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Muerte digna
El establishment médico contra la eutanasia: entre el conservadurismo y la irrelevancia
Una parte del sector médico se ha mostrado opuesto a la regulación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Pero, ¿cuál debe ser el papel de la profesión en este debate?
La regulación de la eutanasia ha sido, probablemente, el tema que en más ocasiones ha pasado por un pleno del Congreso de los Diputados durante esta legislatura; en lo que llevamos de año ya se han aprobado a trámite dos propuestas de ley que seguramente harán que la petición de asistencia por parte de los pacientes para acabar con su vida se vea regulada, ya sea en forma de eutanasia, suicidio médicamente asistido o ambas.
Como en muchos otros casos, la luz verde por parte del poder legislador llega después de que la sociedad haya mostrado su apoyo a la eutanasia cada vez que se le ha preguntado de una u otra forma; este retraso en la adopción de medidas para regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido se han disfrazado detrás de la necesidad de “que la sociedad lleve a cabo un debate calmado al respecto” sin poner ninguna base que sustentara dicho debate.
Ahora que el Congreso de los Diputados ha hablado llegan las reacciones de un colectivo caracterizado por ser escudo protector frente a cualquier cosa que pueda sonar a avance social no liderado por ellos: la profesión médica.
Recientemente la Organización Médica Colegial (más exponente de lo que podemos llamar el establishment médico que de “los médicos y las médicas”) ha publicado un documento de posicionamiento sobre la eutanasia en el que se remite a varios artículos del Código Deontológico que inciden en la idea de que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste”.
Tanto la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) como el Colegio de Médicos de Barcelona han reconocido que el de la eutanasia no es un debate médico sino social y político
Asimismo, varios médicos con cargos de responsabilidad en la Organización Médica Colegial se han manifestado en entrevistas recientes con frases como “no estudié medicina once años para quitar la vida a un paciente” o “la eutanasia representa una práctica contraria a la ética médica”.
Frente a este posicionamiento unívoco de la organización que representa a la profesión médica a nivel estatal, han surgido algunas voces institucionales que no se han alineado con ese discurso. Tanto la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) como el Colegio de Médicos de Barcelona han reconocido que el de la eutanasia no es un debate médico sino social y político, y es en esos debates en los que la profesión médica debería participar sabiendo que su aportación técnica no le imprime un mayor valor moral a sus opiniones y que la sociedad puede ir muy por delante (o en un sentido diferente, por no dotar de una visión lineal a la evolución de las decisiones) de las opiniones que la profesión médica decida adoptar.
En el mismo Código Deontológico que se utiliza para justificar el posicionamiento de la Organización Médica Colegial contra la regulación de la eutanasia aparece el siguiente párrafo:
“Este Código sirve para confirmar el compromiso de la profesión médica con la sociedad a la que presta su servicio, incluyendo el avance de los conocimientos científico-técnicos y el desarrollo de nuevos derechos y responsabilidades de médicos y pacientes”
De acuerdo con ello, tal vez sería deseable huir de la demonización de los deseos de la población de que se regule la petición de ayuda médica para morir y se atienda al elevado porcentaje de la población (84% según Metroscopia) que creen que “un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor”, como dice la pregunta de la encuesta de Metroscopia.
Esa pregunta es relevante, porque algunos de los detractores más ilustres de la eutanasia desde el ámbito médico parecen tener menos problemas si el médico no participa en el proceso, es decir, si se regula el proceso de una muerte asistida pero sin participación del médico/a. Habría mucho que objetar a esta idea, pero probablemente las mejores palabras que podemos tomar son las de John Berger en el libro “Ayudar a morir”, de Iona Heath:
“El médico es el familiar de la muerte. Cuando llamamos a un médico le pedimos que nos cure y alivie nuestro sufrimiento, pero si no puede curarnos también le pedimos que sea testigo de nuestra muerte. El valor del testigo es que ya vio morir a muchos otros [...]. Es el intermediario viviente entre nosotros y los innumerables muertos. Está con nosotros y estuvo con ellos, y el consuelo difícil pero real que los muertos ofrecen por su intermedio es el de la fraternidad”.
El establishment médico podría, por una vez en la era contemporánea, acompañar los deseos de la sociedad aportando su valor de testigo, de familiar de la muerte, y haciendo que el respeto a la autonomía verdadera (que incluye especialmente aquellas situaciones en las que no se comparten las decisiones de los pacientes) se conjugara con el compromiso social de hacer que las personas que deseen la eutanasia la reciban en la mejor de las condiciones posibles.
Las justificaciones basadas en la esencia de la profesión para oponerse a cambios que se producen en la sociedad ya fueron esgrimidos en el caso del aborto, lo están siendo en la eutanasia y probablemente lo serán en algún caso que aún no acabamos de vislumbrar; estas justificaciones intentan plantear a la profesión médica como un ente separado de la sociedad en la que ejerce, y que ha de velar por la pureza de un conjunto de prácticas que no son sino la construcción colectiva de las sociedades en las que se han ido desarrollando.
La eutanasia se regulará en el Estado español. Médicas y médicos mostrarán opiniones variadas con mayor o menor resonancia, siendo muchas personas las que aporten su quehacer profesional a la práctica de la eutanasia y otras las que realicen objeción de conciencia, y entretanto esperaremos que estén las instituciones para velar porque los derechos de las personas no dependan de las convicciones personales de un proveedor sanitario.