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Ecologismo
Las dos caras de Teresa Ribera
El PSOE lleva tiempo disputando el voto ecologista y feminista. En su Congreso Federal de 2021 se definió como un “partido ecologista”. A raíz de la pandemia del coronavirus, un partido históricamente vinculado al proyecto neoliberal europeo cambió de chaqueta y se vistió con el mantra de “las transiciones ecológicas con equidad, sin dejar a nadie atrás”.
En esta campaña electoral, en la que han dominado una vez más los temas nacionales, el PSOE ha pretendido aparentar ser el partido más “verde”. Sin embargo, esta fachada se ha puesto en entredicho al calor de las protestas contra la masificación turística en Canarias, Cantabria y Baleares, la polémica ampliación del puerto en Valencia impulsada por el Ministerio de Transporte, la mina de litio en Cáceres o los indicios de fraude de la industria del reciclaje.
La proclamación oficial de Ribera como cabeza de lista del PSOE por parte del Comité Federal coincidió con los cinco días de reflexión del presidente de Gobierno a raíz del acoso de Manos Limpias contra Pedro Sánchez y su familia, que terminaron sin cambios legislativos a la vista ni una autocrítica de cómo él mismo contribuyó al lawfare y se benefició de él. No obstante, la enésima maniobra del manual de Sánchez robusteció su figura, arañó puntos en las encuestas y debilitó el espacio de la izquierda plural.
Según El País, la elección de Ribera ha sido “una declaración de intenciones: Sánchez quiere ir al choque contra la derecha y la extrema derecha en una de las grandes batallas ideológicas actuales, la medioambiental”. Ribera ha enarbolado en campaña la bandera de la lucha contra el cambio climático frente a la ambigüedad climática del PP y el negacionismo de Vox.
En este escenario, varios activistas ecologistas, investigadores y representantes de partidos políticos opinan sobre los aciertos y errores de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el alcance de la apuesta de Sánchez por un perfil netamente ambiental y el plan de que ocupe una vicepresidencia ambiental y energética en la próxima Comisión Europea.
La experta
Todas las personas consultadas han destacado que Ribera es “muy conocedora” de la realidad climática y los temas ambientales. “Está en la franja alta de las ministras de medio ambiente. En clima y energía es un referente mundial y siempre ha ayudado a mejorar la ambición de los acuerdos multilaterales”, responde Juan Carlos Atienza, de la ONG SEO-Birdlife.
Ella tiene este reconocimiento internacional porque ha estado acompañando las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático durante dos lustros, primero como directora general de la Oficina Española de Cambio Climático (2004-2008), después como secretaria de Estado (2008-2011), luego como asesora y directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI, 2013-2018) y finalmente como ministra.
Dentro y fuera del movimiento ecologista se reconoce que es “experta y sabe realmente del modelo energético y sobre todo del mercado y el sistema eléctrico”, afirma Alfons Pérez, del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), pero a la vez es “una representante bastante destacada de las tesis del capitalismo verde, o sea que el mercado y las grandes corporaciones lideren la transición energética”.
Ribera no ha cambiado todo el funcionamiento del mercado ni eliminado las subvenciones a los combustibles fósiles, tal como exigía la sociedad civil
Prueba de ello es que buena parte del poder económico y político la aplaude porque ha sabido compaginar su discurso sobre la emergencia climática con un robusto blindaje a los intereses del capital transnacional. De hecho, en mayo de 2023 decenas de organizaciones climáticas y sociales interrumpieron con una acción directa el discurso de la ministra durante los XXXIII Premios de la Energía. “Teresa, ¿de qué lado estás? Esta gente nos roba”, rezaba la pancarta refiriéndose a los directivos de las principales empresas energéticas en la sala. El sistema energético es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y ha sumido a millones de personas en la pobreza energética.
En la Unión Europea también la valoran. “Tuvo un papel importante al inicio de la guerra de Ucrania con todas las propuestas de la reforma del mercado eléctrico que, por cierto, las podía haber emprendido antes”, expone Pérez. “¿Se necesita una guerra para reflexionar sobre eso?”, se pregunta preocupado este investigador, quien reconoce que las medidas han sido “referentes en Europa” pero han sido “excepcionales” y “coyunturales que ahora quizás se alargan un poco más”.
