Opinión
El último gaztetxe de Pamplona

La antigua cochera y taller de autobuses de la calle Artica era una superviviente de la tercera generación de ocupaciones urbanas que se desplegó en la ciudad y sus alrededores durante la pasada década. Atrás quedan, en una época remota, la primera oleada que arrancó a mediados de los ochenta con Katakrak y que finalizó con la puesta de largo del Gaztetxe Euskal-Jai en 1994, y una intensa etapa intermedia, entre 2004 y 2010, en buena medida articulada alrededor de Piztera! Todavía siguen en pie algunos proyectos que se reivindican de esa genealogía, pero carecen de autonomía y no son autogestionados.

“Hay dos momentos en la corta historia de este último Gaztetxe de la Rotxapea, ocupado en 2016, que sellaron su destino prematuramente”

Hay dos momentos en la corta historia de este último Gaztetxe de la Rotxapea, ocupado en 2016, que sellaron su destino prematuramente. El primero, la decisión de la mayoría del Ayuntamiento del Cambio —con la excepción del municipalismo— de seguir adelante con la Modificación del Plan Parcial Rochapea de Pamplona, unidad A5, impulsada por UPN/PP en 2007. Dicho expediente administrativo transformaba suelo industrial en edificios para vivienda, y la aportación progre consistió en asignar un uso dotacional público a la planta baja... en una ciudad donde, a finales del siglo XX, había en torno a 16.000 viviendas vacías (y que ya entonces eran bastantes más).

El segundo instante decisivo fue la presentación del informe elaborado por los técnicos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento del Cambio, dirigida por EH Bildu, donde se decía que no se daban las condiciones de seguridad para desarrollar actividades de pública concurrencia. Fue en 2018. Quién nos lo iba a decir o, parafraseando a Hertzainak, “nola aldatzen diren gauzak, kamarada”. La sentencia última que ha dado cobertura al desalojo de estos días lo menciona con recochineo. No es para menos. Con el camino legal y urbanístico alfombrado, la epidemia global, la lluvia de multas del nuevo consistorio de la derecha, y los límites de las políticas autoreferenciales de resistencia y confrontación juveniles, las posibilidades de supervivencia del espacio se redujeron hasta extinguirse.

Ciertamente, el terreno de juego ha cambiado a peor, pero no parece que ese sea el problema principal del movimiento, porque en el campo de la ocupación, los límites internos suelen ser obstáculos anteriores a las espirales represivas. De hecho, lo fundamental del aparataje punitivo ya existía cuando se produjo el desalojo del Euskal-Jai en 2004: si las acusaciones iniciales hubieran prosperado, habrían supuesto unos cuantos años de cárcel para el personal. Hubo centenares de identificaciones, más de 100 detenidos, hostias a mansalva, instrucciones de la Fiscalía contra decenas de resistentes, ocho personas fuimos condenadas a seis meses de cárcel por subirnos al tejado y un compañero, que acabó pasando por la prisión, a mucho más. Con todo, creo que lo que más nos debilitó fue no ponernos de acuerdo para asumir colectivamente, como defendíamos algunos, una estrategia de desobediencia civil. O sea, ir a los juicios con la verdad por delante, asumiendo las consecuencias de nuestros actos y todos a una. Con respecto a esto último, me vienen a la cabeza las asambleas posteriores al desalojo que se celebraron en un gaztetxe que había en Marcelo Celayeta. Recuerdo las recurrentes y bienintencionadas intervenciones de los abogados, sus puntualizaciones jurídicas en las discusiones, que desvirtuaron sistemáticamente el marco político de los debates. Lo he visto más veces en otros sitios. Cada vez que se impone la visión de los equipos jurídicos, por encima de las asambleas, sube el pan.

