Salud Pública
Un instituto controlado por consultoras afines al PNV condiciona el pacto de salud y el futuro de Osakidetza

Las elecciones vascas del pasado mes de mayo dejaron en el aire hasta nueve grandes reformas sanitarias, prometidas por el entonces lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera de Salud Gotzone Sagardui. Todas ellas en el marco de la nueva Ley de Salud Pública de Euskadi, aprobada en noviembre de 2023 gracias a los únicos votos favorables de los partidos del Gobierno, PNV y PSE, y con el objetivo, entre otros, de dotar al Gobierno Vasco de un foro en Osakidetza para la participación de la sociedad civil.

Para la puesta en marcha del foro, la nueva ley propone la creación del Instituto Vasco de Salud Pública, presentado por el PNV como “un elemento nuclear de la Ley”. El citado Instituto debía crearse para asumir “la asistencia e impulso” del “órgano superior de participación de la sociedad civil”, entidad “de carácter consultivo y asesor” para “proyectos de ley, reglamentos y planes en materia de salud pública”.

En el foro de participación estarían representados, al menos, las entidades mencionadas por la nueva Ley: el propio Instituto Vasco de Salud Pública; el departamento de Salud; Osakidetza; la Comisión Interinstitucional de Salud Pública; los órganos del Gobierno Vasco encargados de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, así como los competentes en materia de trabajo; las asociaciones profesionales concernidas; las universidades; asociaciones formadas por personas enfermas y sus familias, y también de personas consumidoras; el Consejo de la Juventud; las organizaciones de personas pensionistas o jubiladas; y los medios de comunicación.

La puesta en marcha del Instituto Vasco de Salud Pública, impulsor de la participación de la sociedad civil prevista en la ley de noviembre de 2023, es el marco legal que condiciona una nueva iniciativa meramente política impulsada por Imanol Pradales desde lehendakaritza y Alberto Martínez como nuevo consejero de Salud.

Concretamente, el próximo 5 de septiembre se iniciará la Mesa para el Pacto de Salud, un foro donde partidos, sindicatos y profesionales pactarán el futuro de Osakidetza. “Un plan de carácter institucional con apoyo externo”, como afirmó Pradales. 

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Según la documentación remitida por la Consejería de Salud al Parlamento Vasco la semana pasada, destacan los 117,7 millones que fueron a parar a empresas vinculadas a exaltos cargos del servicio vasco de salud, los 42,3 millones destinados a una entidad presidida por una exportavoz jeltzale del Gobierno Vasco y los 34,4 millones que acabaron en mercantiles dirigidas por dos exburukides del PNV.

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La conquista del capitalismo de consultoría

Como ha podido documentar esta revista, las consultoras están tomando el control del órgano de participación de la sociedad civil previsto por la nueva Ley de Salud Pública, que incluso se basa en un estudio elaborado por la consultora PKF Attest ITC, con un coste de 71.390 euros.

El estudio menciona que una de las “obligaciones de la Administración Pública respecto a la ciudadanía” debe estar centrada en “garantizar el derecho a la participación ciudadana, que podrá ejercitarse directamente por la ciudadanía o por medio de las organizaciones que la representen”.

La nueva ley tenía prevista la creación del Instituto Vasco de Salud Pública, cuyos estatutos fueron elaborados por la consultora PwC, previo pago de 66.308 euros

PKF Attest es la matriz de la firma Uliker, creada por el exvicelehendakari jeltzale Jon Azua y condenada en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por pertenecer a un cártel que realizó prácticas colusorias contra las administraciones públicas vascas. Esta revista publicó además que el Puerto de Bilbao adjudicó 100.000 euros a esta consultora del cártel después de que fichara al hermano del Presidente de la institución portuaria.

Además, la nueva ley tenía prevista la creación del Instituto Vasco de Salud Pública, cuyos estatutos fueron elaborados a finales de julio por la consultora PwC, previo pago de 66.308 euros. En esta consultora, con cualificadas puertas giratorias para exaltos cargos de la Hacienda de Bizkaia y que también formó parte del cártel sancionado, ejerce de directivo el exburukide Asier Atutxa. 

Por razones que todavía no se han hecho públicas, el pasado 21 de agosto, el director del servicio jurídico del Departamento de Salud del Gobierno Vasco desistió del procedimiento de contratación del servicio de “consultoría para la elaboración de una propuesta de Plan Funcional y catálogo de servicios del Instituto de Salud Pública de Euskadi, así como la hoja de ruta para su puesta en marcha”.

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Este contrato en torno al Instituto que debe asistir e impulsar el foro de participación ciudadana en planes de Osakidetza previsto en la nueva Ley de Salud Pública contaba con un presupuesto de 84.651 euros, y hasta ese momento solo había presentado oferta la firma LKS, consultora que busca liderar la “mejora” de Osakidetza prometida por Imanol Pradales.

LKS, del Grupo Mondragon, en cuya división del área de Salud ha ejercido el liderazgo un exedil del PNV y exalto cargo de Osakidetza, Mikel Álvarez, se está convirtiendo en una empresa central para entender el futuro de Osakidetza. Esta consultora ha conseguido ser elegida para dar apoyo técnico al Plan de Salud Euskadi 2030, es decir, uno de los tres planes y programas que regirán las acciones en materia de salud pública.

En la elaboración de este plan prospectivo, publicado en julio de 2023, colaboraron hasta tres miembros del actual organigrama del Departamento de Salud: Miren Lorea Bilbao (viceconsejera de Administración y Financiación); Frumencio Molinero (director de Aseguramiento y Contratación); y Jon Iñaki Betolaza (director de Farmacia).

LKS, también con puertas giratorias vinculadas a cargos públicos, fue mencionada en un reciente informe del Consejo Vasco de la Competencia tras ser investigada por la Autoridad Vasca de la Competencia por pertenecer a un supuesto cártel. El informe alerta de las nuevas técnicas empleadas por las consultoras para monopolizar contratos.

Pese a no poder acreditar infracciones, la autoridad regulatoria pone sobre la mesa que las consultoras han sofisticado sus técnicas. En lugar de pactar ofertas de cobertura, las competidoras forman UTEs y terminan subcontratando entre sí los servicios públicos externalizados.

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El Plan Osasuna Zainduz fue el punto de inflexión en la implantación del modelo de gestión pública del Servicio Vasco de Salud. Esta reforma impuso en 1991 ideas como la competitividad, la reducción de costes, la figura de cliente, la sanidad como un mercado, las políticas de oferta y demanda, los incentivos por resultados y otras medidas procedentes de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher.