Fronteras
Externalización y frontera sur: un informe recoge las historias de quienes desaparecen en su camino a Europa

Que la externalización de las fronteras tiene un alto coste en sufrimiento humano lo hemos constatado una vez más durante estos últimos días, cuando ya ascienden a más de cien los cuerpos recuperados de personas que perdieron la vida intentando llegar a Ceuta a nado, sin saber aún cuántos hombres, mujeres, niñas y niños, quedan aún desaparecidos bajo el mar. 

Días después, en las altas esferas europeas se discute sobre cómo afrontar un episodio como el de la semana pasada, en el que al menos 60.000 personas se abrieron paso a nado y caminando hacia este enclave español en el Norte de África, una crisis temporalmente atajada mediante la devolución masiva de la mayoría de quienes cruzaron. Las políticas de la Unión Europea, que viene de consolidar el rumbo de la externalización acelerado en la última década, continúan dejando vidas truncadas, muertos y desaparecidas en todo el Norte de África, en el Sahel o en los mares y océanos que separan a África de Europa. En la misma semana en la que la crisis ceutí escalaba hasta llegar a su máximo punto de tensión, la organización Border Resistance publicaba un informe sobre los efectos de la externalización en la vida y muerte de millones de personas, un documento que apunta más allá del análisis geopolítico.

España y Marruecos se han felicitado por su reacción a los hechos, mientras que ambos países procedían a culpar a “las mafias”, aún cuando no resulta fácil identificar qué lucro podrían obtener organizaciones criminales de este tipo por empujar a la gente a cruzar a nado o pie, acciones que las personas realizan por su cuenta sin necesidad de intermediación. La versión más extendida apunta más bien a una estrategia de presión por parte de Marruecos, después de que España estrechara su cooperación con Argelia: este sería el costo para los países europeos de convertir a los estados de origen o de tránsito de las personas en garantes imprescindibles del control migratorio. En particular para los estados de la Europa meridional.

Pero el mayor costo de la externalización no lo está pagando España ni Europa, sino las personas que intentan llegar a Europa en una “crisis” estructural que no mata solo en la frontera Sur de la Unión Europea sino que se deja miles de víctimas en todo el Norte del continente africano devenido violenta área de persecución de migrantes. Mujeres, hombres, niñas y niños que se ahogan en el mar, que se pierden intentando cruzar las fronteras de países que están al servicio del control migratorio. Que son abandonadas en el desierto. Lo que Border Resistance hace en su informe es rastrear esas vidas y esas ausencias que se suceden sin protagonizar ninguna portada en las noticias, en la ancha frontera Sur en la que las políticas europeas han convertido a gran parte de África. 

Tecnología y gendarmes

El colectivo Border Resistance se centra en la defensa de las personas en movimiento “desde una perspectiva interseccional y antiimperialista”. Así se presenta esta organización en su informe, centrado en 2025 y 2026, con la mirada puesta en el Mediterráneo y el Gran Sahara. Las historias de jóvenes, mujeres, hombres y niñas que ya nadie sabe dónde están, que tuvieron que enfrentar la tortura y la extorsión en su travesía, o que están atrapados en centros de detención, componen este compendio de vulneraciones de los derechos de las personas migrantes que va desde España a Níger, pasando por Marruecos o Libia. Un análisis que no solo señala a Europa o a los regímenes que desempeñan el papel de gendarmes sino también a las organizaciones internacionales que deberían garantizar los derechos de estos colectivos y que sin embargo acaban también por vulnerarlos. 

El informe define el año 2025 como un periodo en el que el proceso de externalización en el Norte de África y el Gran Sáhara se intensificó, y profundiza sobre cuál es rol de los gobiernos de la región en este marco y cuáles las herramientas utilizadas para cumplir con el mandato de impedir que las personas lleguen a Europa, herramientas como la deportación al desierto que compromete su supervivencia, la detención en centros donde sufren torturas y son objeto de extorsión, o el abandono en el mar. 

