Coronavirus
El ‘mal venido de fuera’ amenaza los pueblos indígenas de Colombia

Colombia cerró 2019 con el fúnebre título de “país con más asesinatos de defensores de derechos humanos”. Fueron 250 asesinatos ese año, según el recuento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), uno de los años más sangrientos desde los Acuerdos de Paz en la Habana el 2016. Una paz firmada, pero nunca efectiva, que este 2020 estaba todavía más en entredicho.

Antes de que el mundo se paralizase por un virus que azota los siete continentes, la defensa de la vida, el territorio, la memoria histórica, el legado cultural y el bienestar común en Colombia tenía un reguero de sangre que no terminaba de secarse antes de que se añadieran nuevos afluentes. A finales de febrero, eran ya 56 los asesinatos de líderes y defensoras en este país del Abya Yala. Para mayo, ya suman 84 muertes violentas de personas que pusieron el cuerpo en la protección de derechos civiles, medioambientales, de género, territoriales… A esta cifra, se le puede sumar la de 24 excombatientes de las FARC que, en proceso de reincorporación a la vida civil, han sido asesinados este año. En total, 108 asesinatos en sólo cuatro meses.

Ni siquiera la pandemia ha frenado las amenazas, hostigamientos y violencias contra defensores y lideresas en Colombia, que en mayo, ya suman 84 muertes violentas desde que empezara el año

Ni siquiera la pandemia ha frenado las amenazas, hostigamientos y violencias contra defensores y lideresas en Colombia. La Taula Catalana per Colòmbia y el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia (ADPI) han emitido comunicados denunciando el recrudecimiento del conflicto armado en plena situación de crisis humanitaria. Ambas organizaciones, además de varios Programas de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos en el estado español, solicitan con carácter urgente una respuesta nacional e internacional, y señalan que uno de los colectivos más azotados por esta violencia es el del centenar de pueblos originarios en Colombia. Por ello, desde OADPI y el Colectivo Maloka se ha iniciado una campaña de solidaridad internacional con el pueblo awá y nasa, gravemente afectados por esta guerra que no cesa.

En 2020, las poblaciones indígenas han perdido al menos a una veintena de compañeros y compañeras a manos de agentes armados. Por toda la geografía colombiana se encuentran en fuego cruzado entre grupos ilícitos, paramilitares, Ejército, cuerpos policiales y mercenarios contratados por empresas transnacionales y nacionales que se lucran con el extractivismo. No es casualidad que haya múltiples miradas codiciando sus territorios ancestrales, terriblemente ricos en recursos naturales y muy fértiles. Frente a esta miríada de armas de fuego, pueblos enteros mantienen una defensa pacífica y acérrima de la vida, las tradiciones, la Madre Tierra y los bienes comunes.

Y llegó el ‘wisca’

De pronto, al tablero de juego se le ha añadido un componente nuevo. El Wisca, el “mal venido de fuera”, como lo han nombrado los awá. Este pueblo binacional que no entiende de fronteras habita mayoritariamente en la zona andina, montañas selváticas frías y húmedas en los departamentos de Nariño y Putumayo. Según los mapas, están divididos entre Colombia y Ecuador. Según ellos, son una Gran Familia de 21.000 personas, sin líneas imaginarias dibujadas a rayas sobre la espesura del bosque.

El Wisca les está rodeando en un círculo complejo. Ecuador es uno de los países que más contagios ha tenido en América Latina, muchos a causa del turismo globalizado. Por su parte, Nariño y Putumayo son rutas de paso continuadas entre ambos estados y por toda la espina dorsal andina. En la carretera panamericana que atraviesa el suroeste de Colombia se suman pasantes lícitos e ilícitos, y todo lo que no pueda cruzar por allí, se las ingenia para saltar fronteras al amparo de las cordilleras y su espesura.

“Antes del cierre de fronteras por el confinamiento, hubo mucho movimiento. Nosotros estimamos 300 pasos ilegales en tierra awá”, cuenta Yuri Acosta, parte del equipo profesional de la UNIPA, organización de Unidad Indígena del Pueblo Awá. Este territorio poroso también ha visto huir hacia el sur a muchas familias, en desplazamientos forzosos por el conflicto armado que ha vivido Colombia más de seis décadas. “Es una frontera viva”, describe Acosta.

A la guerra, se le sumaron las migraciones causadas por las haciendas palmicultoras, la extracción de petróleo, la minería ilegal de oro, la tala furtiva de madera y el cultivo ilícito de coca. Todos estos negocios extractivistas han permeado de carreteras la selva. Dañan la naturaleza, vulneran los derechos territoriales del pueblo awá y ponen en riesgo la salud de las comunidades.

