Sanidad pública
Andalucía, líder en listas de espera mientras la Junta se niega a debatir sobre su gestión sanitaria

La Junta de Andalucía veta realizar un debate en torno a su gestión sanitaria tras darse a conocer por el Ministerio de Sanidad que Andalucía cuenta con más de un millón de personas en lista de espera para ser atendidas en los centros médicos y aboga por los conciertos privados para solucionar la problemática.
MorenoCatalina
Juanma Moreno y Catalina García en el Hospital Virgen del Rocío

“Si el sistema sanitario funciona, genera listas de espera”, comentaba la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, al publicarse el martes 21 de noviembre los datos del Ministerio de Sanidad acerca de las listas de espera sanitarias en las comunidades autónomas. Un informe expone una realidad desoladora para la sanidad andaluza: más de un millón de personas se encuentran esperando ser atendidas en los centros sanitarios andaluces, un 11% más que el año anterior.

García ha señalado como una de las posibles soluciones a este atasco en las listas de espera que los profesionales sanitarios alargan sus jornadas laborales

Los datos del Ministerio de Sanidad también apuntan que, al menos, 192.561 andaluzas están esperando para una intervención quirúrgica, un 25% lo hace desde hace más de seis meses. El decreto de garantías de tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas del SAS recoge que “las intervenciones quirúrgicas deberán realizarse en un plazo no superior a los 180 días naturales”. El SAS ha retrasado en más de un año la comunicación de estos datos al ministerio, y, por tanto, han retrasado que se hiciesen públicos “por un problema técnico”, según apunta García. Los datos de Sanidad también aseguran que hay 841.731 pacientes que esperan una primera consulta y que la media que una andaluza espera para asistir a una cita médica es de 121 días.

La consejera ha justificado el alarmante número de pacientes en espera por “la herencia socialista” de las administraciones anteriores, a pesar de que el PP lleva cinco años gobernando Andalucía y ha esgrimido que, ante la problemática, la Consejería no se encuentra “de brazos cruzados”. García ha señalado como una de las posibles soluciones a este atasco en las listas de espera que los profesionales sanitarios alarguen sus jornadas laborales “voluntaria, puntual y retribuida”. Un trabajo extra que denomina “autoconciertos”. Los propios datos del SAS señalan que desde 2018 las horas extras del personal sanitario han aumentado en un 25%.

Ante estas nuevas informaciones, los partidos de la oposición dentro del parlamento andaluz han pedido la destitución de la consejera, así como la puesta en marcha de un debate general en el que hablar acerca de la cuestión. Desde Adelante Andalucía, su portavoz, Jose Ignacio García, ha argumentado que, con los datos del estado de las listas de espera andaluzas, la consejera “demuestra que es incapaz para el puesto y debe marcharse automáticamente”. A lo que ha añadido que “los problemas técnicos” que alega para justificar el retraso en la publicación de estos datos es “porque les daba vergüenza”. El portavoz andaluz de IU y diputado en las cortes generales del Estado español por la coalición de partidos Sumar, Toni Valero, ha argumentado que “Bonilla está engañando a los andaluces” con su gestión sanitaria.

Por Andalucía, la coalición de partidos en la que se encuentran IU y Podemos en el gobierno andaluz, y PSOE A han presentado de forma conjunta una propuesta de resolución para la celebración de un gran debate sobre la sanidad que los grupos de la oposición llevan meses pidiendo. Sin embargo, este trámite no ha llegado a la estancia siguiente para que siguiera su recorrido, la Junta de Portavoces, el organismo que se encarga de aprobar las órdenes del día del pleno, ya que ha sido paralizado por la Mesa de la Cámara andaluza, con mayoría del PP. Toni Martín, el portavoz del partido que gobierna la Junta de Andalucía, ha justificado que no haya prosperado la petición de debate argumentando que “no tiene sentido. Es ridículo empeñarse en un debate general con la intención de crear alarma y no vamos a entrar en ese juego” y que “la visión apocalíptica de Andalucía de los grupos de la izquierda no es algo nuevo”.

La Asociación Justicia por la Sanidad ha denunciado a la oficina anticorrupción irregularidades en diversas licitaciones otorgadas por el SAS al grupo empresarial Asisas y a la corporación religiosa la Orden de San Juan de Dios durante los años 2015 y 2019

La estrategia del gobierno presidido por Juanma Moreno Bonilla ha sido presumir de inversiones y proyectos sanitarios. Este miércoles, la Consejería de Salud anunciaba la futura Estrategia de Salud Digital de Andalucía, aún en fase de redacción, que argumenta que será “un significativo impacto en la calidad de los servicios de salud y, también, por su impacto en la vida de las personas”. No es la primera vez que el ejecutivo andaluz esconde las críticas sanitarias detrás de anuncios, como el de “una partida de sanidad histórica” en el presupuesto de 2024 a finales de octubre tras las manifestaciones de la marea blanca.