Border Resistance reclama que  los mecanismos tecnológicos de observación asistidos por la IA se destinen a salvar vidas y no a militarizar las fronteras 

“En conjunto, el proceso de militarización de las fronteras y la delegación de esta tarea a regímenes reaccionarios, dictatoriales y represivos significa organizar operaciones de asesinato sistemático para deshacerse de quienes llegan al territorio europeo, y a cambio, apoyar a estos gobiernos y regímenes reaccionarios en sus políticas represivas y antidemocráticas contra sus pueblos”, resume el informe, que relaciona estás políticas con “la exportación de las crisis económicas capitalistas de Occidente hacia el Sur”, en un marco de continuidad con “el imperialismo occidental en sus políticas expansionistas”. 

Desde Border Resistance resaltan que la externalización cambia la política de los estados pues definen el control de la movilidad en todo su territorio, más allá de las fronteras, dando lugar a la normalización de políticas de vigilancia, detenciones y deportaciones. No solo las políticas interiores de los países que ofician de “perros guardianes” acaban modulándose al servicio de la agenda migratoria europea sino que en el marco de la externalización se generan las llamadas “fronteras inteligentes invisibles”, apoyadas en alta tecnología: un amplio sistema de datos biométricos, uso de drones, cámaras térmicas o satélites que generan mallas de vigilancia que cobran protagonismo frente a las fronteras físicas.

El informe recoge cómo se ha transformado en los últimos años la vigilancia del Mediterráneo, dando paso las patrullas marítimas a una intensa vigilancia aérea sustentada en el uso de drones o pseudosatélites, entre otras tecnologías de control. Esta transición además, alimenta la investigación en el ámbito de las tecnologías de la vigilancia y de la guerra. “Frontex ha iniciado pruebas de vuelo sobre el Mediterráneo utilizando drones ‘Heron’, fabricados por una empresa israelí, con el objetivo de vigilar las fronteras exteriores de la Unión Europea”, apuntan. Desde el colectivo reclaman que los mecanismos tecnológicos de observación asistidos por la IA se destinen a salvar vidas y ayudar a la identificación de las personas en movimiento desaparecidas, y no a militarizar las fronteras. 

La externalización persigue, tortura y mata

Muy lejos de la abstracción del discurso político, el marco de la externalización tiene un coste humano que a menudo se ve diluido por la distancia geográfica —la gente muere y es torturada lejos del territorio europeo y de la centralidad de la agenda mediática—  o que, cuando sucede en la Frontera Sur, como recientemente en Ceuta, o en Melilla, se sintetiza en cifras de “migrantes fallecidos”, una contabilidad de la muerte que en seguida pasa a segundo plano. 

El informe de Border Resistance ya afirmaba antes de la tragedia de la semana pasada, que “la Unión Europea contribuye a operaciones de detención y deportación masiva y racista en las puertas de Ceuta”. Esta era la conclusión a la que llegaba con la organización No Name Kitchen, con quienes denunciaron cómo durante una semana de abril de 2026, las fuerzas de seguridad marroquíes pusieron en marcha una campaña contra quienes se encontraban en los bosques que se encuentran entre las ciudades de Fnideq y Belyounech. 

En base a los testimonios que obtuvieron aquellos días, la organización relata cómo personas de nacionalidad sudanesa y chadiana fueron detenidas y trasladadas a la fuerza a la frontera con Argelia, obligando a algunas de ellas a cruzar del otro lado. Una vez en Argelia corren el riesgo de sufrir una segunda deportación hacia Níger. Por vía aérea, afirma Border Resistance, se deportó a personas provenientes de Camerún, Mali, Mauritania, Senegal y Burkina Faso, quienes sufrieron tanto en la detención como en el posterior vuelo, “humillación, insultos racistas, violencia y trato degradante”, según le contaron personas afectadas a la organización. “No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón continuo de deshumanización”, concluye el documento, apuntando que desde la sección de Tetuán de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, se denunció la detención colectiva de 800 personas, retenidas en escuelas rurales. 

