Trabajo doméstico
Una encuesta alerta de la violencia en el trabajo que sufren las empleadas de hogar migrantes

Con 18 años y apenas tres meses después de dar a luz a su segunda hija, Dalisay emigró de Filipinas a España. Dejó a sus hijas al cuidado de su hermana y comenzó a trabajar como empleada del hogar interna en Madrid, enviando dinero cada mes a su familia en su país de origen. Poco después de instalarse en la vivienda de sus empleadores, el hombre empezó a mostrar una conducta extraña. “Esperaba a que su mujer se fuera de viaje de trabajo y entonces se paseaba desnudo por la casa”, recuerda, arrugando un pañuelo entre las manos. Dalisay sabía que el comportamiento de su empleador le resultaba incómodo, pero aún no lo identificaba como violencia de género. “Tenía miedo y sabía que tenía que salir de esa situación”, dice, quitándose las gafas para secarse las lágrimas. “Si no lo hubiera hecho, creo que podría haber ocurrido algo mucho peor”.

Teresa, de 64 años, profesora de inglés en Filipinas, lleva tres décadas trabajando como empleada del hogar en Madrid. En uno de sus empleos anteriores, estuvo expuesta en repetidas ocasiones a los genitales de su empleador dentro de su casa. Extiende los brazos para ilustrar la diferencia de estatura entre ella y su antiguo jefe. “La primera vez que ocurrió me asusté muchísimo”, recuerda. “Se me cayó el cesto de la ropa y salí corriendo, me fui de la casa. No sabía qué hacer. Fue una etapa de mucha angustia”. Sin embargo, cuando se le pregunta si considera que aquello fue violencia de género, niega con la cabeza: al principio no creía que lo fuera.

Tanto Teresa como Dalisay, pese a no haber consentido lo que presenciaron, se han enfrentado al dilema sobre el supuesto derecho de sus antiguos jefes a estar desnudos en su propio hogar, sin saber cómo distinguir dónde se diluyen los límites de lo privado y lo profesional. Pero lo que vivieron va más allá de la simple desnudez: puede definirse como exhibicionismo, es decir, la compulsión a mostrar los genitales u otras partes íntimas del cuerpo o a comportarse sexualmente en público. Puede que ocurriera en viviendas privadas, pero cuando una casa se convierte en el lugar de trabajo de otra persona, los límites cambian.

Ante la pregunta de si habían padecido esta clase de abusos, veinticuatro mujeres afirmaron haber sufrido agresiones físicas, como violación o intento de violación

En los últimos nueve meses, 106 trabajadoras del hogar migrantes de toda España han compartido con este medio sus experiencias de violencia de género en el ámbito laboral, incluidas cerca de 50 entrevistas presenciales. La mitad de las mujeres encuestadas afirmó haber sufrido violencia de género en el trabajo, desde abusos verbales hasta violaciones, y, sin embargo, ninguna presentó una sola denuncia ante la policía. Los datos y testimonios recogidos en esta investigación revelan un trauma oculto de violencia de género que tiene lugar a puerta cerrada, donde las víctimas guardan silencio por miedo a cómo puede afectar a su futuro y al futuro de sus familias.

Dieciséis trabajadoras del hogar señalaron sentir miedo a perder su trabajo como principal motivo para no denunciar la violencia de género ejercida por sus empleadores. Cuatro mencionaron tener miedo a la propia policía. Tres citaron temor a una deportación, mientras que otras mostraron una mezcla de vergüenza y recelo ante una estigmatización durante el proceso de denuncia, la preocupación de que nadie las creyera y la sensación de que lo ocurrido no era lo suficientemente importante para ser denunciado. Otras alegaron desconocer cómo presentar una denuncia.

La punta del iceberg

Las mujeres migrantes entrevistadas viven en distintas partes de España, entre ellas Madrid, Barcelona, Valencia, Galicia, Málaga y otras regiones. Proceden de 18 países diferentes —principalmente de América Latina y Filipinas— y tienen entre 20 y 77 años, con una edad media de 49. Aproximadamente cuatro de cada diez trabajadoras del hogar migrantes encuestadas se encontraban en situación administrativa irregular en el momento del estudio. Una de cada dos participantes afirma haber sufrido violencia de género en el trabajo en los últimos diez años, lo que vemos apenas refleja la magnitud real del problema.