“Las generaciones que lideraron las ocupaciones de la ciudad hasta la legislatura del cambio institucional han ido abandonando mayoritariamente la política radical”

En todo caso, las dinámicas organizativas tienen que componerse con la realidad social y política que está cambiando a una velocidad meteórica desde la última década. De una parte, porque las generaciones que lideraron las ocupaciones de la ciudad hasta la legislatura del cambio institucional (donde su presencia ya fue muy crepuscular), han ido abandonando mayoritariamente la política radical y, en consecuencia, la capacidad de agencia anticapitalista en la ciudad (y en Nafarroa) ha pasado de minoritaria a marginal. Los cinco desalojos llevados a cabo en la ciudad por parte del Ayuntamiento del Cambio y por el Gobierno del Cambio (Sarasate, Compañía, Caparroso y Rozalejo en dos ocasiones), fueron su canto del cisne, el epitafio de un largo ciclo que arranca 35 años antes. Desenterrar ese hilo rojo (y negro) y poner en común experiencias es imprescindible. De otra parte, porque, como es sabido, el retroceso en las condiciones de vida que se inicia en 2008 afecta, sobre todo, a jóvenes e inmigrantes (sin olvidar a las personas mayores con rentas bajas). Entre ambos segmentos constituyen un tercio de la población.

En ese punto, como dijo el miércoles pasado en Katakrak Asad Haider —marxista estadounidense de origen paquistaní autor del libro “Identidades mal entendidas, raza y clase en el retorno del supremacismo blanco”—, hay que insistir en que la historia del movimiento revolucionario, en cualquier rincón del planeta y en cualquier época, no se entiende sin la participación intensa de los sectores más desposeídos de la clase obrera que el capital racializa para bloquear su potencia política. Dicho de otra manera: no es posible una política anticapitalista sin antirracismo, y no hay antirracismo sin migrantes en la línea del frente.

“Sin la acción política vigorosa de jóvenes e inmigrantes, estas latitudes verán también germinar el racismo y la xenofobia”

Es un reto complicado para los jóvenes nativos de los barrios populares en la Iruñerria en 2021, porque el empoderamiento y la autoorganización de las diásporas magrebíes, subsaharianas, sudaméricanas y de los parias del este europeo, es todavía limitado. Cada día son más (en Navarra 106.000 sobre una población de 620.000 habitantes, una de cada seis personas, 16 de cada 100), y sus condiciones materiales de vida no dejan de empeorar (emergencia habitacional, pobreza energética, explotación laboral, segregación escolar, marginación civil). Pero la segunda generación es todavía demasiado joven (la primera vino entre 1996 y 2008), y no hay que perder de vista que, de entrada, la perspectiva de una estancia a largo plazo en nuestra tierra, no forma parte de las subjetividades nómadas en tránsito hacía la Europa realmente rica. Además, entre limpiar culos en residencias, fregar pasillos de facultades universitarias, recoger hortalizas, repartir paquetería por los polígonos, compartir viviendas con otras familias, pagar las deudas a las redes que controlan los circuitos de la migración, soportar el duelo de los familiares y amigos muertos durante el éxodo, sufrir el acoso policial, enviar remesas a sus países, sobrellevar la ausencia de derechos civiles, o sostener las redes clandestinas de apoyo mutuo... ¿de dónde van a sacar tiempo para participar en un gaztetxe o para aprender euskera?

La política antagonista de la Comarca de Pamplona, entre el Referéndum de la OTAN de 1986 y el 15M de 2011 no se entendería sin los gaztetxes ocupados (Burdindoki, Lore Etxea, Euskal-Jai, por citar solo algunos) y sin los centros sociales autogestionados (Subeltz, Bakearen Etxea, Zabaldi o La Hormiga Atómica, entre otros). Sin embargo, el tiempo histórico ha cambiado notablemente, y los grupos que pretendan aunar contracultura y contrapoder deberán adaptarse a las circunstancias, bajo pena de convertirse en chiringuitos sectarios y autocomplacientes.

En este contexto, el coraje de los jóvenes del Gaztetxe de la Rotxapea ilumina el horizonte. ¿Los fallos evidentes y las sombras de su propuesta? Da igual, de todo se aprende. Y más vale que perseveren, porque sin la acción política vigorosa de jóvenes e inmigrantes, juntas y sin concesiones al muermo de la izquierda responsable... estas latitudes verán germinar el racismo y la xenofobia, exactamente igual que en el resto de pueblos y países occidentales opulentos amenazados por la crisis. Ya hay señales inquietantes, así que menos estatugintza e identity politics jatorras y más Guns of Brixton. Y la próxima vez que muera un negro en la Rochapea durante una detención policial, como ocurrió con Elhadji Ndiaye, a ver si el atasco de los coches, por los cortes de carretera de las sentadas masivas en la huelga general, llega hasta la Foz de Arbayún.