Migración
Un solo día para derrumbar las fronteras

Las más de 35.000 personas fallecidas en su intento de llegar a Europa confirman, una vez más, que en el Día Internacional de las Personas Migrantes hay poco que celebrar y mucho por reivindicar.

En el caso del Estado español, la lucha de los colectivos racializados contra el racismo institucional, el archivo de la causa por acoso sexual de las temporeras de Huelva y el séptimo aniversario de la muerte aún impune de Samba Martine en el Centro de Internamiento de Aluche, en Madrid, vuelven a centrar las miradas del tejido asociativo.

El 1 de noviembre de 2018 se cumplieron 30 años del primer día que España se levantó con la noticia de la llegada de un cadáver a sus costas. Era 1988 y el naufragio en una playa de Tarifa ganó amplios espacios en los medios de comunicación. Un cadáver, tirado sobre la arena con su rostro hacia el cielo y sus brazos en cruz. Un cuerpo con un pasado vital que nadie pudo reconstruir y que tres décadas después permanece enterrado sin que se haya procedido a su identificación.

Del otro lado de ese mar Mediterráneo, quizá la mayor fosa común del planeta, una madre seguro seguirá albergando la esperanza de un regreso que nunca se producirá. Porque es como viven miles de familias, esperando una llamada que muchas veces no se produce, aferrándose a la vida entre tanta muerte.

Así lo muestra la película Samba, un nombre borrado, del sevillano Mariano Agudo, cuando al llegar al poblado de donde era nativo Samba Banjai, una de las 14 víctimas que perdieron la vida en la playa de El Tarajal en la madrugada del 6 de febrero de 2014, se encontró con un padre que cada día iba a la entrada de su pueblo, a esperar la llegada de su hijo.

“La familia tenía una noticia bastante vaga, como que Samba no lo había conseguido. Sobre todo, como no hay un cuerpo, nadie se atrevía a darles la noticia. El padre nos contaba que todos los días se sentaba a la entrada del pueblo para ver llegar a su hijo, él tenía esa esperanza. Cuando se lo dijimos, nos lo agradeció porque entonces pudo descansar”, recordó Agudo a El Salto.

Al cadáver de aquel joven marroquí le siguieron otros en días sucesivos. Dos aparecieron al día siguiente, otros dos el 3 de noviembre, y el mar siguió escupiendo muerte hasta completar una lista de once cuerpos. Algunos supervivientes relatarían que faltaban aún siete cuerpos. Jamás aparecieron.

Lo que nadie podía adivinar en aquel momento es que ese era solo el comienzo de un extenso historial de muertes y desapariciones, cada vez más creciente, como consecuencia de una política de fronteras que no logra frenar las rutas migrantes sino dificultarlas y, por tanto, hacerlas más mortales. Según la ONG Andalucía Acoge, en estos 30 años se han contabilizado 6.714 personas que han muerto o desaparecido solo en el Estrecho.

#CuantasMuertesMas

Cuatro ventanales del Centro Social La Ingobernable en Madrid amanecían el 18 de diciembre con una pancarta en que podía leerse #CuantasMuertesMas en las Fronteras, el hashtag que la Red Solidaria de Acogida eligió para denunciar que la sangría de vidas en las fronteras europeas no para. De cada uno de ellos cuelgan cuatro listados de siete metros de longitud con los nombres de las 35.597 víctimas mortales registradas oficialmente hasta el 30 de septiembre de 2018.

“Si a ello le sumamos el incontable número de personas que han desaparecido en sus embarcaciones en el mar Mediterráneo o en los desiertos y fronteras, la pérdida humana que están produciendo las políticas fronterizas supera en muchos casos a las víctimas mortales de un conflicto bélico”, reflexionan desde esta organización ciudadana que lleva tres años trabajando junto a personas en movimiento.

“Las nuevas políticas fronterizas, los nuevos acuerdos con los países de origen y tratados como el de la Unión Europea con Turquía, Italia con Libia y España con Marruecos no frenan de ninguna manera la necesidad de emigrar de miles de personas, sino que dificulta aún más las rutas de tránsito y, por ende, las convierte en cada vez más mortíferas”, denuncian desde la Red.

En las inmediaciones del centro social fueron pegados carteles con códigos qr que permiten leer en el móvil el listado, nombre a nombre, de las víctimas contabilizadas hasta el 5 de mayo de 2018. Estremece desgranar los 56 folios y pensar que detrás de cada número hay una historia de vida jamás contada.

