Política
Un curso con golpistas, rupturas, pandemia y la misma desigualdad de siempre

El año político 2020, determinado en todo el mundo por la pandemia del covid-19, adquirió en España tonalidades diferentes dentro de un contexto de crisis global con situaciones análogas en un puñado de países. Una crisis que está marcada por la larga caída de la productividad en que se encuentra la economía occidental, la financiarización como única propuesta de desarrollo del capital, el poder de la deuda como vertebradora de la política, la emergencia de la crisis climática y otras derivaciones que coinciden en marcar un fin al ciclo triunfante del neoliberalismo y el comienzo de una etapa de incertidumbre. Muchas vías están abiertas en este cambio de etapa, también la del cierre autoritario. En eso, España no es excepción.

Las tonalidades diferentes de la “provincia España” vienen dadas por la formación de Gobierno en enero de este año. Algo que convirtió automáticamente a España en un país que, como Portugal, aparece en los mapas internacionales como referente de la acción política de la “izquierda”, convertida la socialdemocracia en la única izquierda autorizada en la Unión Europea. 

Si 2019 fue el año de la eclosión de Vox, como último y agresivo síntoma del agotamiento de las propuestas políticas del bipartidismo en España ─dos partidos que sostenían aquello que Tariq Ali ha definido para el conjunto de los países occidentales como “el extremo centro”─, 2020 ha sido un año de aterrizaje en la realidad de la ultraderecha y de la configuración plena de su expresión en la calle.

A través de las redes sociales y las técnicas de manipulación que se desarrollan en ellas, la ficción se ha introducido sistemáticamente en el debate político, hasta el punto de que, en buena medida, lo ha copado. 2020 ha sido el año en el que se ha introducido con mayor fuerza el significante del gobierno “social-comunista”.

El conspiracionismo, hasta ahora una infracultura política en España, ha tenido su momento de gloria en 2020, emulando casi como un calco la pujanza del movimiento estadounidense Qanon

La realidad es que ese significante, que se amarra a la realidad histórica de dos de los tres partidos que componen el Gobierno de coalición, adquiere sin embargo una tonalidad fantasmagórica en cuanto no describe sino que pretende simplemente crear la figura de un “otro” amenazador destinado a generar antipatía y terror.

La vida de los otros

Como “meme”, la designación de social-comunista aparece acompañado de un campo semántico propio: bildu-etarras, independentistas, Venezuela y, navegando entre las redes de trols y bots organizados, otra serie de sintagmas informales o de batalla, como los de sepulturero, vicepandemias o marqueses de Galapagar.

La reciente gira de Federico Jiménez Losantos para presentar un nuevo libro ha servido para fijar esa idea de que se está llevando a cabo una revolución que amenaza los valores de una España mítica que, paulatinamente, se identifica cada vez más con el franquismo y menos con el consenso de la Transición, que se basó en buena medida en la asimilación, a cambio de unas cuantas renuncias, del Partido Comunista de España. El deseo “de vuelta al orden” no es una excepción en el contexto occidental, las particularidades se extienden a la composición social de los intereses que aglutinan esa sensibilidad de ultraderecha.

La idea de que el PSOE ha entrado en una deriva que conduce a la revolución y a la República, por el embrujo de Unidas Podemos y, más concretamente de Pablo Iglesias, ha sido el motor de un ruidoso primer año de legislatura en la que el covid-19 ha funcionado como pretexto para tratar de acelerar un plan de desmantelamiento del Gobierno poco definido o directamente delirante, como el “avanzado” por el tuitero Carles Enric, uno de los personajes del año en esa red social. 

A medida que aumentaba el cómputo de vidas perdidas por la pandemia aumentaban también los decibelios de la protesta en el Congreso por parte de Vox, seguidos por los de un Partido Popular que teme una pérdida de clientela electoral que lo borre definitivamente del mapa del poder en España. Las sesiones de control al Gobierno sirvieron para imponer la idea de que el Gobierno de Sánchez ha sido “el que peor” ha gestionado la pandemia y deslizar teorías sobre la prevaricación criminal en torno al 8 de marzo, en el plano doméstico, o la creación del virus en un laboratorio chino, siguiendo la agenda del pronto expresidente de Estados Unidos. 

