Corrupción
Encasa Cibeles emplaza a la Comunidad de Madrid a recomprar las viviendas vendidas en 2013

El fondo de inversión Azora Gestión —que opera bajo el nombre comercial Encasa Cibeles S.L. y en el que participa Goldman Sachs—, ha emplazado a la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid a encontrarse el próximo 29 de septiembre ante notario “para hacerle entrega” de los inmuebles oportunamente comprados y cuya venta anularon los tribunales.

Segun ha trascendido por una carta que Encasa Cibeles ha enviado a las familias que arrendan parte de las 2.935 viviendas que el fondo tiene que devolver a la Comunidad, la decisión se ha adoptado ante la falta de diálogo con las personas responsables de la AVS para dar cumplimiento a la resolución judicial.

“Encasa ha tratado de entablar un diálogo con la AVS para acordar la forma de proceder a la devolución de las viviendas. Lamentablemente, ese diálogo no ha sido posible”

“Desde el pasado mes de marzo de 2020, momento en que la anulación adquirió firmeza, Encasa ha tratado de entablar un diálogo con la AVS para acordar la forma de proceder a la devolución de las viviendas. Lamentablemente, ese diálogo no ha sido posible”, cuestiona el fondo en la misiva enviada a sus arrendatarios.

Para la Federación Regional de Asociaciones de Vecinas de Madrid (FRAVM), que ha venido acompañando la situación de centenares de familias afectadas por el negociado entre la Comunidad y el fondo buitre, detrás de la carta hay más de lo que se dice: el deseo de deshacerse de un activo que le está generando muchos problemas, exigiendo la recompra para recuperar del dinero invertido.

“Teniendo en cuenta que habrían vendido un sesenta por ciento como poco de todas las viviendas que habían comprado, ahora seguramente por el treinta o cuarenta por ciento restante querrán que la Comunidad les pague lo que ellos pagaron en 2014. Con esos mimbres yo también me hago un buen cristiano”, anticipa el presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos.

Fue en mayo de 2018 cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 29 de Madrid consideró nula la compraventa de vivienda pública ejecutada por el Gobierno de Ignacio González en favor de Azora-Encasa Cibeles, socio local en la operación del gigante Goldman Sachs. Dos años y medio después, el 12 de diciembre de 2019 la sentencia quedaba firme al ser el Tribunal Supremo el que inadmitiera a trámite el recurso de Azora y la Comunidad de Madrid contra la resolución.

La venta de estas viviendas por valor de 211 millones de euros se había producido en junio de 2013. Se trataba de 32 promociones que engloban 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros

La venta de estas viviendas por valor de 211 millones de euros se había producido en junio de 2013. Se trataba de 32 promociones que engloban 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje y 1.865 trasteros repartidas por los municipios de Madrid (1.380 viviendas), Majadahonda (332), Móstoles (259), Parla (240), Torrejón de Ardoz (224), Navalcarnero (192), Arroyomolinos (127), Valdemoro (80), Collado Villalba (44), Leganés (36) y Tielmes (21).

El buen hacer que transmite Encasa Cibeles en la carta hecha pública contrasta, además, con otras actuaciones que mantiene vigentes, como la continuidad de procesos de desahucio pese a que legalmente, desde que la sentencia se hizo firme, ha dejado de ser propietaria de los inmuebles y, por ende, no tiene competencia legal para operar sobre ellos.

“Encasa Cibeles ha seguido adelante con todos los procedimientos de desahucio que tenía abiertos, cuando el auto del Juzgado Contencioso Administrativo que luego ratificó el Supremo, lo que dice es que el conjunto de la venta es ilegal y se tiene que restituir.  En el fondo lo que dice el juez es que si hubiese sentencias en paralelo a la suya o simultáneas o precedentes no las puede juzgar, que si ha habido desahucios hace dos años, la anulación de la venta no es retroactiva, pero que si hay procedimientos que no se han cerrado, no pueden continuar. Incluso lo hace de manera muy taxativa, como apercibiéndoles de que en caso de que quieran insistir en ese tipo de cosas, pueden estar cometiendo un delito”, denuncia Villalobos.

Según el dirigente, en los últimos días han tenido dos casos de intento de desahucio a familias que ocupan viviendas de las que el fondo ahora tiene que devolver a la Comunidad de Madrid. Uno de ellos que tenía fecha el lunes de esta misma semana. “Le han concedido justicia gratuita y ya tiene abogada, por lo tanto, a partir de ahora se le da plazo para formular las alegaciones oportunas y el procedimiento sigue. Pero no, perdone, no hay legitimación activa de parte del demandante porque ya no es el propietario”, afirma Villalobos.

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Redacción El Salto

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Paso importante para la reparación del daño causado al erario público y a miles de familias con la venta por parte del PP de Madrid de casi 3.000 viviendas a un fondo de inversión.

También hay un segundo procedimiento abierto desde 2019 que tenía fecha para estos días y se ha pasado a octubre. “No es admisible que el edicto salga en una fecha posterior a un fallo firme del Supremo. Sería una verdadera barbaridad que Encasa Cibeles desahuciase a una persona de una vivienda de la que ya no es propietaria”, reitera el representante de la FRAVM.

“Encasa Cibeles no ha renunciado a los procedimientos que tiene abiertos. A los inquilinos les escribe una carta muy bonita diciendo que está velando por sus intereses, pero aquí nos encontramos con una sentencia firme del supremo de hace más de un año y ellos siguen erre que erre intentando expulsar a la gente y no se sabe muy bien por qué porque ellos no van a ganar más dinero devolviendo la casa con inquilinos o sin inquilinos”, destaca Villalobos.

Una de las dificultades de esta negociación ilegal llevada a cabo por el gobierno del PP en la legislatura de Ignacio González, es que muchas de las viviendas que el fondo de inversión debe devolver ya han sido vendidas. “Por eso nosotros le pedimos a la Comunidad de Madrid que abra una oficina para que los adjudicatarios regularicen su situación. Lo más normal en derecho es que en aplicación de una figura que se llama ‘un tercero de buena fe’ lleguen a un acuerdo y que se determine que como han comprado el piso sin conocer el fondo se mantenga la vivienda, y al que fue desahuciado a lo mejor se le restituyen sus derechos en otra vivienda”.

“Sea como sea lo que no parece lógico es lo que está defendiendo la Comunidad de Madrid, cuando el Juzgado le dice que lo que ha hecho es ilegal y tiene que resarcir, argumenta que hacer lo que le pide el Juzgado es muy complicado. Lo realmente complicado fue lo que hicieron: vender vivienda social a un fondo buitre con los inquilinos dentro y que ellos se la apañasen. Y sin embargo lo hicieron”, cuestiona. Con la denuncia de Encasa Cibeles emplazando a la Comunidad de Madrid para septiembre próximo, será un Juzgado quien decida el importe que corresponde pagar al fondo buitre bajo el concepto legal de Justiprecio.