Las respuestas de la encuesta muestran mucha disparidad en la forma en que se percibe y reconoce la violencia de género. Ante la pregunta de si habían padecido esta clase de abusos, veinticuatro mujeres que afirmaron haber sufrido agresiones físicas, como violación o intento de violación, tendían a identificarse como víctimas o supervivientes. En cambio, las participantes que no habían experimentado una violencia tan explícita solían responder inicialmente que no se sienten víctimas.

En aproximadamente la mitad de los 106 casos, la encuesta se realizó mediante entrevistas presenciales, lo que permitió profundizar en los ejemplos de violencia de género incluidos en el cuestionario. Entre ellos, están los insultos verbales de carácter sexista, humillación, conductas coercitivas o de control, control económico, aislamiento, intimidación u obligación de presenciar actos sexuales. En estas entrevistas, las respuestas afirmativas fueron más frecuentes, lo que sugiere que, con mayores recursos para entrevistar a más mujeres, los resultados podrían revelar un problema sistémico mucho más profundo.

Según datos de 2024 del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres representan el 95,7% del sector del empleo doméstico y el 42% son de origen extranjero

Una participante relató un incidente ocurrido mientras planchaba la ropa de su empleador y veía la televisión en el salón. Según contó, él entró en la estancia, cambió el canal a pornografía y le dijo que podía quedarse si lo deseaba.

Otra encuestada, que vivía en el lugar donde trabajaba, describió cómo sus empleadores se negaron a darle un juego de llaves de la casa, dejándola sin posibilidad de salir por la noche mientras la familia dormía. Ella lo presentó como un pequeño inconveniente —por ejemplo, no poder sacar la basura por la noche—, pero en realidad esta restricción podría constituir una forma de detención ilegal.

Otra participante, Anna, contó que su actual empleadora le había hecho un comentario sobre sus uñas recién pintadas. “Me dijo que debía de estar pagándome demasiado porque pensaba que podía permitirme una manicura profesional”, explica Anna. “La corregí y le dije que me las había pintado yo misma unos días antes”. Tras varias horas fregando suelos y limpiando baños con lejía, el esmalte rojo oscuro de sus uñas está visiblemente desconchado. “La gente cree que tenemos que parecer víctimas”, reflexiona. “Yo solo quiero verme bien”.

En otro trabajo anterior, Anna también sufrió lo que considera una forma de detención ilegal. Necesitaba una baja médica para someterse a una cirugía imprescindible, pero afirma que su empleador se mostró reacio a concedérsela. “No me dejaba salir de la casa si no firmaba un documento en el que constaba que había abandonado el empleo voluntariamente, lo que podría haber supuesto perder el derecho a prestaciones”, explica. Al percibir que la situación se estaba agravando y que estaría retenida en la vivienda hasta que firmara, Anna comenzó a grabar en secreto la conversación con su móvil, una grabación a la que El Salto ha tenido acceso. Ese registro le permitió negociar su libertad directamente con su empleador y resolver el conflicto. Como Anna, las trabajadoras del hogar son cada vez más conscientes de sus derechos, pero muchas siguen sin sentirse lo suficientemente seguras para ejercerlos.

El trabajo doméstico se considera trabajo poco cualificado, es decir, una labor que requiere escasa o ninguna formación especializada o educación formal. Sin embargo, entre las trabajadoras del hogar encuestadas, el 42 % tiene estudios universitarios y el 85 % ha completado la educación obligatoria. Cuatro de cada cinco ganan menos de 15.000 euros al año, por debajo del sueldo mínimo para un empleo a jornada completa. Dos tercios viven en el domicilio de sus empleadores y tres cuartas partes trabajan cinco o más días a la semana.

El caso de Daniela

En conjunto, estos nuevos datos evidencian que estamos ante un sector con una mano de obra altamente cualificada, sobrecargada de trabajo y mal remunerada, a menudo en situación administrativa irregular y que con frecuencia vive bajo el mismo techo que las personas para las que trabajan. Muchos testimonios subrayan además la responsabilidad de estas mujeres de mantener a hijos en sus países de origen. Tres cuartas partes de las participantes en la encuesta eran madres de uno o más hijos, como Daniela, que llegó a Madrid desde El Salvador hace unos diez años.

