Elecciones 10N
De los programas electorales a las políticas concretas: los partidos y la inmigración frente al 10N

Como es ya marca de identidad de su formación, el pasado domingo 27 de octubre Santiago Abascal, durante un mitin de precampaña, profundizó en el discurso que acusa a las personas inmigrantes de “aprovecharse” de ayudas públicas. Para ello utilizó una lista de las personas beneficiarias de ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid. Rodeado de su militancia, el político fue leyendo uno a uno apellidos de personas reales mientras la audiencia abucheaba al oír nombres de origen extranjero. “Yo quiero decir que por cada nombre que hay aquí de una persona extranjera, hay un joven español que sigue viviendo con sus padres y no tiene esperanzas de dejar de hacerlo”, dijo.

En su efectista proclama Abascal asumió, como su público, que el hecho de tener apellidos de origen extranjero es incompatible con tener la nacionalidad española. También abundó en el argumento de que las administraciones discriminan a las personas españolas del acceso a las ayudas sociales. Según aclaró una vez más la Comunidad de Madrid, los criterios para acceder a las ayudas tienen que ver con la renta y la composición de la familia, y en ningún caso con el origen. De hecho, según reportaba el diario el Mundo, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid afirmó que el 81% de los beneficiarios de ayudas al alquiler nacieron en España.

Para el partido de Abascal la inmigración es un tema que debe de estar todo el tiempo en el centro. El miércoles 30, de hecho, presentó una denuncia ante la Junta Electoral por la decisión por parte de RTVE —en consenso con PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos— de no incluir la inmigración entre los cuatro bloques principales del debate previsto para hoy 1 de noviembre y al que acudirán las y los portavoces parlamentarios.

El partido argumenta que según el CIS la inmigración es un problema para el 15,6% de la población, muy por encima de quienes se muestran preocupados por el cambio climático. El pasado febrero, esta cifra ascendía al 8%. Vox intenta mantener activo este caladero de votos que se ha ampliado en los últimos meses. Mientras, PP y Ciudadanos, cuyos líderes contribuyeron a la percepción de la migración como problema ya antes del auge de Vox, permanecen con un perfil más bajo. 

MIRADA SECURITARIA Y VISADO POR PUNTOS

Sin embargo, los partidos que cogobiernan la Junta de Andalucía rompiendo con 40 años de hegemonía socialista comparten en su programa electoral una mirada securitaria hacia la migración. Evidentemente, es en el partido de Abascal donde, con medidas idénticas propuestas el 28A se apuesta por la agenda más securitaria en términos migratorios, insistiendo en la deportación de todo inmigrante “ilegal”, así como de aquellos inmigrantes —al margen de su situación administrativa— que hayan incurrido en varios delitos leves o alguno grave. En su programa vuelve la idea de construir un muro infranqueable en Ceuta y Melilla e inhablitar de por vida para optar a la regularización a quienes accedieron de manera ilegal al país, única forma para acceder al Estado por parte de miles de personas dada la escasez de vías legales.

Mientras, el PP, introduce de nuevo la inmigración entre los “retos globales de una sociedad abierta”, situándolo en su programa justo después del terrorismo y justo antes de la lucha contra la ocupación de viviendas. “Impulsaremos una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo” afirma el documento en el que se apuesta por dotar de mayores recursos a las fuerzas en las fronteras, y ampliar el FRONTEX, se menciona profusamente la lucha contra las mafias ilegales, y se apunta a la ampliación de tratados para la devolución de migrantes, incluidos los menores no acompañados, apostando por el “retorno a sus hogares”. Mencionan el apoyo a quienes llegaron “legalmente al país” y enuncian el objetivo de agilizar los procesos de asilo y refugio. Como ya hicieron en el programa del 28A,  apuestan por un “estatuto de protección temporal para los venezolanos”. Por su parte Cs, que introduce migración en el apartado defensa y seguridad, retoma su idea del visado por puntos “para atraer talento”, la lucha contra las mafias, y el apoyo a las fuerzas del Estado”.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: EL EJEMPLO ANDALUZ

Pero Vox no solo hace mitines y redacta programas, como integrante del gobierno andaluz toma decisiones que son admitidas por sus socios. Ya el pasado enero, cuando se conformaba el actual gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, la formación exigió la deportación de 52.000 inmigrantes no regularizados. Desde entonces lleva intentando que los Servicios Sociales dela Junta colaboren en la identificación de inmigrantes en situación irregular.