En especial, dificultan el acceso al agua potable, ya que es habitual el vertido de crudo del gran oleoducto transandino que pasa por allá, los residuos mineros de mercurio o el efecto del glifosato de las fumigaciones estatales contra los cultivos ilícitos. “En casi todas las 2.500 hectáreas de resguardos de la UNIPA hay problemas para acceder a agua limpia y es muy severa la desnutrición infantil”, explica Acosta. Les preocupa mucho esta nueva enfermedad infecciosa, altamente contagiosa. “En estas comunidades hay muchas enfermedades respiratorias”, sumadas a la diabetes, la hipertensión y la tuberculosis. El clima frío y extremadamente húmedo, con muchísima lluvia, permite que la flora crezca exuberante. También condiciona los pulmones de los awá, dejándoles aún más expuestos.

A pesar de que la población está muy desperdigada y aislada, el mayor riesgo es el contagio provocado por los múltiples actores que cruzan el territorio awá, colombiano y ecuatoriano. Para hacerse una idea, los asentamientos más alejados tienen trayectos a pie de entre seis a doce horas por caminos montañosos; cuando lleguen a una población más densa, allí les esperarán otras ocho horas de viaje en coche hasta encontrar una ciudad con hospitales que tengan UCI. “Y las de Nariño están al 80% de su capacidad”, apunta Acosta, por lo que no habría posibilidades de atender los casos que llegasen.

“Lo que hemos estado haciendo, es con las uñas, porque el gobierno colombiano no ha hecho nada”, denuncia Yuri Acosta. Hay cuarentenas estrictas en el lado ecuatoriano y la Guardia Indígena awá ha establecido puntos de control para gestionar los accesos y salidas de los resguardos, además de patrullar en el interior, “pero no tenemos tapabocas, alcohol, guantes, ni geles desinfectantes, por lo que nuestros guardias se exponen mientras hacen las tareas de control”, explica la integrante de la UNIPA.

Hay por lo menos tres focos más de inquietud. El primero, los 18 casos positivos confirmados a finales de abril entre efectivos de las Fuerzas Armadas colombianas destinadas en Ipiales, Nariño. Los militares frecuentemente patrullan sin mascarillas y sin permiso en tierra awá, que es escenario de contiendas y reyertas entre grupos armados. Segundo, que las grandes empresas extractivistas han seguido su actividad. Tanto legales como ilegales pararon algunos días, pero todas retomaron pronto sus rutinas, sin atender a prevenciones sanitarias para evitar contagios entre sus jornaleros.

Los catorce grupos armados que se disputan el territorio awá han establecido toques de queda y cercos a la zona por la pandemia. Denuncian que han amenazado con matar a quien crean que esté contagiado

“Allá no hay autoridad que valga, más que los grupos armados”, se lamenta Acosta. Liga esto con la tercera inquietud. Los catorce grupos armados que se disputan el territorio awá han establecido toques de queda y cercos a la zona por la pandemia. Acosta explica que han amenazado con matar a quien crean que esté contagiado. Una amenaza cumplida: el 4 de abril, atacaron un vehículo particular que transportaba una mujer enferma, asesinándola a ella y al conductor. Sus muertes se suman al asesinato reciente de un joven awá en Barbacoas, por parte de grupos ilegales.

Una de las respuestas a la coyuntura es reforzar la medicina intercultural, que une los conocimientos médicos occidentales con la sabiduría ancestral awá, arraigada en lo que la naturaleza ofrece. Aunque es complicado responder frente “a un mal que no proviene de la selva” con unos cultivos asediados: el extractivismo ocupa tierras que antaño eran para plantas medicinales y las que crecen, se ven afectadas por la contaminación y el cambio climático.

Una minga hacia dentro para resistir en el Cauca

Cruzando Nariño, se llega al Cauca. En el norte del departamento se encuentra la Cxhab Wala Kiwe nasa, “el territorio del gran pueblo”, entre la zona plana y la estribación occidental de la cordillera central colombiana. Los resguardos que conforman la Asociación Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) suman unas 115.000 personas.

“Los pueblos indígenas siempre hemos estado en resistencia, ésta no es la única desarmonía que ha llegado”, afirma Gloria Yonda, enfermera y coordinadora del Tejido Salud de la ACIN. Habla del Wee Wala, “la enfermedad de estos tiempos”, apelativo que le han dado los mayores. Usar el nombre de esta enfermedad extraña al territorio es convocarla, así que se la elude, en un ejercicio de medicina intercultural similar a los awá.

Gloria Yonda es parte activa de la salud intercultural, que une saberes ancestrales con medicina occidental para atender holísticamente los quiebres en la armonía de cuerpos, mentes, familias y comunidades. Se está aplicando tanto en los hogares, como en el centenar de puntos de control territorial establecidos por la Guardia Indígena nasa. Se han desplegado unos 2.760 Kiwe Thegnas, un cuerpo pacífico de labor humanitaria y defensa de los derechos humanos.