El conspiracionismo, hasta ahora una infracultura política en España, ha tenido su momento de gloria en 2020, emulando casi como un calco la pujanza del movimiento Qanon, de apoyo a las ideas de Donald Trump, en Estados Unidos. Pese a que la táctica de desgaste por tierra, mar y aire se basa precisamente en funcionar por aluvión y no ser sofisticada en extremo, la mezcla entre los argumentos sobre la criminalidad del Gobierno, la falta de libertad y las teorías sobre el origen del virus y la vacuna han generado demasiada confusión como para debilitar, en ese flanco, la acción del Ejecutivo. 

La gestión puramente sanitaria del covid-19 se ha terminado igualando en las estadísticas macro con las del resto del continente y seguramente venían predeterminadas por las condiciones estructurales de la Sanidad Pública o los sistemas de atención a la dependencia y a las personas mayores antes que por decisiones milagrosas tomadas surfeando la ola del covid. El impacto del covid-19 en las estadísticas de mortalidad, muy superior a los 50.000 que muestra el ministerio, no hace de España, de momento, una excepción respecto al resto de países analizados. 

El Gobierno de coalición, que ha mostrado división sobre la derogación de la reforma laboral, no ha impulsado la sustitución o derogación rápida de la Ley de Seguridad Ciudadana

Con todo, el pastiche de críticas tuvo su momento más espeluznante con relación a la gestión de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, alternativamente solvente y buena hasta que ─cuando estalló el escándalo─ fue responsabilidad del chivo expiatorio recurrente: Pablo Iglesias.

La magnitud de la crisis sanitaria llevó al Gobierno a ser de los primeros en la UE en tomar medidas estrictas de confinamiento estricto, o lock down, para doblegar la curva de contagios. Esto tuvo una contrapartida inmediata en el incremento vertiginoso de las denuncias policiales en base a la Ley Mordaza. En los primeros 75 días de estado de alarma se propusieron 670.000 sanciones basadas en su articulado. En el conjunto de los tres años previos se había propuesto un millón. La seguridad ciudadana adoptó así durante los tres meses de confinamiento duro carta de naturaleza con el Gobierno de coalición que pretendía derogar la norma diseñada por Jorge Fernández, ministro de Interior del PP. 

Más de 14.000 euros en multas por defender la sanidad pública

Laura L. Ruiz

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Burorrepresión

Más de 14.000 euros en multas por defender la sanidad pública

Laura L. Ruiz

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Asistentes a las concentraciones que se llevaron a cabo en mayo en defensa del sistema público de salud han empezado a recibir sanciones por la Ley Mordaza. Critican que la policía no identificó a ningún cacerolo pese a saltarse normas de seguridad como la distancia mínima.

Las protestas por ese empleo de la burorrepresión, y por la constatación de decenas de episodios de abusos policiales, apenas afectaron la posición de Fernando Grande-Marlaska en el Gobierno, convertido en cambio en uno de los ministros señalados por la oposición de extrema derecha en el Congreso tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos de la Guardia Civil, agitador desde la benemérita de la teoría de la conspiración en torno al 8M.

El debate sobre la noción de seguridad y a la obligación de permanecer, salvo para la actividad laboral y el consumo primario, durante tres meses en el domicilio, generó cierto nivel de discrepancia en movimientos políticos y sociales de izquierdas ─mucha menos que en Italia, el país-espejo durante esta crisis─. Sin embargo, el Gobierno de coalición, que ha mostrado división sobre la derogación de la reforma laboral, no ha impulsado la sustitución o derogación rápida de la Ley de Seguridad Ciudadana, que será discutida a lo largo de 2021 a iniciativa del PNV.

