Centros de Internamiento de Extranjeros
Canarias se convierte en la comunidad con más CIE con la reapertura de dos centros

Tras reabrir en noviembre el centro de Barranco Seco, en Gran Canaria, el Gobierno prevé volver a poner en funcionamiento el de El Matorral, en Fuerteventura, cerrados de manera oficial durante más de un año. La Plataforma Canarias Libre de CIE ha denunciado vulneraciones en el CIE que ha permanecido abierto, el de de Hoya Fría, en Tenerife.

Concentración ante el CIE de Hoya Fría en Tenerife
Concentración ante el CIE de Hoya Fría en Tenerife. Foto: Plataforma Canarias libre de CIE

El aumento de llegadas de personas migrantes por la denominada “Ruta Canaria” obtiene como respuesta del Gobierno español la reapertura de dos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Canarias. En concreto, dos de los tres que públicamente han funcionado en el archipiélago en aplicación de la medida de encierro cautelar para la expulsión de las personas que arriban en patera en forma irregular: el de Barranco Seco, en Gran Canaria, reabierto en noviembre último, y el de El Matorral, en Fuerteventura, cuya reinauguración se prevé para los próximos meses.

Poco más de un año y medio han estado ambos cerrados de manera oficial, y se ha tenido operativo solo el de Hoya Fría, en Tenerife. Sobre el mismo la Plataforma Canarias Libre de CIE ha denunciado vulneraciones de derechos como “carencias en la asistencia jurídica y en el derecho efectivo a la salud, deficiencias en la calidad de la comida, existencia de expulsiones con escaso margen de tiempo o el encierro de menores de edad a la espera de pruebas”, una situación ésta última, expresamente prohibida por Ley.

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En ese tiempo, las llegadas por vía marítima han experimentado un crecimiento continuo, aunque alejado aún de los años de la denominada “crisis de los cayucos”, cuando las cifras eran exponencialmente mayores.

En 2017 arribaron a las islas en patera 416 personas, un número que subió al año siguiente a 1.266. Este crecimiento es necesario valorarlo en el contexto de las 56.480 personas que llegaron a las costas españolas y que implicó superar los registros de 2006, hasta allí los más altos desde que la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) documenta los arribos por vía marítima. También en 2018 el Colectivo Caminando Fronteras documentó seis víctimas mortales en esta ruta.

A 31 de diciembre de 2019 fueron 2.644 las personas que tocaron tierra tras el viaje en cayuco hacia las islas y según ha documentado Caminando Fronteras, 228 perdieron la vida en el intento de llegar. Esta última es la única estadística que representa una emergencia humanitaria que amerita medidas urgentes.

Con esta estadística, hablar de “oleada migratoria” o justificar la reapertura de dos CIE por el crecimiento porcentual de llegadas parece desmesurado para unas islas que reciben más de 13 millones de turistas al año, la mayoría de origen extranjero y cuyas exigencias y costumbres horarias, culinarias y culturales han cambiado radicalmente la vida de sus habitantes.

Barranco Seco vuelve a estar operativo

A la espera de la finalización de algunas obras, el CIE de Barranco Seco está parcialmente operativo desde el 27 de noviembre de 2019, cuando se resolvió el encierro de una veintena de personas llegadas recientemente en patera.

El edificio, inaugurado en 1934 como cárcel provincial de Las Palmas, comenzó a cumplir funciones de Centro de Internamiento de Extranjeros en 1998. En 2007 la Fiscalía General del Estado ya denunció que era un espacio “obsoleto” que necesitaba “de importantes reformas organizativas y de acondicionamiento”.

Pero no fue hasta el 9 de julio de 2018 que se dispuso su cierre para realizar obras por valor de casi un millón de euros. El objetivo, según señalaron oportunamente las autoridades, era hacerlo más operativo, funcional y adecuado “a las diferentes normativas del nuevo uso”.

Se asemejaba a la propuesta que en 2017 realizó el entonces ministro de Interior, Juan Antonio Zoido, presentando el modelo de CIE del futuro como si fuera una cadena hotelera. Promesas en las que se desembolsan millones de euros para que, en esencia, sigan siendo lo que son: campos de detención en donde se encierra a personas migrantes por la falta administrativa de estar en situación irregular.

Reunión clave para El Matorral

Según ha adelantado el medio Canarias7, el próximo 8 de enero habrá una reunión clave entre representantes del Ministerio de Interior y del Gobierno de Canarias para acordar los pasos a seguir en la reapertura del Centro de Internamiento de El Matorral.

Operativo desde 2001 en lo que era un antiguo campamento militar, nació para sustituir otro centro que estaba ubicado en las instalaciones del aeropuerto. Es considerado el más grande de todo el Estado español, con capacidad para encerrar a 1.010 personas.

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El último año de esta década se habló mucho de migración, pero fue la extrema derecha quien impuso el marco de la conversación, con poca impugnación desde otros espacios. La centralidad del discurso securitario barrió de la agenda los derechos humanos de las personas migrantes.

Apenas unos años más tarde de su apertura, parlamentarios europeos denunciaron que el centro parecía “una auténtica cárcel” y que la situación era “ruinosa”. También fueron terminantes las conclusiones de la investigadora Sara Prestianni, que en 2007 lo visitó como integrante del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento Europeo (comisión LIBE).

Según recoge el libro Centros de Internamiento de Extranjeros: cárceles encubiertas, de Luis Pernías Ibáñez, José Luis Rodríguez Candela y Gabriel Ruíz Enciso, la investigadora italiana concluyó que “… es en el centro de El Matorral, uno de los mayores campos de detención europeos, cuya capacidad oficial de 1.010 personas (pero que ha llegado a contener hasta 2.000), situado en Fuerteventura, isla del archipiélago de las Canarias, donde las condiciones de detención se degradan más todavía…”.

“…Hay solo una monja voluntaria cuya presencia en el centro es intermitente, desinfecta momentáneamente las heridas, pero su contribución resulta limitada frente al número de población presente. Al médico, dicen, no lo ven desde hace al menos una semana. No nos sorprende en consecuencia saber que a uno de los jóvenes subsaharianos llegados a Barcelona tras 40 días de internamiento en las Canarias les tuvieran que amputar una pierna…”, razona la investigadora italiana, que también denuncia agresiones físicas sufridas por los internos de parte de las autoridades policiales.

En 2017 una investigación periodística de la Fundación Por Causa y El Confidencial permitió descubrir que el Gobierno de Mariano Rajoy seguía pagando por servicios de mantenimiento, comida y limpieza, pese a que el CIE de El Matorral llevaba cinco años sin estar operativo. Recién en junio de 2018 se procedió a su cierre oficial, porque sus instalaciones no se ajustaban, como el de Barranco Seco, a la normativa vigente.

Mucho más que tres

Con independencia de la oficialidad de los tres CIE, no han sido pocas las ocasiones en que se han utilizado espacios improvisados para cumplir funciones de campo de detención, la mayoría de las veces en condiciones inhumanas que vulneraban los derechos más elementales. Dependencias militares y cuarteles, instalaciones aéreas, garajes, polideportivos e incluso locales abandonados de restaurantes, conforman la extensa lista de espacios que en las Islas Canarias han servido para amontonar cuerpos migrantes sin otro interés que no sea su expulsión.
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