“Las agresiones contra los trabajadores migrantes y los solicitantes de asilo se repiten, y su brutalidad aumenta a medida que crece el discurso de odio y el racismo en Marruecos”

Por otro lado, la organización documenta agresiones contra solicitantes de asilo sudaneses en los campos cercanos a la ciudad de Agadir, ocurridas en mayo de 2026. Numerosas fotografías muestran las graves heridas sufridas por estos trabajadores agrícolas, que, en un marco de racismo normalizado —explican— no solo son repetidamente robados sino que en el proceso se les somete a una violencia extrema. “Las agresiones contra los trabajadores migrantes y los solicitantes de asilo se repiten, y su brutalidad aumenta a medida que crece el discurso de odio y el racismo en Marruecos, lo que lo convierte en un país inseguro para los solicitantes de asilo de piel oscura”. También en Marruecos, Border Resistance denuncia las prácticas de la oficina de ACNUR en Rabat, tras haber recibido múltiples quejas de solicitantes de asilo que aseguran haber sufrido racismo. 

El informe publicado a cuatro años de la masacre del 24 de junio de 2022 en Melilla, tira también del hilo de qué pasó después, una vez aquel episodio de violencia extrema contra personas migrantes salió del centro de la agenda pública.  Así, sigue la historia de aquellas personas que vivieron aquella experiencia, recordando que, además del elevado número de muertos, heridos y detenidos, “cerca de 1.000 migrantes fueron deportados, entre ellos heridos y personas con discapacidad, hacia ciudades alejadas dentro de Marruecos, como Beni Mellal, Ouarzazate y Safi, y también a Argelia a distancias que llegaron a los 890 km, sin proporcionarles alimentación ni la atención médica necesaria”. Respecto a los detenidos, apunta a que estos fueron juzgados sin garantías, y condenados a entre 8 y 11 meses en primera, que sin embargo devinieron en penas de  3 y 4 años. Otro grupo fue condenado a diez años de prisión. A todos ellos se les acusaba de violencia contra la policía, rebelión o haber entrado irregularmente en Marruecos. 

Border Resistance contactó con supervivientes de aquel día, algunos de ellos pasaron por prisión. Tomaron asimismo la lista de personas desaparecidas que elaboró la sección de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), para investigar qué pasó con aquellas personas, la mayoría de nacionalidad sudanesa. El informe muestra las fotos y los nombres de estas personas y qué pasó con ellas después, personas como los jóvenes sudaneses Ibrahim Al Hlu o Ahmed Eltoum y tantos otros, que aparecían en la lista de desaparecidos de la AMDH, conocidos suyos confirmaron que ambos estaban entre los detenidos, y que tras pasar por la cárcel, abandonaron el territorio marroquí. O como Mustafa Abboud Mohamed Adam, quien aún continúa en la cárcel cumpliendo una pena de cuatro años, o Yassin Hussein Abakar, quien no apareció nunca más tras aquel 24 de junio. 

El colectivo, centrado también en la defensa del derecho a la salud de las personas en movimiento, recoge la trayectoria de otro sudanés superviviente de la masacre de Melilla, Ishak Omar, quien, tras decidir asentarse en Marruecos, fue deportado a Argelia, desde donde, al cabo de unos meses, se le deportó a Níger, para buscar después suerte en Túnez, y finalmente acabar en Argelia de nuevo. El joven, que había huido de Sudán por ser perseguido al pertenecer al Partido Comunista, vivió una deportación tras otra sufriendo una grave enfermedad, con repetidos intentos de ser atendido por Acnur, y viendo cómo se le denegaba una y otra vez la ayuda. 