Derecha movilizada y crecida

En “la calle”, o la movilización ciudadana como una extensión de esa actividad antigubernamental en redes, la respuesta a esa pérdida de las esencias o valores de centro-derecha, hegemónicos en la representación política desde la caída del PSOE en 2011 hasta la moción de censura de 2017, ha sido la novedosa movilización de los conocidos como “cayetanos”. Distintos sectores vinculados al centro-derecha y sus tradiciones y privilegios han sido movilizados y han protagonizado protestas, derivadas también en formas de acoso a altos cargos de Unidas Podemos. 

El año terminó con el presidente del Gobierno haciendo chanza del pastiche de críticas con que se ha atacado su gestión

Vox, y dentro de Vox específicamente su líder Santiago Abascal y su estrella emergente, Macarena Olona, Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Ayuso han representado desde distintas procedencias y responsabilidades la oposición a ese gobierno al que consideran capaz de hacer una revolución política y social en plena pandemia y de convertir a España en su reverso tenebroso: Venezuela. 

El año terminó con el presidente del Gobierno haciendo chanza del pastiche de críticas con que se ha atacado su gestión, una muestra de que en el contexto europeo Sánchez se ha visto respaldado. En las primeras semanas de la crisis, en las que Italia trató de llevar a término la emisión de los llamados coronabonos ─la mutualización de la deuda es un paso pendiente para la UE, probablemente la clave de su futuro─, Sánchez se alineó con la posición de Angela Merkel y su solución temporal: la emisión de deuda por parte del BCE con condiciones futuras aún por definir. Nadie habla de recortes (todavía). Las oportunidades del mercado crecen desde el mantra de la colaboración público-privada.

Ganar es lo único que importa

Wolfgang Streeck

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Carta desde Europa

Ganar es lo único que importa

Wolfgang Streeck

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La obligación tácita de las instituciones centrales de la Unión Europea es no regresar jamás a casa pareciendo que han perdido para que así se hallen en óptimas condiciones de seguir jugando el mismo juego.

El año se cierra, no obstante, con la recurrente crítica y promesa de derogación sobre la ley educativa, LOMLOE, que, como de costumbre, no satisface a apenas ningún sector pero que es rechazada por el centro-derecha en cuanto asume, finalmente de manera tímida, la revisión del sistema de conciertos educativos ─una disfuncionalidad histórica del sistema español─ y profundiza en el reconocimiento de las lenguas catalana, vasca y gallega como no subsidiarias al castellano. No deja de ser descacharrante que la principal movilización contra la llamada “Ley Celáa” tuviera lugar en la Comunidad de Madrid, una región que ha impuesto un modelo bilingüe que obliga a los estudiantes a aprender Historia de España en un nivel de inglés superior al que tienen.

El rey realizó una llamada no autorizada, es decir presentada como “privada”, al presidente del CGPJ, que sirvió para enturbiar aun más las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial

Los recientes pronunciamientos de militares retirados —y las expresiones de nazismo en el interior de las Fuerzas Armadas— han puesto un corolario a ese relato sobre la “descomposición” de las instituciones. Una narración que también ha sido jaleada por los sectores conservadores del Consejo General del Poder Judicial. Una de las pugnas más complicadas ha sido la renovación de ese poder del Estado, algunos de cuyos miembros se han definido en privado como “el último valladar de la democracia”. No en vano, es el último bastión del PP en su progresiva desconexión del poder en España. La campaña de Pablo Casado y el Partido Popular para evitar que “Iglesias entre en el CGPJ”, continuación de la campaña contra su entrada en el Centro Nacional de Inteligencia, fue seguida desde la tramoya del Estado por parte del rey Felipe VI. 

El rey realizó una llamada no autorizada, es decir presentada como “privada”, al presidente del CGPJ, que sirvió para enturbiar aún más las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial. Desde el punto de vista institucional, la disputa en torno al mandato caducado de los jueces conservadores ha sido la maniobra más certera para socavar la credibilidad del Gobierno.