Con la aprobación  de los presupuestos para el 2020, el pasado 23 de octubre, los titulares en la prensa mostraban que el objetivo de acceder a datos procedentes de hospitales, centros de salud, o colegios estaría más cerca.  PP y Cs se habrían comprometido a permitir que la Junta de Andalucía facilite esta información a policía y guardia civil. 

Ya el 25 de octubre más de 180 organizaciones de la sociedad civil denunciaban que “el acuerdo vulnera la Ley de Protección de Datos, el Reglamento de la UE de Protección de Datos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, anunciando que demandarían a la Junta en el caso de ceder datos personales al Ministerio de Interior.

Advertían, además, que medidas como esta —aún si finalmente no son ejecutadas— generan alarma entre la población inmigrante dificultando su acceso a servicios básicos como la sanidad y la educación. Mientras endurece el discurso securitario, el gobierno andaluz ha recortado 600.000 euros en ayudas y subvenciones a entidades que trabajan en el apoyo e inserción de las personas inmigrantes. 

PROGRAMAS ELECTORALES del centro hacia la izquierda

El eje migración sigue siendo uno de los vectores en torno al cual los partidos marcan sus principales distancias. Mientras Vox sigue apostando —como uno de sus principales capitales políticos— sobre el discurso antiinmigración de la extrema derecha, en el espacio de la derecha y el centro derecha, los discursos se modulan en función de la estrategia.

Ni el refuerzo a las fuerzas en la frontera, ni la inmigración irregular, ni nada problemático aparece en el programa de 10N del PSOE que incluye fórmulas neutras como “ Pacto de Estado sobre inmigración”, “revisión de la legislación actual” “reforma de la legislación sobre la obtención de la nacionalidad por residencia”, “agilización de trámites administrativos”, junto a medidas enfocadas en colectivos vulnerables como las mujeres migrantes. Mientras, Más País no ha introducido ninguna propuesta alusiva a este ámbito en los documentos programáticos (de temática ecologista y económica) que ha presentado hasta ahora.

Podemos e Izquierda Unida proponen medidas similares entre sí, en la línea de los programas presentados en abril. Ambas formaciones apuestan por una perspectiva de Derechos Humanos frente a los enfoques securitarios, haciendo incidencia en la necesidad de preservar los derechos en la frontera sur, acabar con las devoluciones en caliente, y garantizar la posibilidad de iniciar procesos de petición de asilo.  Los programas de las formaciones que integran Unidas Podemos abogan también por el cierre de los CIES, el apoyo a Salvamento Marítimo como un servicio público, y la colaboración con las ONG de rescate para evitar más muertes en el Mediterráneo.

También incluyen la propuesta de abrir vías legales de migración, posibilitar la petición  de protección en consulados de terceros países, o la creación de visados humanitarios, y otros nuevos tipos, como el visado por búsqueda de empleo que propone la formación morada. Podemos apuesta también por la flexibilizando del arraigo, y facilitar la reagrupación familiar, entre otras medidas. Por último, retoma la idea de una ley contra el racismo  llamada “Ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia”. 

El liderazgo tomado por Vox para imponer su agenda migratoria en el arco político conservador, la tendencia del partido socialista —con las experiencia recientes de la muy criticada gestión del Open Arms, su demora en retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, o la normalización de las devoluciones en caliente— a mantener el status quo, y el peso limitado de la única candidatura a nivel estatal que propone cambios de calado —en cuanto al respeto de los Derechos Humanos— en las políticas migratorias, apuntan a un pronóstico poco optimista respecto a posibles avances o ampliaciones de derechos de la población inmigrante en el Estado.