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En su opinión, la “excepción ibérica tenía poca autocrítica histórica” porque con el mismo argumento de que España era “una isla energética” se impulsaron las interconexiones eléctricas hace más de diez años. “Ella conocía bien esta contradicción y la podía haber puesto encima de la mesa y lo hizo”, redondea el autor de Pactos Verdes en tiempos de pandemias.
En una reunión con organizaciones ambientales, en marzo de 2022, Ribera compartió el “sentimiento generalizado” en los Estados miembros de la UE de que la especulación en el mercado eléctrico se “estaba dificultando” y que había que “intervenir algo”. Sin embargo, Ribera no ha cambiado todo el funcionamiento del mercado ni eliminado las subvenciones a los combustibles fósiles, tal como exigía la sociedad civil. Sobre el gasoducto MidCat —hoy rebautizado H2Med—, desoyó la oposición social y dijo que sería pagado por la UE cuando en realidad están previstas inversiones de unos 7.000 millones de euros, según un estudio de Greenpeace y la Fundación Renovables.
La dialogante
Otra característica sería su talante con la sociedad civil. “Para mí ha sido una fabulosa excepción, junto a Cristina Narbona, por dos razones, por saber de qué habla y por un grado de compromiso y exposición personal inauditos y muy necesarios. Es una persona próxima que baja al barro de las polémicas a entender las cosas de primera mano”, cuenta Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
“La conocí hace muchos años, cuando estaba en la Oficina Española de Cambio Climático y parecía que solo tenía que hacer papeleos y trasponer lo que se decidiera en la Unión Europea. Y ella le dio un impulso importante mientras aprendía. Lo que más me gusta de ella es que siempre aprende y siempre escucha. Actitudes rarísimas entre los políticos pero imprescindibles en los tiempos complejos que vivimos”, enfatiza Valladares.
Manuel Casal Lodeiro, promotor del Instituto Resiliencia en Galicia, también destaca la predisposición de Ribera “a escuchar a la gente de la ciencia”, pero critica como “error” que que la ministra no convierta en políticas lo que la ciencia le haya pedido: “Teniendo como tiene a su disposición el contacto directo con gente de primer nivel, que están estudiando cómo se debería realizar una transición energética digna de tal nombre, ha mantenido el mismo rumbo que consolida un modelo de renovables a favor del oligopolio energético, quizás por estar en un Gobierno con las manos atadas por estos poderes”. “Es decir, de poco o nada le ha servido esa disposición a escuchar a la ciencia”, remacha Casal Lodeiro.
“Para nuestras alianzas europeas ha sido siempre un apoyo frente a Gobiernos cada vez más nacionalistas y populistas”, agrega Atienza
Luis Rico, ex cocoordinador de Ecologistas en Acción, opina que “dentro del PSOE representa probablemente el sector más ambientalista” considerando la tensión en el partido y recuerda algunas actuaciones positivas como oponerse a que los fondos europeos Next Generation EU se destinaran a la unión de estaciones de esquí Astún y Formigal en Aragón, un proyecto impulsado por el PSOE aragonés que afectaría a Canal Roya, uno de los últimos valles vírgenes del Pirineo, y fue desaprobado por mucha gente.
“Para nuestras alianzas europeas ha sido siempre un apoyo frente a Gobiernos cada vez más nacionalistas y populistas”, agrega Atienza. Lo comparte también Rico: en el Consejo de la UE, “Ribera ha sido de quienes más han presionado para evitar políticas regresivas”.
En una reunión con las cinco organizaciones ecologistas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-Birdlife, WWF—, en junio de 2023, Ribera reconoció que el giro a la extrema derecha en España coincidía con el de la UE, donde “las cosas se ponían cada vez más hostiles” y donde hay Gobiernos, como el italiano, que “han reclamado derogar directamente varias normativas ambientales”.
Sin embargo, “en materia de participación pública suspende: durante su mandato ha sido cuanto menos se ha hecho caso a las organizaciones ecologistas”, lamenta un dirigente ecologista que prefiere guardar el anonimato. “Aunque es cierto que nos daba reuniones pero me da la sensación que ella considera que tiene siempre la solución y que no necesita consejos de nadie”.
