Petroleras
Petronor en huelga indefinida frente al “autoritarismo empresarial” y la creciente “inseguridad"

Desde el pasado 25 de septiembre, la refinería de Muskiz vive una huelga indefinida respaldada por el 91% de la plantilla. El detonante ha sido la imposición empresarial de trasladar los vestuarios a un edificio situado a la entrada del complejo, lo que, según los trabajadores, supone una ampliación encubierta de la jornada laboral en al menos treinta minutos diarios. La dirección insiste en que se trata de una medida de seguridad y tilda la protesta de «desproporcionada e injustificada».

Sin embargo, la raíz del conflicto no se reduce a unos vestuarios. Los sindicatos que integran el comité (UGT, CCOO, ELA y TU/ESK) hablan de «la gota que colma el vaso» de un deterioro progresivo en las relaciones laborales y en las propias instalaciones. Denuncian incumplimientos reiterados, vacantes sin cubrir, presión por las horas extraordinarias y un mantenimiento que se ha orientado a reducir costes en detrimento de la seguridad. «Petronor es un polvorín», advirtieron, apuntando a un aumento de los accidentes potencialmente graves y a emisiones contaminantes que afectan tanto a la plantilla como al entorno de Muskiz y Zierbena.

«Petronor es un polvorín»: los sindicatos alertan de accidentes graves, emisiones tóxicas y un mantenimiento orientado a recortar costes.

El traslado a unos vestuarios construidos hace más de cinco años y prácticamente vacíos desde entonces, con una inversión de seis millones de euros, ha sido el detonante visible de la huelga indefinida. La dirección lo presenta como una mejora de seguridad —un modo de garantizar que toda la plantilla llegue a su puesto ya equipada con ropa y protecciones—, pero para los trabajadores se trata de un cambio impuesto que implica recorrer más distancia cada día y ampliar de facto la jornada laboral en al menos media hora. Esa media hora extra, que no figura en nóminas ni convenios, se convierte en un tiempo regalado a la empresa. «No son minutos, son horas de vida», sintetizan los sindicatos, subrayando que la medida encierra lo que más duele: la idea de que el esfuerzo y el tiempo de las personas son invisibilizados en nombre de una supuesta seguridad que, en la práctica, encubre recortes y sobrecarga.

El comité sostiene que no es un conflicto puntual, sino el resultado de años de incumplimientos, convenios interpretados a conveniencia, vacantes sin cubrir y un uso abusivo de las horas extra. El traslado de vestuarios, impuesto sin consenso y vendido como mejora, ha sido la chispa que encendió un malestar acumulado. Que el 91% de la plantilla apoye la huelga refleja que lo que está en juego no son minutos de trayecto, sino el reconocimiento del tiempo y la dignidad de los trabajadores frente a una “deriva autoritaria” en patronal.

El fantasma de Iqoxe 

Más allá de la cuestión de los vestuarios, lo que más alarma al comité de Petronor es el estado de la refinería. «El estado de conservación es lamentable», denuncian, señalando carencias de inversión y un mantenimiento que busca el ahorro de costes por encima de la seguridad. En su diagnóstico, la planta se ha convertido en un “polvorín” donde se multiplican los accidentes potencialmente graves, se registran incidentes con emisiones incontroladas de contaminantes y los trabajadores están expuestos a sustancias tóxicas sin que la empresa asuma cambios estructurales. Estas palabras, duras y poco habituales en un comunicado sindical, han encontrado eco inmediato en Muskiz y Zierbena, donde los vecinos sufren desde hace décadas olores, explosiones y emisiones tóxicas de la refinería.

El recuerdo de Iqoxe, donde tres personas murieron en 2020, planea como advertencia sobre los riesgos de priorizar beneficios frente a seguridad.

La disputa sobre el modelo laboral y productivo en Petronor no se limita a un pulso interno. En una refinería de esta magnitud, las decisiones de ahorro o desinversión pueden tener consecuencias que se extienden mucho más allá de sus muros. En la memoria de la industria pesan ejemplos elocuentes. En Texas una refinería de BP saltó por los aires tras años de recortes en mantenimiento, con quince muertos, más de 170 heridos y un paisaje urbano convertido en escenario de guerra. En Róterdam la mayor refinería de Europa quedó paralizada durante semanas tras un incendio que iluminó el cielo de media ciudad.