Como efecto duradero de esa campaña permanente contra el Gobierno de Coalición queda la renuncia a la disputa por la bandera española, convertida en un símbolo del nacionalismo-centralista e incapaz a día de hoy de ser resignificada ni siquiera por un Partido Socialista que, en su tradición histórica, mantiene un equilibrio constante entre distintas almas. El hecho de que los tres partidos de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid decidiesen retirar la placa de dedicatoria a Francisco Largo Caballero en la plaza de Chamberí solo puede ser interpretado como una provocación destinada a reventar esos consensos del 78 que nadie en el arco político, salvo dos o tres partidos independentistas, admitirá querer romper pero que han quedado amortizados para todos. En ese sentido, si alguna vez la bandera rojigualda fue símbolo de concordia hoy la mayoría de quienes la defienden son los primeros que se ciscan en la concordia y buscan el conflicto. Algo parecido pasa con la monarquía.

Las medidas sociales

Con un frente antigubernamental tan activo, que ha cohesionado en torno al proceso de destitución a sectores variados del espectro de centro-derecha, cabía suponer que 2020 iba a ser un año de cortesía por parte de la izquierda sindical y social. En efecto, los sindicatos de concertación han correspondido a la interlocución fluida con el Gobierno en forma de apoyo desde las primeras horas de la crisis económica. 

Las medidas de escudo social, la prórroga de subsidios a parados, la moratoria de de contribuciones de autónomos y la salvaguarda del empleo mediante la absorción de salarios por parte del Estado a través de los ERTE, alinearon a los sindicatos CC OO y UGT junto con un Ejecutivo que pronto alumbró el enfrentamiento entre ramas políticas. Un paréntesis: la patronal también aplaudió los ERTE, pero ni siquiera después de esta masiva estatalización de salarios las organizaciones Cepyme y CEOE se avinieron a firmar el acuerdo contra la brecha salarial presentado al alimón por sindicatos, Igualdad y el Ministerio de Yolanda Díaz.

Las dos direcciones de los principales sindicatos han mantenido la paciencia pese a que la derogación de la reforma laboral no tiene fecha y que la música de la reforma de las pensiones las confrontarán con sus bases, en cuanto lo avanzado por el ministro de Seguridad Social hasta ahora no supone, más bien al contrario, un giro en la progresiva devaluación del sistema público a favor de los cantos de sirena del eficiente sector asegurador privado. Una apuesta personal del ministro José Luis Escrivá, por encima del dictamen del Pacto de Toledo, por la implantación de un modelo de capitalización que borre la huella del sistema de reparto actual.

Los movimientos de lucha por la vivienda han resaltado la temporalidad limitada de las soluciones a la crisis de desahucios

El año se cierra con otra incógnita, fruto de la ambivalencia o de la pugna entre esas “almas” de la socialdemocracia española, como es la revalorización del salario mínimo interprofesional. El alineamiento de Pedro Sánchez con la línea austeritaria de Nadia Calviño anticipa un 2021 de mayor conflicto entre las fuerzas del trabajo y un Estado que, como el escorpión de la fábula, tiene los recortes en su ADN.

2020, el año en el que se derrumbaron los mantras y dogmas de la economía

Yago Álvarez Barba

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Coronavirus

2020, el año en el que se derrumbaron los mantras y dogmas de la economía

Yago Álvarez Barba

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La pandemia lo ha cambiado todo. No ha destruido el sistema, ni lo hará, pero nos muestra sus fallos y abre el debate hacia qué tipo de economía mundial queremos avanzar.

Si los sindicatos mayoritarios han permanecido en sintonía con el Gobierno, especialmente con el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, la izquierda social ha confrontado en mayor medida con las sucesivas normativas destinadas a paliar los efectos de la crisis. Vivienda, suministros energéticos e Ingreso Mínimo Vital han sido los “temas” que ha introducido Unidas Podemos en la agenda del Consejo de Ministros. En los tres, pero especialmente en cuanto a desahucios y renta mínima, la crítica se ha fundamentado en lo insuficiente de lo que se han querido presentar como grandes conquistas por parte del ala “social” del Gobierno. 

Sin el covid, una de las noticias del año habría sido la presentación del informe del relator especial de la ONU sobre pobreza

Los movimientos de lucha por la vivienda han resaltado la temporalidad limitada de las soluciones a la crisis de desahucios, que nunca se cerró pero que ha sido más explícita a raíz de la pandemia y la exigencia de permanecer “en casa”. Es duro decirlo así pero si todo va bien en términos de salud pública, los desahucios volverán a ser masivos a partir de mayo.

