Andalucía
Cuatro razones que justifican la manifestación sanitaria en Andalucía del próximo domingo

Las listas de espera, el abandono a la salud mental, las privatizaciones y la falta de recursos son algunas de las razones que esgrimen las Mareas Blancas de las ocho provincias andaluzas para manifestarse este 17 de noviembre.
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Manifestación por la sanidad pública en Granada Susana Sarrión

Si hay algo que siempre ha acompañado a Juanma Moreno Bonilla desde su llegada a la Junta de Andalucía han sido las movilizaciones por la sanidad pública, derivadas de unas políticas que ponen el foco en reforzar “la colaboración público privada”. En los últimos cinco años las Mareas Blancas han encrudecido su discurso desde una protesta por los recortes, (que llevan reivindicando desde 2016 por los tijeretazos del anterior gobierno socialista) a una voz de alarma contra un cambio de modelo, la destrucción del sistema público que está emprendiendo el PP y las consecuencias que está teniendo en la salud de las andaluzas.

“Nos va la vida en ello”, sostienen desde las Mareas Blancas que han convocado para el próximo domingo 17 de noviembre movilizaciones en las 8 provincias andaluzas. Repasamos algunos de los hechos que justifican el descontento popular y las insistentes convocatorias por “recuperar la sanidad pública”.

Desvío de dinero público a entidades privadas

Desde la llegada del PP al Gobierno andaluz el “apoyo en entidades privadas”, según exponía la exconsejera de sanidad Catalina García ha sido evidente utilizando todas las vías posibles. Por una parte, las vías normativas, es decir a través de los presupuestos anuales, conciertos sanitarios y otras inversiones de dinero público.

Para muestra de ello es el proyecto de presupuestos generales para 2025, en las partidas presupuestarias se exponen un aumento del 21,5% de los conciertos sanitarios, bajo el título de “asistencia sanitaria con medios ajenos”. En el año 2024 esta partida, según consta en la ley, fue de 413 millones de euros, mientras se proyecta que para 2025, según recoge el proyecto de ley, supera es de 501,8 millones. “Por cada euro que crece el presupuesto de la sanidad pública crece tres euros el de la sanidad privada”, ha hecho referencia al respecto Inma Nieto desde Por Andalucía, partido de la oposición andaluza, que junto al resto PSOE-A y Adelante Andalucía proyectan realizar una enmienda a la totalidad de los presupuestos.

Un proyecto que también ha sido criticado por sindicatos sanitarios como SATSE, CSIF, CCOO y UGT por ser “nefastos” y denuncian que “El aumento presupuestario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se va prácticamente a financiar a la empresa privada, pero paradójicamente asumen que van a pagar más dinero por menos procesos asistenciales”.

Diversos estudios demuestran el cambio de modelo en Andalucía, ya que actualmente es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad pública y en la que las inversiones privadas más ha subido. Según el informe de amnistía internacional el Gobierno andaluz tan solo dedica 1548 euros por habitante, una cifra muy lejana a la del territorio que más invierte, País Vasco, 2026 euros. El informe IDIS, realizado con datos del sector sanitario privado expone que la inversión en entidades privadas sanitarias en el territorio aumentó un 38% en sus presupuestos entre 2018 y 2024, es decir la Junta ha concedido 160,4 millones de euros a las empresas privadas que al sistema público.

Según Antonio Baena, usuario de la sanidad pública y coordinador de las Mareas Blancas en el área sur de Córdoba: “la consejería sanitaria lleva años hablando de reconversión sanitaria”, y continúa explicando que se trata de la construcción de un modelo dual “La sanidad pública empobrecida tendrá que atender a toda la población más vulnerables, personas con pluripatologías o personas mayores que no las quiere la sanidad privada y la sanidad privada aumenta sus pólizas, gracias a la iniciativa del gobierno andaluz de facilitarle los medios de la pública”.

A este trasvase de dinero público de forma transparente, es decir anunciado como medidas e inversiones y como línea política del gobierno de Moreno Bonilla se les une un sistema de financiación presuntamente ilegal que se ha dado a conocer en los últimos meses a través de la denuncia de los profesionales de Intervención de la Junta de Andalucía. El SAS podría haber repartido a dedo más de 458 millones de euros a través del fraccionamiento de contratos menores y que han tenido como beneficiarias empresas privadas de salud como Vithas, Quirón o Asisa así como farmacéuticas como Bayer durante 2021.

Ante esas acusaciones el Ejecutivo del territorio ha decidido escudarse y negar que hubiera corrupción en el uso desmedido de ese tipo de contratos, llegando incluso a vetar que se hable de esta cuestión en el parlamento andaluz según exponía Adelante Andalucía, el pasado miércoles 13 de noviembre “la mesa del Parlamento ha vetado una pregunta sobre corrupción de máxima actualidad a Moreno Bonilla para la sesión de control de este jueves, algo totalmente inaudito”.

Lista de espera que ponen en peligro a los pacientes

Más de 848.787 andaluzas esperaban atención hospitalaria según datos extraídos del Servicio Andaluz de Salud en junio. El tiempo medio de espera para ser diagnosticado oscila entre los 10 y 16 meses según la Coordinadora de Mareas Blancas, lo que “excede cualquier estándar razonable de atención sanitaria efectiva”.