En ambos casos las investigaciones oficiales fueron tajantes. Aquellas catástrofes no fueron accidentes inevitables, sino el resultado de una política empresarial que antepuso la rentabilidad a la seguridad. Cuando el comité de Petronor describe Muskiz como un “polvorín” no es una metáfora al uso, sino una advertencia que debería resonar más allá de Bizkaia.

En el Estado español el ejemplo más cercano y paradigmático es el de Iqoxe en Tarragona. El 14 de enero de 2020 una deflagración levantó de sus anclajes un reactor y provocó la mayor explosión en una planta química en Europa en décadas. Tres personas murieron y la onda expansiva causó graves daños en la zona urbana colindante. La investigación judicial concluyó que la empresa había descuidado la seguridad para obtener más beneficios y que la Generalitat gestionó de forma pésima el incidente.

Testimonios de trabajadores confirmaron que «habían interiorizado la posibilidad de un grave accidente» y que vivían bajo una presión constante para aumentar la producción con plantillas insuficientes y equipos de protección inadecuados. La jueza instructora del caso fue contundente: la empresa «priorizó la rentabilidad sobre la seguridad de las personas»

Las conclusiones judiciales del caso Iqoxe suena como un aviso a navegantes de lo que teme hoy la plantilla de Petronor. Operarios obligados a cubrir más de una planta, recortes de personal, averías frecuentes, ropa de trabajo que no protegía del riesgo químico, salas de control mal protegidas y una política empresarial orientada a aumentar producción y reducir costes. «No se puede poner la rentabilidad por delante de todo», denunciaba un trabajador despedido tras el accidente, subrayando que las mejoras llegaron demasiado tarde. La jueza fue contundente: la empresa «priorizó la rentabilidad sobre la seguridad de las personas».

Contaminación y daño ambiental 

La advertencia de los sindicatos en Muskiz cobra un peso distinto a la luz de estos precedentes. No se trata de retórica sindical, sino de un diagnóstico sobre riesgos estructurales en un sector donde un descuido puede traducirse en tragedia. Como sucedió en Tarragona, donde un fragmento de reactor de 500 kilos voló más de dos kilómetros y mató a un vecino en su casa, los efectos de un accidente no se quedan dentro de los muros de la fábrica. En Muskiz, donde la refinería convive pared con pared con miles de personas, la inquietud es clara: ahorrar en seguridad puede convertir un conflicto laboral en una catástrofe social y ambiental.

Los vecinos de Muskiz y Zierbena llevan décadas denunciando explosiones, olores y episodios de emisiones contaminantes. Hoy esa inquietud la comparten también quienes trabajan dentro, que hablan de “emisiones incontroladas”, incidentes con afección exterior y una exposición creciente a productos tóxicos.

Plataformas como Meatzaldea Bizirik, la Coordinadora Anti-Coke, Ekologistak Martxan o Eguzki llevan años documentando estas situaciones y cuestionando el encaje de la refinería en un punto especialmente delicado: situada entre dos municipios costeros, junto a la marisma del Barbadun y la playa de La Arena, pero también a muy poca distancia de la mayor conurbación del norte de la península, el Gran Bilbao.

«No estamos ante una empresa cualquiera —resume la médica y activista Sara Ibáñez—. Petronor está enclavada entre dos municipios, a escasos metros de zonas habitadas y de una de las playas más concurridas de Bizkaia; sus emisiones y vertidos afectan directamente a decenas de miles de personas», afirma, en línea con sus declaraciones públicas de estos años sobre olores persistentes y contaminantes peligrosos.

La refinería concentra hasta el 75% de las emisiones reguladas de Bizkaia y representa el 41% del tráfico del puerto de Bilbao.

Lo que más indigna a colectivos vecinales y sindicales no es solo la persistencia de los problemas, sino el silencio institucional y mediático que los rodea. Señalan a la Inspección de Trabajo y a los ayuntamientos por no actuar con contundencia ante episodios de llamaradas en antorchas o humos visibles, y recuerdan que Petronor figura entre las mayores fuentes emisoras del Estado. En 2019 fue la quinta instalación industrial española por CO₂, y en el entorno inmediato de la refinería las quejas por malos olores han sido recurrentes durante años. La empresa, por su parte, sostiene que invierte en control de olores y ruidos y que adopta medidas para minimizar impactos durante paradas y operaciones, una narrativa que contrasta con la experiencia vecinal.