Según fuentes próximas a las entidades ambientales, se suele compartir “mucha información” y es habitual que en una reunión de una hora, “Ribera hable más de 50 minutos”. En muchos casos suele echar balones fuera justificando que el Gobierno no puede moverse fuera de los límites que marcan las normas de la UE (gobernada por neoliberales), el poder de las empresas y la incapacidad de las Comunidades Autónomas.
Sus aciertos
De los últimos años, Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, destaca medidas tales como el “abandono de energías sucias, el cierre del carbón, el calendario de cierre ordenado de las centrales nucleares y el avance de las renovables y el autoconsumo”.
Saldaña aprecia como un “movimiento muy importante” que Ribera uniera “por primera vez” competencias tales como la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que “tradicionalmente estaban en el Ministerio de Medio Ambiente”, con las de energía “habitualmente bajo el mando del Ministerio Industria”. Además, ha sido “la primera vez que esta temática se eleva al rango de vicepresidencia del Gobierno”, indica la ecóloga. “Esta priorización en el organigrama y las mayores competencias ha permitido avances sustantivos en la transición energética, en la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad”, aunque reconoce que “todavía queda mucho camino por recorrer”.
Valladares destaca igualmente la “gestión amable pero implacable con Doñana y la estafa hídrica” de Ribera
En el ámbito legislativo, Saldaña reconoce “algún avance ambiental” como por ejemplo en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Ley de Residuos y Suelos contaminados o la creación junto con el Ministerio de Sanidad del Observatorio de Salud y Cambio Climático. Asimismo, “Ribera ha empujado algunos avances en la posición climática de la UE en las negociaciones de las diferentes COP” [Conferencias de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas], agradece la activista.
En cambio, para Casal Lodeiro, la Ley de Cambio Climático resultó “claramente decepcionante”, porque las acciones resultan “escasas” y “llegan muy tarde”.
Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, admite “avances en materia de transición energética y su compromiso en el ámbito europeo e internacional para que no haya retrocesos en las políticas climáticas y ambientales” pero no comparte la valoración sobre la Ley de Residuos: “Aunque incluyó algunas mejoras, no sirvió para revertir el modelo lineal de producir-usar y tirar”, aclara.
En el ámbito de la conservación de la biodiversidad “hemos visto un compromiso con espacios naturales tan importantes como Doñana y el Mar Menor”, señala la portavoz de Greenpeace. Además, “ha jugado un importante papel de liderazgo en la firma del Tratado Global de los Océanos de la ONU, y se ha comprometido a proteger las aguas nacionales cumpliendo así el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal”, establece Saldaña.
Valladares destaca igualmente la “gestión amable pero implacable con Doñana y la estafa hídrica” de Ribera. Por su parte, Atienza matiza que “en biodiversidad sólo ha hecho cosas puntuales y no fue capaz de crear una estructura ministerial que supliese la falta de interés y conocimiento en la materia”. “Aunque al final de su mandato ha mejorado mucho”, puntualiza.
“La ministra ha defendido la ley de restauración de la naturaleza”, bloqueada por el Consejo de la UE, “que pretende recuperar el 20% de las zonas terrestres y marinas deterioradas en Europa”, continúa Saldaña. En cuanto al Reglamento europeo de Deforestación importada, cuya correcta aplicación está amenazada, se congratula que “España está en el grupo de países que lidera la implementación y la resolución de los flecos que quedan por resolver para su aplicación”.
Ruibal, por su parte, celebra la “posición antinuclear de la vicepresidenta“ y el abandono del Tratado de la Carta de la Energía —tras una campaña de más de seis años del movimiento climático y siguiendo el ejemplo de otros Estados miembros como Italia, Alemania y Francia—.
“No ha atendido adecuadamente los impactos de la instalación de renovables en el territorio y la necesaria democratización del sistema energético”, afirma Blanca Ruibal
También para Valladares es “emblemático” haber iniciado la salida de España del Tratado de la Carta de Energía, un acuerdo internacional de inversiones de los años 90 utilizado por la industria de los combustibles fósiles para demandar a los Gobiernos por sus políticas climáticas y energéticas ante tribunales privados de arbitraje. En la última década, diferentes inversores extranjeros presentaron más de 50 demandas contra España reclamando más de 10.000 millones de euros en indemnizaciones. El tratado fue calificado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) como “un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático”.