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Los populares no solo se niegan a dar explicaciones a través de un debate general en el parlamento andaluz acerca de su gestión sanitaria a los partidos de su oposición, también a las decenas de miles de andaluzas que durante los últimos años llevan manifestándose contra el declive de la sanidad pública y la deriva privatizadora del gobierno andaluz. Un clamor popular que el pasado 28 de octubre tuvo su episodio más reciente con el objetivo común de señalar “el desmantelamiento de la salud pública andaluza”.

Sanidad
Sanidad La Marea Blanca vuelve a las calles andaluzas
Varias ciudades andaluzas protestan para denunciar el “deterioro progresivo” de la sanidad pública.

Las empresas privadas se reparten el pastel

Las mareas blancas llevan años denunciando que el declive de la sanidad pública andaluza traducido en falta de infraestructuras, listas de esperas interminables y falta de profesionales, son las políticas privatizadoras y “la imposición de un modelo neoliberal que entiende la salud como un bien de consumo y una actividad económica que traspasa recursos públicos a empresas privadas de asistencia sanitaria a las que solo les mueven los márgenes de beneficio”, según comentaba Isabel Toral, portavoz de la Marea Blanca de Granada durante la manifestación del pasado 28 de octubre.

En los últimos años, los conciertos sanitarios y las decisiones que traspasan competencias sanitarias públicas a las privadas han sido el pan de cada día de la política andaluza. Las últimas, el pasado octubre cuando la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía pedía “ayuda” al sector privado para superar sus carencias. A principios de octubre, el Servicio Andaluz de Salud publicaba una licitación para que las empresas privadas puedan hacerse cargo de las derivaciones de operaciones quirúrgicas y diagnósticos de la sanidad pública. Unas licitaciones que tienen un presupuesto de 734 millones de euros y una duración de cuatro años. Según el texto de la medida, se trata de un “acuerdo macro para la prestación de servicios de asistencia sanitaria, de carácter complementario a la prestada en centros propios, a usuarios del Servicio Andaluz de Salud en centros sanitarios y servicios privados”. Moreno Bonilla ha defendido la decisión alegando que son “instrumentos” puestos en marcha “para beneficiar a los ciudadanos” y tiene como objetivo “aliviar” las listas de espera.

Además, el pasado martes 17 de octubre la Consejería de Sanidad anunciaba otro nuevo concierto con las empresas privadas para solventar el estado de la atención a la salud mental en Andalucía. El objetivo de estos dos acuerdos macro es la derivación de pacientes de salud mental a entidades privadas. Desde la Consejería alegan una vez más que se debe al aumento en un 20% de los pacientes de salud mental en los últimos dos años. Los acuerdos tendrán un presupuesto de 30 millones de euros.

Catalina García, en plena polémica sobre los datos del Ministerio de Sanidad acerca de las listas de esperas, sigue defendiendo estos conciertos como la solución al problema, pero insiste en que “no es privatizar la sanidad”.

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Las ocho empresas que se reparten el negocio

La entrada de los fondos de inversión en el capital de privadas sanitarias provocó un casino en el que las acciones pasaron en pocos años por entidades que ganaron miles de millones de euros con estas transacciones mientras concentraban el sector en un puñado de empresas.

La Junta de Andalucía aún no ha hecho públicas las empresas privadas que se beneficiarán de estos conciertos. Actualmente, en Andalucía hay más de 58 hospitales privados, muchos con licitaciones y competencias públicas, en su mayoría en manos de grandes compañías de servicios sanitarios.

Entre ellos se encuentra QuironSalud, que cuenta con más de 21 centros sanitarios en la comunidad y que desde 2015 cuenta con varios conciertos de la Junta de Andalucía en distintas zonas del territorio, como el que permite realizar cirugías derivadas de la pública en el Hospital Quirón Salud Campo de Gibraltar. Los ingresos de esta empresa, que forma parte de la multinacional alemana Fresenius, ascendieron en 2022 a 4.441 millones de euros.

El grupo Viamed cuenta con cuatro centros médicos en Andalucía y ha cotizado en 2022 en todo el Estado español 8.423.790 millones de euros y el pasado marzo adquirió el histórico Hospital Fátima en Sevilla.


La Asociación Justicia por la Sanidad ha denunciado a la oficina anticorrupción irregularidades en diversas licitaciones otorgadas por el SAS al grupo empresarial Asisas y a la corporación religiosa la Orden de San Juan de Dios durante los años 2015 y 2019. Dos entidades que también tienen gran presencia en el panorama sanitario privado andaluz.

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