Siete años de impunidad

Este miércoles 19 de diciembre se cumplen siete años de la muerte de la congoleña Samba Martine, ocurrida en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en Madrid, tras 40 días de reclusión en los que al menos diez veces pidió asistencia médica.

Con la causa judicial que carece de novedades, los colectivos que desde un primer momento la impulsaron contra el personal sanitario que la atendía dentro del centro, y la contrata para la que trabajaban, la empresa Sermedes S.L., continúan reivindicando la memoria como un ejercicio político contra la impunidad. Este miércoles convocan a las 12 a las puertas del Cementerio Sur para caminar hacia la tumba donde descansan sus restos.

A la espera de la apertura del juicio oral, en 2017 un informe privado de la Cruz Roja, la organización que tiene la concesión del servicio social dentro del CIE, reveló que Samba murió después de sufrir intensos dolores.

“[…] El domingo 18 de diciembre, sobre las 9:30 horas, una de las mediadoras observó cómo dos internas ayudaban a Samba a subir las escaleras para acceder al servicio médico. Apenas podía tenerse en pie. El doctor aún no había llegado a la consulta, la enfermera le suministró un ansiolítico [...]. Nuevamente, fue ayudada por sus compañeras para bajar hasta la sala, donde se tumbó en el suelo. No vio al médico”, relata el informe presentado en 2017 ante la Justicia, y continúa: “Por la tarde, la mediadora notó que su estado había empeorado. Estaba tumbada en el suelo, tapada con mantas y quejándose del humo de la sala que le impedía respirar… La mediadora subió al servicio médico para informar a la enfermera del empeoramiento de Samba. La sanitaria refirió que no podía hacer nada más […] Tiempo después, la mediadora insistió nuevamente, sin éxito […]”.

Samba había llegado a España en el verano de 2011 y en dos análisis de sangre que le realizaron estando en el Centro de Estancia Temporal de Melilla (CETI) se detectó que era portadora del virus VIH, pero nunca fue tratada, ni allí, ni luego en el CIE de Aluche, pese a sus constantes demandas de asistencia médica.

Siete años después, el CIE de Aluche sigue funcionando como una prisión para personas cuya única condena es el racismo institucional y la política de fronteras. Hoy, son mayoría de marroquíes y argelinos —poblaciones procedentes de países que son socios preferenciales en materia, precisamente, de fronteras, y de suministro energético de España— quienes habitan esos centros de internamiento.

Y cuando no tienen ni siquiera la catalogación de CIE, las condiciones son más arbitrarias, más inhumanas. El 29 de diciembre se cumplirá un año de la muerte de Mohamed Bouderbala en el presidio improvisado que el Ministerio de Interior estableció en Archidona. Centros temporales y centros de internamiento funcionan como primer y último eslabón de una cadena que condena y criminaliza en cada una de sus partes.

Contra el racismo institucional

Desde el Sindicato de manteros y lateros de Madrid se ha convocado hoy a una concentración en la Plaza Nelson Mandela, en el corazón de Lavapiés, epicentro en marzo último de las protestas por la muerte de Mame Mbaye, el joven senegalés que trabajaba en la manta.

Son los trabajadores no reconocidos por unas sociedades completamente ajenas a la historia de la colonización y la vigente extracción y explotación de recursos en países de África y América Latina. La manta no es el sueño de nadie, ser hostigados por la policía y acosados por las instituciones se ha convertido en la pesadilla de cientos de convecinos.

Acosadas, las temporeras de las cosechas en los campos, viven esas pesadillas en el tajo, también en juzgados que presuponen su falta de derechos, su intención de “quedarse” en un territorio que les es hostil, aunque hayan dejado temporalmente a sus familias en sus países de origen, aunque hayan atravesado el silencio para denunciar los abusos. Una serie de concentraciones esta semana reivindica un derecho tan básico como que sean consideradas personas y no manos.

Las fronteras invisibles, el racismo cotidiano, los muros impuestos por el discurso dominante… y ahora la emergencia de un discurso explícitamente racista, fuera de los marcos de la xenofobia civilizada construida por el extremo centro en las últimas décadas —aquella que busca “cerebros” o “manos” antes que seres humanos—, dibujan un mundo en el que es necesario hacer de todos los días del año los días de las personas migrantes. Llevar a primer plano de la agenda política la necesidad de borrar las fronteras mentales y asumir el futuro común que los problemas de nuestro tiempo han generado a nivel global. Sin volver a trabajar las causas económicas, ecológicas, sociales, históricas y políticas de los movimientos migratorios, los días como el 18 de diciembre seguirán pasando como una fecha en la que no celebrar nada.