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“Ribera ha intentado quitarles poder a las grandes energéticas, casi consiguen que pierda la cabeza y ella ha renunciado a seguir intentándolo”, reflexiona Atienza.
Sus desaciertos
Según las fuentes consultadas, las actuaciones de Ribera en materia de agua han sido pocas y se han hecho tarde mientras el lobby agroindustrial sigue avanzando con un modelo que despuebla el medio rural, destruye la biodiversidad, contamina los acuíferos y agota el agua. Tampoco ha apoyado lo suficiente a las opciones rurales que luchan contra la crisis ecológica.
En el medio rural hubo “bastantes retrocesos”, por ejemplo con los megaproyectos de energías renovables, los regadíos, la ganadería industrial o los fitosanitarios. “No ha atendido adecuadamente los impactos de la instalación de renovables en el territorio y la necesaria democratización del sistema energético, dejando de lado el impulso a la energía comunitaria”, afirma Blanca Ruibal, de Amigos de la Tierra. Y eso que las plataformas locales —que hay cientos de ellas en todo el territorio— y organizaciones ecologistas se lo advirtieron. “No ha tomado medidas ambiciosas en torno al reto demográfico o la crisis de biodiversidad, que sigue siendo la gran cuenta pendiente en nuestro país”, añade la agrónoma.
Valladares asiente: “Ha cedido mucho terreno en el campo de las renovables y en general frente a las presiones del sector energético” y “también flaqueó a la hora de comunicar y darle viabilidad a la asamblea ciudadana por el clima que su ministerio puso en marcha”.
“Le ha faltado ambición”, plantea Saldaña, por ejemplo en el caso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, “por eso demandamos al Gobierno ante el Tribunal Supremo varias organizaciones
“Lo primero que me viene a la cabeza es que su Ministerio ha sido un quiero y no puedo en el tema tóxicos”, responde una investigadora en la contaminación por pesticidas que prefiere no dar su nombre. “Se han realizado demasiado pocas analíticas de tóxicos en las aguas, que se encuentran en un grado de degradación que no ha mejorado ni un ápice bajo su mandato. Ha estado muy centrada en temas energéticos y ha olvidado la desintoxicación de aguas y suelos, un tema vital aunque no sea trending topic”, complementa.
Aunque “las islas siempre quedan muy lejos” de Madrid, “valoro positivamente que el Ministerio de Ribera encargó un estudio sobre la adaptación de las islas al cambio climático en relación a las competencias estatales de Costas”, señala Margalida Ramis, de la Junta Directiva del Grup Balear d'Ornitologia I Defensa de la Naturalesa (GOB) Mallorca. “Era un buen trabajo pero sin implementación alguna”, se lamenta.
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En un momento de importantes movilizaciones en Canarias, Cantabria o Baleares por el problema del turismo, Ramis ha echado en falta un línea prioritaria del Ministerio para “desafectar y desocupar la costa, y más en territorios insulares y turistificados, tiene que ser una prioridad y trabajarse muy bien”, incluyendo la adaptación de “planes urbanísticos y de ordenación territorial, recuperar el Dominio Público Marítimo Terrestre y renaturalizar el espacio litoral”. “Si no, los temporales se nos llevarán por delante”, advierte la representante del GOB.
Sus omisiones
Según Luis González Reyes, co-coordinador de Ecologistas en Acción entre 2002 y 2011, época en la que coincidió con Ribera como directora de la Oficina Española de Cambio Climático y secretaria de Estado de Cambio Climático, “su gran omisión es haber apostado por las medidas de mercado” a pesar de “conocer la realidad climática y saber que son claramente insuficientes” y “sin haber tenido ni la ambición política ni la valentía de salirse en ningún momento de ese marco”. “Un posibilismo absolutamente cerrado dentro de los márgenes del capitalismo”, critica el coautor de libros como En la espiral de la energía (Libros en Acción, 2014) o Decrecimiento: del qué al cómo (Icaria, 2023).