En los controles también hay personal sanitario del Tejido Salud. “Nuestro objetivo es salvaguardar la vida de las comunidades. Hemos hecho un trabajo preventivo, cerrando el territorio, tratando de evitar que entre nadie sin permiso. Allí se hacen desinfecciones, sahumerios con plantas medicinales, damos información y explicamos a comuneros y comuneras qué precauciones deben tomar. Fortalecemos la salud mental, que en estos momentos está siendo afectada, con un aumento de la ansiedad o de la depresión”, explica Yonda. “A diferencia de muchos años atrás, tenemos un sistema de salud propio indígena intercultural y contamos con personal profesional sanitario, además de otras capacidades”, afirma esta mujer nasa.

“Se hacen trabajos espirituales para reforzar la armonía y ahuyentar el Wee Wala. Vemos con agrado que, en estos momentos, no tenemos ningún caso”, comenta Yonda, a pesar de que en las zonas limítrofes ha habido positivos. Además, “se está elaborando un remedio natural que nos sirva en la prevención y por si nos llega a afectar esta desarmonía. Se están haciendo cateos con los mayores para un uso local”, explica.

¿Está apoyando el gobierno colombiano de Iván Duque la protección de los pueblos indígenas? “El Estado no hace inversión económica ni en equipamientos”, responde Yonda. “Los insumos para el abordaje de esta desarmonía se han elevado. Han subido precios: una caja de tapabocas ahora vale cuatro veces más. Esto ha desbordado el presupuesto de materiales preventivos, necesarios tanto para personal sanitario como en control territorial. Además, estamos preparando espacios para atender cuarentenas o contagios, ya que las casas no están acondicionadas para aislar a quién se vea afectado; son pequeñas, hay hacinamiento y no tienen ventilación. Por todo ello, estamos solicitando mucho apoyo y solidaridad, porque el Estado no está haciendo nada”, narra Gloria Yonda. Sin embargo, explica que el confinamiento y las restricciones hacen más difícil la organización política. “Ha cambiado nuestras dinámicas ¿no? Los pueblos indígenas tenemos la costumbre de reunirnos, hacer asambleas”, resume.

Este mal venido de fuera tiene un componente terrible para los nasa y los awá: su alta mortalidad en mayores, que pone en riesgo la transmisión de saberes ancestrales. “Son nuestros libros vivientes”

Desde esta atomización a un pueblo que trabaja en minga, en colectivo para el beneficio comunitario, la Guardia mantiene otra tarea imprescindible: el monitoreo de las vulneraciones de derechos humanos. “Con más ganas que materiales, como siempre”, explica Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, con el mandato comunal de una protección integral del territorio, las personas que lo habitan y la naturaleza. “Sólo durante el confinamiento, hemos registrado 19 combates entre Ejército y grupos armados en nuestros resguardos. Hace una semana, murió un niño de 14 años por una bala cruzada. Tememos el uso de la pandemia para ocultar qué ocurre. El Gobierno está priorizando situaciones de tipo económico”, afirma, frente a la necesidad humanitaria. Pone un ejemplo: la industria cañera, con extensas plantaciones en la planície caucana, sólo paró ocho días. Como en el territorio awá, siguen la minería, el monocultivo del pino y el narcotráfico en el Cauca.

Capaz explica que venían de un 2019 sangrante, con múltiples asesinatos, masacres y hostigamientos al pueblo nasa. “Pedimos a los actores armados que declaren cese al fuego. Es fundamental que se escuchen los clamores de la sociedad civil”, afirma, para resistir a lo coyuntural del Wee Wala y seguir resistiendo al contexto de riesgo y amenaza para las comunidades. Además, este mal venido de fuera tiene un componente terrible para los nasa y los awá: su alta mortalidad en mayores, que pone en riesgo la transmisión de saberes ancestrales. “Son nuestros libros vivientes”, dice Mauricio Capaz, “es vital protegerlos”.

“Aunque acostumbramos a hacer muchas cosas en colectivo, ahora no estamos de brazos cruzados. Hacemos una minga hacia dentro, fortaleciendo lo propio: nuestra sabiduría ancestral, la economía, las huertas (tul), la capacidad política y organizativa… Nos fortalecemos para resistir. Y seguimos haciendo minga hacia fuera. Se cambia de estrategia, pero se sigue luchando. Protestando contra este gobierno, que privilegia a las grandes empresas y no a los procesos que hay en los pueblos”, afirma Gloria Yonda. Ni siquiera en tiempos de pandemia.