Más allá de Marruecos, el informe recoge la grave situación de violencia contra las personas migrantes en Libia, otra pieza central en las políticas de externalización. Para este fin, recoge casos concretos, como el de la detención —en la aplicación de la ley contra la mendicidad— de un grupo de mujeres migrantes que pedían ayuda frente a mezquitas en Tripoli, en la aplicación de la ley contra la mendicidad. O el tormento de un grupo de 68 personas, con menores incluidos, que fue retenido en Zuwara contra su voluntad, mientras se les exigía pagar 4.500€ para ser liberados. La falta de atención sanitara y de alimentos también amenaza la vida de personas somalíes, eritreas y etíopes retenidas en centros de detención de Ajdabiya. En la ciudad de Al-Kufra, denuncia la organización ,están retenidos cientos de jóvenes y adolescentes somalíes, con el fin de extorsionar a sus familias. 

La organización, en su defensa del derecho a la salud, cita también el caso de una mujer sudanesa que “falleció ante la sede de ACNUR en la zona de Al-Sarraj, en Trípoli, tras un trayecto extenuante en el que recorrió más de mil kilómetros en un intento de registrarse” como solicitante de asilo, ante la falta de oficinas en los puntos de llegada al país.  En este marco la organización es dura con ACNUR a quien acusa de dejar a la mujer: “frente a la puerta sin asistencia, y dejó a su hija sumida en llanto, sin siquiera preservar la dignidad de la fallecida ni cubrir el cuerpo”.

El informe denuncia las redadas continuas en viviendas de trabajadoras migrantes en Libia, una situación en la que se les humilla y se les somete a un trato indigno

Junto al abandono o las detenciones, el informe denuncia las redadas continuas en viviendas de trabajadoras migrantes por parte de la Dirección de Seguridad de Zlitenun, una situación en la que se les humilla y se les somete a un trato indigno. El atropello y posterior abandono de una joven sudanesa de nombre Intisar, o casos como el de Amina, una joven víctima de trata que fue rechazada en cuatro hospitales públicos de Trípoli por no contar con documentación en regla, a pesar de que su vida corriese peligro, son solo algunos ejemplos sobre cómo las personas migrantes son sometidas a todo tipo de vulneración de los derechos humanos con el beneplácito de Europa.

En Túnez, Border Resistance documenta cómo en enero de 2025, “las autoridades tunecinas deportaron a un número de migrantes desde Sfax hacia el desierto, entregándolos a milicias en Libia, para ser introducidos en la prisión de Assa (situada en el desierto libio), con el fin de traficar con ellos, torturarlos y extorsionar a sus familias”. El informe introduce el testimonio de uno de los supervivientes que relata cómo tras ser deportado, fue vendido a las milicias que controlan la cárcel, junto al resto de las personas retenidas. 

El joven, tras no conseguir que Túnez le concediera protección a pesar de tener tarjetas de ACNUR, se aventuró en el mar junto a otros compañeros yemeníes, etíopes y sudaneses, entre ellos mujeres y niños. La embarcación naufragó ahogándose gran parte del pasaje. Tras ser avistados por un pescador, al rescate de la guardia costera tunecina, siguió la deportación al campamento de Ras Jedir, en Túnez, donde fueron objeto de tortura, y las mujeres supervivientes fueron violadas por los guardias ante los demás, explica el testimonio. Después, ya en Assa, sucedió la venta. Las milicias libias ponían precio a las personas retenidas según su nacionalidad. 2.000 dinares libios a cambio de los sudaneses y nacionales de otros países del áfrica subsahariana, 20.000 dinares por el último ciudadano  egipcio. 40.000 por los bangladesíes.  

El testimonio narra cómo las personas que aún continuaban en la prisión, escaparon a las dos semanas dirigiéndose a pie a la lejana ciudad de Zuwara. Tras caminar durante dos días, con la ayuda de amigos y conocidos consiguieron ser trasladados de allí a Trípoli. La persona que facilita su testimonio explica que aún tiene miedo a que las milicias le encuentren, pero ni las autoridades de la capital, ni la propia ACNUR han reaccionado con algún tipo de protección ante su caso. 