De hecho, un ejemplo estelar de las medidas de mercado involucra directamente a la vicepresidenta tercera cuando fue directora general de la Oficina Española de Cambio Climático y Arturo Gonzalo Aizpiri ejercía de secretario general de Cambio Climático. Aizpiri es consejero delegado de Enagás y un caso paradigmático de las puertas giratorias del PSOE porque se movió entre cargos públicos y la petrolera Repsol durante muchos años. Una de las políticas más relevantes que ambos cargos públicos desarrollaron bajo el mandato de la ministra Narbona fue el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión (PNA), concebido para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por el Protocolo de Kyoto. El plan fue todo un regalo a la industria de los combustibles fósiles y un impedimento a la acción climática en España.
Algunas asociaciones no quieren olvidar que Ribera fue, durante su etapa como secretaria de Estado de Cambio Climático con Zapatero, la encargada de firmar la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto del almacén de gas Castor
“Le ha faltado ambición”, plantea Saldaña, por ejemplo en el caso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), “por eso demandamos al Gobierno ante el Tribunal Supremo varias organizaciones —Greenpeace, Ecologistas en Acción, Intermon Oxfam, Juventud por el Clima y la Coordinadora de ONGs al Desarrollo—.
Aunque el tribunal desestimó el recurso, “los litigios estratégicos son las batallas que merecen la pena ser libradas y que buscan cambios políticos y normativos transformadores”, piensa Jaime Doreste, abogado en la causa. “La pretensión con la demanda era que se establezcan objetivos de reducción de gases de efecto invernadero muy superiores a los previstos por los instrumentos de planificación y aprobados por el Gobierno”, alega.
Tampoco ha habido “inversión estratégica en sectores clave para descarbonizar el conjunto de la economía ni de integración de la ciudadanía en la gobernanza de las políticas climáticas e innovación de la democracia deliberativa”, prosigue Saldaña, de Greenpeace.
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La “principal omisión” de Ribera es no haber transmitido “la gravedad de la situación climática y energética” mientras “permitía que todo siguiese en una dirección equivocada” o “convertir a España en una colonia energética de la UE”, como en el tema del hidrógeno y los gasoductos, lamenta Casal Lodeiro, autor de La izquierda ante el colapso de la civilización industrial (La oveja roja, 2016).
“Lo que hace falta es garantizar la energía como un derecho humano y empezar a cuestionar el modelo de mercado”, enfatiza Pérez del ODG.
“Ribera no se ha enfrentado al modelo capitalista”, destaca Luis Rico, “por mucho que haya impulsado algunas políticas ambientales interesantes al no poner en cuestión el crecimiento económico al final en temas ambientales sigue habiendo una regresión”. Ribera tampoco “ha sido capaz de enfrentarse al poder económico o si lo ha hecho en algunas ocasiones, como con los beneficios caídos del cielo, ha sido de manera muy insuficiente”, zanja el activista.
“No ha sido capaz de hacer valer esa vicepresidencia de Transición Ecológica que supuestamente iba a marcar la política ambiental del Gobierno”, concluye Rico.
Algunas asociaciones no quieren olvidar que Ribera fue, durante su etapa como secretaria de Estado de Cambio Climático con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la encargada de firmar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable al proyecto del almacén de gas Castor, impulsado por la constructora ACS y con la ayuda financiera de la UE, y que posteriormente fue parado tras provocar sucesivos seísmos en la región a cambio de una indemnización multimillonaria que se repercutió a los presupuestos públicos y las facturas de la ciudadanía, como recuerda Pérez.
Una última omisión, que se ha mencionado mucho, es “no haberse enfrentado lo suficiente” o “haber perdido” varias contiendas con aquellos ministerios que tienen un mayor impacto y necesidad de transformación, tales como Agricultura, Pesca y Alimentación (“quitando el lobo”), Transportes y Movilidad Sostenible; y Economía, Comercio y Empresa, explica Luis Rico. “No ha sido capaz de hacer valer esa vicepresidencia de Transición Ecológica que supuestamente iba a marcar la política ambiental del gobierno”, concluye Rico.
¿Qué opinan otros partidos de Ribera?
“En estos tiempos de batalla cultural contra el negacionismo climático”, el PSOE “acierta” con la elección de Ribera, valora Eva García Sempere “contando”, además, que tiene en el Consejo de Ministros a Luis Planas”. “Su defensa de las zonas verdes o de la recuperación de los ríos son, sin duda, elementos a celebrar. Al igual que su buena relación y sensibilidad a las organizaciones ecologistas”, agrega la coordinadora de Medio Ambiente y Ecología de Izquierda Unida (IU).
