Desahucios
De Luxemburgo a Elche: así ejecutan los desahucios los fondos buitre

Hacía seis años que Elche no vivía un desahucio con una intervención policial como la del martes, en el que varias decenas de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) quitaron por la fuerza a cerca de un centenar de vecinos y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Elx-Crevillent, que se agolparon en un portal del barrio de Carrús para tratar de impedir el desahucio a un matrimonio con tres hijos menores de 3, 9 y 13 años. El motivo: una hipoteca con cláusulas abusivas de un piso que pertenece a un fondo buitre. 

Los fondos de capital riesgo, más conocidos como fondos buitre, siguen haciéndose cada vez con más pisos. Una situación que se vive día a día en todo el país, y que puede tener un impacto muy negativo sobre los inquilinos, como se comprobó el martes en el barrio de Carrús de Elche, uno de los más grandes de la ciudad, que destaca por su carácter trabajador y multiétnico por la incidencia de la migración.

Desahucian a un matrimonio con tres hijos menores de 3, 9 y 13 años con una hipoteca con cláusulas abusivas de un piso que pertenece a un fondo buitre 

La familia de Said, un matrimonio con dos hijos, tiene un sustento con un sueldo precario que no llega a mileurista, con un salario de entre 800 y 900 euros al mes para cinco personas, tres de ellas —los hijos— menores. Una tesitura que si en muchas ocasiones poco importa a los bancos, menos aún a los fondos buitre, como ha sido el caso.

GESTIONANDO VIVIENDAS DESDE UN PARAÍSO FISCAL

Vuelta Direct Holdings es el nombre de este fondo, y tiene sede en Luxemburgo, paraíso fiscal, en la misma calle en la que hay más de mil empresas. Cómo no, sin sede física. Porque el único motivo por el que allí se encuentran, tanto este como multitud de compañías en este u otros paraísos fiscales, es el de unos sustanciosos beneficios tributarios.

Aunque están muy lejos, quien gestiona sus intereses en España es Finsolutia, una Sociedad Anónima de intermediarios financieros que tuvo en 2016 unos resultados de explotación de más de 5 millones de euros. Una situación cada vez más habitual que hace que la PAH, que suele batirse el cobre con las entidades bancarias a la hora de defender a familias que van a o pueden ser desahuciadas, tenga un margen mucho más reducido para poder maniobrar. El motivo, obviamente, la distancia. Es imposible contactar directamente con un fondo buitre que está en el extranjero, aunque puede ser más sencillo hacerlo con su intermediario, que en este caso está en Madrid.

Vuelta Direct Holdings es el nombre de este fondo, y tiene sede en Luxemburgo, paraíso fiscal, en la misma calle en la que hay más de mil empresas

Nada que ver, pues, con el binomio entre presión y negociación que se puede hacer a nivel local con un banco. Ante este contexto, la PAH ha estado intentando negociar con los intermediarios, Finsolutia. Estos les dijeron hace dos o tres meses que habían presentado una propuesta de acuerdo con toda la documentación, ingresos de Said y las cargas familiares, y que estaba por debajo de las propuestas de embargo. Como explica la portavoz de la PAH, Gloria Marín, “apenas cobra dos IPREMs (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para cinco miembros”.

Una propuesta que por supuesto los inversores no aceptaron. Además de que están muy lejos, lo que impide la gestión: “Los menores les importan un comino, como a los bancos”, indica Marín. De hecho vinieron los intermediarios a la ejecución del desahucio, “porque las imágenes de ayer no les importan; un banco no quiere ver su imagen asociada a cosas como la de ayer”, explica Marín.

La familia se había comprado la vivienda con un precio muy inflado, por 70.000 euros, no debería valer más de 25.000 antes de la burbuja. Hasta ahora han pagado 41.000 euros

Por lo tanto, en el habitual último minuto de estos casos, el jefe del dispositivo de la UPR pregunta a la comitiva judicial si se ejecuta el desahucio, pero el fondo ya había dado la orden de proceder. La portavoz de la PAH señala que la UPR “ya sabía lo que había, porque para echar a 100 personas hay que contusionar, tener heridos; para que el fondo pueda tener el piso vacío y especular con él”. De hecho, fueron varias personas las que sufrieron contusiones y morados, y alguna la que tuvo que recibir atención médica.

En cualquier caso, una decisión fácil —la de echar a una familia— cuando el único interés que importa es el del dinero. Y más si no hay por qué presenciar la escena. En cualquier caso, los números hablan por sí solos: la familia se había comprado la vivienda con un precio muy inflado, por 70.000 euros, cuando la misma no debería valer más de 25.000 antes de la burbuja. Hasta ahora han pagado 41.000 euros, por lo que el fondo buitre ha dejado en la calle a esta familia con una deuda de unos 18.000 euros. Además, “la hipoteca era malísima, con cláusulas abusivas”, esgrime Marín.

