Monarquía
Título V. Presidencia de la República

Ha pasado ya casi un año desde marzo de 2020, a mediados de aquel mes, concretamente el día 15, tan solo 24 horas después de la declaración del primer estado de alarma por la crisis del Covid-19, miedo, inquietud o desconcierto eran algunas de las sensaciones que teníamos todos los ciudadanos. Sin embargo ese día, ese preciso día, fue en el que nuestra regia majestad tuvo a bien en reconocer, vía comunicado, la posible corrupción del rey emérito. Las formas nos sorprendieron, especialmente por su cobardía, aprovechando el confinamiento domiciliario y la imposibilidad de realizar protestas en la calle. Pero más ofensivo fueron si cabe sus nulas consecuencias para la institución, queriendo además dar el asunto por zanjado. Respecto al fondo del asunto no podemos hablar de sorpresa ya que, como diría Hamlet, algo olía a podrido en Dinamarca.

En estos meses la posibilidad de investigar a la institución monárquica se ha convertido en una auténtica gincana. Investigar siquiera, no digamos ya juzgar. La oportunidad de que el poder legislativo, depositario de la soberanía nacional, investigue posibles delitos que han sido reconocidos por el propio Felipe, se ha demostrado imposible. Primero fue el fuerte impulso por intentar separar la figura de Juan Carlos de la propia institución monárquica, pese a estar grabadas a fuego una junto a otra en la Constitución de 1978. Luego fue el bloqueo de la mesa del Congreso a abrir una comisión de investigación, amparándose en un informe de los letrados de la Cámara, que entendían de forma extensiva el artículo 56.3 de la Constitución. Posteriormente se le encontró al parecer encaje legal a dicha comisión, pero daba lo mismo, ya había surgido una amplia y dantesca mayoría en la Mesa del Congreso para no constituirla, PSOE, PP y Vox. La fiscalía supuestamente está en la actualidad manos a la obra, veremos que pasa.

La muralla que se construyó Juan Carlos fue precisamente el citado artículo 56.3 de la Constitución de 1978, un artículo blindado, ya que está protegido al mismo nivel que el propio Estado social y democrático de derecho y cuya reforma es una quimera. Este apartado tercero indica que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Para los letrados del Congreso, está situación podría incluso mantenerse tras la abdicación, por lo que un día de rey bastaría para ser inviolable e irresponsable toda una vida.

Pero, ¿por qué necesitaría una persona ser inviolable? Uno no desea ser mal pensado e imagina que lo que se pretendió era dar estabilidad y protección a la jefatura del estado, si quisiera ser algo desconfiado me daría por imaginar que ya en los años 70 el rey emérito podría tener algún asunto turbio entre manos. Pero entonces, siendo bien pensado, ¿qué pasaría si se diese la situación de un rey asesino, violador o corrupto?. Esta pregunta ya estuvo en el aire en las Cortes constituyentes y la respuesta que dio el catedrático Alzaga, diputado en aquellos años, fue muy dura: “nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la monarquía”.

Ahora se nos presenta la duda, ¿cuál es la salida democrática para articular este ocaso de la monarquía? La Constitución solo deja una vía, la más difícil, la de la reforma agravada de la Constitución. Esta exige una mayoría reforzada de dos tercios en ambas cámaras, nuevas elecciones, y nuevamente la misma mayoría además de un referéndum vinculante, ¡casi nada! Una auténtica epopeya. Felipe puede dormir tranquilo, sigue muy fuerte en las Cortes, cuenta con el inquebrantable apoyo del bipartidismo, ese que el 15M señaló como PPSOE, más las escisiones que ha generado, es decir Ciudadanos y la delegación ultraderechista de Trump en España, porque al parecer ser de izquierdas, republicano o liberal es compatible en España con ser monárquico, todo sigue atado y bien atado.

Pero, ¿había otra opción en 1978? Claro que sí, ya tuvimos una jefatura del estado democrática, violable y responsable. El artículo 85 de la Constitución de 1931, la de la II República, establecía que “el Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales”. Si sumamos esto a que era un cargo nombrado por unas Cortes elegidas por sufragio universal y que podía ser también destituido por estas, nos encontraríamos ante una jefatura del estado democrática y no la herencia franquista que se nos fijó a cambio de pasar la aspiradora a la dictadura. Porque nunca podemos olvidar que sin el golpe de estado del 18 de julio de 1936 Felipe no sería rey.

Además de nuestra historia también me gustaría mirar a un país vecino. No, no me refiero a Francia, sino a Portugal, que poco miramos a Portugal. Cuando salieron de la dictadura, ante la disyuntiva de ruptura o reforma, ellos optaron por la opción más democrática, la ruptura con la dictadura, dinamitar por tanto cualquier recuerdo de ella. Nosotros en cambio, éramos una república democrática, un golpe de estado fascista la tumbó y nos impuso la monarquía que hoy “disfrutamos”. Nuestra reforma, esa inmaculada Transición que nos contaron, nos dejó La Corona como la gran herencia franquista. Hoy los portugueses gozan de una jefatura del estado electa por sufragio universal y sometida a la responsabilidad criminal por los delitos que pudiera cometer. ¿Nosotros? Nosotros tenemos al piloto de la transición huido con su fortuna en Abu Dabi.