El decreto aprobado recientemente, además, incluye una novedad que sienta un precedente peligroso: la “compensación” a los grandes tenedores de vivienda por la imposibilidad de desahuciar en supuestos de impago de alquiler apunta a una suerte de rescate encubierto de la especulación que se produce antes de que haya nada que permita atisbar un cambio de tendencia en las políticas de vivienda. Políticas, que en la última década han premiado el desembarco de los grandes fondos financieros ─léase Blackstone─ y han desmantelado el imperfecto modelo de construcción de vivienda protegida sin siquiera tentar vías de alquiler social vigentes en el resto del continente. 

Entre las luces del año que se cierra está la aprobación en el Parlament de la Ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda que el ministro Pablo Iglesias presenta como un modelo para la futura Ley de Vivienda que el ministro José Luis Ábalos se ha comprometido a presentar en el corto plazo. La ley catalana, sin embargo, solo promete una bajada de precios si el mercado baja. Un primer paso que seguramente no sea suficiente para revertir las políticas de vivienda pero que, en cualquier caso, ha generado menos controversia que el Ingreso Mínimo Vital.

Cinco consideraciones sobre el Ingreso Mínimo Vital

Sarah Babiker

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Renta básica

Cinco consideraciones sobre el Ingreso Mínimo Vital

Sarah Babiker

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La gente no tiene la culpa de ser pobre. Yo sé que lo sabéis, lo dijisteis muchas veces ante las cámaras y en el Parlamento, lo defendisteis ante los de “la paguita”. Disputabais el sentido común neoliberal en debates y notas de prensa. Pero se os coló en las prácticas. Os diseñó los formularios y los plagó de trampas.

El relato de Naciones Unidas

Sin el covid, una de las noticias del año habría sido la presentación del informe del relator especial de la ONU sobre pobreza tras su visita el invierno pasado a distintos puntos clave de la pobreza en España. El relato de Alston buscaba trabajar una entrada suave del nuevo Gobierno en la dura realidad: “Las altas tasas de pobreza son una opción política”, señaló en febrero, identificando una serie de claves que siguen interpelando al Gobierno diez meses después: alto paro, desigualdad, situaciones de extrema precariedad y semiesclavitud en la producción agrícola y elevadas cotas de pobreza urbana. Las inspecciones de trabajo en el campo son el reflejo de que la constatación de la ONU de que el Gobierno apuntó en una lista de vergüenzas nacionales algunas de las advertencias del relator.

En cambio, la lentitud en la tramitación, primero, y después el hecho de que la mitad de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital hayan sido rechazadas han convertido a esta renta, presentada como una salvaguarda durante lo más duro de la pandemia, en una “esperanza denegada”. 

El corolario a la visita de la ONU ha sido la decisión de la Comunidad de Madrid de cortar el suministro a 4.500 personas en la Cañada Real en pleno invierno

En 2020, eso sí, una propuesta relativamente académica como la de la Renta Básica Universal (RBU) ha salido del cascarón y tuvo cierto eco social durante las semanas más duras de la pandemia. Incluso el despectivo concepto de la “paguita” muestra que la RBU es una posibilidad en el continente europeo, donde ya se han recogido 80.000 firmas para una iniciativa legislativa popular que obligue a la Comisión Europea proyecte la implantación de rentas básicas incondicionales en toda la UE.

La confusión entre IMV y Renta Básica, sin embargo, ha quedado como una de las fallas entre el discurso oficial-gubernamental, decidido a no saltarse ningún paso no autorizado por Bruselas y aceptado por los poderes económicos, y el de los movimientos sociales que valoran la RBU como una herramienta ante la crisis global. Junto a la renta básica, la reducción de la jornada de trabajo o de la semana laboral a cuatro días es otro de los debates sobre el futuro del trabajo que se han abierto paso en un año marcado por el aterrizaje abrupto y forzoso en la realidad del teletrabajo.

