Opinión
Entre el vodevil parlamentario y la lucha de clases

Se avecina un noviembre políticamente intenso en el Estado español. La convocatoria de elecciones generales y la huelga del 11 de noviembre abren un escenario que difícilmente podrá circunscribirse a la disputa entre partidos ni a las fronteras administrativas del régimen del 78.

También en Euskal Herria se harán sentir sus efectos, aunque aquí las dinámicas políticas, los equilibrios institucionales y la correlación de fuerzas presenten particularidades propias. Porque, más allá de los titulares, lo que comienza a ponerse en cuestión es algo más profundo, el agotamiento de un ciclo político y la necesidad de recomponer una izquierda capaz de intervenir sobre la realidad en lugar de limitarse a administrarla.

Fin de ciclo y apertura de uno nuevo

Todo comienza con el desahucio de Maricarmen y la obscena actuación de quienes, parapetados tras la propiedad y la legalidad, pretenden convertir el derecho a la vivienda en una mercancía y la desesperación ajena en un trámite administrativo. Los carroñeros de siempre vuelven a exhibir su particular concepción de la libertad, la libertad de acumular, especular y expulsar, mientras quienes no pueden pagar un alquiler deben aprender a considerar su precariedad como un fracaso individual. Sin embargo, reducir lo sucedido a un episodio concreto sería confundir la chispa con la pólvora. Detrás de esa irrupción hay un trabajo paciente, una acumulación de experiencias y una disposición creciente a transformar el malestar social en acción colectiva.

Ese proceso venía gestándose desde antes. Las movilizaciones en solidaridad con Palestina contribuyeron a abrir espacios de politización, a cuestionar la complicidad de las instituciones y a demostrar que, incluso frente a poderes que parecen inexpugnables, la movilización sostenida puede alterar los márgenes de lo políticamente aceptable. La cuestión de la vivienda viene ahora a reforzar esa dinámica, conectando la indignación con una experiencia material que atraviesa a amplias capas de la sociedad. Porque no hablamos únicamente de alquileres imposibles o de desahucios vergonzosos, sino de un modelo económico que convierte necesidades básicas en oportunidades de negocio y agrava la precariedad.

El facherío llevaba semanas alimentando sus fantasías punitivas con Ceuta y la población migrante, señalandola como responsable de los problemas que generan la explotación y desigualdad de la riqueza

Había, además, una necesidad política evidente, romper el marco impuesto por una agenda reaccionaria que, hasta hace poco, encontraba en Ceuta y en la cuestión migratoria uno de sus principales escenarios. El facherío llevaba semanas alimentando sus fantasías punitivas, señalando a las personas migrantes como responsables de problemas que tienen su origen en las relaciones de explotación y en la desigual distribución de la riqueza.

Frente a ese desplazamiento deliberado del conflicto social, la vivienda ha vuelto a colocar en el centro una pregunta incómoda, quién se beneficia de un orden económico en el que cada vez resulta más difícil vivir dignamente. Y cuando esa pregunta abandona las tertulias, ocupa las plazas y se traduce en organización, los administradores del sistema empiezan a ponerse nerviosos.

Las acampadas y las movilizaciones por la vivienda, también con su expresión en Euskal Herria, han evidenciado que existe una capacidad de movilización que desborda los cauces habituales de representación. No han surgido de la nada ni responden a una espontaneidad milagrosa. Se apoyan en el trabajo de organizaciones, colectivos y militantes que llevan tiempo construyendo redes, acumulando experiencias y sosteniendo conflictos cuando apenas ocupaban espacio en los informativos. La calle no se enciende por generación espontánea. Pero cuando prende, puede iluminar las vergüenzas de quienes llevaban años asegurando que no había alternativa.

La respuesta institucional ha sido tan estéril como reveladora. Primero llegaron unos decretos de vivienda manifiestamente insuficientes, incapaces de responder a la magnitud del problema; después, su rechazo parlamentario por una mayoría de derechas. Y, a continuación, la convocatoria electoral. El episodio retrata a la perfección la distancia entre las necesidades materiales de la mayoría social y una política institucional que parece haber convertido la supervivencia parlamentaria en su razón de ser.

Comienza así el habitual vodevil, negociaciones entre bambalinas, cálculos electorales, declaraciones solemnes y movimientos tácticos de quienes parecen más preocupados por la ubicación de sus respectivas candidaturas que por las condiciones de vida de la gente. El PSOE encuentra una ventana de oportunidad para evitar una debacle mayor de la prevista y tratar de recomponer sus expectativas. A su alrededor, una izquierda progresista en proceso de descomposición descubre, demasiado tarde, que haber ocupado ministerios no equivale a haber construido poder popular.

Después de ocho años de gobierno progresista, las condiciones materiales de amplias capas sociales siguen sin experimentar la transformación prometida y la extrema derecha continúa creciendo hasta convertirse en una amenaza real de acceso al poder. Fracasar en mejorar la vida de las mayorías y fracasar en contener a la reacción ultra no son dos accidentes independientes, sino el balance de una estrategia que ha subordinado progresivamente la movilización social a las exigencias de la gobernabilidad.

