Unión Europea
Los Gobiernos de Polonia y Hungría claman contra la condicionalidad en el reparto de los fondos de la Unión Europea

“Una yihad del imperio de la ley”, o un “intento de moldearnos a su imagen y semejanza”. así ha calificado Viktor Orban los últimos movimientos de la Comisión Europea para introducir algo parecido a unos valores comunes en el reparto de fondos autorizado como consecuencia del covid-19, los llamados Next Generation. La argumentación del Tribunal de Justicia (TJUE) en contra de las apelaciones de Hungría y Polonia que se dio a conocer este miércoles, 16 de febrero, abre una nueva vía para la sala de mandos de la Unión Europea. 

En 2020 se aprobó un mecanismo de condicionalidad que permitía recortar fondos a los países que no se adecuasen al resbaladizo concepto de un “Estado de derecho” europeo. La Comisión Europea había dejado en manos del TJUE la decisión, y el miércoles la corte europea refrendó la posibilidad de esa relación entre derechos de la población y financiación por parte comunitaria. El TJUE determinó que la Directiva europea “respeta en particular los límites de las competencias atribuidas a la Unión Europea y el principio de seguridad jurídica“.

Se abre un tiempo de espera en Bruselas para aplicar esta ley. La falta de precedentes y el hecho de que está en cuestión la propia legitimidad de la Justicia europea, y no solo de la Comisión, preocupan a la hora de establecer las directrices a seguir, pero el mensaje parece claro, y ha soliviantado a los políticos de extrema derecha en los dos países del Este. 

Durante las próximas semanas, Ursula Von der Leyen debe diseñar las instrucciones para aplicar este mecanismo inédito, que según la web de información europea Politico, probablemente incluirá un refrendo por una mayoría suficiente por parte del Consejo Europeo. Los números con los que especula este portal partirían de la aprobación por parte del 55% de los líderes, que representen al menos el 65% de la población europea. El Parlamento Europea espera órdenes antes de comenzar a trabajar bajo el nuevo marco.

Budapest y Varsovia han protestado contra la decisión del Tribunal de Justicia que, consideran, establece un nuevo nivel de decisiones: “el TJUE se convierte con esto en un nuevo actor político”, declaró la ministra de Justicia húngara. En cualquier caso, las bases de las reclamaciones contra ambos países son distintas, según las propias comunicaciones informales de la UE a ambos gobiernos: en el caso de Polonia el problema es la independencia judicial —el Gobierno estableció un Consejo Nacional Judicial elegido directamente por el Parlamento— y, en el de Hungría, la corrupción.

El Gobierno de Viktor Orban afronta en abril las elecciones presidenciales y ha incrementado su presión contra la UE. Por parte de la Comisión Europea, las dudas son si mover ficha antes de esos comicios o si esperar para evitar las acusaciones de injerencia en política interna por parte de su partido, Fidesz. La Comisión Europea ya ha congelado 7.200 millones de euros de los fondos covid para Hungría, pero la cifra para el presupuesto de los años 2021-27 ronda los 22.000 millones. Orban ha querido relacionar la disputa con Bruselas con los pleitos sobre su ley contra “la propaganda LGTBIQ”, pero en la decisión de la Comisión Europea pesan las acusaciones de corrupción lanzadas respecto a precisamente los fondos europeos, que diputados de la oposición lanzan como primer vector de impugnación de Fidesz-Unión Cívica Húngara y contra el entorno familiar de Orban.

La deuda de la UE con Polonia para el sexenio es de 75.000 millones de euros, dinero comprometido por el nuevo mecanismo. Actualmente, 36.000 millones se encuentran congelados por las dudas sobre el destino de esos fondos. El volumen de las protestas del Gobierno ha sido más bajo que el de Budapest, y los medios europeos señalan que el Ejecutivo de Andrzej Duda estaría dispuesto a hacer cambios en el poder judicial para adecuarse a las normas que quiere imponer la Comisión Europea.