El corolario a la visita de la ONU ha sido la decisión de la Comunidad de Madrid de cortar el suministro a 4.500 personas en la Cañada Real en pleno invierno. Un gesto “trumpista” por parte de Díaz Ayuso que ha recibido críticas por parte del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco Gonzalo, quien este diciembre ha visitado la Cañada Real para pedir una solución inmediata a la vulneración de derechos de la infancia en esta ciudad-poblado a 14 kilómetros de la Puerta del Sol. Ayuso, hasta el momento, ha hecho caso omiso de la admonición de Naciones Unidas y ha enarbolado un discurso agresivo de criminalización de la población de la Cañada.

2020 ha sido también un momento álgido de una cada vez menos velada “guerra contra el pobre” que se ha extendido desde las críticas al profesorado precario hasta la campaña contra los “okupas” y los menores extranjeros no acompañados.

Guerra contra el pobre

Pablo Elorduy

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La semana política

Guerra contra el pobre

Pablo Elorduy

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Las medidas de rescate social están encogiendo varias tallas. La pobreza se sigue expandiendo. En este contexto, hay una guerra contra los pobres no declarada pero con distintas expresiones: okupas, prostitutas, profesoras, jóvenes. Todos esos grupos están señalados estos días.

La izquierda política

La supuesta expansión desde la vicepresidencia de derechos sociales de un movimiento revolucionario con capacidad para cambiarlo “todo” contrasta, en la realidad, con el momento de reflujo y crisis orgánica de Unidas Podemos, que vivió en 2020 nuevos episodios de su ya interminable via crucis.

La estructuración en torno a proyectos soberanistas ha generado un importante trasvase del componente “ilusión” a tres partidos históricos de Galicia, Euskal Herria y Cataluña

En junio, las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca y la desaparición completa del espacio “del cambio” en Galicia mostraron la herida profunda de un proyecto que tira con solvencia en el Congreso pero que ha perdido en dos años todo lo avanzado en implantación territorial. Entre octubre y noviembre llegó la más aparatosa de las rupturas políticas. Adelante Andalucía, constituida solo un año antes para las elecciones autonómicas, se partía en dos pedazos entre acusaciones de delitos y reproches de toda índole. 

Adelante... a ninguna parte

Jesús Jurado

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Adelante Andalucía

Adelante... a ninguna parte

Jesús Jurado

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La implosión de ayer de la coalición Adelante Andalucía es un final demasiado triste para una experiencia que devolvió la esperanza a muchos y aleja a una ciudadanía justamente indignada con unos políticos que invierten ingentes esfuerzos en sus disputas internas mientras todo colapsa a su alrededor. 

Si en febrero de 2020, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez habían anticipado una separación amistosa de sus proyectos, nueve meses después la amistad ha desaparecido y la posibilidad de un reencuentro táctico a corto plazo es una quimera. La implosión de la izquierda del cambio que tuvo lugar en Madrid en 2019 se ha reproducido ya en distintos territorios estratégicos con pocos cambios y con un mismo resultado: hoy ese espacio es un descampado o bien una enorme unidad de quemados políticos. Eso que vaticina resultados funestos para el horizonte electoral de la constelación Unidas Podemos pero que, aparte de lo electoral, deja desgarrones en los movimientos políticos y sociales de esos territorios con difícil cura. 

La estructuración en torno a proyectos soberanistas ha generado un importante trasvase del componente “ilusión” a tres partidos históricos de tres territorios conectados también por reivindicaciones comunes. Los magníficos resultados del Bloque Nacionalista Galego y EH Bildu en las elecciones de junio, tras las que ambos proyectos son segunda fuerza política y oposición, y el previsible “sorpasso” de Esquerra Republicana de Catalunya a los restos de la antigua Convérgencia i Unió y el lado más salvaje del Procés, están conectados en cuanto en esos proyectos el programa social, las más de las veces socialdemócrata, se superpone a la hoja de ruta independentista sin renunciar por ello a la confrontación directa con los frutos del nacionalismo español tardío. 

