Opinión
La dana y el escaqueo de las compañías aseguradoras privadas

En unas pocas horas cayó el diluvio universal. Y en algunos lugares, el equivalente a un año de lluvias que desbordaron cauces y arrasaron zonas del sur y el este de la península. Miles de personas de personas atrapadas y más de dos centenares fallecidas. Es el resultado del fenómeno meteorológico conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (dana).

Las cifras preliminares indican que en las zonas más dañadas habría al menos 74.000 personas directamente afectadas en las comarcas de la Plana de Utiel, Horta Sud, Algemesí y otras áreas de la provincia de Valencia. La mayor parte de los daños en las zonas analizadas por el organismo europeo se concentran en la comarca de Horta Sud (Huerta Sur o Huerta Albufera), donde se ubica el 80% de la población afectada y el 95% de las hectáreas de edificios dañados, así como cerca del 60% de los kilómetros de carreteras inundadas. Pero el impacto ha alcanzado a 69 localidades y a casi un millón de personas.

Las estimaciones iniciales realizadas por el Ministerio de Economía indican que los quebrantos podrían superar holgadamente los 3.500 millones de euros

Cuando se producen catástrofes de esta magnitud y hay dramas derivados de la pérdida de vidas humanas, puede parecer casi ridículo hacer aproximaciones económicas acerca del coste que los daños han supuesto para la economía en general y para las personas afectadas en particular. Pero resarcir los daños requiere cuantificar los mismos y determinar quién se hace cargo de la factura y por eso pondremos el foco en algo que en situaciones similares ha pasado prácticamente desapercibido.

Y es que, cuando hay catástrofes como la dana, las empresas privadas de seguros no indemnizan. Es el Consorcio público de Compensación de Seguros el que lo hace. Y según mi opinión, en cuantía menor de lo que debería.

La pregunta que hay que hacerse es por qué ocurre esto.

La respuesta es sencilla. Reservamos el negocio asegurador más sencillo al sector privado. La parte más complicada lo tiene que hacer el sector público a través del Consorcio de Compensación de Seguros que lo financia con las primas que pagamos los asegurados y que garantiza que, si faltan recursos, lo aportaremos vía Presupuestos Generales del Estado. Cada vez que se contrata un seguro, una parte —muy pequeña— del coste va a parar al Consorcio para que, si se produce un siniestro extraordinario, los asegurados reciban una indemnización. Entre el 0,003% en seguros de vida y accidentes al 1,6% en las coberturas de daños en puertos deportivos va destinada a esta contingencia. Eso sí, solo si estás asegurado estarás protegido ante inundaciones, terremotos, volcanes, huracanes o terrorismo.

Siempre con valores actualizados a euros de 2023, en los últimos 52 años, el Consorcio Público de Compensación de Seguros ha cobrado recargos a todas las personas que tenemos seguros un total de 24.373 millones de euros. El 57% de esas primas abonadas han ido destinadas a indemnizaciones por catástrofes. Los siniestros a los que ha tenido que hacer frente han ascendido a 13.949 millones de euros y casi el 65% de las indemnizaciones han sido por inundaciones, las tempestades ciclónicas el 18,3%, terrorismo el 4,5% y las erupciones volcánicas el 1,8%.

Para hacer frente a indemnizaciones por catástrofes, el Consorcio de Compensación de Seguros tenía a finales de 2023 reservas por valor de 12.843 millones, un 0,07% del capital asegurado. Parece poco teniendo en cuenta que la entidad pública aseguraba un total de 18 billones de euros a final de 2023, doce veces la riqueza anual del país medida en términos de PIB. Pesada carga la que llevamos entre todas y todos para liberar al sector privado de esa tediosa obligación. El 60% de la cantidad asegurada por el Consorcio es para proteger a personas y daños, el 38% para asegurar ante eventos extraordinarios los bienes y el 2% para garantizar pérdidas pecuniarias.

Sin embargo, las reservas del Consorcio son suficientes para afrontar un suceso tan brutal como esta dana.