“Ribera es, dentro del PSOE, una de las voces mejor valoradas porque incorpora debates actuales potentes” —como hablar de decrecimiento, por ejemplo— “pero su práctica no escapa de un Pacto Verde suave”. En su opinión, “eso impide de facto acometer las políticas valientes que necesitamos de reducción de la producción y el consumo” así como de “adaptación a las condiciones actuales y futuras”.
Entre los errores, destaca “no haber anticipado lo que se advertía desde la comunidad científica sobre el proyecto Castor, o la falta de ambición en el ámbito internacional”, dice la política y bióloga.
Valladares piensa que “es una pérdida irreparable que se marche a Europa, corre el riesgo de diluirse. Aquí la necesitamos como ariete ante populismos y ultraderechas”
García Sempere afea a Ribera una serie de situaciones “en las que parece que sí pero no” como la “desastrosa gestión” del Parque Nacional de Doñana y la respuesta del Ministerio a la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla (PP), de amnistiar y ampliar los regadíos ilegales. “Ribera tuvo un papel en frenar la idea inicial, pero que finalmente no resolvió de manera estructural el problema que existe”, asegura la ex diputada en el Congreso por la provincia de Málaga (2016-2019). “Acometer medidas de planificación de los consumos de agua en función del agua disponible y del contexto de cambio climático o emprender el tan necesario cambio de modelo agroaindustrial por uno basado en la agricultural social y familiar son medidas impostergables”, concluye.
Otros casos que cita es la Ley de Cambio climático, “mucho menos ambiciosa de lo necesario” o el despliegue de renovables “sin zonificación vinculante, sin participación, con exención de la evaluación de impacto ambiental y en muchos casos en manos de las mismas empresas que nos han traído al contexto actual de emergencia ecosocial”, recrimina García Sempere.
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También Mar González, coportavoz de Verdes-Equo, está convencida que fue una ley que “nacía obsoleta” y sólo servía “para que algunos ondearan la bandera verde”. En lo relativo a transportes y movilidad, estaba más influida por las empresas del sector”, señala.
Juan López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, rescata aspectos “positivos” de la Ley de cambio climático y transición energética, como “prohibir el fracking y la minería del uranio”, así como el calendario de cierre de nucleares”. También destaca la “protección del lobo”. El ex director de Greenpeace (2001-2010) cree que Ribera ha sido una “ministra de energía” y que el medio ambiente ha quedado “bastante marginado durante su gestión”.
“En materia energética se ha opuesto a la constitución de una empresa pública de energía, y se opuso en principio al tope del precio del gas que proponíamos desde Unidas Podemos. Luego en esto rectificó y fue uno de los aciertos de su gestión”, argumenta el ex diputado por Álava (2016-2023).
López de Uralde critica que Ribera se negara a renovar la ley de minas: “Se opuso a la reforma propuesta por Unidas Podemos”. También que impulsara el gas fósil con infraestructuras como el gasoducto H2Med y que le faltara “ambición en la protección de la biodiversidad”. Asimismo, le parece reprochable que permitiera al Ministro de Agricultura “imponer su criterio en materia de aguas y químicos” y que “no ha perseverado” en la implantación de Zonas de Bajas Emisiones.
González expresa que el PSOE es “un partido retardista” y “no está liderando la transición verde”. “Llamamos retardista al que reconoce que debemos transformar nuestra economía y nuestra sociedad para hacer frente a la terrible crisis climática, pero al mismo tiempo no hace nada”, justifica o, peor, “sigue apostando por la ampliación de puertos y aeropuertos” y “de más inversión en ladrillo”.
La representante de Equo-Verdes en el grupo de Sumar del Congreso reconoce que el PSOE “entiende la crisis que se avecina pero sigue actuando como si no pasara nada” pero califica sus cálculos tácticos como “irresponsables”. “Creen que su electorado no entendería las reformas necesarias”, acota.
¿Qué tareas le ponen a Ribera en Bruselas?
