galletero, elaboró un estudio comparativo con un mapa de la publicidad institucional en cada territorio autonómico. La investigación se basa en dos clasificaciones con varios indicadores: la evaluación de los marcos legislativos y los niveles de transparencia alcanzados. 

La publicación, como precisa el propio Álvarez, deja varias conclusiones. La primera es la importancia de legislar, ya que las comunidades que tienen una legislación más exigente, fruto de la presión ciudadana y política, alcanzan mejores niveles de transparencia y reparto de su presupuesto. Comunidades como Madrid, que no tiene una ley específica porque los intentos que ha habido se han tumbado de una u otra manera (Ciudadanos en el año 2015 y el PSOE en 2019; Más Madrid está elaborando en la actualidad una propuesta de legislación), se sitúan en el lado contrario, ya que son las que menos transparencia tienen y reparten peor su presupuesto. 

Los grupos políticos, excepto en escasas excepciones, no hablan del tema cuando están en el poder y sí lo hacen cuando están en la oposición

Otra conclusión alcanzada es que los grupos políticos, excepto en escasas excepciones, no hablan del tema cuando están en el poder y sí lo hacen cuando están en la oposición. El Partido Popular, por ejemplo, promovió las leyes de publicidad institucional en Extremadura y Andalucía cuando era parte de la oposición logrando con ello un avance sano y positivo, pero cuando está en el gobierno trata de tumbar cualquier intento de legislación al respecto y se mantiene funcionando con acuerdos marco de alcance muy limitado que solamente garantizan una legislatura. 

Tomando como referencia Madrid, Álvarez, que ha comparecido recientemente en la Comisión de Presidencia de la Asamblea sobre las posibles mejoras en la publicidad institucional de esta comunidad, puntualiza que su caso es muy significativo porque reparte un presupuesto totalmente desproporcionado en publicidad institucional, donde ha llegado a repartir hasta cinco veces más que Cataluña cuando esto no responde a la proporción en términos de población o hasta casi la mitad que en el conjunto del Estado. 

Sin embargo, como precisa en cuanto a su gravedad, “lo que invierte Madrid no afecta solamente a los madrileños, sino que, como alimenta máquinas del fango que funcionan a nivel estatal, el hecho de que no haya transparencia y no exista un buen reparto de la publicidad, afecta a toda España, que sufre las consecuencias de unos medios que no responden a una demanda popular, sino a una línea política marcada desde un gobierno monopolizado por el PP desde hace muchos años que gestiona sin alternancia política una maquinaria de poder enorme respecto a los recursos mediáticos que está financiada con fondos públicos”. 

Para ello, lo que razona es que en la publicidad institucional prime un criterio de eficacia con criterios objetivables en primer lugar donde los medios que tengan más alcance reciban más ayudas. A ello se puede agregar un principio en paralelo, que es el enfoque en audiencias de sectores poblacionales determinados. Además, están los criterios éticos, como se ha hecho en Baleares, donde no se da financiación a medios que tengan su sede en paraísos fiscales, que publiquen anuncios de prostitución o que hayan sido condenados por mentir una serie de veces en un período temporal de los últimos años. Finalmente, según su reflexión, se encuentran los elementos que son consenso en los estudios investigativos de información o, como se hace en la industria audiovisual, la generación de empleo y contenidos con el territorio que está proporcionando esos fondos. 

En definitiva, teniendo en cuenta las características de este funcionamiento de reparto partidista del dinero público a medios afines y afianzamiento de lealtades políticas y mediáticas, la adopción de una nueva ley de publicidad institucional es una de las medidas más urgentes para la transparencia y la rendición de cuentas en un contexto de regeneración democrática y a nivel de legislación europea, como manifiesta Magallón, quien recibió como respuesta a sus solicitudes de información sobre publicidad institucional a la Comunidad de Madrid que era imposible aportar un desglose de información y que esa información no era asumible por las unidades administrativas. 

Alfabetización mediática e informacional 

Ante este escenario de incidencia de la desinformación en sus múltiples formas, la Unesco, en los años ochenta, fue el primer organismo en señalar la relevancia de la alfabetización mediática e informacional tras detectar la influencia mediática e informativa en la educación y formación, especialmente en las personas más jóvenes. Por ello, es reivindicada como herramienta para combatir las tendencias negativas relacionadas con la desinformación, el discurso del odio y otros contenidos nocivos. 

Así lo refrenda la investigación elaborada por el proyecto ALFAMEDESO de la Universidad Carlos III de Madrid, coordinado por Eva Herrero y que estudia cómo se está incorporando la alfabetización mediática e informacional en los centros de Educación Secundaria Obligatoria de naturaleza pública en España. Dicho estudio ha puesto de manifiesto que el 50% de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria no es capaz de distinguir un titular falso ante otro verdadero sobre una misma temática ni un 64% de estudiantes son capaces de citar el nombre de algún periodista. 