El informe también aborda la situación en el centro de refugiados que se encuentra a 20 km de Agadez, lugar de paso donde cientos de personas que huyen de una situación regional cada vez más violenta e inestable, se encuentran cercadas, con una ACNUR que sufre las consecuencias de la desfinanciación por parte de Estados Unidos, lo que redundó, a principios de 2025, en la suspensión total de las tarjetas de alimentos. El informe denuncia la opacidad de organizaciones como ACNUR y la OIM, junto a la del gobierno nigerino, y la desprotección en la que quedan estas personas, que están siendo forzados a abandonar el centro, ahora bajo el control de Niamey, siendo objeto de hambruna y represión. 

Un cambio de paradigma

Tras el recuento de numerosos casos que dan muestras de lo que implica en la vida de las personas la decisión política de la Unión Europea de apostar por la externalización como principal herramienta de control fronterizo, Border Resistance enumera una serie de demandas que buscan dar la vuelta a este status quo necropolítico.

En primer lugar exigen cerrar el grifo de la financiación y dejar de cooperar con las autoridades libias, que se investiguen los crímenes cometidos contra las personas migrantes en el país, y que se intervenga para liberar a las personas retenidas en todo el territorio, que sufren la tortura mientras se extorsiona a su entorno. En este sentido también exigen acabar con Frontex, “en ausencia de mecanismos de control independientes sobre sus vulneraciones”. El informe recuerda cómo la Italia de Meloni liberó a Osama al Najim, un influyente libio acusado de tráfico de personas y conocido por sus torturas contra personas migrantes. 

Border Resistance propone “la tipificación de la deportación forzosa hacia el desierto como crimen contra la humanidad”

Border Resistance también demanda que se atienda a las reivindiccaciones de los refugiados que se hallan en Níger y cese tanto el castigo colectivo como la represión, garantizandoles las condiciones básicas para una vida digna. Exigiendo un trato humano, y una correcta atención sanitaria a quienes permanecen en el campo de Agadez. El colectivo también pide la liberación de quienes aún siguen en la cárcel en Marruecos tras la masacre de Melilla, exigiendo además investigar sobre el destino de los desaparecidos. Demanda tanto reparación para las víctimas y sus familias, como el enjuiciamiento en España y en Marruecos de las personas responsables de al menos 27 muertes.

Por otro lado, la organización exige a Marruecos que cesen las deportaciones forzadas tanto a Argelia como al desierto, y a la Unión Europea que deje de forzar a las personas en movimiento que van rumbo al Norte a buscarse la vida en Marruecos viéndose obligadas a vivir en condiciones muy duras en los barrios populares de este país. Además plantea la necesidad de que  toda persona pueda ser atendida por la sanidad pública de cada país, y que los discursos de odio y el racismo sean tipificados como delitos. 

En el ámbito de la rendición de cuentas, Border Resistance propone dos medidas importantes: de un lado “la activación del principio de jurisdicción universal para perseguir a los responsables de los delitos de tortura y trata de personas en Libia”, y por otro, “la tipificación de la deportación forzosa hacia el desierto como crimen contra la humanidad”.

Además, apuntan a un importante cambio de paradigma que implicaría transicionar hacia “el uso de mecanismos de inteligencia artificial y del desarrollo tecnológico en la búsqueda e identificación de los desaparecidos y de las identidades de los muertos antes del proceso de entierro, y en la detección de embarcaciones para salvar vidas humanas, en lugar del uso inhumano e inmoral de estas tecnologías para la vigilancia y militarización de las fronteras y su externalización, lo cual produce un elevado número de muertos, siendo estas mismas políticas las que han producido la fosa común más grande del mundo: el mar Mediterráneo”. 

Mientras se cuentan personas fallecidas en Ceuta, y la migración se convierte de nuevo en objeto de pánico moral, concebida como una amenaza a la soberanía de los estados, o presentada como gasolina para al ascenso de la extrema derecha, el colectivo Border Resistance afirma: “Renovamos nuestra solidaridad absoluta con todas las personas refugiadas y migrantes frente a este sistema asesino”.