No han sido los grandes aparatos sindicales quienes han creado por sí solos esta coyuntura, sino la presión desde abajo la que ha contribuido a empujarles a intervenir

Euskal Herria singular

La convocatoria de la huelga general introduce, precisamente, un elemento que el calendario electoral no puede absorber por completo. Su impulso procede del movimiento popular y de los sindicatos de inquilinas, que han contribuido a colocar la necesidad de una respuesta colectiva en el centro del debate. La participación de CCOO y UGT, con el más que seguro beneplácito del Gobierno, resulta imprescindible para aspirar a una huelga de esa dimensión, pero reconocer dicha realidad no obliga a invertir el orden de los acontecimientos. No han sido los grandes aparatos sindicales quienes han creado por sí solos esta coyuntura, sino la presión desde abajo la que ha contribuido a empujarles a intervenir. La diferencia no es menor. Una cosa es convocar una jornada para gestionar el descontento y otra muy distinta ponerse al servicio de una movilización que puede desbordar los límites inicialmente previstos.

Euskal Herria afronta este escenario desde una posición singular. Como tantas otras veces, los ritmos políticos del país no coinciden exactamente con los del conjunto del Estado. No hace tanto, mientras en buena parte de nuestro entorno predominaba cierta estabilidad institucional, aquí persistía un conflicto político y armado. Hoy, en cambio, cuando buena parte del tablero estatal e internacional aparece patas arriba y sacudido por la polarización, Euskal Herria atraviesa uno de sus periodos de mayor estabilidad institucional. La paradoja es evidente, mientras fuera se agudizan las contradicciones, aquí la disputa política parece concentrarse cada vez más en quién administra el centro sociopolítico.

En ese terreno se mueve el PNV, que conserva su naturaleza de derecha neoliberal, sus vínculos con los intereses empresariales y su alineamiento geopolítico con potencias y gobiernos como el israelí, pero mantiene una cultura política democristiana y pragmática que lo diferencia de otras derechas tradicionales, cada vez más entregadas al repertorio de la extrema derecha internacional. Frente a la estridencia reaccionaria, el PNV nos vende una versión más presentable del mismo orden económico, con menos aspavientos y una supuesta solvencia gestora superior, sin cejar, por supuesto, en la defensa igualmente firme de los intereses de clase que representa. La corbata puede cambiar; la relación con el capital, bastante menos.

EH Bildu, por su parte, disputa al PNV la gestión de las instituciones. Es una estrategia legítima para una organización que aspire a gobernar, pero sus consecuencias políticas deben examinarse con rigor. En su pugna por el centro sociopolítico, la izquierda abertzale institucionalizada ha ido desplazando las posiciones de ruptura y presentándose cada vez más como una alternativa de gestión de lo existente. Su aproximación al PSOE y su participación en acuerdos con las instituciones del Estado expresan esa evolución. El problema no consiste en disputar las instituciones, sino en convertir esa disputa en un horizonte estratégico que termina subordinando cualquier transformación a las posibilidades de encaje dentro del sistema.

La otra paradoja es que, dentro de esa estabilidad institucional, Euskal Herria conserva una capacidad de movilización sindical superior a la que hoy se observa en otras regiones de nuestro entorno. Mientras que a nivel del Estado no se convocaba una huelga general desde 2012, en Hego Euskal Herria se han sucedido distintas convocatorias, incluida la reciente movilización en torno al salario mínimo. Sin duda, resulta positivo que ELA y LAB se sumen a la huelga del 11 de noviembre.

Mantener una agenda sindical propia y responder a una convocatoria de alcance estatal no es incompatible, ya que la explotación no reconoce fronteras administrativas y la solidaridad de clase no se detiene donde termina un territorio

Mantener una agenda sindical propia y responder a una convocatoria de alcance estatal no son objetivos incompatibles. La explotación no reconoce fronteras administrativas y la solidaridad de clase no puede detenerse allí donde termina un territorio. La unidad de acción no exige uniformidad organizativa, del mismo modo que la defensa de una estrategia propia no justifica la indiferencia ante una lucha compartida.

Euskal Herria rupturista

Existe, no obstante, una diferencia significativa. En Euskal Herria probablemente habrá un seguimiento importante de la huelga y grandes movilizaciones, pero no se percibe con la misma intensidad el impulso del movimiento popular que ha contribuido a desencadenar la coyuntura en otros territorios. La capacidad de confrontación sindical es una fortaleza indiscutible, pero no sustituye la existencia de un movimiento social amplio, capaz de incorporar a sectores diversos, producir nuevas formas de organización y mantener la presión más allá de una jornada concreta. La pregunta, por tanto, no es únicamente cuánta gente saldrá a la calle, sino qué puede construirse antes de la huelga y qué permanecerá en los días posteriores.