Xavier Domènech: “Necesitamos una estrategia republicana conjunta”

Diego Díaz

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República

Xavier Domènech: “Necesitamos una estrategia republicana conjunta”

Diego Díaz

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Xavier Domènech regresa a la historia con “Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017)”, un ensayo que apuesta por el republicanismo confederal, y rastrea sus orígenes y devenires como alternativa popular al Estado monárquico y centralista de las clases dominantes.

Las elecciones de febrero de 2021 en Catalunya, y la posibilidad de que ERC pueda empezar a transitar en una salida al laberinto que el fin del pujolismo y el procés, ha generado en esa sociedad, serán el primer hito político de la nueva década. El compromiso de los indultos por parte del Gobierno de coalición es un nuevo banderín de enganche para la reacción ultraderechista tras la fallida moción de censura de Vox el pasado mes de octubre.

2021 será un año clave en la operación “salvar al rey Felipe”, aunque las posibilidades están abiertas en todas direcciones

Con esa banda sonora se disputa asimismo la credibilidad de la ya anunciada reforma de la Casa Real. La encuesta publicada por El Salto y los diarios de la Plataforma de Medios Independientes señaló en septiembre la profundidad de la brecha entre Felipe VI y el pueblo catalán. Los sectores de defensa a ultranza del rey serán los mismos que traten de vetar e impedir los indultos a los líderes independentistas encarcelados desde 2017. La hoja de ruta de ese nacionalismo español tardío es evitar una pacificación, por más que sea superficial, de la situación con Catalunya. En la actualidad, además de los presos y candidatos al indulto, hay al menos 2.800 personas afectadas por “la causa general contra el independentismo” promulgada desde 2017.

Cinco claves de la mayor encuesta sobre la monarquía hecha en el reinado de Felipe VI

Pablo Elorduy

Encuesta monarquía

Cinco claves de la mayor encuesta sobre la monarquía hecha en el reinado de Felipe VI

Pablo Elorduy

El Salto junto a los 15 medios de la Plataforma de Medios Independientes publica hoy un barómetro basado en 3.000 encuestas sobre la actuación de la casa real, el reinado de Felipe VI y la posibilidad de un referéndum.

Aunque no hay un republicanismo organizado en el conjunto del Estado, la crisis generada en torno a lo que, sin el covid, hubiera sido la noticia del año, amenaza a la monarquía, que vive sus horas más bajas desde la restauración de 1975. La revelación por parte de la prensa extranjera de la actividad de Juan Carlos I como agente financiero internacional y de sus cobros ilegales, seguida en verano de la salida del país del monarca de la Transición, ha sido la constatación de que el consenso del 78 se basa en la sanción legal de la irresponsabilidad del jefe del Estado. Una facultad, la de ser irresponsable, que no ha perdido el actual monarca y que, con justicia, es vista como anacrónica e injusta por una mayoría de la población.

2021 será un año clave en la operación “salvar al rey Felipe”, aunque las posibilidades están abiertas en todas direcciones. El “ruido de sables” de exmilitares indica una vía contraria a los intereses de los monárquicos moderados en que se produzca una modificación legislativa ligera para adecuar al actual jefe de la Casa Borbón a los estándares de transparencia vigentes en el siglo XXI. Una de las claves del año que entra será ver cómo se produce ese aterrizaje de la institución monárquica en los nuevos tiempos sin abrir la puerta a una reforma constitucional inviable en este momento de crisis global de las instituciones.

Con una izquierda atomizada, en proceso de centrifugado, enzarzada en una autoevaluación constante y agotadora en las redes sociales, la perspectiva de un proyecto federal, republicano y “por abajo” sigue siendo una quimera en un 2021 en el que se cumplirán diez años del 15M, un movimiento que impugnó el relato de la Constitución y el Régimen del 78.

La falta de movimientos fuertes, sin embargo, no implica que la propuesta de “regreso al orden” y la solución autoritaria tenga ahora mismo ventaja, por más que dispongan de más medios materiales y medios de comunicación mejor financiados. La partida sigue en marcha y la nueva normalidad consiste en que cualquier previsión de lo que puede suceder está cogida con alfileres.