Magallón considera al respecto que es fundamental establecer políticas públicas orientadas a la alfabetización mediática, digital y algorítmica debido a la necesidad de integrar en el currículo escolar la alfabetización como la mejor herramienta para combatir las diferentes estrategias de desinformación y los escenarios crecientes de incertidumbre. 

Por su parte, Grueso coincide en este punto y explica que han estado participando en un grupo de trabajo de seguridad nacional de Presidencia del Gobierno sobre alfabetización mediática y desinformación y una de las conclusiones alcanzadas fue el deber de introducir y desarrollar en el currículo de educación primaria y secundaria los contenidos y competencias de alfabetización mediática e informacional. 

Además, detalla cómo han ampliado los materiales que utilizan desde Maldita con las personas mayores y en las sesiones que llevan a cabo, dentro de sus diversos proyectos, en los centros educativos para formar al alumnado y al equipo de docentes, pero lamenta que solamente se pueda hacer en las tutorías y huecos disponibles, ya que no hay más espacio, tiempo y recursos para ello. Su objetivo, dice, es ir un paso más allá, donde lo que están

haciendo ahora es impartir cursos en los centros de formación continua del profesorado con el fin de que logren tener un mejor marco para poder llevar a cabo su labor. 

“Tenemos que realfabetizarnos porque las cosas funcionan de otra forma y debemos reaprender un montón de conceptos si queremos garantizar nuestro derecho a informarnos de manera efectiva. Esto va mucho más allá de legislar. En el momento que alguien va a decidir lo que es mentira o lo que no y a partir de ahí se sanciona, consideramos que es algo no funciona porque hay experiencias que así lo demuestran. No es la vía porque para eso ya tenemos el código penal, el derecho al honor y más elementos. Siempre hemos entendido que la formación es la principal herramienta contra la desinformación”, destaca añadiendo a su vez que en la actualidad uno de los focos de trabajo es el uso de la inteligencia artificial. 

Mientras, Aguaded apunta que lo complicado es que los problemas se quieren atajar cuando ya se han convertido en úlceras remarcando que la información y la desinformación son dos caras de la misma moneda, ante lo que solamente queda una estrategia realmente útil: la educación mediática e informativa como prioridad para atajar la desinformación y discriminar el consumo de los medios y la información de una forma responsable y crítica. Advierte que con Internet se hace aún más necesaria esta formación porque es mucho más omnipotente y omnipresente la capacidad de penetración social de la desinformación. Esto pasa por el desarrollo de la alfabetización mediática e informacional, la educación mediática o educomunicación (según la denominación de las diferentes corrientes). 

Esa formación observa que se debe realizar en diferentes sectores poblacionales y teniendo en cuenta que el consumo informativo se hace en el hogar y fuera de la escuela. Para ello se han de articular planes de formación estratégicos con guías, materiales y recursos, lo cual incluye en las escuelas al alumnado, pero requiere también la implicación de las familias y del profesorado, así como en otros ámbitos y espacios, tales como las personas mayores, la comunicación o la política. 

“Entre el grupo Comunicar, el grupo Ágora y la red Alfamed, de los cuales formo parte, confluye algo que para mí es muy importante: que la investigación esté vinculada a la formación, la sensibilización, la extensión y la intervención en políticas públicas. Los países se tienen que plantear que no se puede atajar la desinformación con medidas curativas, sino que hacen falta estrategias preventivas y eso se llama educación cívica y mediática. Es muy importante la toma de conciencia por parte de la ciudadanía y un compromiso político en esto ya que nos estamos jugando la democracia”, argumenta. 

Medidas para el presente y el futuro 

Además de la publicidad institucional y la formación en educación mediática e informativa, cabe plantear como apartado final cuáles son las medidas que pueden implementarse para abordar la desinformación ante la adulteración del campo informativo, la proliferación y toxicidad de los contenidos falsos, el control de las audiencias digitales, la distinción de buenas prácticas o la articulación de la regulación del sector mediático.

Uno de los aspectos más básicos e imprescindibles es la definición de qué es en la actualidad un medio de comunicación y los requisitos mínimos que ha de tener

Antes de nada, Magallón apunta que uno de los aspectos más básicos e imprescindibles es la definición de qué es en la actualidad un medio de comunicación y los requisitos mínimos que ha de tener, como son la transparencia respecto a su propiedad y financiación, la adopción de un código deontológico, el trabajo que se realiza o las políticas de corrección de errores para una mejor defensa y garantía de los mismos. 