Daniela se formó como abogada en su país, pero vivía en una zona controlada por bandas criminales donde las extorsiones eran tan frecuentes que se dio cuenta de que podía ganar más dinero emigrando a España y enviándolo a casa. Mientras trataba de regularizar su situación y con la esperanza de poder traer algún día a sus hijos, aceptó un empleo como trabajadora del hogar interna para un hombre que, según relata, pronto empezó a acosarla.

“Todo empezó con comentarios y luego comenzó a pasearse desnudo por la casa”, explica Daniela, mirando por la ventana mientras recuerda el comportamiento de su antiguo jefe. “Empecé a preocuparme de que algún día intentara violarme, así que empecé a ponerme un segundo pantalón debajo del uniforme. Pensaba que, si alguna vez intentaba quitármelos, tardaría más y, en ese tiempo, quizá podría defenderme”.

Daniela nunca denunció la presunta violación por miedo a las consecuencias que pudieran poner en peligro la obtención de la residencia permanente

Una tarde, mientras limpiaba la cocina, Daniela cuenta que su jefe se le acercó por detrás, desnudo. “Me agarró del pelo y me arrastró escaleras arriba. Yo gritaba y me defendía —juro que me defendía—, pero me golpeó con mucha fuerza y me dijo que si no dejaba de gritar me pegaría aún más”, relata. “Cuando vio que llevaba unos vaqueros debajo del uniforme, se rió y dijo: ‘¿Crees que eso va a detenerme? Sé que te está gustando’”.

Daniela afirma que le rompió la ropa y la violó de forma violenta. Después, mientras ella estaba en el baño, recuerda que él bajó al salón a fumarse un cigarrillo. “No mostró ningúna señal de remordimiento”, dice. “Es como si solo fuéramos cuerpos mercantilizados”.

Daniela nunca denunció la presunta violación por miedo a las consecuencias que pudieran poner en peligro la obtención de la residencia permanente, un simple documento que, esperaba, le permitiría sacar a su familia de la violencia de las pandillas en El Salvador. “Pones a todo el mundo por delante de ti misma, sobre todo a tus hijos y a tu familia”, explica. “Por eso somos la víctima perfecta para ese tipo de personas. Saben que tenemos que enviar dinero a casa para nuestros hijos y nuestras familias, que no tenemos una red de apoyo aquí ni las mismas oportunidades de acceder a la justicia que otra mujer solo porque no tenemos un número de identificación”.

En lugar de acudir a la policía, Daniela intentó salir adelante por su cuenta; incluso se cortó el pelo después de que lo utilizaran para arrastrarla por las escaleras. Se lo contó a sus amigas —como hizo la mitad de las mujeres encuestadas— y, con el tiempo, también a su hijo, hoy de 25 años, después de traerlo de El Salvador a Madrid con un visado de reagrupación familiar que finalmente le fue concedido. “Pagué esto con mi dignidad, con mi propia vida”, afirma. No obstante, le preocupa que su hijo cargue con una culpa vicaria, consciente de los sacrificios que ella hizo por la familia. “Dijo que quería encontrar al hombre y matarlo, pero yo le dije que eso no solucionaría nada”.

Reformas legales que no protegen a las más vulnerables

Las trabajadoras del hogar en España se encuentran entre los colectivos con menores ingresos y jornadas más largas. Según datos de 2024 del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres representan el 95,7 % del sector y el 42 % son de origen extranjero. Es una profesión que lleva años luchando para mejorar sus condiciones laborales y que, en 2022, vio reforzados significativamente sus derechos con la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Las empleadas del hogar dadas de alta tienen ahora derecho a condiciones laborales equiparables a las de otros sectores, como un salario justo, límites a la duración de la jornada, descansos garantizados y protección frente al abuso y la explotación.

Este convenio ha impulsado importantes reformas legales, entre ellas la obligación de cumplir medidas de seguridad y salud laboral. En vigor desde septiembre de 2024, el Real Decreto 893/2024 obliga a los empleadores particulares que contratan personal doméstico a realizar una evaluación online de riesgos laborales de su vivienda a través de la plataforma Prevención 10, reconociendo y considerando el domicilio como un centro de trabajo formal. En este marco, los hogares privados con personal doméstico deben cumplir los mismos estándares de prevención de riesgos laborales que otros lugares de trabajo y pueden enfrentarse a elevadas sanciones económicas si no lo hacen.