Además, el informe de Amnistía también pone el foco en esta situación y revela que en Andalucía el 78,2% de las citas de Atención Primaria se atienden pasadas 48 horas, de las cuales el 53,9% se atienden con más de 7 días de retraso. La espera media para simplemente concertar una primera cita en el sistema sanitario es de 10,4 días, en 2019 era de 5,6 días y el 48,3% se atendían 48 horas después de haberla solicitado. En diversos años seguido el territorio se encuentra en la cúspide nacional en cuanto a listas de espera.

El pasado 17 de octubre la coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía denunciaba frente a la Fiscalía de las 8 provincias andaluzas al SAS por “el peligro para la salud” que suponen los tiempos de espera. La Fiscalía ha archivado las causas por «no apreciar indicios de infracción penal». Ante esto Sebastián Martín Recio, médico de familia y portavoz de la Marea Blanca de Sevilla, expone que “hemos utilizado para la denuncia los propios datos de la Junta que muestran cómo se saltan los protocolos según la propia administración y tiene consecuencias graves, la justicia debería hacer justicia de verdad y apoya a las personas”.

En torno a las listas de espera, Teresa Almagro, enfermera del servicio de urgencias extrahospitalarias y portavoz de Marea Blanca Gaditana expone que “Si los hospitales tuvieran una plantilla de tarde en especialistas las listas de espera se solucionaría de forma más barata y eficiente que utilizando las empresas privadas”.

Territorios sin profesiones y profesionales sin condiciones dignas

El deterioro en la sanidad pública está dejando a decenas de centros de salud en el territorio sin personal sanitario, una situación especialmente acuciante en las zonas rurales de Andalucía. El pasado 11 de noviembre la población de Palma del Río (Córdoba) cortaba la carretera de acceso al municipio para exigir inversión de recursos en la región donde varios centros de salud se encuentran sin profesionales y el proyecto de la construcción de un hospital para la comarca se encuentra paralizado. La plataforma convocante ha exigido “cubrir todas las plazas vacantes y estabilizar la plantilla para garantizar una atención sanitaria continuada”.

En estos años de Gobierno del PP en Andalucía decenas de pueblos como Palma del Río han tenido que salir a movilizarse para exigir que se garantice la atención en sus comarcas. “No solo no hay una continuidad en la atención, sino que se obliga a grandes esperas y grandes desplazamientos a la población, ante las crisis de cualquier índole las zonas vulnerables son las primeras que manifiestan los problemas”, sostiene Nuria Roig, Sanitaria jubilada y portavoz de la Marea Blanca del Área de Osuna.

Uno de los problemas es que las profesionales sanitarias no eligen los destinos rurales al no tener incentivos como apostilla Roig “los profesionales médicos no están solicitando los destinos rurales incluso están trasladándose a las grandes capitales por las mejores condicione y para compaginar sanidad pública y privada porque le están abriendo las puertas para hacerlo”. Desde la Marea Blanca además exponen que una de las soluciones podría ser la creación de incentivos para que las profesionales elijan zonas de difícil cobertura para trabajar, como ya ocurre en otras comunidades autónomas.

Las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en Andalucía están sometidas a salarios desiguales, inestabilidad en las plantillas y precariedad en las condiciones. Una situación que ha llevado a una huelga de todo el sector el pasado junio al no llegar a acuerdos con la consejería sanitaria. El Sindicato Médico Andaluz ha denunciado las malas praxis del Ejecutivo de Moreno Bonilla y lleva años reivindicando la necesidad de “limitar el número de pacientes que atienden los profesionales, el fin de la discriminación laboral y retributiva de los profesionales del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP); la equiparación retributiva con el resto de comunidades autónomas y la actualización de los puestos de difícil cobertura”, entre otras cuestiones.

Las enfermeras por su parte también denuncian su precaria situación laboral ante la destrucción del sistema público sanitario, desde la Plataforma Enfermeras por Andalucía (PEPA) exigen “acercar nuestras condiciones a las de compañeras de otras comunidades autónomas” y “la actualización inmediata de la bolsa de empleo temporal”.

Abandono de la salud mental

Dos personas se suicidan por día en Andalucía según los datos de la Estadística de defunciones según la causa de muerte publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2022. Unas cifras récord que no paran de aumentar en todo el Estado español. En ese mismo año, según la propia consejería de salud a través de datos aportados por el ministerio se habían producido en el territorio 5.042 intentos de suicidio de los cuales un 8% eran menores.

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La Junta ha suprimido las palabras Salud Mental y Adicciones de la Dirección General de Atención Sociosanitaria, una decisión criticada por colectivos especializados en salud mental

A pesar de la crisis de salud mental que atraviesan nuestras sociedades el Gobierno andaluz ha demostrado su interés en la causa a través de distintas decisiones, desde no invertir lo suficiente en reforzar las plantillas en los servicios públicos a suprimir las palabras Salud Mental y Adicciones de la Dirección General de Atención Sociosanitaria y eliminando el Plan de Bienestar emocional de los centros públicos andaluces que se puso en marcha en 2023 y velaba por la salud mental del alumnado andaluz.

“Los pacientes de salud mental fueron los primeros que tuvieron que ir a la privada porque la sanidad pública no le daban lo que necesitaban”, se queja Almagro. Según los datos del Defensor del Pueblo del Estado, Andalucía no llega a los 3,5 psicólogos en el SAS por cada 100.000 habitantes, siendo más baja que la media de todo el estado: 6 psicólogos por cada 100.00 habitantes. Es el número más bajo de toda Europa cuya media es de 18.

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