Todas las indemnizaciones por inundaciones producidas en los últimos 52 años han ascendido a 9.028 millones medidos en euros de 2023. Aunque la dana hubiese tenido el impacto económico de todas las inundaciones del medio siglo anterior, los 12.843 millones de reservas serían suficientes para resarcir las indemnizaciones comprometidas. Las estimaciones iniciales realizadas por el Ministerio de Economía indican que los quebrantos podrían superar holgadamente los 3.500 millones de euros lo que podría llegar a alcanzar un 30% de las reservas acumuladas.

Ante la realidad cada vez más frecuente de fenómenos meteorológicos que devienen en catástrofes que causan cuantiosas pérdidas económicas, ¿por qué no cambiar la regulación?

Las cantidades que recibirán las personas afectadas dependerán del tipo de seguros que tengan contratados. Y en muchísimos casos serán insuficientes para hacer frente, por ejemplo, a los préstamos para adquirir bienes de consumo (coches) cuando ahora el asegurado solo percibirá el valor venal en caso de siniestro total que será muy inferior. También pasa lo mismo con los daños de bienes personales: viviendas, locales comerciales, naves o sedes de empresas. Las cuantías dependerán mucho del tipo de coberturas contratadas. Y pueden ser manifiestamente insuficientes para reponer los bienes.

La historia de este medio siglo confirma esta tesis porque entre 1971 y 2023, la indemnización promedio del Consorcio ha ascendido a 7.505 euros. Y, en concreto, cuando han sido ocasionadas por catástrofes similares meteorológicamente a esta dana, la compensación promedio por inundaciones fue de 10.333 euros. Una mierda diréis. Y estoy de acuerdo.

¿Por qué la indemnización es tan reducida?

Es evidente que tiene mucho que ver con la regulación que exime a las empresas aseguradoras privadas de contribuir con recursos al Consorcio de Compensación de Seguros. Y no es porque no tengan beneficios escandalosamente elevados que facilitarían su aportación. Las aseguradoras privadas han tenido beneficios netos promedio de 5.400 millones los últimos cinco años para acumular 26.817 millones en ese período.

Que sus rentabilidades sobre el capital invertido estén en torno al 14% indica lo injusto de lo favorable de esa regulación para sus intereses que permite obtener a costa de todas y todos jugosos beneficios en la parte del negocio más previsible y dejan las contingencias extraordinarias para que sean indemnizadas por el Consorcio público.

Por eso, ante la realidad cada vez más frecuente de fenómenos meteorológicos que devienen en catástrofes que causan cuantiosas pérdidas económicas, ¿por qué no cambiar la regulación y obligar a las empresas privadas aseguradoras a aportar anualmente al menos el 15% de sus beneficios netos al Consorcio público?

Esa inyección económica adicional permitiría duplicar las aportaciones al Consorcio de Compensación de Seguros y también multiplicar por dos las correspondientes indemnizaciones en próximas catástrofes.

Si en algún momento, ojalá no ocurra nunca, se produce un evento que requiera de indemnizaciones en cuantía superior a las reservas acumuladas, será necesario hacer frente a las mismas con recursos públicos. También pasará lo mismo si cualquiera de las aseguradoras privadas es incapaz de cumplir con sus compromisos financieros.

Son pasivos contingentes para el Estado, es decir, los pagaremos todas y todos.

Por eso es especialmente doloroso que las compañías aseguradoras privadas miren desde su atalaya esta realidad sin sentirse concernidas por ello. Ojalá este drama, también económico, sirva para poner el foco sobre el escaqueo que practican las aseguradoras privadas y más pronto que tarde, se acabe con esta injusticia.

Dónde alumbrar en mitad de la emergencia social por la dana en Valencia

Rafa Sacher

Dana

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El martes pasado anocheció en las comarcas de la Plana de Utiel-Requena, L’Hoya de Buñol, L’Horta Sud o la Ribera, y después de seis días aún es noche cerrada.