Prevención 10 ofrece a los empleadores la oportunidad de comprender mejor los derechos laborales de sus empleadas del hogar y deja claro que una de sus “principales prioridades” es “comprometerse de forma activa y visible para prevenir y enfrentar la violencia y el acoso” en el trabajo. No obstante, la evaluación no debe remitirse formalmente a la Administración, sino que solo debe conservarse en caso de una inspección laboral. Además, resulta llamativo que este formulario no se aplica a empleadores que hayan contratado a trabajadoras en situación administrativa irregular, lo que significa que potencialmente cientos de miles de mujeres que trabajan en hogares privados siguen desprotegidas por la legislación española.

Sin embargo, en enero de 2026, España anunció un decreto para regularizar a alrededor de medio millón de personas migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo. La medida, que podría entrar en vigor a partir de abril de 2026, se dirige a personas que viven en el país sin estatus legal. Para poder acogerse, los solicitantes no deben tener antecedentes penales y deben haber residido en España al menos cinco meses —o haber solicitado protección internacional— antes del 31 de diciembre de 2025.

Edith Espínola ha sido una de las principales portavoces de las trabajadoras del hogar durante los cinco años de la campaña de recogida de firmas impulsada por el movimiento Regularización Ya! Esta iniciativa legislativa popular (ILP) llevó la propuesta de regularización al congreso, aunque el gobierno de coalición del PSOE y Sumar ha optado finalmente por aprobar la regularización mediante real decreto.

Espínola considera que “cualquier ley orientada a mejorar las condiciones laborales debería ser celebrada”. Sin embargo, “lo que está escrito en la ley muchas veces no coincide con lo que una mujer trabajadora experimenta a diario”, explica. “El empleo global —la forma en que se trabaja a través de fronteras nacionales— sigue siendo un sistema de abuso y explotación”. De hecho, más de la mitad de las participantes en la encuesta que tienen derecho legal a trabajar afirmaron haber sufrido violencia de género en el trabajo.

Espínola es también directora del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (CETHYC), un espacio social y de apoyo que ofrece formación para ayudar a las mujeres a identificar prácticas abusivas y comprender su definición legal. La directora se opone a la arraigada costumbre de que las trabajadoras del hogar vivan con sus empleadores, ya que considera que el riesgo de abuso aumenta: “porque en el ámbito doméstico el trabajo se vuelve invisible y las leyes no protegen realmente a las mujeres”.

Entre las trabajadoras internas encuestadas, el 51 % afirmó haber sufrido violencia de género, frente al 44 % de las trabajadoras que viven de forma independiente. En relación con Prevención 10, Espínola señala: “En lugar de ser leyes preventivas, son leyes meramente reactivas, y por eso es tan difícil proteger de verdad a nuestras compañeras”.

Potencial económico sustentado en la exposición al riesgo

Filipinas es uno de los países que más giros recibe en el mundo. En 2024, más de dos millones de trabajadores en el extranjero enviaron 40.000 millones de dólares a su país, según datos del Banco Mundial. Más de la mitad son mujeres, de las cuales el 68,4 % trabaja en ocupaciones poco cualificadas como la limpieza, la cocina o los servicios de reparto, según la Autoridad Estadística de Filipinas. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, En España se emplea oficialmente a algo más de 350.000 trabajadoras del hogar —la cifra más alta de Europa—, con mayor concentración en Madrid (96.000) y Barcelona (52.000), aunque el número real es probablemente mucho mayor si se tiene en cuenta a las trabajadoras en situación irregular.

De las 40 trabajadoras del hogar en situación irregular encuestadas y entrevistadas, muchas afirmaron haber encontrado empleo a través de redes informales, recurriendo a amigas o familiares ya empleadas en el sector para ponerse en contacto con conocidos de empleadores que también buscaban personal doméstico. En estos casos, las recomendaciones laborales suelen ser innecesarias y los acuerdos de empleo se basan en la confianza mutua. Sin embargo, esa confianza es un arma de doble filo que persuade a las trabajadoras a guardar silencio cuando surgen problemas para no poner en peligro los empleos de compañeras —a menudo familiares— vinculadas a ellas.

De las 18 trabajadoras filipinas entrevistadas y encuestadas, solo dos —Dalisay y Teresa— revelaron haber sufrido violencia de género. En contraste con las participantes filipinas, de las 88 mujeres latinoamericanas que respondieron a la encuesta, 44 afirmaron haber experimentado violencia de género en el trabajo en los últimos diez años. Sus experiencias abarcan desde insultos verbales y abuso emocional hasta acoso, vigilancia, amenazas contra su integridad física, exhibicionismo, tocamientos no consentidos y violación.