En relación con las características mediáticas, López diferencia entre los medios que hacen bien su trabajo siguiendo unos códigos deontológicos y los que no. Por ello remarca la utilidad del diagnóstico de la Journalism Trust Initiative para fomentar la salud del ecosistema informativo, una herramienta para la transparencia y la confianza que consiste en una autoevaluación con 130 preguntas donde el objetivo es que el medio que la hace cuente con unos estándares reconocidos que la ciudadanía pueda recompensar identificando a aquellos que cumplan con una serie de criterios de calidad periodística, ética y deontológica. 

Estas preguntas responden a unos indicadores deontológicos y de transparencia y que comprenden desde quiénes son los accionistas, la rendición de cuentas a nivel externo e interno o la formación para los/as periodistas. Si el medio cumple esos criterios de transparencia, se publica un informe en línea gratuito con el cual se puede obtener una certificación ISO, avalada por la Unión Europea. 

“Actualmente hay más de 200 medios en 85 países que cuentan con esta certificación (en España por el momento hay tres medios, ya que el proceso ha comenzado en el país en enero), realizada por los propios periodistas e instituciones de comunicación que no tienen ningún interés. Es la única certificación a nivel internacional que es una norma ISO que cuenta con el sello del Centro Europeo de Normalización, lo cual otorga una credibilidad y es una forma de demostrar la confianza y que los medios pueden hacerlo de otra manera”, detalla López. 

Por otro lado, Belmonte recalca que desde Civio llevan proponiendo, casi desde que se aprobó la Ley de Transparencia, que una de las obligaciones sea especificar en la publicidad institucional el reparto por cabeceras, los criterios de ese reparto y los informes de evaluación. En cuanto a la regulación en las políticas públicas, considera que es un asunto muy complejo teniendo en cuenta que está la línea entre evitar el daño de los bulos y el respeto a la libertad de prensa, para lo cual se debe encontrar el camino que permita poner freno a la desinformación a la vez que no se coarta el derecho de información. 

Además de ello, expresa la necesidad de la creación de un Consejo Audiovisual del Estado siguiendo el modelo del Consejo del Audiovisual de Cataluña y otros aspectos de detalle más concretos en la legislación, como es la obligación y regulación de la transparencia de los medios para conocer quiénes son sus dueños y cómo consiguen sus ingresos con el dinero que llega de la Administración pública. 

Finalmente, Álvarez valora que el control no es un marco de debate progresista debido a que existe un sistema judicial que evalúa los delitos contra el honor o la salud pública y donde cualquier persona puede denunciar el contenido de los medios si se ve afectado por ellos. “Cualquier medida que implique un control de contenidos o una especie de tribunales de la verdad que valoren si los medios mienten o no, si tenían motivo o no para publicar una información o una opinión, creo que es errar el tiro. La libertad de expresión conlleva pagar un precio, que es la posibilidad de que haya pseudoperiodismo con desinformación publicando contenidos con mejor o peor intencionalidad. Lo que debemos demandar son medidas estructurales, donde no se financie con fondos públicos este tipo de medios que se dedican a fabricar propagar bulos”, analiza. 

Álvarez no se queda únicamente en el terreno teórico, sino que desciende al práctico indicando un paquete de medidas que se ha venido reclamando desde distintos ámbitos de la sociedad civil cuyo objetivo sería alcanzar los estándares de los principales referentes europeos, lo cual “sería ya todo una revolución a nivel mediático”. Según su consideración, podría empezarse con equilibrar el sector mediático reconociendo el rol clave de los medios comunitarios, como se hace en Francia, Alemania o los países nórdicos. Además del tercer sector, se debe lograr una independencia real del sector público dejando de fijar a dedo por parte del partido de gobierno la dirigencia de los medios públicos y adoptar el modelo BBC de concurso público, que ya se aprobó por unanimidad pero que lamenta que nunca se haya tomado en serio de manera generalizada. 

Por último, reflexiona sobre cómo sería clave que la publicidad institucional deje de ser una manera de intoxicar el mercado mediático por parte del poder a través de inversiones públicas y de la publicidad comercial del Estado, que conlleva muchos más millones de euros y cuenta con una gran opacidad, como lo que se invierte a través de loterías o publicidad de turismo. A ello se suma el hecho de que España es de los pocos países que no tiene límites a la propiedad diagonal para formar oligopolios, por lo que destaca como un avance a impulsar la fijación de límites a la concentración para garantizar un mayor pluralismo. “Con todas estas medidas no se trata de inventar la rueda, sino de poner en práctica lo que está demostrado que funciona en otros sitios”, concluye.

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