Aunque está por ver si el Ejecutivo español logre el puesto deseado en la futura Comisión Europea, para Margalida Ramis “la agricultura y el agua deberían ser ejes fundamentales de lucha tanto desde el punto de vista de resiliencia de los territorios, como de adaptación a los cambios en el clima”, lo que requiere “transformación del modelo agrario y blindaje del uso y gestión de estos recursos estratégicos fuera de las lógicas privadas y de mercantilización”, subraya.
“Que ceje en su obsesión por una transición energética muy asociada a la electrificación”, le plantea Pérez para su nuevo papel de Comisaria. “Lo que necesitamos son propuestas de movilidad pública. No un cambio de vehículo de combustión a vehículo eléctrico, sino un cambio de régimen de propiedad en la movilidad”, recalca. Y que la UE “reconozca la garantía del derecho a la energía para acabar con el problema de la pobreza energética” lo que implica poner “limitar el poder de las grandes empresas y sacar la energía de las dinámicas de mercado”, termina.
“Creo que sería importante buscar una vicepresidencia como la que tenía Timmermans, con una agenda política medioambiental y climática transformadora y que integre una agenda en favor de las Futuras Generaciones”, plantea Eva Saldañas. “Creo que aspirar a un puesto de mera comisaría sería una mala noticia”.
García Sempere, de IU, tiene muy claro que quien sea Comisaria de Medio Ambiente o Energía “tiene por delante retos urgentes y para los que hay poco tiempo”
“Dada la situación tan crítica de emergencia ecosocial que vivimos y la deriva de Europa hacia la militarización que muestra claramente la Agenda Estratégica, le pediría a Ribera que defienda un Pacto Verde Europeo justo y ambicioso, sin retrocesos”, finaliza Saldañas.
Valladares piensa que “es una pérdida irreparable que se marche a Europa, corre el riesgo de diluirse. Y aquí la necesitamos como ariete ante populismos y ultraderechas”. En Bruselas tendrá que “blindarse contra las presiones económicas”, las criticas de Alemania, “acostumbrado a decidir”, y los “bandazos de la derecha”.
“Necesitamos que saque adelante directivas mas estrictas contra la sobrexplotacion del agua, la agroindustria y el turismo de masas y que refuerce el Reglamento de Restauración de la Naturaleza que ha ido siendo podado”, apuesta Valladares.
Margalida Ramis, del GOB Mallorca, recuerda que los contextos insulares “siempre son los grandes olvidados” de la UE y “requieren un abordaje singular y especial”. “Muchas de las mismas normas y directivas europeas no sirven para contextos insulares” y sería “absurdo” equiparar los territorios insulares a los peninsulares sino “abordarlos desde su especificidad”. Ramís ve una “oportunidad para que sean espacios donde implementar la transición ecosocial asumiendo verdaderamente que implica asumir los límites”, tal como explicó en 2022 en la Ponencia de estudio sobre la insularidad y la situación periférica de las Ciudades de Ceuta y Melilla de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado.
García Sempere, de IU, tiene muy claro que quien sea Comisaria de Medio Ambiente o Energía “tiene por delante retos urgentes y para los que hay poco tiempo”, tales como una “mayor ambición en la disminución de consumos energéticos”, “medidas de decrecimiento con justicia social”, así como “políticas de renaturalización para frenar la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad”. También reclama una “mirada más social para que las clases populares no se sientan las perdedoras en esta lucha”. Ello implicaría una “reforma del sistema que impida a las empresas seguir acumulando beneficios a costa de nuestros cuerpos y territorios.
Por último, Sempere critica la “poca implicación” del PSOE, y de Ribera en particular, en los cambios necesarios del papel de la UE en el ámbito internacional. Subraya por ejemplo la lucha contra la deforestación importada, una “mayor ambición en la Directiva europea de diligencia debida” y una clarificación del papel de España en los tratados de comercio. “Son algunos de los aspectos que ni Ribera ni el PSOE han tenido en su agenda y que en esta nueva etapa deben estar en primera línea”, concluye la ex diputada.
“Ser retardista es mejor que ser negacionista y por eso esperamos tenerla como aliada dentro de una alianza europea más amplia que permita acometer los cambios necesarios en Europa, cambios que no se pueden hacer sin un gran consenso”, medita Mar González.
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