LA DIFÍCIL DEFENSA ANTE UN FONDO BUITRE

Otro aspecto que dificulta la lucha contra estos fondos buitre es que quedan fuera del código de buenas prácticas, no vinculante, que había propuesto el Gobierno de Mariano Rajoy para los bancos. Así pues, no se puede intentar negociar ningún alquiler social o condonación de la deuda, que de todas formas no estaba en este código.

Así pues, la familia se queda sin vivienda, en la calle, y con una deuda de 18.000 euros. Lo que supone que en el caso de que tengan algún bien, este se les podrá embargar. Es decir, primero se destinará una cantidad a pagar la deuda y después a la familia. Asimismo, los intermediarios, Finsolutia, les facilitarán la entrada al piso para que saquen sus pertenencias. 

Como apunta Gloria Marín, ya habían tenido algún caso similar con una financiera comprada por fondos australianos, aunque había habido retrasos y finalmente no hubo intervención policial porque no acabaron de lanzar. Los casos que van llegando de los bancos la PAH los está resolviendo todos con soluciones como alquiler social o moratoria. Pero los que más se están haciendo son los de particulares, y ahí la PAH no interviene, pero son situaciones peores y sin alternativa habitacional.

Asimismo, el caso de Said no es de los peores, tiene un trabajo estable desde hace años en una empresa de jardinería. Desde la PAH creen que no tendrá problemas para encontrar otro alquiler. Sin embargo, posiblemente esa condición laboral es la que hace que el Ayuntamiento no les haya otorgado una ayuda para subvencionar el alquiler porque, según este, no reunían los requisitos.

Desde la plataforma pusieron el caso hace meses en conocimiento de Bienestar Social, porque la principal dificultad no es no poder pagar un alquiler, sino el adelanto de los tres primeros meses que se suele hacer —de ahí las ayudas—. Además, la concejal del área, Tere Macià, aseveró que no tenían constancia del lanzamiento hipotecario y que a la PAH le interesaban estas situaciones le convenían.

Por la noche, ante el revuelo generalizado, el alcalde de la ciudad, Carlos González, intentaba apagar el fuego ofreciendo una vivienda de emergencia hasta que encontrasen una alternativa habitacional, a lo que la PAH ha respondido que si tiene viviendas sociales, por qué no se las da a las familias que van al Consistorio cada semana.

FONDOS CON CADA VEZ CON MÁS PROPIEDADES

Con todo, cabe preguntarse cómo un fondo buitre puede llegar ahora a influir sobre una familia de Carrús, más allá de su objetivo inherente de especular. La respuesta es sencilla: la Unión Europea, fruto de la burbuja inmobiliaria que aún acarrea casos de toda índole, quiere que los bancos dejen de exponerse al ladrillo, vistos los resultados.

Ha dado directrices para que los bancos se deshagan de sus parques inmobiliarios, por lo que muchas viviendas las están vendiendo a estos fondos de capital riesgo, los ‘buitres’. A veces, incluso se venden a sociedades de las que los propios bancos forman parte. Por lo tanto, sea extranjero o español el fondo, la obligación del banco y todo lo que acarreaba, como la insuficiente foto de cara a la galería que fue el código de buenas prácticas, se acaba. “Todos los derechos que se pudieran establecer a los deudores de banco se pierden”, explica Marín. “Y esta situación avanza a pasos acelerados”, añade.

En los últimos 17 días la plataforma de Elche ha tenido seis desahucios, y el día del de Said había tres

De hecho, desde la PAH auguran que van a llegar muchos más casos como este con fondos buitre, que por cierto ha sido en el aniversario del 15-M, movimiento vital para la consolidación de la plataforma. En cualquier caso, de buitres o de particulares, los desahucios siguen estando a la orden del día. En los últimos 17 días, la plataforma de Elche ha tenido seis desahucios, y el día del de Said había tres, aunque los otros se han pardo o aplazado. Como dice Marín, “los que llegan a la PAH y son de bancos se resuelven todos, pero hay muchos desahucios de particulares, y son de gente que no viene a la plataforma. Son desahucios silenciosos”. Mientras ese silencio no se rompe, de momento, la PAH tiene en la mesa ese reto: ver cómo se puede amoldar o enfrentar a estos fondos buitre sin rostro que traspasan fronteras sin inmutarse.