El idioma como barrera para acceder a la justicia

Las diferencias en la denuncia de la violencia de género según la nacionalidad pueden explicarse en parte por el idioma. Muchas de las mujeres filipinas entrevistadas no hablaban bien español ni conocían centros de apoyo para trabajadoras del hogar. Sus jornadas laborales, que a menudo superan las 40 horas semanales, implican un uso muy limitado del español, lo que les deja pocas oportunidades para practicar el idioma, integrarse en la sociedad o conocer redes de apoyo.

La mayoría de las trabajadoras del hogar latinoamericanas en España, en cambio, son hablantes nativas de español. Las entrevistadas solían estar al tanto de los avances políticos en España en materia de derechos para las mujeres, derechos para las personas migrantes y derechos laborales. En los últimos años, las instituciones públicas han hecho esfuerzos significativos por visibilizar la violencia de género. En particular, el caso de “La Manada” en 2016 —la violación grupal de una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en Pamplona— impulsó importantes reformas judiciales y contribuyó a delimitar con mayor claridad el concepto de consentimiento.

España es también uno de los pocos países que mantiene una base de datos oficial y específica sobre feminicidios. Los medios de comunicación cubren ampliamente estos crímenes, tratándolos como delitos graves y situando la violencia machista en el centro del debate público. El rechazo a la violencia de género se manifiesta en las calles cada 8 de marzo (el Día Internacional de la Mujer) y cada 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer). Organizaciones de trabajadoras del hogar como SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) o Territorio Doméstico participan activamente en estas movilizaciones y en muchas otras.

Pero más allá de la sensibilización general, la participación comunitaria de las trabajadoras del hogar depende en gran medida de organizaciones de base como CETHYC. A través de talleres, las mujeres aprenden no solo cuáles son las leyes aplicables, sino también estrategias prácticas para protegerse —como conservar mensajes, llevar un diario o grabar conversaciones, como hizo Anna— y cómo solicitar una inspección de trabajo si creen que su empleador incumple la ley. Aunque CETHYC desempeña un papel fundamental, funciona exclusivamente en español, lo que impide a las mujeres que no hablan el idioma acceder a las mismas oportunidades.

“Ojalá no hubiera tenido tanto miedo”

Las historias de Dalisay, Teresa, Anna y Daniela, junto con las de más de cien mujeres, ponen de relieve las múltiples y diversas vulnerabilidades de una fuerza laboral migrante femenina enorme pero invisible. A pesar de las recientes reformas legales, las trabajadoras del hogar —especialmente las que se encuentran en situación irregular y viven en el domicilio donde trabajan— siguen expuestas a un alto riesgo de violencia de género, con escasas vías seguras para denunciar los abusos. Las barreras lingüísticas, el aislamiento y el miedo a perder el empleo continúan silenciándolas, ocultando la violencia tras las puertas cerradas de los hogares.

Esta investigación subraya la necesidad urgente no solo de reforzar la protección legal de las trabajadoras del hogar en España, sino también de crear redes de apoyo accesibles y acciones de proximidad culturalmente sensibles que lleguen a todas las trabajadoras, independientemente de su nacionalidad, su situación administrativa o el carácter aislado de su lugar de trabajo. Solo cuando se transformen las realidades cotidianas del trabajo doméstico podrán estas mujeres trabajar verdaderamente sin miedo, por su seguridad, su futuro y el de sus seres queridos.

A Daniela le diagnosticaron un tumor cerebral y perdió el pelo. Ha perdido fuerza en las piernas y camina con ayuda de un bastón, pero el cabello le está volviendo a crecer y ahora dirige un pequeño negocio de artesanía junto a su hermana en Madrid. Disfruta reuniéndose con su hijo para comer, dando paseos tranquilos y celebrando encuentros familiares. “He librado muchas batallas”, dice. “Podemos hacer todo lo que nos propongamos y luchar contra cualquier cosa”.

Sin embargo, Daniela arrastra un pesar: no haber denunciado la violación cometida por su antiguo jefe, pese a los enormes riesgos que afrontaba entonces. “Ojalá no hubiera tenido tanto miedo de denunciar. Si alguien está en esta situación, debería hacerlo, porque somos personas, seres humanos, y merecemos disfrutar de todos y cada uno de los derechos que tenemos”.