Ahí se encuentra una de las cuestiones decisivas de este momento. Las movilizaciones permiten que personas sin experiencia militante se acerquen por primera vez a la lucha, politicen su malestar y descubran que los problemas que parecían individuales responden a causas colectivas. Pero esa experiencia no se transforma automáticamente en organización duradera. Hace falta trabajo de mediación, continuidad y arraigo; hacen falta organizaciones capaces de sostener los conflictos cuando desaparece el foco mediático y de convertir la indignación en capacidad colectiva.

Las organizaciones de ruptura tienen aquí una responsabilidad particular, ensanchar su espacio sin pretender monopolizarlo, preservar su independencia sin confundirla con el aislamiento y comprender que la unidad de acción es una necesidad estratégica frente a un enemigo que dispone de recursos, instituciones y poder económico muy superiores.

Las próximas elecciones también ofrecerán una fotografía de las contradicciones de los espacios rupturistas en Euskal Herria. EH Bildu será previsiblemente el principal polo electoral y recogerá una parte importante del voto popular progresista. Seguramente, también contará con quienes, desde posiciones más radicales, opten por el voto útil, aun sintiendo que el proyecto al que contribuyen electoralmente se encuentra demasiado lejos de sus aspiraciones de transformación.

Esa tensión no se resuelve con reproches morales a quienes votan, ni fingiendo que las opciones disponibles son equivalentes. Se resuelve construyendo una alternativa capaz de intervenir en la realidad, ampliar su influencia social y demostrar que la ruptura no es una consigna testimonial, sino una posibilidad política que requiere organización y fuerza material.

Todo apunta, en definitiva, al cierre de un ciclo abierto hace algo más de una década, en Euskal Herria, con el final del conflicto armado; en el Estado, con el 15M y la irrupción de una nueva izquierda que prometía cambiarlo todo.

Hoy, la izquierda abertzale ha desplazado buena parte de sus antiguas posiciones de ruptura hacia la gestión del centro, mientras la nueva izquierda estatal atraviesa un proceso de descomposición después de haber priorizado la ocupación de ministerios frente a la construcción de vínculos sólidos con la calle. La consecuencia es una buena parte de una sociedad de izquierdas que no se siente representada, un desencanto creciente y una derecha que, acompañada por la extrema derecha, amenaza con conquistar las instituciones estatales.

Los movimientos sociales, el sindicalismo combativo y las organizaciones rupturistas constituyen el terreno imprescindible para una recomposición de la izquierda capaz de disputar la hegemonía

El ciclo que se cierra deja, sin embargo, algo más que derrotas y frustraciones. Deja experiencias, aprendizajes, redes militantes y una evidencia que convendría no olvidar, las instituciones pueden conquistarse sin que por ello cambie el poder real. La recomposición de la izquierda deberá partir de esa lección. Los movimientos sociales, el sindicalismo combativo y las organizaciones rupturistas constituyen el terreno imprescindible para reconstruir una fuerza capaz de disputar la hegemonía.

Las instituciones son también un espacio de confrontación, pero no para gestionar indefinidamente lo existente, sino para abrir grietas, amplificar las demandas populares y forzar a las izquierdas institucionales a avanzar más allá de sus límites. Cuando la aritmética parlamentaria no permite transformar la realidad, un escaño puede servir como un altavoz que complemente, pero que no sustituya, a la voz propia de la movilización, sin confundir el instrumento con el objetivo.

Los distintos espacios de la izquierda rupturista de Euskal Herria no pueden permitirse permanecer eternamente en una posición de resistencia exterior a las instituciones

Tampoco los distintos espacios de la izquierda rupturista de Euskal Herria pueden permitirse permanecer eternamente en una posición de resistencia exterior a las instituciones. Dejar espacios vacíos significa entregárselos a quienes ya ejercen el poder económico y político. Allí donde existan brechas, habrá que ensancharlas; allí donde sea posible disputar poder, habrá que hacerlo sin renunciar a la independencia estratégica. La confrontación se libra en las empresas, los centros de estudio, las calles y las instituciones. Requiere organizaciones grandes y pequeñas, capaces de mediar, organizar y movilizar, respetando su autonomía y construyendo la unidad de acción cuando las circunstancias lo exijan.

Noviembre puede ser un punto de inflexión en el cambio de ciclo, pero ninguna fecha lo garantiza por sí sola. La huelga no resolverá las contradicciones acumuladas ni las elecciones inaugurarán automáticamente una alternativa. Lo decisivo será la capacidad de sostener la movilización, ampliar la organización y convertir el malestar en fuerza política independiente. El desafío consiste en que, cuando termine el vodevil parlamentario y se recojan los decorados de la campaña, siga habiendo una calle organizada capaz de exigir cuentas a quienes gobiernan y de disputar el poder a quienes mandan. Porque los carroñeros no abandonan el festín por una cuestión de decoro. Hace falta que alguien les quite el plato.