Desindustrialización
Compran La Naval para reconvertirla en un macro almacén logístico

Gobierno vasco no quiso comprar La Naval tras el proceso de privatización que terminó en un proceso de acreedores y la pérdida de cientos de puestos de trabajadores. La ha vendido al mejor postor: 36 millones que ha pagado la compañía checa VGP, con oficinas centrales en Bélgica. “Promovemos, gestionamos y nos quedamos como propietarios de activos logísticos y activos inmobiliarios semiindustriales construidos con las más altas gamas de calidad”. Es decir, la orilla izquierda de la Ría de Bilbao que un día fue industrial albergará un mega almacén logístico. En España ya tiene seis: en Fuenlabrada, Torrejón de Ardoz, Lliçà d’Amunt (Barcelona), Cheste (València), Dos Hermanas (Sevilla) y Zaragoza, al que se le une la propiedad de Sestao, la más grande de todas con 280.000m2.

El objetivo de esta empresa fundada en 1998 como promotora inmobiliaria es comprar suelo industrial y reconvertirlo en naves para almacenaje logístico gestionado a través de empresas de “joint venture” (alianzas comerciales). El empleo que genera este tipo de compañías se caracteriza por su precariedad.

VGP cuenta en la actualidad con naves en doce países europeos que ocupan 7,65 millones de m2 y una cotización en bolsa de 3.840 millones de euros en bruto.

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La industria vasca ha pasado de 423.000 empleos en 1975 a 194.000 en la actualidad. Una pérdida del 54% que continúa ahogando al sector con políticas neoliberales. Fagor, Xey, CEL y La Naval son ejemplos recientes de mala gestión del Gobierno y las diputaciones vascas.

La compañía ha indicado en una nota de prensa que el nuevo parque de Sestao incorporará “elementos existentes como grúas y edificios protegidos para preservar algunas de las características icónicas del antiguo astillero”, algo que no se aprecia en las maquetas en 3D que han colgado en su página web.   

En la nota quieren destacar que sus naves cumplen los requisitos de una “construcción sostenible y energéticamente eficiente”. La adjudicación de esta subasta debe ser ratificada mediante aprobación judicial. Los 36 millones de euros se destinarán al pago de acreedores. Esta era la segunda ronda de subasta; la anterior por lotes quedó desierta.