Expediente Petronor 

Los datos confirman el peso real de Petronor. En Ezkerraldea, Meatzaldea y Enkarterri funcionan nueve instalaciones incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. En 2023, fueron responsables de 2,9 millones de toneladas de CO₂, lo que equivale al 46% de todas las emisiones reguladas y al 17% del total de la Comunidad Autónoma. Más del 90% de esas emisiones se concentran en dos centros: los ciclos combinados de Bahía Bizkaia Electricidad en Santurtzi, y la propia Petronor, que acumula entre el 59% y el 75% del total. El contraste es evidente: mientras las dos centrales suman apenas 97 empleos directos, la refinería cuenta con 974 personas en plantilla y entre 4.000 y 5.000 mediante subcontratación.

La magnitud de la refinería se refleja también en su balance económico y logístico. En 2023, Petronor —participada en un 86% por Repsol y un 14% por Kutxabank— obtuvo 349 millones de euros de beneficio, procesó nueve millones de toneladas de crudo y produjo 1,7 millones de toneladas de gasolina y 4,2 de gasóleo. Su actividad representó el 41% del tráfico total del puerto de Bilbao, con la entrada anual de 367 buques petroleros. En el mismo año, el consumo interior bruto de derivados del petróleo ascendió a 2,8 millones de toneladas en la CAV y 756.000 en Nafarroa, con un 74% destinado al transporte.

Estas cifras permiten entender la dimensión de lo que se juega en Muskiz. La refinería no es solo un motor económico; es también el principal foco de emisiones de Euskadi y una infraestructura crítica de la que depende el abastecimiento energético de buena parte del norte peninsular. La huelga, al visibilizar el deterioro de las instalaciones y la denuncia de la plantilla, abre un debate que trasciende lo laboral. En una petroquímica de estas dimensiones, ahorrar en mantenimiento o en seguridad no significa solo tensar las relaciones laborales: implica multiplicar los riesgos de un accidente que tendría consecuencias devastadoras para el conjunto del territorio.

El choque de narrativas 

El contraste entre las versiones de la empresa y la plantilla es total. Petronor insiste en presentar el conflicto como una reacción desmedida, amparándose en que es una de las compañías “mejor remuneradas de Bizkaia”, que invierte cada año millones en seguridad y formación, y repite que se trata de «una huelga desproporcionada e injustificada». El comité responde con un diagnóstico muy distinto. Habla de horas extra sin control, vacantes estructurales sin cubrir, jornadas encubiertas más largas y un deterioro progresivo de las instalaciones. Lo que la empresa exhibe como inversión millonaria, la plantilla lo percibe como gasto en propaganda: «Se invierte en ladrillo para la foto, mientras se recorta en mantenimiento y en seguridad», denuncian.

El eco mediático de titulares como “huelga por unos vestuarios” refleja el intento de minimizar el conflicto, pero la votación de la asamblea —con un 91% de apoyo— muestra que no se trata de un capricho. La unidad alcanzada entre UGT, CCOO, ELA y TU/ESK revela que el malestar es compartido y profundo. «La plantilla está unida y convencida, esta lucha es el único camino», insisten los sindicatos. La huelga indefinida es, así, algo más que un pulso laboral: es una disputa de relatos entre una empresa que quiere reducirlo todo a minutos de trayecto y una plantilla que denuncia un modelo que pone en riesgo su tiempo, su salud y su seguridad.

Muskiz vive en esa tensión, la refinería de Petronor es a la vez motor económico y fuente de malestar social, mientras cada incidente recuerda la fragilidad de un modelo que antepone rentabilidad a seguridad

El comité subraya que la huelga es también «por responsabilidad» hacia los contratistas y el entorno social. Al mismo tiempo, denuncia que el Gobierno ha fijado servicios mínimos «abusivos» que permiten a muchas unidades seguir operando casi con normalidad, mientras se fuerzan doblajes de hasta 20 horas y se deniegan permisos de conciliación. Para los sindicatos, es un intento de vaciar de contenido el derecho de huelga y blindar institucionalmente a la refinería como infraestructura estratégica.

Muskiz vive en esa tensión, la refinería es a la vez motor económico y fuente de malestar social. Cada incidente recuerda la fragilidad de un modelo que antepone rentabilidad a seguridad. En plena crisis climática, el conflicto de Petronor pone en evidencia una contradicción central: se sostiene el petróleo como base energética mientras se precariza las condiciones de quienes lo procesan, aumentando los riesgos. El desenlace de la huelga es incierto, pero el mensaje de la plantilla debe calar, pues lo que está en juego no son sólo las condiciones laborales, sino la seguridad de miles de personas y el modelo energético de toda Euskal Herria.